El juez federal Sebastián Casanello citó a indagatoria al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y al ex secretario de Obras Públicas José López por supuestos sobornos en el marco del caso Skanska, la primera gran denuncia de corrupción del kirchnerismo.
El juez hizo lugar ayer a un pedido del fiscal del caso, Carlos Stornelli, que tiene delegada la investigación. Citó a De Vido para el 25 de octubre y a López, para el 24.
Stornelli sostuvo que ambos podrían haber sido destinatarios de "comisiones indebidas" en las gestiones para la ampliación de dos gasoductos. Además, consideró que ellos fueron "parte de la maniobra defraudatoria en perjuicio del Estado nacional" y que intervinieron en "negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas" con el objetivo de favorecer a la constructora Skanska.
Aunque aparece en el expediente desde sus inicios, De Vido jamás había sido citado a declarar en este caso, que estalló hace casi una década. Es el más viejo de corrupción que compromete a funcionarios del kirchnerismo y parecía destinado al cierre, pero tomó un nuevo impulso el 13 de abril pasado, cuando la Sala IV de la Cámara de Casación avaló como prueba una grabación en la que un gerente de Skanska confesaba el pago de sobornos, grabación que la Sala I de la Cámara Federal había declarado nula en mayo de 2008.
Ayer, cuando dispuso las indagatorias, Casanello citó esos audios como una prueba central de las presuntas coimas.
La hipótesis que se investiga es que Skanska pagó sobornos para ser beneficiada en las contrataciones de las obras para ampliar los gasoductos Norte y Sur. Y que para justificar en su contabilidad esas erogaciones le compró facturas falsas a la firma Infiniti Group SA.
Por el caso Skanska habían sido procesados otros funcionarios de menor rango: el ex titular del Enargas Fulvio Madaro, el ex titular de Nación Fideicomisos Néstor Ulloa y el ex secretario de Energía Daniel Cameron. Todos ellos fueron sobreseídos en 2011 por la Sala I de la Cámara Federal.
El 22 de abril pasado, Stornelli le pidió a Casanello que anulara aquellos sobreseimientos de la Cámara con el argumento de que era un caso de "cosa juzgada írrita"; es decir, que se daban las circunstancias excepcionales que justifican reabrir una causa cerrada porque no se había considerado una prueba clave, que ahora la Casación declaró válida y que no podía seguir desconociéndose.
Casanello declaró "procedente" el planteo de Stornelli, pero entendió que era la Cámara la que debía volver a analizar la prueba y resolver si cambiaba de decisión. Hasta ahora, el tribunal no se pronunció.
Otros dos funcionarios que habían sido indagados y por ahora están sobreseídos en este caso son el contador Andrés Galera, hoy imputado además como aparente "testaferro" de José López en la causa por su enriquecimiento, y Roberto Baratta, hombre de la más estrecha confianza de De Vido, ex subsecretario de Coordinación de su ministerio y frecuente nexo informal del ministro con los empresarios.
Cuando pidió las indagatorias de De Vido y López, Stornelli solicitó también que se revisara la situación de Baratta y Galera, pero la Justicia aún no se expidió sobre ellos. No obstante, Casanello hizo alusión ayer a Galera cuando ordenó la indagatoria de López, informaron fuentes del caso.
En una entrevista, Adrián López, apoderado de Infiniti Group, había dicho que en 2005 lo contactó un enviado de Planificación que le dijo que Skanska necesitaba facturas falsas; el objetivo: esconder coimas. Según este apoderado, ese enviado era Galera (que negó que ese encuentro haya existido). Galera es el mismo que está sospechado de haber sido testaferro de la casa de Tigre de José López. De corroborarse esto resultaría que intervino para borrar de la empresa las huellas de los sobornos y del patrimonio del funcionario, el registro de los bienes comprados con coimas.
Esta prueba, sumada a las grabaciones hoy consideradas válidas, a las denuncias de que los precios de las obras estaban por encima de los valores de referencia y a las sospechas de que el marco regulatorio se diseñó para permitir las contrataciones, fueron determinantes en contra de De Vido, que sumó así un nuevo llamado a indagatoria. Lo mismo que López, que preparará su defensa en la cárcel. Lo procesaron por enriquecimiento ilícito después de que lo encontraron con casi nueve millones de dólares cuyo origen no pudo explicar.
El juez federal Sebastián Casanello ordenó anteayer el secuestro de servidores del Ministerio de Hacienda, como parte de la causa en la que se investiga el ocultamiento o la eliminación, por parte de funcionarios kirchneristas, de información de transferencias hechas por el empresario Lázaro Báez en el exterior.
