El freno en la Justicia al tarifazo de gas puso en suspenso inversiones por casi $ 4000 millones que las empresas tenían previsto desembolsar en 2016. Así surge de los planes que habían dado a conocer al Enargas entre marzo y abril, momento en el que fueron presentadas las adecuaciones al esquema tarifario que iba a estar vigente desde el 1º de abril y que luego fue frenado en la Justicia. 

Si bien desde algunas empresas aseguran que los planes se están ejecutando según lo previsto, con algún rezago quizá sobre todo en planes de expansión, dicen, cuando hablan en off reconocen que las inversiones están frenadas a la espera de que se concrete la audiencia pública y que se puedan actualizar los valores de las tarifas.

Desde otras directamente afirman que los planes de inversión entraron en una revisión, a la espera no sólo de la audiencia pública sino también de que el Enargas indique qué hacer ya que los programas que habían presentado eran de acuerdo al cuadro tarifario hoy frenado por la Justicia. En total, los planes de obras suman $ 3892,54 millones, según indicó el Cronista.

"Fue obligatorio presentar ante el Enargas el plan de inversiones de 2016, pero éste era para cuando estaba el cuadro tarifario hoy suspendido por la Justicia. Todas las inversiones están cayendo", aseguró una fuente de una de las distribuidoras de gas, que pidió el anonimato. Y agregó: "con la resolución del Enargas del jueves, dicen cómo facturar pero nada sobre qué hacer con las obligaciones de inversiones".

A la puesta en suspenso de las inversiones por parte de las empresas de gas, se suman las eléctricas, que esperan que entre el jueves y el viernes la procuradora Alejandra Gils Carbó se pronuncie para que el martes 6 de septiembre la Corte emita su fallo. Pero más allá de la decisión del máximo tribunal, hoy tanto Edenor como Edesur tienen vigentes amparos que tuvieron el visto bueno de cámaras de segunda instancia, que implicaron que se tuvieron que retrotraer los aumentos.

"Teníamos previstos inversiones por $ 3200 millones para 2016 y, a mayo, se ejecutaron $ 1020 millones", sostuvo Eduardo Mirabelli, vocero de Edenor. 
Desde Edesur, en cambio, como el freno en la Justicia se dio en un período de tiempo menor, aseguran que por ahora no revisaron los planes de inversión y que siguen adelante, tal como tenían previsto.

Las empresas energéticas consultadas (tanto de electricidad como las de gas) ponen su esperanza, más allá de lo que pase con el cuadro tarifario luego de las audiencias, en lo que suceda cuando ocurra la revisión tarifaria integral (RTI).

Casi de forma paradójica, la audiencia pública para discutir los incrementos en las tarifas de gas será el 16 de septiembre (en la que ahora se podrá participar también vía videoconferencia desde ocho distintas ciudades del país), justo un día después de que termina el Foro de Inversiones (conocido como "mini Davos") en el que el Gobierno espera seducir a empresas para que se produzca la tan ansiada llegada de inversiones que tanto pregonó.

La Confederación General Empresaria de la República Argentina (Cgera) presentará el lunes próximo un recurso judicial, para que se detengan los aumentos de gas a empresas pymes y que las mismas sean incluidas en las Audiencias Públicas que determinarán los eventuales incrementos en el servicio.

“Las empresas celebramos que la Corte Suprema haya aliviado la situación de las familias en cuanto al tarifazo del gas, pero estamos muy preocupados por lo que generó en las industrias. Nos dejaron afuera de la resolución y no tuvimos más remedio que presentarnos para defender los derechos de nuestras pymes”, aseguró el presidente de la Cgera, Marcelo Fernández.

Esta acción se suma al recurso de amparo presentado el pasado miércoles por la Cámara Tecnológica de San Martín, junto al intendente del distrito Gabriel Katopodis para frenar el incremento de tarifas de gas en las empresas pymes.

En el caso de la confederación empresaria, el recurso será presentado de manera individual por sus empresas representadas en el distrito bonaerense de San Martín.

“La presentación no puede ser colectiva porque sería rechazada, por eso presentaremos un recurso individual en representación de nuestras empresas asociadas”, aclaró Fernández.

“Hemos estudiado este tema muy seriamente con nuestro equipo de abogados para no equivocarnos, no buscamos hacer esto para generar un efecto mediático, sino que lo que realmente buscamos es que se generen efectivamente las Audiencias Públicas y, de esta manera, poder dialogar con el Gobierno y las empresas prestadoras de servicios para que entiendan que las pymes no pueden pagar estos niveles de aumentos”, concluyó.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Manufacturas del Cuero y Afines (CIMA), Ariel Aguilar afirmó que “no nos quedó otra alternativa, como entidad que representa a más de 10.000 empresas de distintos sectores, que utilizar la vía del amparo”.

“Nunca fue nuestra intención judicializar la política, por eso seguimos esperando una mesa de diálogo con el Gobierno para plantear una segmentación de todo el universo pyme para pensar en un nuevo esquema de tarifas que nos permita ser competitivos frente al mercado mundial”, agregó Aguilar.

“Si al aumento de tarifas le sumamos la abrupta caída del consumo, la suba en las importaciones y las desorbitantes tasas de interés para acceder a financiamiento, estamos ante un escenario en el que a las pequeñas y medianas empresas cada día le cuesta más sostener las puestos de trabajo”, manifestó el representante de la CIMA al finalizar.

