La Audiencia Pública en la cual el Gobierno nacional expondrá su nuevo esquema tarifario para el servicio residencial de gas, a instancias de un fallo de la Corte Suprema, se realizará el próximo viernes en la ciudad de Buenos Aires, con la participación de al menos 325 inscriptos, los que se podrán expresar de manera presencial o virtual a través de los ocho centros regionales habilitados en el interior del país.
El objeto de la Audiencia Pública convocada por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) es considerar el traslado a tarifas de los precios de gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (Pist) y al mismo tiempo las tarifas transitorias de transporte y distribución, que estarán vigentes hasta la aprobación definitiva de los cuadros resultantes de la Revisión Tarifaria Integral ratificada para una nueva audiencia a convocar en octubre.
El Gobierno decidió avanzar con la Audiencia Pública a partir del fallo que la Corte Suprema emitió el 19 de agosto en una causa -a instancias de dos organizaciones no gubernamentales en la ciudad de La Plata- en la que declaró la nulidad de las Resoluciones 28/2016 y 31/2016 en cuanto a lo referido a los incrementos tarifarios del gas para los usuarios residenciales, aunque no así respecto a los comerciales.
Al tomar nota del fallo que ratificó la vigencia de las tarifas dispuesta en agosto de 2014, el Gobierno elaboró un nuevo esquema que el ministro de Energía, Juan José Aranguren, y funcionarios del Gobierno nacional explicaron a distintos sectores durante la semana pasada, entre ellos los bloques legislativos del oficialismo y la oposición, los gremios energéticos, las empresas, los defensores del pueblo y las asociaciones de consumidores.
El nuevo esquema, aseguran desde el Gobierno, observa el criterio de "gradualidad y previsibilidad" que reclamó la Corte, y establece un incremento del 203% a partir del primero de octubre, con actualizaciones semestrales en torno al 10 por ciento a aplicar hasta el primero de octubre de 2019, punto en el que se alcanzaría a cubrir con la tarifa el precio de mercado del gas y la reducción del actual 81% a cero de los subsidios.
También se informará en la audiencia la aplicación de las tarifas transitorias de distribución y transporte que las empresas presentaron al Gobierno en el primer trimestre del año en base a la situación económica financiera de las licenciatarias de ambos servicios, además de un plan de inversiones obligatorias a concretar en 2016.
Sobre estos puntos girará la presentación del Gobierno este viernes y las observaciones de los más de 325 participantes que hasta el momento se inscribieron a través de las instancias habilitadas por el Enargas para la audiencia convocada para el viernes 16, a las 9:00 de la mañana, en la sede de la Usina del Arte, de barrio porteño de La Boca.
De la misma pueden participar las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que invoquen un derecho subjetivo, interés simple o derecho de incidencia colectiva, conforme los requisitos previstos en la vigente resolución del Enargas de 2005 y se asegura que "se arbitrarán las medidas necesarias para que ningún interesado quede sin participar".
Debido al alcance nacional del tema a tratar, el Gobierno dispuso que la participación no quede restringida al edificio de la Usina del Arte, sino que la misma también se pueda concretar desde las sedes regionales del Enargas de las ciudades de Concordia, Córdoba, Mendoza, Neuquén, Río Grande, Rosario, Salta y Santa Rosa, las que están equipadas con los dispositivos tecnológicos para permitir la exposición virtual.
La presentación del formulario de inscripción se puede concretar -en la sede porteña del Enargas y en todos los Centros Regionales habilitados- hasta 48 horas antes del inicio de la audiencia y para exponer en la misma es necesario acompañar también un informe sobre el contenido de la presentación.
El orden de exposición de los participantes será establecido por el Enargas y constará en el Orden del Día que estará disponible en el lugar de la audiencia un día antes de su realización, y en la página Web del Organismo, en tanto que aún está pendiente de confirmación si la audiencia se desdoblará en dos jornadas por la extensión de la lista de inscriptos.
El Gobierno argumenta desde comienzos de año que una actualización tarifaria en el servicio de gas es para promover inversiones en exploración y explotación de ese recurso natural, a fin de garantizar su abastecimiento y de emitir señales económicas claras y razonables.
