Como una forma de mostrar que escuchó los pedidos realizados en la audiencia pública, el Gobierno modificará su propuesta de incremento en el precio del gas. El ministro de Energía, Juan José Aranguren, presentó el viernes aumentos que promediaban el 203% para los hogares y llegaban al 500% en usuarios comerciales. Este segmento, el de Pymes y comercios, tendrá que afrontar subas, pero serán menores, según explicaron desde distintas empresas a Clarín.
El ministerio de Energía también se hará eco de los pedidos de los intendentes y defensores del Pueblo de distintas localidades en relación a la tarifa social. Se tomarán medidas para que este mecanismo -que profundiza los subsidios estatales- llegue a un mayor número de hogares y con trámites más sencillos que los actuales afirmó en su nota en iEco Martín Bidegaray
“Si bien no fueron motivo del fallo de la Corte, reconocemos que hay casos de las Pymes que tenemos que reformular. Lo vamos a analizar sobre la base de las presentaciones que han hecho la Came y otras organizaciones, además de quienes comercializan el GNC”, explicó ayer Aranguren, al finalizar la audiencia.
El ministró detalló el viernes que hay un tipo de gas para la industria que tendrá un aumento inicial del 166% y luego actualizaciones semestrales del 36%. Aunque esa observación pasó inadvertida, en las distribuidoras de gas que asistieron a la audiencia le prestaron mucha atención. En lugar del 500% que pensaba aplicar -y que la Corte Suprema no objetó-, el aumento para los usuarios comerciales estaría más cerca del 250%, según ejecutivos del sector.
El ente regulador Enargas tiene que elaborar un informe donde se reflejen todas las voces de la audiencia en los próximos 10 días. En un mes, habrá un dictamen definitivo, con las definiciones de política tarifaria que regirán entre octubre y marzo de 2017.
Los usuarios comerciales consumen un promedio mensual de 623 metros cúbicos, según los datos del Gobierno. Antes de los aumentos, pagaban US$ 0,47 por millón de BTU, la unidad que se utiliza en el sector. En abril, el Enargas subió ese valor casi un 700%, llevándolo a US$ 3,74. Luego, le puso un tope de 500%, dejando el metro cúbico en U$S 2,82. Un hogar R2 (bajo consumo) pagará US$ 3,91 por esa unidad.
La situación de las tarifas en los comercios e industrias será puesta en la mesa de negociación. El Gobierno aceptará el pedido de las provincias y los intendentes como una muestra de flexibilidad. Algunos de los alcaldes que se manifestaron en la audiencia pública saben que eso sucederá. “Igual, lo tenía que plantear como una forma de reivindicación política”, contó uno de los jefes comunales a este diario.
Aranguren escuchó más de 14 horas de exposiciones el viernes y casi 15 horas el sábado. Ayer, los oradores tomaron otra hora y media. La situación de la tarifa social fue abordada por el ministro. “Me comprometo a tratar el tema esta semana con mis colegas dentro del gabinete para consensuar un procedimiento conjunto, para acceder a la tarifa de manera única”, precisó. “El martes hay reunión del gabinete económico social, y vamos a poder discutir lo que escuchamos respecto a la burocratización que existe en el acceso a la tarifa social”, agregó.
El Gobierno otorgó la tarifa social de acuerdo a los datos del Sistema de Identificación Nacional Tributaria y Social (Sintys), del Consejo Nacional de Políticas Sociales.
Uno de los reclamos de los defensores del pueblo y la mayoría de los casi 400 expositores fue que un hogar receptor de tarifa social en un servicio (como luz), pueda acceder al beneficio en gas y agua. Se dará participación a las intendencias en ese proceso, porque conocen el territorio. Los aumentos de esta audiencia correrán entre octubre y marzo de 2017.
el cronista
Finalizada ayer la audiencia pública por la tarifa de gas, que fue un requisito explicitado por la Corte Suprema de Justicia para que se pueda avanza con el nuevo cuadro tarifario propuesto por Juan José Aranguren, el Gobierno apura la presentación de informes reglamentarios para llegar a los primeros días de octubre con los nuevos valores en las boletas.
