NICOLÁS WIÑAZKI

Por primera vez desde que dejó el poder, Cristina Kirchner tiene fecha para declarar ante la Justicia como imputada en una causa en la que se investiga su relación financiera multimillonaria con uno de sus socios, Lázaro Báez.

El intercambio de dinero con este empresario, hoy con prisión preventiva en una causa de lavado de dinero, se dio entre cuentas que le enviaban millones de pesos de fondos públicos manejados por los Gobierno K al repentino constructor que ganaba licitaciones estatales, mientras que tiempo después parte de esa plata terminaba alimentando la fortuna privada de los Kirchner debido a los negocios que tenían con “Negro”, como le dice en la familia K a “Lázaro”.

El juez Ercolini avaló los dos dictámenes de los fiscales Gerardo Pollicita y Ignacio Mahiques, que investigan una posible “asociación ilícita” manejada por los Kirchner en complicidad con unos treinta funcionarios, y sobre todo con Báez. La denuncia primaria había sido de la diputada Elisa Carrió y su equipo en el 2008. Una denuncia similar fue presentada este año por la diputada Margarita Stolbizer. Ambos escritos fueron unificados.

En las mismas vísperas bautismales ante la Justicia respecto a sus vínculos con Lázaro se encuentran otros imputados citados por Ercolini, protagonistas en la “matriz de corrupción”. Son el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido. El ex secretario de Obras Públicas, José López. El primo de Néstor Kirchner, Carlos Santiago Kirchner. El ex titiular de Vialidad Nacional, Nelson Periotti. Y más ex funcionarios que, tal como remarcaron Pollicita y Mahiques, fueron designados en el organismo encargado de pagarle y controlar a Báez, Vialidad, pero que antes fueron empleados del empresario.

Según los fiscales, Báez cobró 16 mil millones de pesos para hacer obra pública en la Patagonia. La mitad más uno de esos proyectos (51) no se terminaron.El 2 de noviembre declarará también como imputado el personaje central del ámbito privado de este expediente: Lázaro Antonio Báez, a quien los fiscales describen como “el amigo” de los K.

En la causa de La Ruta del Dinero, por la que está preso, el empresario pidió que se investigue a los funcionarios que avalaron sus negocios desde el Estado. Ahora podrá dar detalles al respecto.

Jamás la ex Presidenta se vio ante un escenario judicial semejante. El Estado gobernado por su familia se negó a aportar datos a la Justicia sobre obra pública, Báez y las empresas de Cristina.

Báez fue el principal socio de los Kirchner. Por ejemplo, quien le pagó alrededor de 6 millones de pesos anuales de alquiler por su hotel más importante, el Alto Calafate-Hotesur. Lázaro no tenía problemas financieros entonces (2008-2012): era el principal beneficiario de la obra pública que impulsaba su familia “locadora”.

Cristina Fernández declará sobre su “amigo” en un aniversario especial para Báez. El 20 de octubre de 2015 se prendió fuego en el aeropuerto de San Fernando su avión privado más relevante. Es la nave con la que movía dinero en efectivo a Santa Cruz, según se denunció ante la Justicia. El jet está aun incendiado entre los pastizales de ese aeropuerto bonaerense. Casualidades: es el último lugar que el empresario pisó antes de quedar preso hace cinco meses.

Mientras la Cámara Federal comenzó a analizar si fue bien procesada por el juez Claudio Bonadio en la causa del "dólar futuro", la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió ayer una mala noticia desde otro tribunal federal de Comodoro Py y que seguramente desemboque el año próximo en su segundo procesamiento penal.

El juez Julián Ercolini decidió citarla a declaración indagatoria para el jueves 20 de octubre por presunto delito en la concesión de obra pública vial en Santa Cruz a empresas vinculadas al detenido Lázaro Báez a través de un sistema de cartelización. También fueron citados el ex ministro de Planificación Julio De Vido, el propio Báez, el también detenido ex secretario de Obras Públicas José López y el ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti.