Así, un nuevo esquema del precio de gas natural en PIST permitirá fomentar la incorporación de reservas y e aumento de la producción doméstica de gas natural, así como reducir los fondos que el Estado Nacional -mediante subsidios- destina a mantener artificialmente bajos los precios que paga la demanda, y que además permita lograr que en el mediano y largo plazo dichos precios resulten de la libre interacción del mercado.
Estos subsidios vinieron creciendo en el tiempo hasta alcanzar la cifra acumulada de u$s 23.100 millones entre 2006 y 2015, con un promedio anual de u$s 2.570 millones.
Durante el año 2015, estos subsidios se elevaron a aproximadamente u$s 5.700 millones, lo que pone en riesgo, a criterio del Gobierno, las cuentas fiscales de la Nación y su estabilidad macroeconómica.
Para YPF , la mayor petrolera de la Argentina, cuyo control está en manos del Estado, el aumento en las tarifas de gas que propondrá el Gobierno en las audiencias públicas de la semana próxima permitirá desarrollar las cuantiosas reservas de ese recurso que yacen en el subsuelo de Vaca Muerta. Se trata de la formación neuquina de recursos no convencionales, cuyas potencialidades fueron hiper publicitadas en el kirchnerismo, pero perdieron brillo con la caída de los precios internacionales del petróleo.
La petrolera envió ayer por la noche al Enargas, el ente que regula al sector gasífero, la presentación que hará en el marco de las audiencias públicas. Allí sostiene que se necesitan US$ 7,6 por millón de BTU para desarrollar las reservas de shale gas, como se denomina el recurso de Vaca Muerta, uno de los más costoso de extraer entre las opciones que tiene la Argentina. Es una cifra que se acerca a los US$ 6,78 promedio que costará el gas residencial en octubre de 2019, según el plan del Gobierno. Un allegado a la empresa aseguró que intentará recortar esa diferencia a través de la mejoras en los costos de esa producción.
La ecuación general para las petroleras además, mejorarán porque otras alternativas de gas son menos onerosas y colaborarán para alcanzar un precio promedio más alineado con las nuevas tarifas. Por caso, YPF estima que necesita US$ 6,2 para producir de manera rentable el denominado tight gas, y US$ 4 para extraer el gas convencional. Ambos valores están debajo del precio que pagará la demanda en cuatro años.
La empresa calculó esos números luego de enunciar los componentes que tallan el el costo de producción, algo que requirió la Corte Suprema. YPF mencionó al menos siete elementos que lo componen y convierten a la industria en una actividad que requiere inversiones millonarias.
Las compañías gasíferas de Argentina realizaron maniobras contables para justificar el aumento del servicio. Así lo demostró un reciente estudio realizado por el medio Página 12 con los balances de estas empresas, en las que se evidencia que bajo la modalidad de contratos de asistencia técnica con los propios accionistas, se giraron utilidades al exterior por miles de millones de dólares, mientras que los balances presentados al país declaraban quebrantos.
Por medio de esta manipulación financiera, las gasíferas argentinas justificaron la “imposibilidad” de invertir y reclamaron al Gobierno de Mauricio Macri el aumento de las tarifas o transferencias del Estado.
La solicitud fue atendida entonces por el mandatario, que impulsó el tarifazo para prevenir una “catástrofe” en el país.
De acuerdo con la auditoria, fueron comprobados pagos de la transportistas de gas TGN a sus propios accionistas por supuestos honorarios asistencia técnica por un monto de 63,2 millones de dólares, mientras que la TGS hizo un desembolso de 225,1 millones de dólares, ambos entre los años 1998 y 2015.
Las salidas en los balances figuraban además como “gastos operativos” lo que les evitó el pago de impuestos y justificar la no realización de inversiones.
Los analistas consideran que las transferencias por el mismo mecanismo podrían haber ascendido a unos 460 millones de dólares entre ambas compañías, durante los 24 años de concesiones, sin embargo, esta información no pudo ser corroborada.