Ahora el Enargas deberá presentar un informe de cierre, en un plazo no mayor a 10 días, en el que tiene que volcar las exposiciones de la audiencia. A su vez, deberá dar cuenta de su realización con la publicación en el Boletín Oficial (además de un informe en la página web del organismo).
Luego, y en no más de 30 días de recibido ese informe, el Enargas y el Ministerio, "en sus respectivos ámbitos de competencia, deberán fundamentar su resolución final y explicar de qué manera ha tenido en cuenta las opiniones de los participantes de la audiencia", explican desde la cartera dirigida por Aranguren.
"No hay plazos mínimos para la presentación de los informes", reconoció ayer en diálogo con El Cronista el propio ministro, minutos antes de la conferencia de prensa de cierre de la audiencia. También dijo que el nuevo cuadro tarifario, para el cual el Gobierno propone la suba promedio de 203%, entrará en vigencia en "los primeros días de octubre". Es decir, no necesariamente será el 1º del mes próximo.
Luego de tres días en los que 420 oradores expusieron (y otros 100 no se presentaron), y en los que Aranguren estuvo presente en las jornadas de más de 13 horas, el ministro aseguró que se van a considerar los planteos expuestos. "Con lo que acá hemos escuchado, tenemos la obligación de producir un informe para que se reflejen todas las voces dentro de los próximos 10 días y luego, dentro de los 30 días, tenemos que estar emitiendo el informe definitivo que será la base para las decisiones de política tarifaria que se van a tomar a partir de esta audiencia pública", detalló.
"Antes de hacerlo, vamos a estar comunicando a todos los medios de prensa las motivaciones de cada uno de los cambios que implementemos", sostuvo Aranguren en la conferencia de prensa, al término de la tercera jornada de audiencia llevada a cabo en la Usina del Arte.
Si bien por ahora el Gobierno admite que puede haber cambios en la propuesta oficial, Aranguren ayer volvió a mencionar los incrementos promedios de 203% y, que los usuarios residenciales que menos consumen, recibirán una factura promedio de $ 107 antes de impuestos. Un punto importante que mencionó el ministro es que, tras las audiencias, el Gobierno considerará la situación de las pymes y del gas natural comprimido (GNC). "Reconocemos que hay casos que tenemos que reformular. Lo vamos a hacer en base a presentaciones de CAME (Confederación de la Mediana Empresa)" y similares, aseguró Aranguren.
Frente a la pregunta de El Cronista de cómo un mayor valor del dólar en los próximos meses podría afectar el cuadro tarifario, dijo que, al evaluar qué sucede con los precios internacionales y su incidencia en el valor final de las tarifas, el Gobierno decidirá en cada semestre si se trasladar a los consumidores o se efectua la reducción de subsidios de manera más paulatina que la prevista.
La audiencia por las tarifas de gas se llevó a cabo en la Usina del Arte, que estuvo sitiada varias cuadras a la redonda mediante un gran operativo de seguridad. Aranguren fue el encargado de la apertura el viernes. Hubo exposiciones también de legisladores de la oposición, de empresas y de asociaciones de defensa del consumidor, entre otros
Las principales críticas estuvieron concentradas en la falta de información sobre el precio del gas a boca de pozo, la dolarización de las tarifas y las dificultades para acceder a la tarifa social.
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Aranguren señaló que las tres audiencias que se realizaron en la Usina del Arte "fueron jornadas largas y se ha dado una demostración para los que estuvieron presentes en las nueve sedes para poder participar y todos aquellos que lo hicieron en forma virtual por el canal de YouTube".
"Vamos a ir mejorando más el proceso participativo donde todo el mundo pueda opinar y sugerir", afirmó.
"Nos comprometemos a buscar un sendero para achicar las diferencias entre costos y tarifas, vamos a estar estableciendo el cuadro tarifario en los primeros días de octubre y comunicaremos los cambios", apuntó el funcionario.
Con respecto a la tarifa social, dijo que el tema estaba siendo analizado en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social y Jefatura de Gabinete de Ministros. "Tenemos que asegurarnos de que llegue a todos los que lo necesitan y no a los que no lo necesitan", indicó Aranguren.
En el caso de las pymes, agregó, también habrá que "reformular" los puntos comprendidos en la resolución de abril pasado. "Lo vamos a analizar sobre la base de las presentaciones que hayan hecho sus representantes; eso forma parte de haber escuchado y de poder tener la alternativa de reflejar las distintas realidades del país", dijo al respecto.
