La diputada integrante de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara Baja, Cristina Girardi, solicitó explicaciones a la ministra de Minería, Aurora Williams, por las eventuales facilidades entregadas a la Minera Los Pelambres del Grupo Luksic en el contexto de un conflicto judicial por contaminación que se instruye en Argentina.
“Las ediciones online de diversos medios como The Clinic el 09 y 25 de junio y 21 de julio, de El Mostrador el 17 de julio (de 2015) y la edición número 187 de El Ciudadano (de 2016), han dado cuenta de diversos hechos relacionados con la escombrera que mantiene la minera Los Pelambres en la Cuarta Región”, comienza el oficio enviado a instancias de la comisión el 10 de agosto pasado.
El documento señala que entre 2007 y 2011 se depositaron “55 millones de toneladas de material estéril y desechos mineros, destacando incluso neumáticos de grandes dimensiones”, y que parte de dicho botadero “se encuentra en territorio argentino, motivando una disputa de la firma Glencore”, que tendría concesiones sobre las hectáreas afectadas.
“Pero más allá de todo – argumentó Girardi – existen graves denuncias en el sentido que la propia ministra de minería y su jefe de gabinete habrían realizado diversas acciones destinadas a exculpar a la minera Los Pelambres por este desaguisado”.
La parlamentaria citó dos correos publicados por El Ciudadano en el mes de julio. Uno de ellos refiere a una reunión solicitada por la ministra Williams al subsecretario de Minería, Ignacio Moreno, para “analizar desde el principio” el litigio de la mina de Antofagasta Minerals.
La cita fue previa a un encuentro que “incumplió con las reglas y no fue anotado en el registro público en el que los funcionarios chilenos deben identificar las reuniones con lobbistas”, donde participaron los abogados externos de Luksic, Andrés Jana y Soledad Alvear, ex canciller.
“Durante la misma, el subsecretario de Minería, Moreno, presentó los resultados de análisis hechos en la zona, los cuales descartan la contaminación del lado argentino y que, dijo el funcionario, habían sido elaborados por el Grupo de Trabajo Binacional Temporal (GTBT), pero resulta que no se trataba de un peritaje oficial, sino de un trabajo hecho por la consultora SGS y financiado por la propia Antofagasta Minerals”, recordó Girardi.
Más adelante, desde el holding de Luksic “pidieron al Ministerio de Minería que emitiera un documento que certifique que la minera actuó de buena fe, algo que solo le corresponde a la Justicia. Dos solicitudes que se formalizaron dos semanas después, el 8 de abril, el abogado Jana envió dos cartas pidiéndole estos documentos a la ministra Williams”.
En el intermedio aparece el segundo correo, enviado por Williams al subsecretario y al encargado del área jurídica el 5 de abril: “Ignacio M., se envió el resultado de laboratorio de las aguas que se iban a examinar al Subse Argentino, Gobernador de San Juan e Intendente de la IV? El viernes debió haber ingresado la solicitud de estos resultados vía transparencia. Felipe Curia: puedes ver si ingresó esta solicitud?”.
Según planteó Girardi en base a las investigaciones periodísticas, el email comprueba “que la ministra buscaba satisfacer el pedido de la minera y estaba al tanto de la fecha en la que el abogado Jana iba a presentar los pedidos”.
El oficio también detalla la intervención de Rodrigo Álvarez, director de Sernageomin. Éste “pidió al asesor de la vicepresidencia de Medio Ambiente de Antofagasta Minerals, Gustavo Póssel, el informe en cuestión (de SGS). El mismo día la copia fue enviada por Álvarez al subsecretario Moreno, quien se la dio al jefe de gabinete Galindo para que se la entregue al abogado Jana”.
“A primera vista se advierten dos graves irregularidades: 1.- Que se habría extendido a petición de la minera chilena, una suerte de certificado de buena fe, que evidentemente excede las atribuciones de cualquier funcionario público de la cartera de Minería o de cualquier otra. 2.- Que se habría validado un estudio particular encargado por esta misma empresa mediante un timbre oficial, de modo que apareciera ante los tribunales argentinos como un documento oficial”, resume el texto.
La diputada, quien ofició además a la Superintendencia del Medio Ambiente, al Servicio de Evaluación Ambiental y al Ministerio de Relaciones Exteriores, manifestó que esperará la respuesta de los distintos servicios para evaluar la creación de una comisión investigadora.
Al otro lado de la cordillera, el tema no se cierra. La publicación de los correos en Chile fue recogida por Infobae, el portal MiningPress y diversos medios de San Juan. En tanto, desde la comunidad y el parlamento argentino anunciaron nuevas gestiones a nivel político y judicial.
