La ordenanza que prohíbe la minería a cielo abierto en la cuenca del río Andalgalá y la zona de influencia del Nevado de Aconquija, sancionada por el Concejo Deliberante de Andalgalá en sesión exprés la semana pasada, abrió un debate jurídico en torno al alcance de las facultades que tendría este órgano para tomar una determinación de este tipo. Los entreveros legales han de ser sin duda apasionantes para los interesados, pero en este caso son accesorios.
Lo medular es que la minería carece de licencia social. Se trata de un problema político, no jurídico, que existirá mientras empresas y funcionariato no garanticen que las explotaciones no afectarán la salud de la población y ni pondrán en peligro el ecosistema, sobre todo en lo que hace a la calidad y cantidad del agua, aunque todos los organismos judiciales del universo se pongan de acuerdo para desautorizar a los concejales andalgalenses.
Leyes, ordenanzas, decretos no son más que la expresión jurídica de una voluntad política, de modo que interesa menos la solvencia técnica de los procedimientos seguidos por el Concejo de la Perla del Oeste que lo que políticamente expresa su resultado: el rechazo unánime de las fuerzas andalgalenses con representación institucional a la minería a cielo abierto, en sintonía con la línea que vienen sosteniendo desde hace años organizaciones de autoconvocados de las que surgió el actual intendente, Alejandro Páez.
Conviene considerar que la polémica normativa no se aprobó en el vacío, sino que sucedió a dos sentencias judiciales que encontraron razón a un grupo de ambientalistas que consideraban que el emprendimiento Agua Rica no ofrecía garantías de seguridad ambiental, porque el informe de impacto ambiental correspondiente –y aquí sí los defectos jurídicos son centrales- se había aprobado en forma "provisoria”. La Suprema Corte de la Nación ordenó a la Justicia local dictar una nueva sentencia en reemplazo del rechazo inicial a la acción de amparo planteada en 2012; y el juez de Garantías Rodolfo Cecenarro decidió después parar Agua Rica hasta que las garantías exigidas por los ambientalistas sean cubiertas a través de un informe de impacto ambiental elaborado como corresponde y, como requirió la Suprema Corte, con la participación de la ciudadanía afectada.
El sentimiento antiminero en Andalgalá siempre fue muy fuerte, al punto que la comunidad andalgalense está fracturada. Sin embargo, nunca antes hubo un pronunciamiento como este que acaba de sacar el Concejo Deliberante. A lo inédito de la ordenanza se suma la unanimidad, que conformaron ediles de reconocida trayectoria favorable a la minería. Lo que hay que indagar, entonces, es por qué ocurre lo que ocurre y qué es lo que rechaza el rechazo, puesto que en él coinciden, como nunca antes, grupos antimineros cerriles, concejales anti y promineros y la Justicia.
Agua Rica, como este diario viene consignando, ha desarrollado una política empresaria de ostensible carácter especulativo y los jefes mineros de la administración pública le permitieron mantener los derechos sobre el yacimiento pese a esta conducta. La componenda es tan evidente como la ausencia de inversiones de una firma de solvencia controvertida, y como por añadidura tampoco hay informe de impacto ambiental en regla, la sociedad de Andalgalá reacciona en defensa propia, ya escaldada por la estafa a la que fue sometida con la malversación de las rentas de Bajo La Alumbrera.
Es muy puntual lo que se requiere: garantías de preservación de los recursos hídricos del Nevado de Aconquija. Lo mismo que reclamaban las comunidades que viven del agua del Famatina, que voltearon el emprendimiento que allí iba a hacerse, en la continuidad de las movilizaciones ambientalistas contra la minería a cielo abierto iniciadas en Esquel y replicadas luego en distintos puntos del cordón andino.
Acá lo que no hay es confianza pública. Constatada la falta de licencia social para Agua Rica en Andalgalá, lo que está en cuestión es si esta empresa y este equipo minero está en condiciones de generar la confianza que hace falta para que la minería, y el desarrollo que bien llevada puede producir, sea posible en Catamarca. No es que los andalgalenses se hayan vuelto de pronto anti-mineros. El rechazo no rechaza la minería; rechaza la minería específica que encarnan Minera Agua Rica y quienes le bancan los enjuagues en el Gobierno.
El senador nacional Dalmacio Mera (FV) se refirió a la situación de Andalgalá, donde hay un fallo del juez de Control de Garantías Rodolfo Cecenarro que suspende la actividad de Agua Rica y una ordenanza del CD que prohíbe la minería a cielo abierto en la jurisdicción.
Mera consideró que se llegó a esta situación porque el pueblo de Andalgalá sufrió situaciones de injusticia relacionadas con la actividad minera y, que por tal razón, los ediles tomaron esa medida. De igual forma, indicó que no es lo mejor para la Provincia y que es necesaria una nueva licencia social para que la actividad se pueda desarrollar normalmente.
En el marco de la presentación del proyecto de ley de actualización y mejoramiento del servicio de Justicia, Mera comentó que lo que ocurre en Andalgalá "es una caso patentizado de lo que es una situación de injusticia".
"El ciudadano andalgalense vivió con promesas de la enorme estructura que iban a tener a partir de la minería y hoy vive una situación estructural más o menos igual a la que había antes", comentó.
"Los concejales dijeron que esto es injusto y se preguntaron por qué iban a seguir permitiendo esto cuando había una resolución de la Corte Suprema sobre la viabilidad ambiental", agregó.
Mera destacó que el andalgalense se plantea que "pasaron miles de millones de pesos pero que ellos siguen igual".
"Por este tema es necesaria una licencia social; no hay más espacios para la arbitrariedad de ningún funcionario, por más importante que sea, de ninguno de los tres poderes del Estado", dijo.
La presidenta del bloque del FV en Diputados, Cecilia Guerrero, presentó un proyecto de resolución donde se pide al cuerpo el rechazo por la sanción de la ordenanza por parte del Concejo Deliberante de Andalgalá, que prohíbe la explotación minera a cielo abierto en la cuenca del río Andalgalá. La legisladora señala que esta medida viola artículos de la Constitución nacional y provincial.
En ese sentido, recuerda que la Carta Magna provincial establece que los recursos mineros pertenecen al dominio público de la Provincia, además de resaltar que la ordenanza está en contraposición a la Carta Orgánica Municipal que fomenta la minería.
A su vez, la iniciativa declara a la actividad y explotación minera como prioritaria en todo el territorio de la provincia de Catamarca.
El senador nacional Dalmacio Mera junto a los diputados de su sector presentaron un proyecto de ley sobre la actualización y mejoramiento del servicio de justicia. La presentación se hizo en el Salón Calchaquí, donde asistieron legisladores, funcionarios del Poder Judicial, abogados y público en general.