Después de una década, renació la causa Skanska y se apunta a altos cargos
Se sospecha que fue otro de los beneficiarios de los presuntos sobornos de Skanska. Para justificar ese pago en su contabilidad, la empresa habría comprado facturas truchas a Infinity Group.
En la causa está complicado el contador Andrés Galera, quien fue señalado en la causa como el enviado del Ministerio de Planificación para gestionar facturas truchas para Skanska. Hoy, Galera está imputado como presunto testaferro de López en la causa por enriquecimiento ilícito.
Se investiga si López, como De Vido, tuvo un rol determinante en la maniobra con Skanksa.
Se investiga si fue beneficiario de "comisiones indebidas" de Skanska para la ampliación de dos gasoductos.
El fiscal considera que fue parte de "una maniobra defraudatoria en perjuicio del Estado nacional y de negociaciones incompatibles con la función pública".
Se tomará como prueba válida la grabación en la que un gerente de Skanska confesaba el pago de sobornos. Además, hay denuncias de que los precios de las obras estaban por encima de los valores de referencia y se sospecha que se elaboró un marco regulatorio a la medida de Skanska, en el que intervino De Vido.
Marzo de 2006 - Confesión de la coima
Queda registrada en una auditoría interna de Skanska.
Mayo de 2008 - Prueba nula
La Cámara Federal declaró nula la grabación de la confesión.
Abril de 2016 - Admiten la confesión
La Cámara de Casación admitió la declaración como prueba y renació la causa.
Agosto de 2016 - Indagatorias
Citan a indagatoria a De Vido y López.
La confesión de la coima fue en marzo de 2006. La registró una auditoría interna de Skanska, pero la empresa no la entregó a la Justicia. Los investigadores dieron con ella en un allanamiento. Era la prueba clave del primer gran caso de corrupción del kirchnerismo. Cuando la Cámara Federal la declaró nula, la causa agonizó.
Resucitó hace cuatro meses, con una nueva decisión judicial que sostuvo lo contrario: la confesión vale. Ahora es un elemento determinante contra el ex ministro de Planificación Julio De Vido y el ex secretario de Obras Públicas José López, hoy caídos en desgracia. Ambos deberán responder en indagatoria por los presuntos sobornos.
El fallo que cambió el curso del caso es de la Cámara de Casación, el máximo tribunal penal, del 13 de abril pasado. Declaró que se puede usar como prueba la grabación de un ejecutivo de la empresa que admitía que se pagaron coimas a ex funcionarios para ampliar dos gasoductos. Lo firmaron los camaristas Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani, por la mayoría, y Angela Ledesma, en disidencia.
En esa grabación crucial para el nuevo impulso de la causa, el ex gerente comercial de Skanska Javier Azcárate le reconoce al síndico Claudio Corizzo, que hizo una auditoría interna, que además de pagos indebidos para lograr las obras de ampliación de los gasoductos del Norte y del Sur, se pagaron sobornos en otras obras del país en La Pampa y en Perú.
En la conversación, Azcárate menciona que el "negocio" habría ascendido a unos 200 millones de dólares.
"Es un negocio de 100 millones de dólares de parte nuestra, más lo de ellos, yo no sé, 200 palos verdes", dice en la grabación. Azcárate contó, además, que la maniobra se camufló con el uso de facturas apócrifas aportadas por Infiniti Group.
El nexo entre Skanska e Infiniti Group habría sido el contador Alfredo Greco, quien, según dice Azcárate en la conversación, "debería reportar a Ulloa". Se trata de Néstor Ulloa, quien era el gerente de Fideicomisos del estatal Banco Nación.
Corizzo hizo la auditoría después de que el juez Javier López Biscayart, que investigaba una presunta evasión impositiva, allanó las oficinas locales de Skanska.
El auditor grabó a Azcárate en secreto, pero nunca entregó el registro a la Justicia, que luego fue decomisado en un allanamiento. En su auditoría interna, Corizzo entrevistó a varios gerentes de la filial local de la compañía sueca y concluyó que siete de ellos fueron responsables del pago de comisiones indebidas.
En junio de 2006, Skanska los despidió tras el pago de millonarias indemnizaciones, pero no los denunció. Corizzo borró la grabación de su computadora, pero la policía la rescató de los servidores.
El tribunal que anuló la validez de la grabación como prueba fue la Sala I de la Cámara Federal. En su fundamento había dicho que era subrepticia y que Azcárate desconocía que era grabado. El fiscal Germán Moldes no apeló, pero sí lo hizo la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, que originalmente dirigía Manuel Garrido.
Durante años se debatió si era válida o no esta apelación y el caso llegó a la Corte, que avaló la intervención del fiscal. Fue tras esa decisión que la Casación revisó el caso, revocó la nulidad y dijo que la grabación es prueba válida.
