El Gobierno de la Provincia se dedicará a estudiar la validez de la ordenanza antiminera sancionada el miércoles último en el Concejo Deliberante de Andalgalá. El secretario general de la Gobernación, Edgardo Macedo, señaló que analizarán si un CD tiene competencia para legislar sobre la actividad minera, ya que considera que está regulada por la Constitución provincial, el Código de Minería y la ley de protección ambiental. El presidente del CD Andalgalá, José Luis Olás (FCS), señaló que el instrumento aprobado se ampara en principios constitucionales de derecho al ambiente saludable. Además, la ordenanza, que se habría promulgado, también aplicaría sobre Filo Colorado.

"Me causó mucha sorpresa la ordenanza. Si hay un departamento que se benefició con los recursos de la minería fue precisamente Andalgalá. Lamentablemente, fruto de la irresponsabilidad y la mala administración es que la ciudadanía seguramente no advierte los beneficios de esta actividad, y esto justifica los reclamos. Pero, además, es de público conocimiento que hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ordena que se debe realizar un nuevo estudio de impacto ambiental, por cuanto no se autorizó el de Agua Rica por tener carácter provisorio. La considero una decisión apresurada", opinó Macedo.

En diálogo con Radio Ancasti, adelantó que será motivo de estudio si es que el CD de Andalgalá tiene competencia para legislar en este sentido. "Será necesario conocer el contenido en detalle, pero habrá que hacer un análisis jurídico, técnico y legal. Todo lo que es materia ambiental minera se regula por el Código de Minería y por la ley de protección ambiental, que maneja la Provincia", expresó.

Por otra parte, pidió a los concejales andalgalenses que actúen con responsabilidad. "Acá no se distinguen partidos, porque fue aprobado por unanimidad. Deben saber que están privando no solo a Andalgalá, sino a todos los departamentos que se benefician con la minería. Esto puede tener graves implicancias. Están actuando en contra de las decisiones del Gobierno Nacional, que dio buenas señales a la minería", finalizó.

Por su parte, el presidente del CD destacó que en el tratamiento de la ordenanza "se respetó la participación de ciudadanos y fue un trabajo conjunto con el municipio, con quienes estudiamos la factibilidad del proyecto".

También señaló que la prohibición de la megaminería a cielo abierto en la cuenca alta del Río Andalgalá está fundamentada "en leyes que amparan el medio ambiente y en derechos constitucionales", y mencionó la ley de preservación de glaciares. "Los que están en los cerros son los que generan el agua del río Andalgalá", sostuvo.

"Se prevé que hay riesgos, y hay derechos amparados constitucionalmente como los bienes colectivos. El artículo nº41 señala que todo ciudadano tiene derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado. Es nuestra obligación trabajar en pos de estos principios. Además, queremos una protección total de nuestra agua. No queremos que se use para la megaminería. Queremos que se respete la historia, porque Andalgalá era un departamento agroproductivo", dijo.

En ese sentido, el concejal agregó que se tuvo en cuenta la sentencia del juez de Control de Garantías de la Segunda Circunscripción, Rodolfo Cecenarro, que paralizó las actividades en Agua Rica. "Ningún emprendimiento productivo puede estar por encima de los bienes que nos pertenecen a todos los ciudadanos de Andalgalá", dijo.

Por último, mencionó que "la Provincia administra los recursos, pero debe acordar con los ciudadanos", y dijo que "los CD tenemos que hacer las veces de policías ambientales". "Si todas las decisiones la tomara la Provincia, los municipios no tendrían razón de ser", expresó.

"Conflicto de poderes"

La diputada del FCS Alcira Moreno, ex concejal de Andalgalá, señaló que con esta nueva ordenanza se creará un conflicto de poderes "porque hay intereses que también son de la Provincia". Recordó que en 2010 en el CD se presentó un proyecto similar que no fue tratado porque consideraron que no era competencia municipal; y, sin embargo, dijo que apoya la prohibición de Filo Colorado."En 2010 hubo otro proyecto que directamente no se trató porque se consideró que debía tratarlo la Legislatura. Hay intereses provinciales y municipales, así que seguramente habrá conflicto", mencionó Moreno.Por otra parte, destacó que "Filo Colorado es realmente peligroso, porque está sobre el río que llega al pueblo".

Iniciadores

Juan Carlos Andrada

Mas allá que el proyecto minero Agua Rica no tiene chances de desarrollarse, la ordenanza que prohíbe la minería a cielo abierto para todo el ejido municipal aprobada por el Consejo Deliberante de Andalgalá no tiene validez legal.

La minería es una política de Estado explicita en Catamarca, no es decisión antojadiza de ningún gobernador de turno. Está establecida en varios artículos de la Constitución Provincial. Por lo tanto, la ordenanza es anti-constitucional y no tiene injerencia alguna,  es una mera expresión de deseo.

En este sentido, como sabemos, una ordenanza municipal no puede estar nunca por encima de la Constitución Provincial. En otras palabras, para prohibir la actividad minera en territorio catamarqueño, cualquiera sea el municipio que se trate, sería necesario modificar la Constitución Provincial. Por ese lado pueden avanzar los convencionales constituyentes.

Ahora, ¿puede promulgar la ordenanza el intendente Alejandro Páez? De poder, se puede todo, pero sería un papelón institucional, además de que hasta podría tener costos millonarios porque, aunque no les guste a muchos, hay derechos adquiridos durante años por las empresas privadas.

El proyecto de ordenanza que prohíbe la minería resurgió tras una decisión de la Suprema Corte de Justicia que dicho sea de paso no es un fallo anti-minero. ¿Qué dice la Corte? Que no se puede aprobar los Informes de Impacto Ambiental (IIA) "parcialmente" (una grave falta en la que incurrió la Secretaria de Minería de Catamarca) sino que "se aprueban o se rechazan en todo sentido", no se puede "aprobar con observaciones". Lo otro que indica la Suprema Corte es que a partir de ese fallo que implica una bisagra (un antes y un después en la minería argentina), cualquier actividad oficial relacionado con la minería debe garantizar y permitir la "participación ciudadana".

La ordenanza municipal puede entenderse desde el punto de vista emocional pero adolece de valor legal. De hecho, hay otras formas de exigir o de rechazar la megaminería para que no se explote finalmente Agua Rica (agarrándose incluso del concepto de participación ciudadana que sugiere la Suprema Corte de Justicia), pero no este mamarracho. Lo aprobado por los concejales andalgalenses esdesconocimiento elemental de la jerarquía de las leyes y la Constitución Provincial.