"El objetivo es lograr un sistema más sustentable que permita, al mismo tiempo que recuperamos los costos de importación que hoy ocurren porque no tenemos oferta suficiente de gas producido en la Argentina, ir logrando que cada vez haya más argentinos que tengan acceso a este fluido", resumió el ministro.
En total, fueron unos 420 oradores desde que se inició la audiencia pública. Tanto la primera como la segunda jornada se habían iniciado alrededor de las 9 de la mañana y se extendieron hasta la medianoche. En el segundo día, la sala ya lucía semi vacía ante la seguidilla de exposiciones.
Hubo disertantes que fueron nombrados y que terminaron faltando: el secretario de la CTA autónoma, Pablo Micheli y Hugo Yasky, con el mismo cargo en la CTA de los Trabajadores. Asimismo, se esperaba por segunda vez al gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, quien no llegó a la audiencia el viernes por el paro de Aerolíneas Argentinas y ayer estuvo ausente nuevamente.
Durante el segundo día prevalecieron los rechazos al aumento de las tarifas del gas por parte del kirchnerismo y partidos de izquierda. Por su parte, la diputada del Frente de Izquierda, Myriam Bregman calificó a la audiencia pública como "una puesta en escena para no discutir las cuestiones esenciales como que se trata de un servicio público que no tiene por qué dar ganancias".
En otro tramo de la segunda jornada, representantes de la Unión Industrial Argentina (UIA) y de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) se manifestaron disconformes con el reajuste impulsado por la Casa Rosada, al pedir que se contemple la realidad de las industrias y comercios.
Desde el oficialismo, el presidente previsional Federico Pinedo defendió la posición del Gobierno al resaltar la inequidad del precio del gas entre clases sociales: "Un 40% de los argentinos no tienen acceso a las redes de gas. Esos argentinos, los más pobres, cuando usan gas, pagan garrafas que cuestan 400% más que el gas de los más ricos ¿Eso es justo?".Mientras tanto estamos proponiendo tarifas sociales para el 56 por ciento de 50 pesos, para el 31 por ciento de la población de 130 pesos, y para el 13 % de la población de más recursos, de 279 pesos, consideramos que es más justo".
El primer día de la audiencia, Aranguren fue el orador inicial y ratificó el aumento promedio del 203%, para usuarios residenciales, con un mínimo de 122% y un tope de 236%, según el rango de consumo, y de hasta 500% para el comercio y las pymes, que espera aplicar el Gobierno en octubre, para comenzar a reducir los subsidios.
La última audiencia pública por el aumento en la tarifa del gas finalizó esta mañana, tras la exposición de doce personas ante el ministro de Energía de la Nación. Si bien el funcionario no habló en la audiencia final, brindó una conferencia de prensa en la que celebró el cierre de las exposiciones. "Todo lo que se ha escuchado se va a considerar", resaltó.
Además, explicó que en "diez días" se elaborará un informe sobre las audiencias públicas sobre la suba de la tarifa del gas y adelantó que en los "30 días" posteriores se hará un "informe definitivo para las decisiones de política tarifaria que se van a tomar".
También abogó para que "podamos lograr que haya más argentinos que tnenga acceso a la red de gas natural".
Ayer, unos 420 oradores participaron de la audiencia, que se extendió hasta la medianoche. El debate de hoy estuvo destinado a la exposición de todos los que figuraban en el orden del día y no habían podido asistir al debate.
Entre los que pegaron el faltazo a la audiencia pública estuvieron los líderes de las CTA, Hugo Yasky y Pablo Micheli; la intendenta de La Matanza, Verónica Magario; el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck; y el presidente del PJ bonaerense, Fernando Espinoza.
A lo largo de estos dos primeros días participaron desde el ministro de Energía, quien expuso la propuesta del Gobierno de actualización tarifaria para los usuarios residenciales del gas natural, hasta representantes de empresas petroleras, las transportadoras y distribuidoras del servicio.
También participaron las asociaciones de consumidores, defensores del pueblo de todo el país, expertos sectoriales, legisladores nacionales, asociaciones de usuarios no residenciales y usuarios y público en general.
(Télam y DyN)
