El Gobierno terminará de definir, entre el lunes y el miércoles, una propuesta integral para el aumento de tarifas de gas, que será puesto a consideración de los gobernadores, asociaciones de consumidores y actores del sector energético previo a la realización de la Audiencia Pública del próximo 16 de septiembre.
El ministro de Energía Juan José Aranguren, el de Interior Rogelio Frigerio y el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, serán los encargados de hacer este anuncio que busca crear el mayor consenso posible para llevar adelante esta norma.
"Este es un nuevo esquema" y no una modificación de la actualización tarifaria que fue rechazada por la Justicia, dijo Frigerio la semana pasada en diálogo con la prensa, para dejar en claro que se trata de un nuevo esquema, el cual contempla la tarifa social para 12 millones de argentinos e incrementos para el resto de la sociedad.
Si bien hace dos semanas se habló de un tope de aumento del 300% para las tarifas residenciales y reajustes semestrales, esto no fue confirmado por las fuentes. Hasta la suspensión de la aplicación de la tarifas, el tope del aumento era de 400% para los consumos residenciales y del 500% para los comercios y pequeñas empresas.
Las fuentes consultadas por Télam se limitaron a señalar que la propuesta "tiene un amplio consenso" con técnicos que asesoraron a los distintos candidatos, refiriéndose así al Consejo de Asesores que trabajó junto a Aranguren para una nueva propuesta.
Frigerio adelantó que la propuesta "se la presentaremos a los gobernadores, representantes de consumidores, y todos los que participen, para llegar con el mejor esquema a las audiencias públicas" previstas para el 16 de septiembre.
También el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, había anticipado, de manera más genérica, que la nueva propuesta tendrá un criterio de mayor gradualidad y fruto del consenso con distintos sectores sociales, técnicos y políticos, indicó en El Cronista.
La propuesta formal del Gobierno sobre un nuevo cuadro tarifario era uno de los elementos centrales que se venía reclamando en la última semana desde distintos sectores de las entidades de defensa de los consumidores y de la oposición, ya que es la que orientará el debate convocado para la sede de la Usina del Arte, en el barrio porteño de La Boca.
Las entidades que representan a los sectores de la producción y el comercio presentaron desde la semana pasada nuevos recursos de amparo ante la justicia federal en procura de ser contemplados en la nulidad de los aumentos tarifarios, al tiempo que reclamaron que el tema se incorpore al debate de la audiencia pública.
En tanto la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina ratificó que sus integrantes participarán "masivamente" de la audiencia pública del 16 de septiembre.
La postura de los defensores del Pueblo también contempla atender la realidad de las Pymes, sobre todo las electrodependientes, reglamentar la ley que impone una tarifa especial para los clubes e instituciones, insistir en la progresividad y racionalidad en la aplicación de los ajustes y atender las distintas realidades de las regiones de todo el país.
La Corte Suprema de Justicia alista un pronunciamiento sobre el tarifazo de la luz que dejará margen de maniobra al Gobierno nacional, y cuyo contenido distará en intensidad del revés que propinó al oficialismo en el caso del gas. El máximo tribunal no cuenta con el expediente necesario para tratar la cuestión de fondo y podría esperar a tenerlo para resolver, lo que provocará que una resolución definitiva en el tema luz quede diferida en el tiempo y pueda, por ende, volverse "abstracta" cuando el oficialismo mueva sus fichas a nivel político.
Por este motivo, se espera un fallo "light" sobre la medida cautelar que, en términos de territorialidad, sólo mantiene frenadas las subas de la electricidad para una porción de usuarios de la provincia de Buenos Aires. Los múltiples problemas que tiene el expediente bajo análisis -entre ellos de legitimación para reclamar-, también condicionan el dictamen que prepara la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, que recién se conocerá mañana, al filo del due date impuesto por los supremos.
