El eslabón sorpresa del Gobierno para empujar el blanqueo se llama "Fondo Común Cerrado" y recién podría estar disponible a partir de octubre. Si bien su naturaleza financiera resultará familiar para cualquiera con algún conocimiento del mercado de capitales –el más conocido fue el de Boca Juniors lanzado allá por 1997 y cuyo activo eran los propios jugadores–, los planes que el ministro Prat- Gay tiene reservados para este instrumento no lo son tanto. Mientras en los fondos abiertos la cantidad de cuotapartes en circulación puede aumentar o disminuir a lo largo de la vida del fondo (dependiendo de la cantidad de cuotapartes que se emitan), los fondos cerrados se constituyen con una cantidad fija máxima que se emiten en la etapa de colocación y que luego no puede aumentarse o disminuirse. En estos últimos, el inversor también puede salir de la inversión, aunque solamente vendiendo sus cuotapartes a otro inversor en un mercado de valores, o esperando hasta la finalización del plan de inversión.

Con el blanqueo vigente, las alternativas que están disponibles en la actualidad no son todas las que se han pensado en el Palacio de Hacienda. El menú de bonos para cualquiera que pretenda ingresar sus recursos no declarados al país podría no ser suficientemente tentador y en el despacho de la calle Balcarce no sólo lo saben; también actúan en consecuencia. Por esa razón, el secretario de Finanzas Luis Caputo mantuvo numerosas reuniones en las últimas semanas con los principales actores del sector. Los u$s 50.000 millones que el Gobierno estima, en silencio, que podría arrojar toda la iniciativa necesita, en el caso de los fondos cerrados, de varios cambios que aún no han sido llevados a cabo.

Uno de ellos, que ahora prepara el oficialismo en el Congreso, es la modificación de la Ley de Mercado de Capitales.

El dato es que la ley que rige en la actualidad obliga a los Fondos Comunes de Inversión (FCI) cerrados a pagar una cantidad de impuestos que anularían los niveles de rentabilidad que lo harían atractivo. "Con la legislación actual estos fondos son ineficientes porque pagan IVA; ingresos brutos; débitos y créditos; ganancia mínima presunta e impuesto a las ganancias", señala Jackie Maubré, directora de Grupo Cohen, una de las firmas tradicionales en el desarrollo de fondos comunes de inversión. Por esa razón, la iniciativa del oficialismo en el parlamento contendrá un capítulo específico dedicado a los FCI cerrados con exenciones en materia impositiva. Si la modificación termina saliendo en el mes de septiembre, es probable que recién en octubre pueda optarse por esta nueva herramienta financiera.

Como se sabe, la Ley de Sinceramiento Fiscal exceptúa del pago del impuesto especial a quienes inviertan en los títulos públicos que emitirá el Estado a tres y a siete años de plazo y a los fondos comunes de inversión. En este caso, el objeto de los fondos deben ser la inversión en instrumentos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura, inversión productiva, inmobiliarios, energías renovables, pequeñas y medianas empresas, préstamos hipotecarios actualizados por Unidad de Vivienda (UVI), desarrollo de economías regionales "y demás objetos vinculados con la economía real".

¿Cuáles son los sectores con mayor potencial? Desde el Grupo Cohen señalan tres en especial: uno de ellos es energías renovables, donde el Gobierno nacional tiene un plan que se extiende hasta el 2025, en el que fija que para esa fecha que el 25% de la generación eléctrica debe provenir de este tipo de energías. El otro sector, es el ganadero, cuyo principal objetivo es recomponer el stock que se perdió en los últimos años en la Argentina

Según trascendió, la tasa de retorno de estos fondos podría trepar en algunos casos al 15% en dólares, aunque el requisito para no pagar el "impuesto especial" del blanqueo es que el capital deberá permanecer estacionado por un plazo de, como mínimo, 5 años.

Según la ley, cada uno de estos fondos debe tener al menos tres proyectos en el que ninguno puede tener participación mayor del 50% sobre el total; un mínimo 10 inversores y el tamaño del fondo mínimo debe ser de u$s 10 millones. A la vez, la reglamentación fue muy cuidadosa en no permitir que en estos fondos se utilice el stock existente. Tienen que ser todos desarrollos de cero y por eso serán el conector natural entre el dinero y el desarrollo de la economía.

