Durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización en el Congreso de la República, el contralor general Edgar Alarcónreveló que –después de una evaluación que hizo la entidad que él lidera– se encontró irregularidades en la concesión del Gasoducto Sur Peruano, el proyecto de la Línea 2 del Metro de Lima y la compra de patrulleros en el gobierno anterior.
En el primer caso, Alarcón comentó que pese a que la oferta del postor Gasoducto Peruano del Sur era de 136 millones de dólares más barata que la propuesta ganadora, no se le tomó en cuenta para ejecutar dicha obra.
El estudio económico-financiero mostrado por el contralor no sustenta los principios proyectados para la reserva del gas.
En tanto, indicó que los presuntos funcionarios involucrados en este negocio vienen del Comité de ProInversión y ministros del anterior gabinete.
A esto se suma, según la evaluación de la Contraloría General de la República, que el primer pujador habría sido dejado de lado por criterios que no estuvieron previstos en las bases del concurso.
Como es público, este proyecto fue promovido por ProInversión por encargo del Ministerio de Energía y Minas en el gobierno de Ollanta Humala. Tenía previsto beneficiar de combustible económico a regiones como Cusco, Tacna, Puno, entre otros.
En el caso del proyecto de la Línea 2 del Metro, según la exposición de Alarcón, también se encontró que la evaluación que se hizo a las propuestas de los postores precalificados, fue establecida mediante una "simple" verificación de un "pasa, no pasa" sin establecer puntuación alguna para determinar cuál sería el más adecuado para el propósito.
ProInversión, que también se encargó del proceso de adjudicación de este proyecto, contestó a través de un comunicado que ellos no están obligados "a utilizar un mecanismo de evaluación determinado".
El contralor también hizo hincapié en que el licitador ganador, Consorcio Nuevo Metro de Lima, utiliza un método más lento y caro de construcción.
"Se consideró la terminación anticipada de la etapa 1A del proyecto con un costo aproximado de US$ 156,2 millones, basado en un sustento técnico inconsistente", leyó.
Este consorcio, según la Contraloría, se ha excedido en el uso de la excavación tradicional, por lo que costará US$44,191 por metro lineal.
Además, Alarcón aseguró haber detectado irregularidades en la compra de 800 patrulleros Hyundai –en 2012–, ya que 136 de estos vehículos terminaron inoperativos rápidamente por fallas mecánicas.
Esto, según el contralor, se lo hizo saber al gobierno de Humala, previo a la compra de los 2,108 vehículos Ssan Yong en 2015, los mismos que no cumplieron con las especificaciones técnicas.
Al término de su exposición, Alarcón ofreció declaraciones a la prensa y rechazó lo dicho por el presidente Pedro Pablo Kuczysnki, quien había manifestado que la Contraloría "era una traba potencial".
"Cuando todavía no asumía el cargo, yo asistí a una reunión con él y le expliqué la nueva forma con la que yo voy a trabajar; y yo entiendo que lo tomó en cuenta", dijo.
Asimismo, señaló que no descarta conversar nuevamente con el jefe del Estado para explicarle otra vez que la función de la Contraloría será de "control para evitar riesgos y prevenir corrupción".
Finalmente, pese a lo expresado por el mandatario, refirió que "de ninguna manera" advierte una injerencia política por parte del Ejecutivo y que PPK ha "recepcionado otro tipo de mensaje".
En diálogo con La República, el aprista y vicepresidente de la comisión de fiscalización Mauricio Mulder señaló que "el contralor ha sido bastante claro en todo lo que ha detectado, en el gasoducto y la Línea 2, son perjuicios económicos para el Estado peruano que son sumamente altos".
"Se fortalece la tesis de que es importante que la Contraloría tenga todas las herramientas para realizar las acciones de control", añadió.
En tanto, el vocero de Acción Popular Yonhy Lescano, quien estuvo en la sesión, dijo no sentirse satisfecho con lo expuesto por Alarcón, ya que le parece que no estudió el tema del gas a fondo y "solo se quedó en lo anecdótico" de los gastos.
Por último, la fujimorista Úrsula Letona comentó que, en el marco de lo dicho por PPK y Alarcón, ambos cometieron excesos. "Uno no debe criticar la función y el otro no debe mediatizar", indicó.
El consorcio conformado por la empresa de energía estadounidense Sempra y la constructora argentina Techint sería el postor ganador en la venta de la participación de Odebrecht en el Gasoducto Surperuano, afirmaron a El Comercio fuentes con conocimiento de la transacción.
La venta incluiría el 55% de acciones que tiene Odebrecht Latinvest en el consorcio Gasoducto Sur Peruano, a cargo de la concesión, y el 71% que tiene en Ductos del Sur, la constructora del proyecto.
En la primera empresa, sus socios son la española Enagás y la peruana Graña y Montero. Esta última también es parte del segundo consorcio.
El consorcio ganador estuvo también integrado por el fondo de inversión australiano Macquarie, pero este optó por retirarse.
A pesar de la decisión tomada hoy, la operación aún no estaría cerrada, pues quedan pendientes la revisión de contratos y los procesos de debida diligencia. Las próximas fases de la operación podrían prolongarse dada la complejidad del proyecto y los riesgos regulatorios y políticos asociados.