Para la Corte, el caso "Abarca" no es siquiera parecido al expediente en el que se pronunció por el tarifazo de gas, por lo que la respuesta judicial no será análoga. En principio, la medida cautelar otorgada por la Cámara Federal de La Plata tiene fecha de vencimiento en poco más de un mes: el 7 de octubre. Sólo impacta en usuarios de las distribuidoras Edenor y Edesur, una realidad que hace que el resto de las empresas estén facturando de acuerdo con los nuevos cuadros en el resto del país.
Se detectaron además otros defectos procesales como el de la legitimación activa de un legislador (Walter Abarca) para actuar en procesos colectivos (más allá de que los jueces platenses reconocieron al defensor del pueblo bonaerense como litigante), y nuevamente la definición de una clase (como fueron los usuarios residenciales en el tema del gas) que permita avanzar en una definición que resuelva la cuestión del tarifazo eléctrico.
La Corte tampoco escapa de su propia doctrina en materia de medidas cautelares. Con dos nuevas visiones -la de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz- es difícil que pueda torcerse la opinión sobre el rechazo a tratar medidas de este tenor por no ser sentencias definitivas. La contracara es el otro expediente que recibió la Corte, el que tramitó la jueza en lo contencioso administrativo federal de San Martín, Martina Forns, cuya precautelar frenó temporariamente la aplicación de aumentos al distribuidor mayorista, Cammesa. Pero el "auto per saltum" dictado por la jueza que catapultó el caso hacia la Corte fue previo a expedirse sobre el fondo y que el caso pasase por la Cámara, lo que fue leído como un mal precedente si los jueces lo tratasen.
Podrían aprovechar para devolverlo, que siga su curso natural de apelaciones y volver a tomarlo en cuanto adquiera consistencia. En el medio, la administración de Mauricio Macri podrá adoptar las medidas correctivas para rearmarse, con convocatoria a audiencias públicas y discusión integral de la tarifa. Si esto ocurre finalmente, los cuestionamientos quedarían abstractos cuando completen el derrotero de regreso hasta la mesa de entradas de la Corte.
En el cuarto piso del Palacio de Tribunales cesaron las visitas, los llamados telefónicos y el interés en el resultado que se conocerá mañana. Tanto así la baja de las expectativas que Ricardo Lorenzetti, presidente del tribunal, firmará la decisión en la reunión de acuerdos y partirá a Roma, a una reunión protocolar con Francisco I. Sin esa presión, fue leída como innecesaria la referencia del ministro de Justicia Germán Garavano a cómo la Corte "debería" resolver. Algunos supremos propondrán que la redacción incluya algún mensaje incómodo para el oficialismo, que volvió a mostrarse confiado del resultado, aunque aquí con un escenario más benévolo. Con estos ingredientes, el Ejecutivo tendrá elementos para considerarlo un triunfo.
Idénticos interrogantes jurídicos se le plantean a Gils Carbó, en el dictamen -no vinculante- que presentará minutos antes de que comience la reunión de los jueces supremos. El estrecho margen de su pronunciamiento reconoce similares cuestionamientos al caso de examen. Cuanto mucho, podría expedirse sobre validar la vigencia de la medida cautelar con fecha de expiración próxima. Nada sobre la cuestión de fondo. Eso si se lograra salvar la cuestión de la legitimación para litigar lo que todos observan como un problema.
La Corte ni siquiera le giró el expediente de Forns para opinar, por lo que deberá hacerlo con el caso a mano. De todas formas, insistirá con la obligatoriedad de las audiencias públicas para definir aumentos tarifarios, sin distinción del precio de generación. En líneas generales, el dictamen seguirá los lineamientos en el que rechazó los aumentos para el gas, en sintonía con la postura de fiscales de menor rango, pero con los matices distintivos que volverán al escrito más moderado. La jefa de los fiscales tampoco tiene ánimo de sobreactuar en un caso que se plantea difícil desde lo procesal.
