El Gobierno convocó a las principales espadas de la oposición y del oficialismo, a quienes en un raid de cuatro reuniones les dejó en claro que las subas residenciales de las tarifas de gas no serán negociables. En cambio, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y el vicejefe de Gabinete, Gustavo Lopetegui, dejaron dudas respecto a los aumentos del 500% en comercios y pymes, a tal punto que el senador Federico Pinedo llegó a esbozar que podía haber cambios.
El Gobierno montó estas reuniones para mostrar apoyo político, luego de que la Justicia haya frenado el tarifazo de gas. La Casa Rosada reunió a los principales senadores de la talla de Miguel Pichetto y hasta diputados de izquierda como Néstor Pitrola. En estas citas, el kirchnerismo duro exigió al Gobierno cambios en las subas para las empresas pequeñas y medianas.
Desde las 11:30, con citas en el Ministerio de Hacienda y en la Casa Rosada, el ministro Aranguren repitió en cuatro reuniones que el 60% de los consumidores pagará en promedio $ 260 con las subas estipuladas, tras la presentación en la audiencia pública del 17 de septiembre. En cambio, no fue tan claro respecto a los aumentos para las empresas.
Ya en la primera reunión con legisladores y referentes del oficialismo, Aranguren y Lopetegui recibieron fuego amigo por este tema. En esa reunión, el titular de la UCR, José Corral, junto a sus correligionarios Mario Negri y Ángel Rozas, plantearon al ministro "más gradualismo" en las tarifas para las empresas y pymes, excluidas del freno que puso la Corte Suprema al tarifazo. Como respuesta, el senador Federico Pinedo planteó que "hay una propuesta completamente diferente, sin techos y que incluye a los comercios y a las pymes en el aumento promedio del 200%". Sin embargo, horas más tarde, el senador Pinedo se desdijo.
Después, con trato diferencial, la Casa Rosada recibió a los senadores en el Salón Blanco, en un encuentro que organizó la vicepresidenta Gabriela Michetti. Allí Aranguren, Lopetegui y Frigerio departieron con senadores del Frente Progresista, el Movimiento Popular Neuquino y el PJ-FpV, como Miguel Pichetto, Juan Manuel Abal Medina y Omar Perotti.
En el Gobierno apuntaron a la división del peronismo. "Sólo algunos senadores del FpV se mantuvieron en silencio y se los notó en contra del cuadro tarifario", advirtió una fuente de la Casa Rosada. En diálogo con El Cronista, el legislador Pedro Guastavino, aseguró que "no avalamos ningún aumento de tarifas que perjudique a los usuarios y a los comercios", en alusión a la nueva propuesta del Gobierno de un incremento del 203%. En cambio, otros legisladores de esa bancada, mencionaron que les parecía "razonable" el aumento, aunque también dejaron su reclamo: "Esta vez comuniquen mejor".
El ministro Aranguren tuvo que interrumpir la reunión para encabezar la convocatoria con Diputados, en Hacienda. Allí recibió a referentes de la oposición en la Cámara de Diputados, como Oscar Martínez (Movimiento Solidario Popular, aliado al FpV); Néstor Pitrola (Frente de Izquierda y de los Trabajadores); Alicia Ciciliani (Partido Socialista); Liliana Schwindt (Frente Renovador) y Federico Masso (Libres del Sur). Según pudo averiguar El Cronista, en esta reunión hubo más críticas. De hecho, el diputado Martínez sostuvo que con este escenario "vamos a participar de las audiencias, con movilizaciones en todo el país, como en Tierra del Fuego".
Por último, Aranguren recibió a los Defensores del Pueblo de diversas provincias. El representante de la Ciudad, Alejandro Amor, planteó que los cambios propuestos por el Ejecutivo "aplican un criterio de raciona lidad y progresividad" como lo pidió la Corte Suprema.
LA NACIÓNE
Esta vez no habrá espacio para el pataleo por desinformación. A días de las audiencias públicas programadas luego del duro golpe judicial y político que la Corte Suprema le propinó al plan oficial, el Gobierno convocará esta tarde a varias entidades empresarias y, desde mañana, a las asociaciones de consumidores para buscar construir consensos sobre el nuevo cuadro tarifario que buscará impulsar para el gas.
La Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Asociación Empresaria Argentina (AEA), la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), la Confederación Empresaria de la República Argentina (Cgera), la Fundación Mediterránea y la Cámara de Comercio Argentino Brasileña, entre otras entidades, serán recibidas a las 15 por el coordinador de la jefatura de Gabinete, Gustavo Lopetegui; el ministro de Energía, Juan José Aranguren, y su par de Producción, Francisco Cabrera.
