“Esta situación puede motivar una comisión investigadora”. Así de tajante fue la diputada Cristina Girardi tras leer en voz alta un correo electrónico enviado el 22 de marzo de 2015 por la ministra de Minería Aurora Williams, al subsecretario de la cartera, Ignacio Moreno, buscando “analizar desde el principio” la compleja situación judicial que enfrentaba la minera Los Pelambres de Antofagasta Minerals (AMSA) en Argentina.
Citando información aparecida en El Ciudadano, The Clinic y El Mostrador, la parlamentaria intentaba convencer a sus pares de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara Baja sobre la gravedad de lo que estaba exponiendo.
En parte, lo consiguió. Se tomó el acuerdo de oficiar a distintas autoridades para aclarar en qué condiciones el Estado ayudó a la empresa de explotación de metal rojo del Grupo Luksic a superar el impase que sigue abierto en el vecino país por el vertimiento de 55 millones de toneladas de roca estéril y neumáticos de grandes dimensiones en la Provincia de San Juan, colindante con la Región de Coquimbo.
Tal como redactó Girardi en el oficio que envió al Ministerio de Minería el pasado 10 de agosto, “existen graves denuncias en el sentido que la propia ministra de Minería y su jefe de gabinete habrían realizado diversas acciones destinadas a exculpar a la minera Los Pelambres por este desaguisado”, como así también por la contaminación generada en territorio extranjero.
Esto, explicó, se habría hecho validando “un estudio particular encargado por esta misma empresa… de modo que apareciera ante los tribunales argentinos como un documento oficial”. La jugada, agregó, fue acordada aparentemente en una cita previa con AMSA que “incumplió con las reglas y no fue anotado en el registro público en el que los funcionarios chilenos deben identificar las reuniones con lobistas”.
“El abogado asesor de Antofagasta Minerals Andrés Jana declaró que la reunión fue gestada por la ex canciller Soledad Alvear”, enfatizó Girardi, y a continuación reprodujo en el papel otro e-mail revelado por El Ciudadano que “comprueba que la ministra buscaba satisfacer el pedido de la minera” y estaba al tanto de la fecha en que Jana solicitaría timbrar un informe realizado por el laboratorio SGS, disfrazado como propio del gobierno.
Al otro lado de la cordillera, el tema no se cierra. La publicación de los correos en Chile fue recogida por Infobae, el portal MiningPress y diversos medios de San Juan. En tanto, desde la comunidad y el parlamento, se anunciaron gestiones políticas y judiciales.
“Estimad@s amig@s, quiero agradecer a todos sus saludos y llamados por el día de mi cumpleaños, especialmente a mi tío Andrónico”. El mensaje fue publicado en Facebook por el director del Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile (Sernageomin), Rodrigo Álvarez Seguel, adjuntando una carta hecha llegar a sus manos por el gerente del Banco de Chile, Andrónico Luksic, el 30 de noviembre de 2015.
De acuerdo a lo informado por La Segunda, luego de “ser advertido de lo inconveniente de su reacción”, Álvarez borró el mensaje. El círculo cercano de la autoridad fiscalizadora manifestó, según el vespertino, que el texto se emitió “en una cuenta de Facebook que es privada, de la que son parte sólo amigos; que no conoce a quien lo saludó, no es cliente del Banco de Chile; y que se trató de algo jocoso”.
Los intercambios electrónicos entre Rodrigo Álvarez y el vicepresidente de Medio Ambiente de Antofagasta Minerals (AMSA), Gustavo Possel, generados en el marco del conflicto Pelambres-Pachón, alimentan sospechas de un sector del organismo técnico que derechamente cuestiona la probidad del abogado PPD y retrata la imagen de un servicio permeable a intereses privados.
En el sumario que se abrió para investigar el origen de la carta de “buena fe” extendida por el jefe de gabinete de la ministra Williams a Pelambres, se estableció que AMSA, a través de Possel, envió directamente a Álvarez una copia del informe de la consultora SGS que descartó contaminación de la escombrera en Argentina. Posteriormente, Álvarez mandó el documento a Ignacio Moreno, subsecretario de Minería, y éste a Adolfo Galindo, mano derecha de Williams, quien lo rebotó a AMSA pero con el timbre del Ministerio.
Lo anterior coloca en una posición difícil dentro de la maniobra que favoreció a Pelambres al director de Sernageomin. Pero no es el único hecho que merece ser puesto bajo la lupa, indican fuentes del organismo que asesora al Ministerio de Minería.
El 11 de noviembre de 2014, representando a Pelambres, Francisco Lepeley Contesse y Renzo Guiliano Stagno entregaron el Plan de Cierre de la minera a Sernageomin, acto que tiene el propósito de fijar compromisos para restaurar ciertas condiciones iniciales del lugar donde están las faenas y medidas que ayuden a disminuir sus impactos desde el punto de vista ambiental.