Asimismo, sospechan que la práctica pudo haber sido copiada en otros eslabones de la cadena comercial.
El dato: Los expertos señalan que “los concesionarios lograron la adjudicación del servicio mediante una licitación pública nacional e internacional, como consecuencia del respaldo técnico y capacidad patrimonial, sus antecedentes y experiencia técnica demostrada en la realización de la tarea, cuya comprobación fue jurídicamente exigida; resulta extraño que, pesar de ello, de manera sistemática y desde el mismo momento de inicio de la concesión, contraten servicios de transferencia de tecnología, asesoramiento técnico y gerenciamiento, entre otros, con los propios accionistas que intervinieron en la oferta para su adjudicación”.
En contexto
El ministro de Energía de Argentina, Juan José Aranguren, explicará en una audiencia pública el viernes 16 de septiembre que subirá cinco veces el precio del gas en dólares.
Está previsto que a partir del 1 de octubre el valor del metro cúbico de gas se ubique en 165 por ciento de aumento y a 425 por ciento a octubre de 2019, por lo que para esa fecha el Estado no transferirá subsidios.
El pasado martes 6 de septiembre la Corte Suprema de Justicia de Argentina anuló una medida cautelar encargada de impedir el aumento en la tarifa de energía en Buenos Aires, capital de ese país.
La demanda fue introducida por el secretario general de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires y el Partido Justicialista (peronista) de esa misma localidad. El alto tribunal expuso en un comunicado que quienes iniciaron la causa para actuar en nombre de todos los favorecidos por el servicio eléctrico en Buenos Aires, "carecen de legitimación".
Julio Cobos volvió a marcarle la cancha al Gobierno y exigió que indique cuál es el precio del gas en boca de pozo en la audiencia pública del próximo viernes, cuando el Gobierno propondrá el nuevo esquema tarifario.
“Se tiene que informar el valor en boca de pozo y comprarlo con lo que nos representa importar el combustible”, pidió el radical, en diálogo con el programa radial Punto de Partida, en radio Belgrano.
Juan José Aranguren se negó a informar esos valores durante el plenario de comisiones, excusándose en que cada cuenca es diferente y por lo tanto no podía aventurar un promedio.
Como relató LPO, ese día no supo decir cuánto incidía la producción en las tarifas (“Le voy a mandar la información”, se escapó a la massista Liliana Schwindt) y peor la pasó cuando José Luis Gioja denunció que las boletas marcaban un costo de 5.5 dólares por millón de BTU e YPF informaba sólo 1.9 en el SEC de New York. “Me resisto a responder”, se plantó el ex CEO de Shell
Las asociaciones de consumidores que visitaron al ministro el jueves le advirtieron que están dispuestas a impugnar las audiencias si el valor del gas en boca de pozo no es informado como parte del cuadro tarifario. Y encontraron en Cobos a un aliado.
El senador radical responsabilizó a Aranguren por las idas y vueltas del tarifazo y contó que el febrero los legisladores radicales le advirtieron que debía ser más cuidadoso.
“Había que hacer una simulación, que es lo que normalmente se hace. A mí me toco subir tarifas y la hice. Y después hacer una audiencia, que es de cumplimiento formal”, cuestionó.
Cobos también se expresó en contra de la solicitada que personalidades de la política y los medios hicieron para exigir la destitución del juez federal Daniel Rafecas, por haber cerrado la causa contra Cristina Kirchner por la denuncia del fallecido Alberto Nisman.
“No pareció oportuna. Cada uno tiene derecho a expresarse pero para eso están los organismos pertinentes”, repudió.
Aunque aclaró que tampoco coincide en cómo Rafecas archivó la causa contra Cristina en tiempo récord, “pero para eso funcionan los mecanismos constitucionales y me parece que ningún tipo de expresión es buena hacia un lado y hacia el otro”, se diferenció.
“Si hay un juez que actúa mal por acción u omisión hay que expresarlo, puede haber una expresión periodística, pero así en forma general, a mí no me gustó”, confesó.