Otro de los sectores donde habrá más "jugadores", es el sector inmobiliario. Según señalan en Cohen, existe también la posibilidad de que estos fondos de inversión incluyan a inversores internacionales pero con la posibilidad de que el dinero que no esté asociado con el blanqueo, que tenga libre disponibilidad.

Con la industria a toda máquina, sociedades como Allaria Ledesma Fondos y CasasArg, con el asesoramiento en materia impositiva del Estudio Lisicki, Litvin & Asociados, ya promocionan un Fondo Común de Inversión Cerrado Inmobiliario para adherirse al blanqueo sin pagar la multa.

El fondo tiene como objeto desarrollar inmuebles residenciales en un amplio espectro geográfico. Hasta el momento, tienen nueve proyectos en evaluación en lugares como la Ciudad de Buenos Aires, diferentes localidades del Conurbano, Salta, Mendoza y en varias ciudades de la Provincia de Santa Fe.
Megainver, la empresa de fondos de Puente, también será de la partida. La firma, que ya cuenta con fondos de renta fija, variable y money market, también ofrece un fondo de financiamiento productivo que está vigente para cualquier inversor (con una rentabilidad del 2% mensual), pero trabaja en una nueva gama de fondos para apuntalar la oferta vinculada al blanqueo

La firma Consultatio de Eduardo Costantini también trabaja para presentar su fondo inmobiliario, con el foco puesto en la construcción de oficinas premium en la ciudad de Buenos Aires y en el interior del país. Cristian López, CEO de Consultatio Asset Managment, cifra gran parte de la expectativa en la naturaleza del negocio, ya que calcula tasas de retorno de hasta 14% en dólares en desarrollos ligados al mercado de las oficinas, cuyo valor de referencia en el proyecto apenas supera los u$S 1500 por metro cuadrado.

Desde AdCap Argentina también se muestran preparados para el lanzamiento de sus productos. La compañía trabaja ahora en la creación de un fondo de este tipo apuntado al sector de real estate, apuntalado por la experiencia colombiana. Según Agustín Honing, titular de Adcap, el blanqueo también será una buena oportunidad para los desarrolladores con la finalidad de obtener fondeo a bajo costo en un escenario donde la economía necesita inversiones.
También habrá que sumar las iniciativas que preparen los grandes bancos con sus propios "sellos" como Santander Río, Galicia, Macro, Ciudad, BBVA Francés, Nación, Citi, Comafi, Provincia, entre otros.

De todas formas, y hasta que finalmente los fondos cerrados tengan su "letra chica" definitiva, la CNV habilitó la posibilidad de generar fondos "de parking o de estacionamiento", cuyo objeto es que le permita al inversor poder adherirse al blanqueo y tener el dinero invertido hasta que se generen estos fondos productivos.

Claudio Rodríguez Arias*

La evasión fiscal es la respuesta directa al sistema de incentivos y castigos del sistema tributario. Una reforma integral del sistema podría generar la percepción de riesgo real de los contribuyentes. Por ello, el nuevo régimen de sinceramiento fiscal (dispuesto por la ley 27.260, los decretos 881, 894 y 895, y las resolución generales de la AFIP 3919 y 3920) necesita del blindaje que daría una activación de la ley penal tributaria y previsional.

Hasta el 31 de marzo de 2017 podrán exteriorizarse los bienes con el siguiente costo fiscal: 0% si el valor de los bienes e inmuebles declarados no supera los $ 305.000; 5% si el valor de los bienes e inmuebles en el país y/o en el exterior se ubica entre ese monto y los $ 800.000. Si se supera este último valor, el costo será de 10% por los bienes que no sean inmuebles si la exteriorización se hace hasta el 31 de diciembre de este año, y de 15% si el blanqueo se efectiviza entre enero y marzo de 2017.

No habrá costo si se adquieren títulos públicos en dólares a 3 años antes del 30 de septiembre de este año, o bien un bono en dólares a 7 años antes del 31 de diciembre. Tampoco si se suscriben cuotas de Fondos Comunes de Inversión de proyectos de infraestructura, inversión productiva, inmobiliarios o de energías renovables, siempre que la inversión se mantenga por 5 años.

A quienes han tenido un buen comportamiento fiscal, el régimen los exime del impuesto a los bienes personales por 2016, 2017 y 2018.