Además, el magistrado dispuso una inhibición general de bienes sobre la ex presidenta, por lo que notificó a los registros de bienes de todo el país, tanto de propiedades inmuebles como de vehículos, embarcaciones, aeronaves, créditos prendarios, el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores, el Mercado de Valores, la Caja de Valores, la Inspección General de Justicia y hasta al Jockey Club, donde se inscribe la titularidad de caballos de carrera. 

En total son 17 las personas citadas a indagatoria y alcanzadas por esta última medida. Entre las doce restantes, la mayoría de ellos ex funcionarios de Vialidad Nacional, también se encuentran el ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala y Carlos Santiago Kirchner, primo del fallecido ex presidente y subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal durante su gobierno y los de su viuda.

Carlos Santiago Kirchner, el primo del ex presidente. También acusado por defraudación con la obra pública.

La ronda de indagatorias comenzará con la propia ex presidenta y finalizará el 23 de noviembre, pero luego podrían sumarse a la convocatoria otras 17 personas que también fueron incluidas en su requerimiento por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques pero respecto de las cuales el juez Ercolini ordenó nuevas medidas de prueba antes de decidir citarlos.

De esta manera, de ampliarse la cantidad de personas a indagar -lo que podría incluir por ejemplo a Martín Báez, el hijo del detenido ex cajero bancario de Santa Cruz-, la decisión sobre un eventual nuevo procesamiento de la ex presidenta podría estirarse hacia principios de 2017, según evaluaron fuentes judiciales.

 

Si bien los fiscales no calificaron legalmente en qué delito exacto incurrió para ellos la viuda de Néstor Kirchner, la descripción de los hechos que se le hará en la indagatoria del 20 de octubre en base a su requerimiento cuadra en las figuras de la defraudación en perjuicio de la administración pública y las negociaciones incompatibles.

Pero, según advirtieron otras fuentes de los tribunales federales, el requerimiento formulado el mes pasado por Pollicita y Mahiques le dejaría la puerta abierta a Ercolini para procesar a la ex presidenta por asociación ilícita, tal como pidió en 2008 a la Justicia la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, junto con otros legisladores de su espacio político.

Ercolini tiene hace años abierta esa vieja denuncia por un requerimiento firmado a fines de ese año por el propio Pollicita. Esa causa fue desperdigada en varios expedientes conexos, método que exasperó todos estos años a los denunciantes. Pero la que motivó el llamado a indagatoria de ayer se corresponde con una denuncia formulada en abril de este año por las nuevas autoridades de Vialidad Nacional e informada en su momento por Clarín.

La denuncia incluyó un relevamiento de todas las obras de ese rubro otorgadas a las empresas vinculadas a Báez, los montos involucrados, la matriz de direccionamiento y la manera en la que se presentaban a licitaciones supuestamente armadas en un típico método de cartelización. Ahora Ercolini decidió pedir más informes ya que hasta ahora la acusación se focalizó en detalle en sólo dos obras: la emblemática ruta 3, que bordea la costa atlántica argentina hasta Tierra del Fuego, y la ruta provincial santacruceña 9.

Ercolini destacó que la "maniobra" delictiva imputada a la ex presidenta -Pollicita y Mahiques hablaron de un "plan sistemático" para el apoderamiento de fondos públicos- se edificó sobre "cuatro pilares fundamentales". Estos son:

- "la inserción del amigo presidencial en el negocio de la construcción vial (por Báez);

- la exportación de una estructura provincial montada con gente de confianza a un nivel nacional (por los funcionarios que acompañaron a Kirchner en su paso de la gobernación santacruceña a la Presidencia de la Nación);

- la mayor concentración económica de obra pública vial de nuestro país en la provincia de Santa Cruz; y

- el direccionamiento de la adjudicación de la obra pública y el diseño de un esquema de beneficios exclusivos a favor del empresario Lázaro Báez en detrimento de las arcas del Estado."

La "inserción" de Báez en la obra pública, según la acusación, es porque Austral Construcciones, inicio de un imperio ahora caído en desgracia, se creó el 8 de abril de 2003, veinte días antes de la primera vuelta presidencial de ese año en la que el ex presidente Carlos Menem, según las encuestas no podría vencer. Kirchner asumió el 25 de mayo.

