La audiencia pública por el precio mayorista del gas, que arranca el próximo viernes, se extenderá durante todo el fin de semana. El ente regulador Enargas reservó la Usina del Arte -el espacio donde se harán las exposiciones- también para sábado y domingo.

La idea del Gobierno es concluir con el tema el próximo domingo. Hay más de 330 anotados que tratarán de exponer.Pueden hacerlo en Buenos Aires o en las sedes del interior, desde donde se harán transmisiones por video al encuentro principal.

El Enargas está decidiendo cuánto tiempo otorgará a los expositores y como los agrupará. Por ejemplo, hay varios anotados que se desempeñan en la misma actividad -como una industria específica-. Allí, el organizador de la audiencia pedirá a un representante de los anotados que unifique las posiciones de su sector.

Aunque el Enargas publicará la orden de mérito sobre las exposiciones el próximo jueves, se estima que la apertura de la audiencia estará a cargo del ministro de Energía, Juan José Aranguren.Las empresas también tendrán que hablar y defender las razones por las que consideran necesaria una recomposición de sus precios.

En el Gobierno creen que todos los expositores llegarán a hablar durante los tres días previstos. Pero dudan que algunos de los inscriptos hagan uso de la palabra si su turno les toca el fin de semana. En caso que un expositor no se encuentre al momento de ser llamado, se pasará al siguiente. Si hay muchas ausencias, quizás la audiencia pública termine antes, segun informó Martín Beiedegaray en Clarín.

En el Enargas quieren tener el tema cerrado para el domingo. Tienen la Usina del Arte reservada hasta ese día. Luego, ese espacio está agendado para otras actividades culturales. "Llegarán todos, pero si es necesario se llama a un cuarto intermedio y se sigue en otro momento en la semana siguiente", especifican como una forma de garantizar que todos serán escuchados.

En la propuesta de recomposición tarifaria que hará el Gobierno, se propone que haya diferentes incrementos según la categoría de usuario. Para la mayoría de los clientes (categoría R2), el Poder Ejecutivo estima un aumento de $ 1,16 por metro cúbico que pagan ahora a $ 3,91. Para los clientes de clase media y más (r3), la suba es de $ 2,06 a $ 5.68. En el segmento que más gas demandan  -como los que recibieron facturas con miles de pesos en el invierno- el metro cúbico treparía de $ 3,34 a $ 7,43.

Las provincias patagónicas y aquellas que poseen amparos judiciales (como Mendoza) no seguirán este esquema. En estos casos, la recomposición será más escalonada y el Gobierno nacional recién podría quitar los subsidios del Estado hacia 2023.

Ignacio Ortelli dio a conocer en Clarín que El Gobierno quiere mantener bajo control el desarrollo de la audiencia pública en el que se avanzará con el nuevo esquema de tarifas del gas. Para poner paños fríos en una cita en la que ya hay centenares de inscriptos y donde -se prevé- la oposición intentará acrecentar el costo político que ya pagó la Casa Rosada por la manera en la que implementó inicialmente el tarifazo, el Presidente recurrió a un viejo conocido en el tema. Se trata de Javier Corcuera, ex presidente de la Agencia de Protección Ambiental durante su paso como jefe de Gobierno porteño y hoy subsecretario de Medio Ambiente de Pilar, quien estará a cargo de moderar la audiencia.

Corcuera, quien se sumó al macrismo tras estar casi una década como director de la Fundación Vida Silvestre, es un hombre en el que confía el jefe de Gabinete Marcos Peña, quien fue decisivo en su elección y lo impuso por otros nombres propuestos por el ministro de Energía Juan José Aranguren.

Con Corcuera, el Presidente cree hacer una apuesta relativamente segura. Es que a lo largo de su gestión en la Ciudad, ya presidió varias audiencias públicas por temas ambientales, donde suele haber fuertes focos de conflicto.

Convocada por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) para este viernes en la Usina del Arte, en la audiencia pública el Gobierno expondrá la situación actual del sistema energético para reformular el precio de gas en boca de pozo que se aplicará desde el 1 de octubre y para fijar la tarifa de transporte y distribución transitoria que se implementará con el nuevo cuadro que será tratado en otra audiencia, prevista para el próximo mes.

