La suspensión del ex titular de Aduana Juan José Gómez Centurión en su cargo no impidió que sus denuncias de corrupción contra las mafias que operan en esa dependencia avanzaran en la Justicia.
Basada en la presentación del funcionario, la Justicia detectó graves irregularidades y dispuso más de 100 allanamientos, impidió salir del país a 70 personas y secuestró 500.000 dólares en la casa de uno de los ex jefes del organismo. Es parte de una serie de causas en las que se investiga organizaciones encargadas de sacar mercadería sin abonar impuestos, operaciones fraudulentas, firmas fantasma y pagos de sobornos.
Las principales maniobras denunciadas por Gómez Centurión dieron origen a tres causas judiciales, que pusieron el foco en dos prácticas con perjuicios millonarios: la simulación de operaciones de comercio exterior para acceder a dólares baratos durante la vigencia del cepo y el contrabando puerta a puerta de contenedores, dentro de los cuales ingresaba efedrina.
La primera de las maniobras es investigada por el juez en lo penal económico Gustavo Meirovich. El perjuicio económico estimado provocado por las maniobras con las declaraciones juradas anticipadas de importación (DJAI) es de unos 395 millones de dólares, aunque la denuncia habla de más de 14.000 millones de esa misma moneda. Otro juez investiga un caso similar por más de 400 millones de dólares.La maniobra fue denunciada luego de que Gómez Centurión cruzó las bases de datos de las personas que presentaron pedidos de importaciones para conseguir dólares a 9 pesos para importar, con la base de datos de los productos efectivamente ingresados. Allí descubrió que 55 CUIT de empresas y personas recibieron autorización y dólares para ingresar mercadería que finalmente no entró al país, con lo que el dinero fue cambiado en el mercado blue a 15 pesos, o girado al extranjero.
Otra modalidad fue armar empresas fantasma, de existencia en los papeles pero sin giro comercial. Estas firmas pedían DJAI, no importaban nada y giraban las divisas. La Aduana advirtió la presencia de un importante número de empresas que se aprovecharon del régimen normativo y simulaban importaciones que en algunos casos nunca se realizaron. En otros casos, se pagaron por dichas importaciones en apariencia, varias veces la suma declarada como valor de importación.
La diputada Elisa Carrió dijo que una de las empresas investigadas es EDETEX, cuyos socios son Lorenzo Mario Almirón y Julio César Tizado. Almirón aparece como aportante del Frente para la Victoria en la campaña de las elecciones de 2009, dijo la líder de Coalición Cívica. La legisladora mencionó que hay empresas del grupo Indalo de Cristóbal López investigadas por operaciones de este estilo, y otras vinculadas con el ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray.
La segunda de las maniobras investigadas oculta una organización de proporciones. El agujero para el fisco en este caso es un misterio, pero ya se habla de 500 contenedores por un valor de US$ 432 millones. Esta maniobra es investigada por el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky.
El magistrado le prohibió la salida del país a unas 70 personas y allanó más de 100 domicilios. Esta causa vincula a los contenedores recibidos en el puerto y que luego permanecen en los depósitos fiscales, donde son reclamados por los importadores. En el medio una organización se encarga de sacar la mercadería sin pagar impuestos.
Esta organización detectada por el juez involucra a la empresa Transportes DTM SRL de los hermanos Paolantonio. Son Miguel Paolantonio, de 44 años, Alejandro Paolantonio, y Raúl Paolantonio.
Los tres son investigados por contrabando, dijeron fuentes judiciales a LA NACION. Los transportistas están acusados de sacar la mercadería tras pagar sobornos a distintas instancias intermedias aduaneras mientras los contenedores estaban en los depósitos fiscales. Las maniobras mas habituales eran:
+ declarar un peso de la mercadería menor al real.
+ declarar una posición arancelaria diferente para pagar menos impuestos
+ declarar un producto e ingresar otro.
El precio por lograr que la mercadería deje el deposito fiscal y llegue a la puerta del cliente variaba entre $ 35.000 y $ 80.000 el contenedor, dependiendo del valor de lo que llegaba al país. En esta causa se dio un curioso caso: que se decomisó un supuesto diario con anotaciones sobre cada operación. Ese documento identificaba a uno de los destinatarios de los sobornos con un número de teléfono celular y el nombre "Pekerman", singular apodo que aludía al nombre del argentino que es actualmente director técnico del seleccionado de Colombia.La Justicia investigó el celular y determinó que pertenecía a Eduardo Bernardi, ex jefe de sede Buenos Aires de la Aduana durante la gestión de Echegaray.
El juez Aguinsky allanó a pedido de la fiscal Gabriela Ruiz Morales el semipiso de Bernardi y encontró en una bolsa naranja de la heladería Pérsico unos US$ 500.000. En esta causa hay 65 personas que tienen todos sus bienes inhibidos.