Los otros citados a indagatoria son Graciela Oporto, Raúl Rodríguez, Hugo Rodríguez, Héctor Garro, Raúl Pavesi, José Santibáñez, Juan Carlos Villafañe, Ernesto Morilla, Raúl Daruich y Mauricio Collareda. 

Dos cajas con documentos referidos a las rutas nacional N° 3 y la provincial N° 9 en Santa Cruz, más cinco expedientes de Vialidad que explicitan cómo se realizaron todos los pagos a Lázaro Báez, un CD con la información de los estudios realizados por Vialidad Nacional y las ampliaciones de denuncia, forman parte de la documentación aportada al juez Julián Ercolini por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, para reiterar la existencia de "la matriz de corrupción" en materia de obra pública". La auditoría de la actual gestión de Vialidad fue una pieza clave para el llamado a indagatoria de Cristina Kirchner que resolvió ayer el Magistrado.

La "inserción del amigo presidencial en el negocio de la construcción vial" como señalaron los fiscales, se refleja en los números que reveló Vialidad Nacional en la auditoría realizada sobre la obras pública en Santa Cruz durante el kirchnerismo. El 78,4 % de los contratos viales terminaron en manos del Grupo Austral ​ "mediante procesos irregulares y discrecionales". Este planteo fue citado por Ercolini en su fallo. 

 

Hay otros números claves que se desprenden de la auditoría: el 50 % de los contratos nunca se terminaron pero Báez los cobró igual con un sobreprecio promedio del 65 % lo que significó el ingreso de $ 21.600 millones a favor de la empresa que a su vez, alquiló por valores millonarios habitaciones de los hoteles de Cristina Kirchner. 

El Grupo Austral se llevó el 11,7 % del presupuesto nacional de Vialidad siendo la empresa más favorecidas con la obra pública. En base a esto los fiscales plantearon "el direccionamiento de la adjudicación de la obra pública y el diseño de un esquema de beneficios exclusivos a favor del empresario Lázaro Báez en detrimento de las arcas del estado".

La auditoría expuso además cómo se lo favorecía al empresario K con el cobro de las certificaciones: mientras las demás constructoras cobraban a 213 días, Austral obtenía el dinero en 34 días. El Juez señaló que el Gobierno al dejar la Casa Rosada con la única empresa que no tenía deuda era con Austral. Sin embargo, Báez reclamó en enero $ 400 millones. Ercolini pidió que Vialidad envíe un detalle mes a mes del pago realizado al empresario K y sobre qué obras desde 2003 a 2015.

 

Como casos testigos de los más de 51 contratos adjudicados, los fiscales citaron las obras sobre las rutas nacionales 3, 40 y la provincial N° 9. En el primer caso, se trata de la Autovía Caleta Olivia - Comodoro Rivadavia, que tuvo un costo inicial de $ 674 millones y con un promedio del 37% de realización, el Gobierno pagó a Báez  $ 2.892 millones: un 329% más.

Esta obra se relicitó recientemente por $ 1.964 millones y la ganadora fue CPC, propiedad de Cristóbal López investigado por la evasión fiscal de $ 8.000 millones. La firma licitó por un valor $ 1.569.507.193.

 

La Ruta 9 sobre la que Ercolini señala que la información es "parcial" y que debe enviarse todo el detalle de la misma, fue denunciada por Vialidad por "manipulación discrecional" en los procesos licitatorios: Compitieron tres empresas, dos de las cuales eran de Báez.Ganó Austral construcciones y se le otorgó la obra en ocho días. 

Vialidad Nacional​ señaló más casos remitidos por los fiscales al Juez, como los contratos sobre la Ruta 40. A Báez le dieron seis contratos por los que cobró un 155% más de su costo inicial. Sólo el tramo Lago Cardiel – Tres Lagos se licitó por $ 254 millones y con el 32% de realización Nación le pagó a Báez $ 800 millones.