Mientras temas esenciales como salud y seguridad quedaron nuevamente expuestos en los últimos días como grandes interrogantes –una vez más- en Comodoro Rivadavia, las señales de la actividad petrolera no dejan de anunciar que la baja de recursos para toda la provincia de Chubut podría ser más pronunciada que los cálculos más crudos, proyectando el escenario 2017.
Las estimaciones dan cuenta de que la producción de petróleo caerá este año por encima del 7%, lo que podría profundizarse el año próximo, con el consiguiente impacto en regalías: si ya en 2016 la disminución arranca en 700 millones de pesos según el ministro de Economía, el año próximo, con un barril de crudo alineado con el valor internacional (lo que hoy representa un 23% por debajo del precio de referencia interno), la disminución será todavía más profunda, informó ADN Sur.
No se trata de multiplicar pronósticos agoreros, sino de proyectar la búsqueda de alternativas y paliativos para prever efectos que de otro modo podrían poner en jaque el funcionamiento normal de las estructuras más básicas.
Así como los aviones o embarcaciones observan los instrumentos de control en su tablero y las perspectivas climatológicas de sus rutas mientras están en viaje, los indicadores que presenta una de las tres variables de ingresos en Chubut anuncian que la tripulación debería buscar opciones para evitar o suavizar, dentro de lo posible, lo que en esta analogía se define como un aterrizaje forzoso.
Los datos corregidos de producción para la primera mitad del año, según relevamientos técnicos en el ámbito provincial, permiten proyectar que la caída de producción de crudo durante el año 2016 estará en el orden del 7,5%, frente a lo producido el año pasado. Si en 2015 la provincia extrajo 9,2 millones de metros cúbicos, las proyecciones para el año en curso sitúan ese valor en 8,5 millones de m.3.
La caída de regalías incluso es más pronunciada que la baja de producción de crudo, porque en esto se combina la merma del precio del petróleo. Sólo en el primer cuatrimestre del año hubo una disminución de 400 millones de pesos, lo que proyectado a todo el año arroja una reducción total de 1.200 millones de pesos.
En función de estas variables, puede empezar a vislumbrarse el panorama 2017: los técnicos consultados por esta columna estiman que la producción de petróleo podría bajar otro 5 a 10%, mientras que la merma de regalías será mayor, si es que el gobierno nacional cumple la previsión de liberar el precio interno del barril, dejándolo fluctuar en línea con lo que hoy muestra la cotización internacional.
Así como las regiones que dependen del campo suelen cruzar los dedos para que llueva y mejoren sus cosechas, en la pampa petrolera los golpes de azar parecen más inmanejables e imprevisibles que el clima: o se eleva fuertemente el precio de petróleo a nivel internacional (algo que no se vislumbra, pero los pronósticos petroleros no siempre son acertados) o se equilibran los ingresos en pesos a partir de una mayor devaluación frente al dólar (lo que en la práctica, favorece a la exportación, sea de cereal o de petróleo; perjudica los salarios, cualquiera sea la actividad; y termina siendo igual para los recursos públicos).
En ese contexto, en los últimos días volvieron a evidenciarse viejos problemas sin resolver. El jefe de Policía de la provincia reconoció que Comodoro es la ciudad más afectada por la falta de recurso humano, aunque no hay por ahora posibilidad de resolverlo, debido a los problemas presupuestarios; de todos modos, la aplicación de paliativos debería frenar al menos parcialmente el avance de delitos de gravedad que se evidencian en los últimos meses.
Por su parte, el sistema de salud público volvió a crujir en función de las condiciones de trabajo y la escasez de recurso humano en el hospital. Frente a esa realidad, el ministro de Salud insistió ante el sector privado para que cumplimente los servicios de pediatría. El razonamiento encierra un riesgo, que fue advertido por el secretario de Salud del municipio, Carlos Catalá.
El sector privado debe cumplir con los servicios por los que fueron contratados por las obras sociales o empresas de medicina prepaga, para no recargar la demanda sobre el sector público. En ese ámbito, cada clínica de la ciudad podrá demostrar si cumple o no con esa exigencia y el Estado debería hacerlo cumplir, aplicando medidas más efectivas que solamente repetir intimaciones ya emitidas con anterioridad.
El riesgo, según advirtió Catalá, es que una vez que los privados garanticen la cobertura que les corresponde, el sector público terminase aceptando la reducción de recursos económicos para atender la salud a toda la población. La diferencia es muy finita, pero el resultado podría ser grosero. Conviene no perder de vista que si el desempleo crece, la consecuencia es también el aumento de población sin cobertura social.
