Asistentes a una mesa chica del gabinete nacional donde se analizó la estrategia que llevará el gobierno a las audiencias públicas que se celebrarán el 16/09 comentaron entretelones de gestos que se intercambiaban el ministro de Energía, Juan José Aranguren, con el secretario de Coordinación Interministerial, Mario Quintana, y su par en la Jefatura de Gabinete, Gustavo Lopetegui, mientras desmenuzaban el fallo de la Corte Suprema de Justicia que retrotrajo el tarifazo del gas natural hasta antes de dictarse las resoluciones de abril pasado, impugnadas en la Justicia.
La tensión del momento no les impidió sonreír descontracturados, afirman testigos circunstanciales: recordaban que la asamblea multisectorial a la que instó convocar el tribunal superior el carácter no es vinculante en la adopción de las políticas que se aplicarán en la cadena de la producción y distribución de gas que se suministra a los usuarios residenciales, así como a los comercios e industrias Pymes, que constituyen la mayor parte del consumo.
La posición oficial hecha pública por Aranguren es que el Gobierno llevará al ámbito de discusión "un precio para el gas por boca de pozo que está por debajo del precio del mercado". Actualmente se encuentra en US$ 4,50 o US$ 5 el millón de BTU (unidad de medida del fluido), según la cuenca donde es extraído. Será éste el punto de partida de la deliberación que resolverá si tiene que subir, cuánto y con qué gradualismo. La referencia es que por el Plan Gas (o sea los nuevos pozos) el Estado les reconoce a las petroleras US$ 7 por millón de BTU.
Pero la suficiencia que trasuntan los funcionarios del gobierno es que finalmente en las actuales circunstancias tienen las manos libres para aplicarle el precio de gas en boca de pozo. Es clave en la actual situación que por la ley de emergencia económica se haya establecido que sea el Estado el que fije los precios del gas en boca de pozo. Antes era de "libre intervención entre las partes", según recordó la Corte en el fallo, y pasó a"uno de intervención estatal".
Sin embargo, uno de los puntos más polémicos que aparecerá en las audiencias es el PIST, o precio del gas en boca de pozo -valor de ingreso al sistema de transporte- que se les paga a las extractoras del gas, esto es, a las empresas petroleras, el cual se calcula en dólares y de acuerdo con valores internacionales, según informó U24
El nudo de la cuestión es que, dado que el precio que se fija en boca de pozo determina el 70% de la factura que recibe el usuario, será esgrimido por sectores de la oposición como inseparable del monto final al usuario. La ampliación del alcance de la tarifa social que dispuso el gobierno da fundamento al aporte estatal con que se cubrirá la exención de ese cargo a los beneficiarios. Dicho en otras palabras, subsidia el precio fijado a las petroleras. El resto de la escala de tarifas el subsidio será decreciente y quedará determinado por el gradualismo que surja de las audiencias hasta arribar al punto de equilibrio entre los valores fijados para la extracción, el transporte y la distribución en el monto de las facturas.
En la boca del pozo está la respuesta para la rentabilidad que pretenden las empresas extractoras, la regalía que aspiran a cobrar las provincias productoras de gas y la base imponible que reparten con el resto. Y lo que no pague el usuario en la tarifa se prorratea entre todos los contribuyentes o va a inflación, como sucede hasta ahora.
Todo indica que el Gobierno tendrá que barajar y dar de nuevo. Aunque podría proseguir con el aumento en el sector comercial (y la Corte no lo frenaría), lo hará si corresponde que es adecuado en términos políticos.
A las compañías que explotan el gas en Argentina, el gobierno nacional ya les reconoció un precio en boca de pozo que supera la cotización internacional y, en el caso de la cuenca neuquina y de los nuevos contratos, hasta lo duplicaría.
En cuanto se libere el mercado del gas, si la productora quisiera venderlo a un precio determinado a la distribuidora, el Estado no tendría por qué intervenir, lo cual no aplica para el incremento reciente, porque "la propia conducta del Estado actúa como una condición suspensiva de la aplicación de la norma originaria", según la Corte.