En efecto, sectores de gas intensivo, nucleados en Cgera, manifestaron aumentos de más de un 500% en el servicio, entre los rubros más afectados por dichos incrementos se encuentran los textiles, metalúrgicos, y particularmente las empresas de menos de 10 empleados.
Cgera representa a 10.000 pymes agrupadas en más de 60 Cámaras y Federaciones de todo el país.

Algunos de los sectores industriales que agrupa son: Manufacturas del Cuero, Indumentaria, Curtiembres, Exportadores pymes, de la Carne, Electrónicos, Radiodifusores, Ópticos, Engordadores de Hacienda, Fabricantes de Tintas Gráficas, Metalúrgicos, Insumos textiles, del Juguete, Industria del Calzado, Herrajes, Productores Artísticos y Culturales, Seguridad, Construcción, Empresas Procesadoras Avícolas, Laboratorios, Farmacias, Textiles, Autopartes Pyme, Panaderil, Ferroviarios, aires acondicionados, entre otros.

El Gobierno nacional busca la forma de salir del pantano político, económico y judicial en el que quedó atrapado por el aumento de las tarifas del gas y evalúa -por estas horas- una salida que contemple dos variables centrales para cumplir con el fallo de la Corte Suprema de Justicia que frenó los aumentos en usuarios residenciales y abrió la puerta para la judicialización del resto.

Por un lado, la decisión oficial apunta a un incremento inferior al 300% (muy por debajo del primer tarifazo y de su posterior corrección postfallo de la Cámara Federal de La Plata); y por el otro, una actualización semestral de los valores, algo que le permitiría adecuarse al concepto de "gradualidad", subrayado en la sentencia del máximo tribunal. Fuentes del Ministerio de Energía y de la cartera de Hacienda confirmaron a Ámbito Financiero que se está trabajando en este sentido con miras a la audiencia pública en la que se discutirá un nuevo cuadro tarifario, el 16 de septiembre. 

En paralelo, el Poder Ejecutivo mira con atención lo que pueda llegar a suceder con la Corte (ya con integración completa de sus cinco miembros) en el expediente por el tarifazo a la luz. Mañana el tribunal dará la primera señal acerca de cómo encarará ese caso, con puntos en común y diferencias con respecto al límite que impuso a la administración de Mauricio Macri referido al gas. El trámite de esa causa -también elevado desde la Cámara Federal de La Plata con una medida cautelar que suspendía aumentos en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires- sufrió una alteración cuando -como adelantó este diario- la jueza en lo Contencioso Administrativo Federal de San Martín Martina Forns decidió el miércoles pasado elevar su caso por la suspensión del aumento de suministro eléctrico en todo el territorio nacional. Esa resolución modificó el panorama con el que se enfrentarán los supremos en su reunión de Acuerdos de mañana. 

Escenario

La intención de la Corte -previo al "auto per saltum" de Forns- era diferenciar su posible resolución sobre la luz de la que tuvo con respecto al gas. El expediente "Abarca" tenía aspectos procesales distintos: se trataba de una medida cautelar con duración por tres meses y sólo abarcaba a las prestatarias con influencia en el conurbano bonaerense. Se le habían anexado otras tres resoluciones judiciales también menores en cuestión de impacto y territorialidad. Las primeras conversaciones entre los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y el flamante supremo Carlos Rosenkrantz apuntaban a que ese "caso" no aportaba los elementos para que la Corte se expidiese sobre la cuestión de fondo, algo que le daría más oxígeno al Gobierno para abocarse a una solución política para el nuevo cuadro tarifario de la electricidad. 

Sin embargo, ese escenario se modificó con la llegada del caso "Fernández", que sorprendió en el cuarto piso del Palacio de Tribunales porque no esperaban una decisión de esa naturaleza por parte de Forns. La magistrada que había dictado una precautelar argumentó que giraba el caso "a los fines que correspondan" por la posible conexidad con la causa colectiva de La Plata. Le sumó cuestiones de economía procesal, y la advertencia de la propia Corte sobre evitar fallos contradictorios entre distintos tribunales. La Corte se había fijado due date el 6 de septiembre para expedirse sobre el tema. En el trayecto, la procuradora Alejandra Gils Carbó debía emitir su opinión, en lo que se especulaba como un dictamen distinto al que emitió por el gas, pese a que el problema central sigue siendo la ausencia de audiencias públicas previas. 

Caminos

A la Corte se le presentó un dilema con varios posibles caminos de resolución: una opción es devolver el expediente a su origen (Forns) para que la precautelar (que se encuentra vencida) continúe con el camino procesal de ser ratificado o no por la magistrada, sea después analizado por la Cámara de Apelaciones y eventualmente escale a la Corte. Para el máximo Tribunal, aceptarla sin consideraciones crearía un mal precedente para otros tribunales que podrían remitir sus causas.

Por eso, otra alternativa sería enviar un mensaje a los jueces (y una advertencia para Forns) pero utilizar su caso para dar una resolución de fondo también sobre el servicio eléctrico. Una combinación de estos elementos hacen que el expediente se torne ideal -más allá del salteo del procedimiento- para que la Corte se expida de forma definitiva. Lo concreto es que el tema de la luz será abordado mañana en el Acuerdo más allá del caso en sí, dada la gravedad institucional que conlleva el asunto. Después de la reunión surgirá la señal concreta sobre el criterio con el que la Corte piensa resolver el asunto.

Fecha de publicación 26/08/2016