La idea del Gobierno es darles a conocer el método que se instrumentará con respecto a la readecuación de las tarifas de los servicios públicos con miras a la audiencia pública que se realizará el 16 de este mes.
En tanto, mañana a las 9 -y con el mismo objetivo- será el turno de las asociaciones de defensa del consumidor. Hasta anoche, en Producción decían tener confirmada por lo menos la presencia de 34 asociaciones. Algunas incluso vendrán desde Corrientes, Río Negro, Mendoza y Santiago del Estero.
La decisión de convocar a los diferentes actores tiene que ver con el cambio de estrategia oficial luego del fallo de la Corte Suprema que busca generar consensos más amplios en la toma de decisiones. Esa corriente de pensamiento, para el tema tarifas específicamente, comenzó ayer con la convocatoria a varios senadores. Esa reunión contó además con la presencia de la vicepresidenta, Gabriela Michetti.
La propuesta de aumento de gas que llevará el Gobierno a las audiencias públicas del 16 de este mes responde a rajatabla a dos órdenes que le dio la Corte Suprema a la administración de Mauricio Macri: aplicar eventuales subas con gradualidad y previsibilidad.
A tal punto intenta cumplir con esa premisa la Casa Rosada que es posible estimar cuál será la evolución en los próximos cuatro años del precio del gas mayorista, que en el lenguaje de los petroleros se denomina "boca de pozo". Ese insumo representa el corazón de la factura que pagan los usuarios y se multiplicará 13 veces en dólares desde su valor actual (con los números heredados del kirchnerismo, si bien el impacto en la factura será menor) hasta octubre de 2019 para los consumidores que menos utilizan el recurso. Suele tratarse de viviendas de uno o dos ambientes habitadas por una o dos personas y tienen el precio del gas más atrasado entre los consumidores residenciales.
En tanto, para quienes se ubican en un escalón intermedio del uso del gas el incremento en la gestión de Mauricio Macri para el precio mayorista alcanzará casi el 395%, mientras que los usuarios de mayor consumo sufrirán una suba menor en términos porcentuales, del orden del 166%.
Al menos en los primeros años, todos los consumidores podrán moderar su factura si ahorran, en especial los clientes de menor consumo, de acuerdo con un plan de bonificaciones que establecerá el Gobierno, con descuentos de hasta el 50 por ciento.
Así se desprende de los números que maneja el Ministerio de Energía y Minería de Juan José Aranguren. Salvo algún retoque de último momento luego de las reuniones con representantes gremiales, de la oposición, del comercio y de la industria que las autoridades tendrán en los próximos días (ver aparte), será la propuesta final que llegará a las audiencias públicas. Como esa instancia es "no vinculante", las voces en contra de esa alternativa que se escuchen en ese encuentro no tienen necesariamente que ser tenidas en cuenta por el Gobierno.
Los aumentos en el precio mayorista del gas serán escalonados y diversos según la categoría de consumo. Por caso, un usuario de baja demanda sufrirá un aumento de 317,31% a partir del primer día de octubre, que se notará en la factura que le llegará al mes siguiente. En términos prácticos, siempre según las estimaciones oficiales que también incluyen las nuevas tarifas de transporte y de distribución, eso implica que sufrirá un incremento del 237% en su boleta mensual, que debería rondar los $ 107 sin impuestos. En ese lote estarán un 56% de los usuarios de gas natural del país.
El mismo usuario recibirá todos los meses de abril y octubre, desde el año próximo hasta 2019, aumentos en dólares apenas por debajo del 21 por ciento. Su impacto en la tarifa final es imposible de calcular hoy porque no contempla los futuros valores del transporte y la distribución (dos de los ítems que componen las boletas, además del gas en boca de pozo y los impuestos). Tampoco se sabe cuál será la evolución del tipo de cambio, que impactará de lleno en los valores expresados en dólares.
Entre los empresarios del sector llamaba la atención ayer la fecha elegida por el Gobierno para aplicar los aumentos. Sucede que en abril comienzan los meses fríos, cuando aumenta la demanda de gas, de manera que los mayores precios llegarán en la época de más consumo. Y consideraron que octubre suele ser un mes malo para las subas debido a que con frecuencia hay elecciones.
Un usuario intermedio (son los ubicados en las categorías R31, R32 y R33, que figuran en las boletas) tendrá un aumento inicial del gas en boca de pozo del orden del 178% a partir del mes próximo, mientras que los futuros ajustes, siempre en dólares, serán de entre el 9,9% y el 10,2% cada seis meses hasta 2019.
El primer aumento implica que ese usuario recibirá una factura del orden de los $ 371 por mes (sin impuestos). Esa situación abarcará a 31% de la demanda.