En el cargo de ingeniero revisor del documento se designó a Héctor Tapia, ex director regional de Iquique. Según consta en el Oficio Ordinario Nº 0255 de fecha 19 de enero de 2015, el examen de fondo hizo necesario requerir a la empresa una aclaración del plan, ya que se había entregado información incompleta.
Los Pelambres contaba con 30 días para subsanar las observaciones, pero una reunión cambió abruptamente el escenario. En la cita, celebrada el 11 de febrero en las oficinas de la Dirección de Medio Ambiente de Sernageomin por encima de la Ley de Lobby, participó Ana Luisa Morales, encargada de Cierre de Faenas, y Alejandra Neveu, coordinadora de Estudios y Evaluaciones de la mina.
Según la minuta revisada por El Ciudadano, también estuvo presente el ingeniero escogido para reemplazar a Tapia en la evaluación del proyecto de Pelambres: Ricardo López. Su llegada generó confusión dentro del servicio porque Gabriel Barraza, jefe de Zona Centro de Minería, no fue avisado formalmente de ello. Menos Tapia.
En el plano interno se ventila que hubo una intervención clara para favorecer a Pelambres. La propuesta final, hecha llegar tras una prórroga de 40 días, no apunta al retiro completo de la faena sino al abandono de elementos en el mismo lugar. También hay ambigüedad en un acápite sobre compromisos de reforestación.
Como aparece ilustrado en este ejemplo, un poder absoluto para modificar designaciones de funcionarios y hasta sueldos en puestos de relevancia para la fiscalización de la gran minería es algo que ha marcado, plantean, la administración de Rodrigo Álvarez. Parte de ello fue denunciado en una demanda laboral por Waldo Vivallo, ex subdirector de Geología y jefe de Depósitos de Relaves.
De acuerdo con el escrito que presentó en marzo de 2016 al Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, intentando impugnar el término de su relación con Sernageomin, Vivallo empezó a tener problemas con el director cuando se negó a interceder indebidamente a su favor por una boleta que emitió a SQM, la minera no metálica del ex yerno del dictador que financió a partidos políticos en democracia.
Otras críticas que golpean a Álvarez apuntan a la llegada masiva al organismo de personas de su misma militancia política o que trabajaron previamente con él. Esto ocurre en el caso de Ana Luisa Morales, encargada de Cierre de Faenas, con quien compartió en el Centro de Información de Recursos Naturales (CIREN) del Ministerio de Agricultura.
Además de encabezar, como se dijo, la reunión secreta que enajenó de la revisión del Plan de Cierre 2014 de Pelambres al ingeniero Héctor Tapia, Morales también pidió por correo a Antofagasta Minerals un instructivo para entender los resultados del examen de SGS que descartaba contaminación en el botadero de Luksic. Ello con la finalidad de incluir los antecedentes en una presentación de diapositivas que exhibió los resultados como propios de Sernageomin.
Dos son los viajes a Argentina que registran en conjunto Morales y Álvarez en el marco del conflicto Pelambres-Pachón. Según relató el abogado externo de AMSA, Andrés Jana, se usaron “dos cupos en el avión que periódicamente viaja a la faena contratado por MLP (Pelambres)” para trasladar a gente de Sernageomin el día en que SGS tomó las muestras.
“Se advierte la necesidad de realizar una evaluación política a nivel de Ministros sobre la pertinencia de presentar este proyecto de ley en este momento, debido a la situación que hoy se vive con el Depósito de Relaves ‘El Mauro’”, concluye una nota técnica emitida por el Ministerio de Minería el 18 de marzo de 2015.
El documento, al que tuvo acceso El Ciudadano, pedía crear una ley para “abordar la problemática del mal uso de la acción de denuncia de obra nueva”. Precisamente ese mecanismo, casi dos semanas antes, había llevado a un tribunal de Los Vilos a ordenar la demolición del tranque de Los Pelambres para facilitar el libre escurrimiento del estero del Pupío en la localidad de Caimanes.
Aunque el episodio fue interpretado como un traje a la medida para la familia Luksic en la Provincia del Choapa, desde la cartera de Minería se encargan de aclarar que el texto fue “una medida Pro Inversión”, consistente en una modificación del Código de Procedimiento Civil que ya contaba con un informe favorable de la Corte Suprema desde 2013. La iniciativa, sin embargo, no pasó más allá del Ministerio de Justicia.
La posibilidad de que la ministra de Minería Aurora Williams pueda estar directamente involucrada en presiones para favorecer a Pelambres, tal como esbozó El Ciudadano en la edición Nº 187, es algo que ya quedó marcado en la retina de algunos parlamentarios extranjeros.
