La Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) distribuyó hoy duro un comunicado de condena a la ordenanza de del los ediles de Andalgalá, en Catamarca, que prohibió la minería metalífera en ese municipio
Andalgalá: La prohibición de la minería viola la constitución y atenta contra el empleo y el desarrollo
La Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), el Consejo Minero Federal (COMIF), el Grupo de Empresas Mineras Exploradoras de la República Argentina (GEMERA), la Asociación de Empresas Mineras de Catamarca (AEMCA) y la Cámara de Proveedores de Andalgalá expresamos nuestra preocupación por las consecuencias que traerá la sanción de una ordenanza que prohíbe la minería a cielo abierto en dicha localidad.
Quienes celebran esta decisión ignoran el impacto que provocará en la matriz productiva de la zona. La minería tiene un costado social de gran importancia en su rol de motor económico de las localidades. No solo genera empleo directo, sino, lo que es más importante, moviliza cientos de pymes a su alrededor. Es una industria donde 80% de los insumos son consumidos en el mercado interno, y que deja en el país 70% de las ganancias que produce.
Por otra parte, es alarmante que un cuerpo deliberativo promueva la sanción de una norma contraria a la constitución de la provincia y que además transgrede explícitamente la Carta Orgánica de Andalgalá (Art. 143°: El Municipio promoverá y estimulará las actividades mineras como medio destinado a impulsar el desarrollo económico y social de nuestra jurisdicción en lo que corresponde a las leyes provinciales y nacionales en la materia.)
Para el desarrollo del país deben generarse reglas de juego claras que promuevan la inversión. Decisiones como estas envían un mensaje contradictorio y desalentador para los desarrollos en la provincia.
Más allá de que la ordenanza pueda ser declarada inconstitucional, lo grave radica en la imagen que se envía como país, en el que un grupo de ediles puede ir en contra de lo que establece una Carta Orgánica por la que juraron, la Constitución Provincial, el Código de Minería y la mismísima Constitución Nacional.
Respetamos a quienes piensan distinto y acordamos en la importancia del cuidado del medioambiente. Pero proteger el futuro de una localidad es también garantizarles oportunidades a sus familias, generando proyectos productivos que impulsen el desarrollo.
Una respuesta sensata de los representantes políticos hubiera sido ir más allá de una reacción lineal y prohibitiva y asumir sus responsabilidades para fomentar los mecanismos de control que garanticen una industria minera transparente y segura, tal como se realiza en los principales países del mundo. Y además, preocuparse por hacer buen uso de los recursos económicos que la industria minera aporta generando mecanismos de transparencia que garanticen el desarrollo integral de la región. Matar las oportunidades productivas de Andalgalá y desincentivar las inversiones en la provincia es dañino e irresponsable.
La industria minera argentina a través de su Cámara madre, la CAEM, reitera su compromiso para desarrollar una minería moderna, transparente, que proteja el medioambiente y contribuya al crecimiento y desarrollo transformacional del país.
Minera Agua Rica, la empresa de Yamana Gold, propietaria del proyecto cuprífero Agua Rica, envió a nuestra redacción un comunicado en el cual fijó su posición con respecto a la ordenanza del Concejo Deliberante de Andalgalá que prohibe la minería metalífera en ese departamento catamarqueño
Andalgalá, 09 de Septiembre de 2016
Minera Agua Rica ve con preocupación la reciente sanción de una ordenanza en Andalgalá cuyo objetivo principal es prohibir la actividad minera en la zona de la “alta cuenca del río Andalgalá”. Dicha normativa, además de ser claramente inconstitucional, va en contra de los principios establecidos en la Carta Orgánica de Andalgalá, que en su artículo 143° sostiene que “el Municipio promoverá y estimulará las actividades mineras como medio destinado a impulsar el desarrollo económico y social de nuestra jurisdicción en lo que corresponde a las leyes provinciales y nacionales en la materia.”
Por otra parte, y no es un detalle menor en los tiempos que corren, la ordenanza, de ser promulgada , atentará directamente contra el desarrollo de un proyecto productivo que hoy da trabajo directo a casi 100 andalgalenses e indirecto a una cantidad similar de catamarqueños y cuyo potencial de desarrollo e impacto económico positivo para Catamarca es altísimo.
Minera Agua Rica tomará todos los recaudos legales en defensa de sus intereses, recurrirá a todos los tribunales que deba hacerlo y no renunciará a ninguno de los derechos que legítimamente ha adquirido en todo este tiempo de trabajo e inversión en la provincia de Catamarca.
La compañía ratifica su compromiso de avanzar con el desarrollo del Proyecto Agua Rica, para lo cual viene manteniendo diálogos productivos en distintos niveles, tanto públicos como privados. Y, al mismo tiempo, reclama de parte de la autoridad política, reglas claras y un fuerte compromiso con las leyes vigentes que generen un marco estable y propicio para una inversión como la que demandará el desarrollo del yacimiento.