El Gobierno, luego del fallo adverso de la Corte Suprema de Justicia, comenzó a buscar consenso en los sectores que más rechazo había encontrado al tarifazo. Convocó a gobernadores, legisladores opositores y Defensores del Pueblo de todas las provincias a los que les presentó su plan de aumentos para llegar a la audiencia públicas con respaldo de varios sectores y, de ese modo, aislar a quienes aún mantienen su rechazo, como es el caso de dirigentes kirchneristas.

La orden de la Casa Rosada a Corcuera es mantener "un clima pacífico" y "sin confrontación".La jornada, por lo pronto, promete ser maratónica: ya hay más de 325 inscriptos.

El Centro de Estudios para la promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS) solicitó la Justicia federal platense que se suspenda la audiencia pública convocada por el Gobierno nacional para analizar el tarifazo de gas hasta que no se entregue la "información adecuada" a los usuarios.

Según anticipó el canal de noticia C5N, el CEPIS, que logró un falló a favor contra la suba de tarifas, solicitó al juez Alberto Recondo que impida la audiencia del pr{oximo viernes en La Usina del Arte hasta que no se conozca en detalle los costos de las empresas concesionarias. 

La presentación del Centro ante el juzgado federal de La Plata N° 4 advirtió que el Poder Ejecutivo "incumple" la sentencia ocultando la información del precio del gas y piden que se suspenda hasta que el Gobierno no informe a qué valor se incrementará. Conocer esa información permitiría identificar el costo real de las empresas prestadoras del servicio público y si es justificado un aumento de hasta 235% para los usuarios residenciales, como prometieron desde el Ministerio de Energía.

"El Gobierno incumple el fallo de la Corte Suprema que ordena dar a conocer el costo de producción, generación y trasporte, diferenciado por empresas y por cuencas de producción", sostiene el escrito de la ONG.

En agosto pasado, CEPIS logró que el máximo tribunal acepte una acción de amparo, que ratificó la nulidad de las Resoluciones 28/16 y 31/16 de Juan José Aranguren, y ordenó retrotraer las tarifas al 31 de marzo pasado hasta que el Ejecutivo realice la audiencia pública, prevista por ley. la entidad exigía que el Estado abra la "discusión con la ciudadanía" para determinar "los fundamentos sobre el real valor de los servicios públicos, a fin de que el pueblo pague tarifas justas y razonables". 

La Justicia federal le exigió al Poder Ejecutivo que en 24 horas conteste si va a incluir en el marco de la audiencia pública, que se llevará a cabo a partir del viernes, la discusión sobre el precio de producción de gas en boca de pozo. Lo hizo a partir de una demanda realizada por el Centro para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis) en el juzgado federal en lo contencioso administrativo N° 4 de La Plata que pidió la suspensión del proceso ante el presunto incumplimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia que especificó qué información debía ponerse en conocimiento de los consumidores.

El juez Alberto Recondo también emplazó al Gobierno a responder si esa audiencia tiene por objetivo fijar el valor del cuadro tarifario para los usuarios no residenciales (comerciales e industriales) que no fueron alcanzados por la sentencia del 18 de agosto. 

Sin embargo, la semana pasada el ministro Aranguren dijo a las asociaciones de consumidores que no considera que el Gobierno tenga la obligación de mostrar cómo se forma el precio del gas en boca de pozo y confirmó que no entregará esos datos. "Hagan juicio si quieren", los exhortó el exCEO de Shell, durante un breve encuentro cara a cara en el Palacio de Hacienda.

El 18 de agosto pasado, CEPIS logró que el máximo tribunal acepte una acción de amparo, que ratificó la nulidad de las Resoluciones 28/16 y 31/16 de Juan José Aranguren, y ordenó retrotraer las tarifas al 31 de marzo pasado hasta que el Ejecutivo realice la audiencia pública, prevista por ley. La entidad sin fines de lucro exigía que el Estado abra la "discusión con la ciudadanía" para determinar"los fundamentos sobre el real valor de los servicios públicos, a fin de que el pueblo pague tarifas justas y razonables". 

Sin embargo, la semana pasada el ministro Aranguren dijo a las asociaciones de consumidores que no considera que el Gobierno tenga la obligación de mostrar cómo se forma el precio del gas en boca de pozo y confirmó que no entregará esos datos. "Hagan juicio si quieren", los exhortó el exCEO de Shell.