Bajo total reserva, las sociedades cascadas -mediante las cuales Julio Ponce controla SQM- cumplieron con su palabra.

En los últimos días el abogado asesor de Ponce, Sebastián Oddo -ex socio de Raimundo Labarca-, interpuso una denuncia ante la Contraloría General de la República en contra del vicepresidente ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), Eduardo Bitran, por sus intervenciones en el proceso de cambio de control de SQM.

Se trata de la primera acción formal con que las sociedades cascadas expresan su molestia por los cuestionamientos públicos de Bitran al proceso de venta del 23% de SQM que Oro Blanco mantiene de la propiedad de SQM a través de Pampa Calichera.

El objetivo es determinar si las intervenciones públicas de Bitran se condicen o no con sus obligaciones de funcionario público. Más aún, si se considera que Corfo actualmente es parte en tres arbitrajes con socia SQM, por discrepancias en los términos del arriendo de pertenencias mineras en el salar de Atacama.

En su denuncia, a cuyo contenido tuvo acceso PULSO, el abogado de Ponce cuestiona directamente a Bitran de vulnerar las normas de eficiencia y eficacia de legalidad que rige el desempeño de los funcionarios públicos, con grave entorpecimiento del servicio al imputar irregularidades que no se encuentran acreditadas.

Esto, a raíz de varias declaraciones de Bitran respecto del proceso. La semana pasada, en entrevista con Radio Infinita, Bitran comparó esta operación con el caso Chispas e hizo un abierto llamado a que el negocio se concrete mediante una OPA.

“Se está hablando de precios con un premio por control de 40%, y resulta que los accionistas minoritarios de SQM se van a quedar mirando el techo. Eso fue justamente lo que hizo (José) Yuraszeck con las Chispas y que le costó un juicio enorme y que además dio origen a la ley de OPA”, lanzó Bitran el pasado viernes.

De hecho, previo a la presentación de la denuncia, los abogados de las cascadas recopilaron las declaraciones de Bitran que han sido difundidas por distintos medios de comunicación. Tal es el interés de Bitran que él mismo ha llamado directamente al superintendente de Valores y Seguros, Carlos Pavez para forzar a las sociedades controladoras de SQM a un proceso de Oferta Pública de Acciones (OPA). Sin embargo, por ahora no existe pronunciamiento de la SVS.

Tras la presentación, la Contraloría oficiaría a Bitran y aquí debe ser muy cuidadoso con lo que responda, pues debe señalar por qué sus actuaciones no han violado los principios de probidad e imparcialidad.

Fuentes cercanas a Julio Ponce señalan que la acción  administrativa provocará que Bitran baje el tono en sus críticas.

Normas

La Ley de Procedimiento Administrativo obliga a las autoridades públicas a actuar bajo el principio de imparcialidad. El artículo 11 de la Ley 19.880 sostiene que “la administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte”.

La Ley de Bases Generales de Administración del Estado y en particular el artículo 64, afirma que contravienen especialmente el principio de la probidad administrativa, las conductas que apuntan a “participar en decisiones en que exista cualquier circunstancia que le reste imparcialidad. Las autoridades y funcionarios deberán abstenerse  de participar en estos asuntos, debiendo poner en conocimiento de su superior jerárquico la implicancia que les afecta”.