"Es razonable que hasta el momento en que efectivamente el precio de gas en el PIST (boca de pozo) se determine sobre la base de la libre interacción de la oferta y la demanda, su análisis se efectúe conjuntamente con la revisión de tarifas para la cual es necesaria la celebración de una audiencia pública", sostuvo el fallo.
A ese argumento se atiene ahora Aranguren, según dijo en conferencia de prensa: Tarifas= audiencia # precio.
Las provincias productoras de gas están pendientes del nivel que se establezca para la entrega del fluido en boca de pozo porque de ello dependen las regalías que habrán de percibir. Neuquén, por primera vez, cobrará más por el gas de su subsuelo que por el petróleo; Río Negro ya viene dulce porque tuvo en julio una muestra de lo que representa esa renta para sus ingresos fiscales, ya que embolsó más de $ 203 millones. Santa Cruz ya la cuenta y gasta por adelantado: inclusive calcula que el yacimiento Incahuasi-Aquio le deparará $ 250 millones.
Inclusive en una de las sedes de las audiencias, Neuquén, admiten que“ante la crisis de los precios petroleros estamos muy enfocados hacia el gas. Hubo un reconocimiento de valores al 110% y eso les permitió a todas las empresas ir levantando equipos para las operaciones, además de reforzarnos el ingreso de las regalías. Estamos en una etapa en donde por primera vez en décadas las regalías gasíferas están superando a las del petróleo”, afirman en la Casa de Gobierno neuquina.
Es interesante observar los preparativos de las audiencias. Las demoras en que rijan los nuevos valores obligaron al Tesoro a adelantarles a las 3 provincias gasíferas (Chubut, Río Negro y Santa Cruz) $ 800 millones en total para que pudieran pagar sueldos. En los casos de Chubut y Río Negro, los anticipos fueron por $ 250 millones, en tanto que para Santa Cruz fue de $ 280 millones.
Para el gobierno, el valor consensuado con las empresas que extraen el gas en Vaca Muerta constituye un costo de oportunidad para el país, al ser una especie de “compre argentino” que alivie la factura importadora. Se entiende que a las petroleras les conviene la escala de precios a la luz del nuevo reporte "Navigating the transformation of the gas market", realizado por Strategy&Argentina –empresa de consultoría de estrategia de PwC–, según el cual el gas natural licuado (GNL) se va convirtiendo en un commodity y su precio está y seguirá estando en baja.
Pan American Energy, YPF, Tecpetrol, Enap Sipetrol, CAPSA, fueron las primeras en entender que, en el actual escenario internacional, el incentivo para invertir en una matriz energética como la Argentina, que en un 53% depende del gas, es asegurar contractualmente una demanda cautiva.
Los números les dieron la razón. Desde el 1 de abril de 2016, se han alineado los precios internos del gas natural, de modo tal que buena parte converge en un promedio de US$ 5,5 por MMBTU, con picos de remuneración que llegan a US$$ 7,5 por MMBTU, correspondientes a la cuenca neuquina. En tanto, el promedio en junio vigente en la pizarra japonesa era de US$ 4,50 por millón de unidades térmicas británicas (MMBtu) y en baja.
Antes del aumento, el valor promedio con los distintos tipos en el mercado nacional daba entre US$ 2,6 y US$ 3,9 el millón de BTU. A Bolivia se le estuvo pagando esa unidad técnica US$ 5,4, que ha bajado bastante en el último trimestre.
El coordinador del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas y ex diputado por Unión Popular, Claudio Lozano, calculó que la recomposición sola de los valores por millón de btu que fijó la resolución 28/2016 en la Argentina ya implica un aumento del 73% en dólares. E hizo otras comparaciones, como por ejemplo que, según los balances presentados por YPF S.A. a la Security and Exchange Commission (SEC) de Nueva York, el costo de producción local asciende a US$ 1,9 el millón de BTu de gas, cuando se llevó el precio en boca de pozo arriba de los US$ 7. Lo contrastó con el precio de referencia en el mercado norteamericano, que se ubica en torno de los US$ 2,8 por millón de BTu.
Respecto del petróleo, el gobierno sí resolvió ponerle fin al subsidio que les otorga a las compañías, ya que les reconoce un precio para el barril que supera los US$ 70 cuando el mundo paga US$ 45 y cuando el costo del barril de petróleo en nuestro país no supera los US$ 14.