Desde la oficina de Fernando “Pino” Solanas, senador, han afirmado que lo que empezó como un conflicto de privados entre AMSA y la suiza Glencore, dueña del espacio invadido por la escombrera Cerro Amarillo en Calingasta, Provincia de San Juan, se ha transformado en un problema de política internacional, y que no sería descabellado solicitar explicaciones a la propia presidenta Michelle Bachelet, según publicó el 30 de julio LaPolíticaOnline.
El 24 de agosto, Solanas invitó al abogado Diego Segui a exponer a la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado, que él mismo preside, a fin de explicar las gestiones realizadas ante autoridades provinciales para conseguir que la escombrera de Luksic sea removida en su totalidad. “Lo que es insólito es que nos han tomado como un basurero”, comentó el político y reconocido cineasta argentino.
Puesto que el acuerdo para el “aislamiento” de los neumáticos del botadero, suscrito por San Juan y Pelambres, no dejó contenta a la comunidad, sería Solanas en persona quien patrocinaría una nueva acción judicial. Esto mientras busca el apoyo suficiente para citar a la Cámara Alta del Congreso Nacional a Susana Malcorra, canciller de Macri. El titular de la Comisión de Relaciones Exteriores, Julio Cobos, ya habría expresado su adhesión al pedido de interpelación.
Las cuentas de Malcorra, una ex funcionaria de la ONU que es cercana a Bachelet, se estiman de vital importancia a la luz de lo informado por el jefe de gabinete del gobierno argentino, Marcos Peña, ante las consultas efectuadas sobre el caso de Cerro Amarillo por la diputada de Buenos Aires, Margarita Stolbitzer.
Se conoció que en abril de 2016, el Estado argentino hizo reserva de derechos “en relación a la responsabilidad internacional emergente de las actividades de la empresa Pelambres” y reiteró a “la República de Chile la invitación a informar sobre cómo propone la restitución de las cosas a su estado anterior” en el territorio del vecino país que resultó afectado por las actividades cupríferas del multimillonario de Forbes.
La nota del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto subrayó que “50.000.000 toneladas de roca estéril, no fueron colocadas de manera subrepticia. Se necesitaron, seguramente, más de 5 años de acarreos continuos en grandes camiones, para constituir una escombrera de esa magnitud”.
Esta arista complica enormemente a la Cancillería chilena. La intriga se remonta a 1985, cuando la Dirección Nacional de Fronteras y Límites (Difrol) autorizó la carta oficial con un primer trazado limítrofe en el sector donde hoy está Pelambres. Más tarde, en 1990, la Comisión Argentina de Límites envió a Difrol reproducciones de un trazado distinto al definido por Chile.
En 1994 se constituyó una Comisión Mixta de ambas naciones que tomó nota de cursos de agua mal dibujados en la zona. Las partes acordaron modificar el trazado. Argentina lo hizo de inmediato pero Chile esperó 14 años. En 2003, Sernageomin aprobó sin reparos el vertedero de Pelambres, teniendo a la vista un mapa del Instituto Geográfico Militar que lo consideraba dentro de territorio chileno. Esto sólo fue posible porque Difrol tardó en registrar formalmente en el IGM los mapas con el trazado correcto, lo que hizo en 2008.
La ministra de Relaciones Exteriores que tenía facultades para informar de ello a tiempo era Soledad Alvear, quien ahora trabaja como abogada externa para la minera de Luksic.
Según fuentes confiables en Argentina, el estallido de un escándalo diplomático fue algo que el ex secretario de Minería de ese país, Jorge Mayoral, anticipó y trató de explotar a su favor. De hecho, el personero habría intentado imponerse sobre su homóloga Aurora Williams, haciéndole ver que si ayudaba a reactivar el proyecto Pascua Lama de Barrick Gold el gobierno trasandino escondería el problema Pelambres-Pachón bajo la alfombra. Desde la cartera chilena desmienten esta versión.
Si existe suficiente interés en el parlamento chileno para crear una comisión investigadora, numerosas autoridades en ejercicio podrían ser citadas a declarar. De forma paralela, en el Juzgado Federal Nº 2 de San Juan se dan los primeros pasos para ordenar la comparecencia de diversos funcionarios de Pelambres.
Según el Diario de Cuyo, deberán presentarse al citado juzgado el actual Gerente General Robert Andrew Mayne-Nichols Secul y dos ex Gerentes Generales, Ignacio Cruz Zabala y Alberto Cerda Mery, los días 21, 19 y 20 de octubre, respectivamente. La pena para el delito de contaminación en el código argentino alcanza los diez años de prisión.