Entre los clientes de mayor consumo, denominados R34 en el lenguaje del sector gasífero, las subas serán menores en términos porcentuales. Desde el mes próximo el valor en boca de pozo trepará 107% y recibirá una factura mensual sin impuestos del orden de los $ 953 (122% más que lo que paga hoy). En esa situación están un 13% de los consumidores de gas por redes.
Después del primer aumento, los ajustes serán mucho menores, del orden del 4%.
El plan del Gobierno es que al final del mandato todas las categorías paguen un precio similar por el gas en boca de pozo, en torno de US$ 6,78 el millón de BTU.
Es el valor al que hoy se importa el fluido que llega por barco a los puertos de Escobar y Bahía Blanca. De esa manera, estima, se reducirán parcialmente los subsidios a ese sector.
Tiene motivos para buscar ese Norte: no sólo porque el precio que paga la demanda de gas está hoy por debajo de su costo, sino también debido a que los contribuyentes aportan para ese fin, incluso quienes no tienen acceso al gas natural.
Las pequeñas industrias y comercios siguen con esperanzas de que el Gobierno decida implementar modificaciones a las tarifas de gas, que no fueron frenadas en la Justicia por la Corte Suprema, tal como ocurrió para el caso de los usuarios residenciales. De hecho, para hoy tienen prevista una reunión con el ministro de Energía, Juan José Aranguren, con el de Producción, Francisco Cabrera, y con el jefe de gabinete económico, Gustavo Lopetegui.
Del encuentro participarán representantes de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (Cgera) y de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). En medio de preparación para esta reunión, desde ambas entidades recibieron una mala noticia: que el Juzgado Nº 3 de San Martín rechazó los amparos presentados porque interpretó que no son representativos del colectivo de la población.
En el encuentro con la prensa el lunes, Aranguren confirmó que rige el tope del 500% de aumento y detalló que, del total de usuarios comerciales, el 99% abona una factura promedio de $ 488 mensuales antes de impuestos, mientras que sólo el 1% restante paga $ 24.579 promedio, con el incremento que rige desde abril.
Desde Cgera afirmaron que van a apelar hoy la decisión en la Justicia, al tiempo que confirmaron que a los ministros pedirán un tratamiento diferencial, según se trate de Pymes que dependen más del gas en su proceso productivo a las que no, entre otras diferenciaciones. "Planteamos una segmentación del universo ya que no impacta de la misma manera los que tienen mano de obra intensiva que los que no, además de que del total hay sectores que dependen más del gas", sostuvo Ariel Aguilar, directivo de esta confederación, que es empresario de la manufactura del cuero.
En ese sentido, detalló que van a pedir a los ministros un esquema segmentado. "Vamos a tener que pensar en fuentes de trabajo o pagar las tarifas", describió, en relación de a la situación que, asegura, muchas pequeñas industrias atraviesan.
También pedirán que las tarifas de gas no experimenten un aumento lineal. "El otro punto tiene que ver con el escalonamiento de esos aumentos", agregó Aguilar. "Es muy difícil hacer estructura de costos cuando Aranguren dice una cosa y Federico Pinedo otra; por eso vamos a la reunión", dijo.
Ayer por la tarde el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, había dicho, tras una reunión con Aranguren, que el tope del 500% que rige para comercios e industrias quedaba sin efecto y que también se iba a aplicar el cuadro tarifario que el Gobierno propone para los usuarios residenciales, con una suba promedio de 200% desde octubre. Lo hizo tras salir de un encuentro que legisladores de Cambiemos mantuvieron con el ministro de Energía, antes del mediodía de ayer.
Por ese motivo, y en medio de las reuniones que Aranguren tuvo ayer con legisladores, gremios energéticos, jefes de bloques de la oposición y defensores del pueblo, el Gobierno salió a aclarar que se mantenía el esquema de aumentos para comercios e industrias con el tope del 500%, como se había informado inicialmente.
"Hay algunos sectores que son más vulnerables al tarifazo", describió Vicente Lourenzo, de la CAME. Y detalló que "la preocupación es, en particular, para las industrias que son energía dependiente, donde un ajuste de 400% ó 500% le repercute en sus costos, hasta tal punto que puede llegar a cerrar". Puso de ejemplo una fábrica de vidrios, donde necesitan tener los hornos prendidos de manera constante.
Sobre la reunión de hoy sostuvo que desde la CAME van a presentar un diagnóstico, sector por sector, a la vez que una propuesta. "La lógica indica que la aplicación de los aumentos debería ser más gradual, que permita una mejor adecuación", señaló.
