El Gobierno boliviano ha respondido con mano dura al linchamiento del viceministro Rodolfo Illanes ocurrido al pasado fin de semana durante una protesta de los mineros por cuenta propia o "cooperativistas". El Estado aprobó la revocación de las 31 concesiones que estaban formalmente en manos de estos mineros y que ellos habían subalquilado a su vez a empresas privadas internacionales, así como de todas las concesiones que no explotan actualmente.
Además, la Fiscalía detuvo a alrededor de una veintena de dirigentes y trabajadores, a los que investiga por el asesinato de Illanes. Pedro Mamani Massi, uno de los heridos durante los enfrentamientos registrados en las protestas de la localidad de Panduro ha muerto este jueves, según ha informado la agencia de noticias boliviana Fides.
El derecho a subarrendar los yacimientos de los cooperativistas estuvo en el centro del bloqueo de caminos que estos organizaron, y que terminó con la muerte del funcionario, apaleado por una turba mientras estaba secuestrado en una carretera por los dirigentes de la movilización con los que había ido a hablar.
De acuerdo a la nueva Constitución, tanto las cooperativas, supuestamente dedicadas a la minería de subsistencia, como las empresas privadas deben recibir concesiones temporales y exclusivas, es decir, que no pueden entregar a terceros. Con esta medida, la Constitución altera el sistema de propiedad minera que tenía el país desde la Colonia y que consideraba una mina como un activo ordinario, es decir, uno que se podía vender y heredar. El objetivo de la protesta minera, que comenzó a mediados de agosto, era retornar, al menos en el espíritu, al viejo sistema.
Las cooperativas aparecieron en Bolivia en la última parte de los años ochenta, como una respuesta espontánea de los trabajadores mineros a la incapacidad del Estado de mantenerlos empleados. Desde entonces este grupo no ha hecho más que crecer, hasta contar hoy con más de 100.000 miembros. Gracias a su capacidad de movilización, las cooperativas han obtenido algunos de los mejores sitios para explotar minerales y, con el boom de los precios de la pasada década, muchas se han convertido en empresas ilegales sin licencia ambiental.
Hasta este conflicto, fueron importantísimas aliadas del movimiento dirigido por Evo Morales, a quien ayudaron a llegar al poder. Por eso las empresas privadas acudieron a ellas para poder hacer unas inversiones que les resultaban muy difíciles de concretar negociando directamente con el Estado.
El Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom) disolvió los convenios con las cooperativas mineras, que establecían aportes orgánicos, que realizaba ese sector al registrar su producción.
En conferencia de prensa, el ministro de Minería y Metalurgia, Cesar Navarro, dijo que "el Senarecom ha emitido la Resolución 08/2016, aprobado por su Directorio, donde se está disolviendo de manera inmediata los convenios que ha firmado Senarecom con diferentes federaciones departamentales y regionales para los aportes de las cooperativas".
Navarro explicó que mediante esos convenios las empresas comercializadoras y los ingenios realizaban una retención o descuento a los cooperativistas mineros de entre 1% y 5% de su producción, porcentaje económico que era destinado a sus organizaciones y federaciones.
"Por ejemplo la federación (de cooperativas mineras) de Potosí tenía un ingreso, producto de esta retención, que alcanzaba hasta 800.000 bolivianos mensuales, por lo tanto, ese tipo de aportes quedan eliminados", aseguró.
El Ministro de Minería y Metalurgia dijo que las empresas comercializadoras y los ingenios ya no están en obligación de realizar ese descuento o retención al recibir la producción de las cooperativas mineras.