La tercer maniobra que investiga la justicia vincula al narcotráfico. Es que cuando Ibar Pérez Corradi, acusado por el Triple crimen de Genreal Rodriguez, declaró ante la jueza María Servini mencionó que la efedrina -móvil del homicidio múltiple- ingresaba en contenedores. Marcó a algunos de ellos, pero las investigaciones para ubicarlos fueron infructuosas.
Elisa Carrió mencionó en su denuncia que Pérez Corradi dijo que la administración de Ricardo Echegaray en la AFIP "cobraba coimas a efectos de ingresar cargamentos de efedrina, indicando que los pagos se hacían por dólar cash y eran entregados en mano en el Mercado Central donde funcionaban los depósitos fiscales de Aduana también manejados por la AFIP".
Declaraciones juradas: Ingresos de mercadería que no se efectuaron
Contenedores: Salida de productos sin pagar impuestos
Narcotráfico: Ingreso de efedrina en el país en contenedores
El ex titular de la Sedronar, Ramón Granero, apuntó contra el ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández, al que acusó de "oponerse" a leyes y proyectos para combatir el tráfico de efedrina y sostuvo que Néstor y Cristina Kirchner "estaban al tanto" de lo que sucedía en el organismo. "Cada vez que quisimos actuar en función de cubrir el vacío legal en la legislación para controlar los precursores químicos siempre nos encontramos con la oposición enfrente del ministro del Interior o Jefatura de Gabinete cuando la ejercía Aníbal Fernández", dijo Granero a Radio Mitre.
Granero, que está procesado en una causa que investiga el ingreso de efedrina al país, agregó que si llegaba a triunfar en las elecciones bonaerenses Aníbal Fernández "era como suicidarse".
La respuesta del ex candidato a gobernador llegó por las redes sociales: "Jamás me opuse a cualquier control pero si ello hubiera sucedido, no tenía ningún valor".
La Justicia avanza en la reapertura de 300 contenedores sospechados de haber sido usados para ingresar mercadería de contrabando desde China y se prepara para comenzar a citar a los más de setenta imputados denunciados por el desplazado titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión. Así lo adelantaron fuentes de la causa a PERFIL. Las novedades se dan en medio de la polémica por el apartamiento del funcionario que dio pie a la investigación y que reveló una interna con los servicios de inteligencia por el control de una de las áreas más sensibles del Estado: la Aduana, organismo clave en las políticas contra el narcotráfico y el lavado de dinero.
El plan del juez a cargo del expediente, Marcelo Aguinsky, es comenzar a indagar a los sospechosos en sesenta días. Mientras tanto, continúa trabajando en la apertura de los 300 contenedores que fueron identificados como sospechosos en diferentes depósitos fiscales y terminales del puerto de Buenos Aires. Gómez Centurión cree que el contrabando está directamente ligado a la ex SIDE. Los imputados abarcan funcionarios de la Aduana, importadores y empresarios del mundo aduanero.
Los investigadores también analizan por estas horas los resultados de los más de cien allanamientos que se hicieron en la causa y esperan el resultado del peritaje de las computadoras y otros soportes informáticos secuestrados, a cargo de la división Cibercrimen de la Policía Metropolitana. En el expediente, que ya acumula 43 cuerpos y crece a ritmo acelerado, están imputados entre otros el ex jefe de la Aduana de Buenos Aires, Eduardo Bernardi, y los hermanos Paolantonio, sospechados de ser los jefes de la organización que durante años contrabandeó toneladas de productos a gran escala, como reveló hace dos meses el periodista Matías Longoni. Muchos de los dueños de los containers secuestrados nunca se presentaron a reclamar la mercadería y perdieron importantes sumas de dinero con total de no “quedar pegados”.
También está imputado el ex jugador y dirigente de Boca Horacio “Cholo” Palmieri, uno de los dueños de depósitos fiscales que habrían formado parte de la maniobra y que, como reveló PERFIL, tuvo nexos con dos de los acusados por tráfico de efedrina.
“Es el análisis de años de descontrol”. Así es como se refieren en torno al expediente al trabajo que están haciendo desde el Juzgado en lo Penal Económico a cargo de Aguinsky y en la fiscalía de Gabriela Ruiz Morales. Todos los días, los investigadores avanzan en la apertura de los contenedores denunciados. Moverlos, abrirlos, relevar lo que hay dentro y sentarlo en actas demanda entre ocho y diez horas de trabajo por contenedor. Allí encuentran materiales textiles, artículos de bazar, cosméticos, electrónicos, productos de iluminación y ferretería, entre otras importaciones, que venían al país declarados como otros ítems de menor valor arancelario.