Para ese impuesto, por otra parte y para quienes queden alcanzados, se reduce la alícuota al 0,75% (por el año fiscal 2016), 0,50% (2017) y 0,25% (2018); se eleva la base imponible de 305.000 a 800.000 pesos (2016), 950.000 pesos (2017) y 1.050.000 pesos (2018). Y se devuelven los anticipos pagados en lo que va de 2016.

Se exime por otra parte de las sanciones de las leyes 11.683 y penal tributaria, de los sumarios penales cambiarios, de las acciones civiles o aduaneras y de infracciones administrativas e impuestos por los bienes regularizados. Tampoco se pagará el gravamen sobre créditos y débitos bancarios.

El secreto fiscal ampara la declaración jurada, reservando la identidad de los sujetos. La facultad de intercambio de información de la UIF se restringe a casos de evidencia de terrorismo y a los delitos citados en el artículo 6 de la ley 25.246 (referida al lavado de activos).

Existe, por otro lado, un incentivo a la regularización en la aplicación del Acuerdo Multilateral sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales, suscripto por 101 países, que prevé un primer intercambio en septiembre de 2017. También aplican las normas extranjeras de carácter bancario y financiero sobre la registración de movimientos de capitales, conforme a recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

El fin del secreto es indispensable contra la evasión fiscal y el lavado de dinero. Por ello la OCDE, en octubre de 2015 y por encargo del G20, publicó los documentos BEPS, un plan de 15 acciones dirigidas a acabar con la planificación fiscal agresiva, las estructuras y prácticas ilícitas, y a propiciar la cooperación entre administraciones y contribuyentes y la reducción de la litigiosidad. La Unión Europea y Suiza comprometieron intercambiar información en 2018: nombres, direcciones, identificaciones de sus residentes con cuentas en Suiza y en los países miembros. También entre la Argentina y Estados Unidos avanzan procedimientos diplomáticos para firmar un acuerdo de intercambio de información sobre cuentas bancarias y bienes. Y con Suiza cabría igual posibilidad.

Estados Unidos multó a 20 bancos con acuerdos de enjuiciamiento diferido (DPA); también al UBS con US$ 780 millones y al Credit Suisse AG con US$ 2500 millones. Y Francia multó con US$ 10 millones al UBS por lavado, evasión fiscal y funcionamiento ilícito, entre otros casos. También la justicia argentina investiga un presunto esquema ilícito de fuga de divisas del HSBC y del JP Morgan. Además, al BNP Paribas, con procesamiento de 20 ejecutivos por presuntas maniobras de evasión y lavado de activos en asociación ilícita.

El cambio de paradigma permite a la AFIP, por primera vez, el acceso directo a la información de todos los contribuyentes con cuentas en el exterior sin intervención de la Justicia. Como lo manifestó recientemente el experto informático Hervé Falciani, "para manejar el riesgo de corrupción en las sociedades del siglo XXI, el último recurso que tenemos es volver a la democracia participativa, con canales de comunicación como el whistleblower, y que las administraciones se formen contra la corrupción".

Nuestro país tuvo políticas económicas financieras que favorecieron la fuga de capitales entre 2008 y 2015 (US$ 80.100 millones), un proceso que tuvo una aceleración por la inestabilidad política económica, las elecciones de 2011 y las restricciones del cepo cambiario hasta fines de 2015. Fuera del país se estima que hay más de US$ 350.000 millones -medio PBI según estimaciones del Indec-. Como están declarados sólo US$ 30.500 millones, la suma no exteriorizada ascendería varias veces el presupuesto educativo nacional (US$ 40.000 millones). Y eso sin contar las divisas en las 700.000 cajas de seguridad que hay en el país.

Los evasores deben ser conscientes de que, al no declarar la "verdad fiscal", quedarán desprovistos del escudo ofrecido. Y mientras más tiempo pase, más crecerá el riesgo real y la posibilidad de que la AFIP los descubra y active todo su arsenal legal con aplicación de las sanciones agravadas (proyecto de Elisa Carrió, Expediente 3648-D-2016), demostrando que evadir será más costoso y menos rentable que pagar impuestos. Declarado el nunca más para el laissez faire, laissez passer (dejar hacer, dejar pasar) de la impunidad y de las asociaciones ilícitas entre funcionarios y pseudoempresarios, hoy la patria demanda la aplicación de sanciones ejemplificadoras. Sólo así el proceso de corrupción quedará en el pasado.

*Abogado especialista en derecho penal tributario