Una de las primeras medidas que tomó Fernando Zavala como titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) fue, a través del Decreto Supremo 016-2016-PCM, del 16 de agosto pasado, desprender algunas comisiones adscritas a esta entidad y disponer su traslado a ministerios afines. Entre ellas, la comisión multisectorial enfocada en la lucha contra la minería ilegal y el proceso de formalización, que en dos meses pasará al Ministerio de Energía y Minas, mientras que el Ministerio del Interior asumirá las operaciones de interdicción.
Respecto de la interdicción (operaciones en las que se destruyen o incautan maquinaria y equipos utilizados en la minería ilegal), entre enero del 2013 y julio del 2016, el gobierno realizó 217 de estas acciones en diversas regiones del país, con un presupuesto de S/546’322.651. De este total, más de S/270 millones se orientaron a operaciones en la Reserva Nacional de Tambopata, en Madre de Dios, donde en los últimos meses han sido deforestadas más de 350 hectáreas de bosques.
Desde marzo de este año hasta la publicación de la norma, las coordinaciones de esta comisión las realizaba el coronel EP (r) César Sierra. Según explicó Sierra a El Comercio, tras la promulgación del decreto mencionado, el cronograma de operaciones a gran escala (que implican la presencia de un gran número de policías, militares y el uso de helicópteros) para los próximos meses quedaría suspendido. Según sus cálculos, si no hay ningún tipo de control del Estado, la minería ilegal podría avanzar unas 200 hectáreas en dos meses.
“Sin interdicciones hay alto potencial de que la minería siga avanzando al interior de Tambopata”, comentó Matt Finer, investigador de la Asociación para la Defensa de la Amazonía y uno de los encargados del programa MAAP, que monitorea a través de imágenes de satélite el avance de la extracción ilegal de oro en la selva. A esto se suma el hecho de que el contingente de efectivos de la Marina de Guerra que custodiaba Tambopata debió dejar la zona a mediados de agosto por falta de presupuesto.
El general PNP Jorge Gutiérrez, director de Operaciones Policiales, aseguró que las operaciones convencionales de interdicción no se detendrán. Admitió, sin embargo, que la falta de un alto comisionado afectará la coordinación con otros sectores en caso de grandes operaciones.
—Evalúan marco legal—
Este Diario se contactó con el Ministerio de Energía y Minas para precisar las implicancias y los plazos del cambio determinado por el reciente decreto supremo. El viceministro de Minas, Guillermo Shinno, respondió por escrito (muy escuetamente) que evaluarán el marco normativo de la formalización minera.
Sergio Dávila, congresista de Peruanos por el Kambio encargado por el gobierno –junto al legislador Pedro Olaechea– de evaluar la problemática de los mineros de Madre de Dios en proceso de formalización, anunció que el 10 de setiembre presentará un informe al presidente Pedro Pablo Kuczynski.
“Estamos de acuerdo en que la minería ilegal en La Pampa tiene que erradicarse, pero en Huepetuhe no. He pedido al ministro de Energía y Minas que se dé una tregua hasta que salga un informe y el presidente tome una determinación”, dijo Dávila.
Días atrás, luego de la reunión de Kuczynski y varios de sus ministros con autoridades políticas y dirigentes mineros de Madre de Dios, realizada en la ciudad de Puerto Maldonado, Olaechea se mostró a favor de derogar anteriores decretos orientados a combatir la minería ilegal, uno de los cuales –el Decreto Legislativo 1100, de febrero del 2012– establece las condiciones para ejecutar acciones de interdicción. 