Otro de los puntos claves de la investigación es establecer la trazabilidad de los contenedores desde que salieron de China hasta que llegaron a Buenos Aires. Saber cuánto pedían los importadores, qué declaraban y cuánto pesaba la mercadería es central para los investigadores.
La gestión de Gómez Centurión en la Aduana había catalogado “en condición de rezago y bloqueo” a 3.678 containers. El valor de esa carga monumental fue valuada por la Aduana en US$ 432 millones, informaron fuentes del organismo a PERFIL. Pero la investigación judicial se acotó a 300 casos para acelerar los resultados de la causa. Inspeccionar los contenedores que revisa la Justicia llevará un promedio de 2.700 horas.
Gómez Centurión reveló que el caso del contrabando de China fue el detonante para activar una operación de inteligencia financiada por los sectores afectados por la investigación. Fue denunciado ante la Justicia de intentar sobornar a importadores a través de un intermediario para habilitar el ingreso de mercadería del extranjero. Un día antes de que se presentara la denuncia, el funcionario había sido anoticiado de que algunos de los denunciados tenían vínculos con el tráfico de efedrina.
EMILIA DELFINO
El fútbol sigue siendo una constante en la trama que une narcotráfico, sicariato, negocios con el Estado y servicios de inteligencia. Ahora también se suma al caso de contrabando de la Aduana que le costó el cargo a Juan José Gómez Centurión.
Horacio “Cholo” Palmieri es un ejemplo de la constante. Fue jugador de Boca Juniors durante los 70, llevó la 10 durante varios campeonatos y asumió años más tarde como dirigente del club. En los 80 y 90 supo tener llegada directa a uno de los hombres más poderosos del país:el principal operador del radicalismo, hoy enrolado en la gestión de Mauricio Macri, y activo militante xeneize. Entonces, el Cholo y el Coti fundaron la agrupación Por un Boca Mejor para competir por el poder del club.
Palmieri era un hombre netamente identificado con el fútbol, al menos para el ojo futbolero. Pero en junio, quedó imputado por su supuesta participación en una red de contrabando de mercaderías procedentes de China, que denunció Gómez Centurión. El Cholo quedó en la mira porque figura como dueño de un depósito fiscal sospechado de formar parte de esa maniobra. La empresa se llama Terminal Carga Tigre (TCT) SA. Tiene un defensor particular: Santiago Blanco Bermúdez, el abogado de confianza de Jaime Stiuso, el jefe de la ex SIDE.
La denuncia por presunto contrabando desencadenaría la salida del titular de la Aduana y revelaría que Palmieri es una de las piezas que une varios mundos: los depósitos fiscales, Boca, la política y el tráfico de efedrina, un caso que no podría haber sucedido sin la complicidad de la Aduana. PERFIL reveló el domingo sus nexos con dos socios de Sebastián Forza, personajes de la ruta de la efedrina y el triple crimen de General Rodríguez.
Muy cerca de Nosiglia sostienen que el Coti y el Cholo se distanciaron hace años, pero no niegan sus vínculos. El Cholo construyó su cuota de poder militando en el comité radical de La Boca, territorio del Coti. El mismo se reconoció como miembro del entorno del principal operador de la UCR y ex ministro de Raúl Alfonsín, y era un asiduo merodeador del Hotel Elevage, propiedad del Coti. En ese contexto, lideró un grupo de xeneizes radicales, entre los que se encontraban Ricardo Daniel Martínez, alias “Ricky”, y Mario Martín López Magallanes, apodado “el Gordo”. Así lo reconocieron testigos directos de esos vínculos.
El Cholo no era el único referente de ese grupo: compartía la batuta con Luis “Gallego” Alvarez, un empresario de Quilmes con amplias conexiones en La Boca. Ricky Martínez y López Magallanes son dos cargas pesadas para el comité radical de La Boca. Ricky fue condenado a cuatro años de prisión por formar parte de la banda de mexicanos que elaboraban metanfetaminas en una quinta de Ingeniero Maschwitz.
López Magallanes no se queda atrás: está vinculado a la mafia de los medicamentos, el tráfico de efedrina, la quinta de los mexicanos y el crimen de dos colombianos de Unicenter. Actualmente está procesado y detenido por ese caso. La Justicia lo acusa de haber “coordinado” las ejecuciones de dos paramilitares de Colombia que estaban refugiados clandestinamente en la Argentina. Se cree que fue un crimen por encargo de un cartel de drogas. Entre los otros acusados hay un barra brava y un ex jefe de la 12. PERFIL se comunicó con Palmieri, pero no obtuvo respuesta. En el entorno del xeneize aseguran que es el blanco de una “investigación direccionada”.
