CESAR GUTIÉRREZ*
Desde junio del 2014 que se otorgó la buena pro de la concesión denominada “Proyecto mejoras a la seguridad energética y desarrollo del gasoducto sur peruano”, ha habido cuestionamientos que tienen su origen en interesados en que el emprendimiento aborte, desconocimiento de voceros y políticos desinformados, entre los que se cuenta a Pedro Pablo Kuczynski, que ha ido morigerado su posición hasta terminar en propagandista, pues en la zona sur del país es políticamente incorrecto pronunciarse en contra.
El tema trascendente es determinar la necesidad del proyecto. Para responder hay que entender que hay tres partes que diferenciar. La primera, que es la redundancia de ductos de gas y líquidos, a los existentes entre Camisea y Lima, en los primeros 90 Km, contados a partir de la Planta de Malvinas. La segunda que corresponde a la derivación desde el Km 90 hasta las localidades de Quillabamba, Anta y Urcos. La tercera, el tramo que irá desde Anta hasta la costa desde donde se bifurca hasta Mollendo e Ilo, que es lo que se llama Gasoducto Sur Peruano (GSP).
La redundancia se convierte en una necesidad ante las 12 fallas registradas en la zona en la infraestructura de transporte existente. Esta representa el 16% del costo total. Las derivaciones en la región Cusco que viene de un reclamo ciudadano y que no hay político que se haya atrevido a cuestionar, que representa el 27% del costo total. Finalmente el 57% de la inversión corresponde al tramo costero, que entre las termoeléctricas existentes y la que se culminará en Ilo en el primer trimestre del próximo año, más el pequeño consumo industrial comprometido, cubren el 80% de la capacidad del GSP. Las termoeléctricas de la zona que a marzo del 2017 sumarán 1,800 megavatios, son las que pueden permitir la voceada exportación de electricidad a Chile.
El costo de construcción merece un comentario, asciende a 4,690 millones de dólares, valorizado a la fecha de la puesta en operación comercial, prevista para el primer trimestre del año 2019; monto inferior a los 5,000 millones de dólares que se anunciaba en julio del 2012, que significarían 13,850 millones de dólares del 2019. Necesitamos para un debate serio que los fustigadores viscerales se informen.
*Ex presidente Perú Petro