El Ejecutivo ha enviado un proyecto de ley para postergar la liquidación del complejo metalúrgico La Oroya. Pero la falta de capacidad refinadora de La Oroya y los problemas medioambientales que ésta podría generar su operación harían que sea poco viable económicamente, de ampliarse el plazo de la liquidación en marcha para encontrar nuevos postores para el complejo metalúrgico.
El presidente Pedro Pablo Kuczynski ha dicho que mineras comoChinalco podrían enviar su producción de concentrado a La Oroya y refinarla allí en vez de enviarla a otros países, como China. Esto les generaría un ahorro, según los acreedores de Doe Run (SE 1363). Sin embargo, “la producción de cobre de Chinalco es mucho mayor que la capacidad que tiene La Oroya”, indica a SEMANAeconómica Roque Benavides, presidente ejecutivo de Buenaventura.
De acuerdo con Marita Chappuis, consultora en temas mineros ybloguera de SEMANAeconomica.com, la capacidad del circuito de cobre de La Oroya no llega a 100,000 toneladas, por lo que sería difícil que compita con China, que tiene varias fundiciones con capacidades mayores al millón de toneladas. Según el International Copper Study Group, la capacidad de refinación de cobre de China para el 2016 es de 8,738 toneladas métricas (TM), mientras que la del Perú es de 663 TM.
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La Oroya tiene también un circuito de plomo y de zinc, pero la demanda mundial de zinc en el Perú es sólo de 0.5%, mientras que la de China es de 45%, la mayor del mundo. En plomo China también lidera la demanda.
A esto se suma que “la fundición de La Oroya fue hecha para concentrados complejos, pero muchos de esos procesos ya no son ambientalmente sostenibles”, sostiene gerente de desarrollo de negocios de Buenaventura.
El ex ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, dijo que de ser vendidos los activos de La Oroya, se mantendrían los actuales estándares (80 microgramos de dióxido de azufre por m3). Hacer lo contrario sería dar la razón a Renco, dueña de Doe Run, que acaba de perder un proceso de arbitraje por los estándares ambientales impuestos por el Estado.
