La diputada nacional Claudia Rucci presentó un proyecto de ley en el que propone un “Manual de Buenas Prácticas en la Contratación Pública”. Según sus fundamentos, la norma está planteada en el convencimiento de que “una de las formas más eficaces de combatir la corrupción es prevenirla y crear los mecanismos necesarios para evitarla”. Con ese propósito, el proyecto establece un protocolo que indica cómo en el ámbito de la administración pública se deberá contratar, controlar y pagar a través del establecimiento de criterios uniformes y sistemáticos.

La norma establece una serie de principios “como la transparencia de la gestión pública, la igualdad de oportunidades de los oferentes y la eficiencia de la administración del país” en la adquisición de bienes, obras y servicios por parte del Estado Nacional, uno de los principales contratistas del país. Además, facilita los controles “de los organismos especialmente establecidos por ley para ello”, como la Auditoría General de la Nación, y establece un sistema de doble control en la celebración de contratos, con la creación de las figuras de inspectores y supervisores.

En su proyecto, la presidenta del bloque Unidos por una Nueva Argentina afirma que uno de los motivos que la impulsó a proponer una actualización de su proyecto de 2013 “es la crisis generada por los múltiples casos de corrupción en la obra pública realizada con aportes nacionales” que hace “necesario no sólo su investigación en sede judicial sino además pensar hacia el futuro un sistema eficaz en evitarla”, ya que “sólo modificando las causas que provoca un hecho delictual o cuanto menos inmoral, podrá existir un cambio duradero que nos evite sorpresas y estupores futuros”.