Alejandro Rebossio
Si el ex secretario de Obras Públicas de la Nación, José López, hubiese cobrado coimas del 15% por cada proyecto concesionado, hubiese amasado unos US$ 15.000 millones en los 12 años de gobiernos kirchneristas. Mucho más que los US$ 9 millones que quería esconder en el monasterio de General Rodríguez. Pero mucho menos que lo que cada año se evade en la Argentina del impuesto a las ganancias.
El Estado argentino deja de recaudar la mitad de lo que podría recolectar por este tributo tanto de las empresas como de las personas, según un estudio que los economistas expertos en tributación Juan Carlos Gómez Sabaini y Dalmiro Morán publicaron en febrero último en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Esa mitad representó solo en 2015 unos US$24 mil millones. La evasión ocurre en la economía en negro, que representa un cuarto de la economía argentina, según un estudio del Banco Mundial, pero también en parte de las empresas e individuos que operan en blanco pero subdeclaran sus utilidades, advierte Gómez Sabaini.
La corrupción de los funcionarios públicos indigna -y con razón- a la ciudadanía, porque se supone que son ellos los que deberían velar por el dinero de todos. Sin embargo, en la Argentina está menos cuestionado el delito de evasión, que acaba en el mundo provocando incluso un mayor daño a las arcas públicas que el de la corrupción. El Fondo Monetario Internacional (FMI) calcula que las prácticas corruptas amasan casi el 2% del Producto Bruto Interno (PBI) mundial, pero la ONG especializada en evasión tributaria global Tax Justice Network (TJN) estima que este flagelo se lleva el 5,1% de la economía planetaria. En la Argentina, con lo que se pierde cada año del impuesto a las ganancias podrían construirse 700 hospitales enteros. Cada hospital cuesta $500 millones, según calculó este año el titular del PAMI, Carlos Regazzoni.
La mayor fuga ilícita de capitales de los países en vías de desarrollo no proviene de la corrupción ni del narcotráfico ni de otros crímenes organizados, como a veces se plantea, ni tampoco de las fortunas individuales que se esconden en paraísos fiscales, como las reveladas este año por un consorcio mundial de periodistas en los Panama Papers. TJN y otra ONG especializada en evasión tributaria mundial, Global Financial Integrity (GFI), advierten que la mayoría de los fondos se escabullen por la manipulación de los precios de transferencias de las compañías.
¿Qué es esto? Por un lado, se subfacturan exportaciones y se cobra el resto en cuentas en paraísos fiscales, donde se esconden los ingresos. Así se contabilizan menos ganancias en el país de origen y, también, se tributa menos. Por otra parte, se sobrefacturan importaciones de productos y servicios para inflar gastos, registrar una renta inferior a la real y ocultar fondos en las guaridas tributarias repartidas en 81 países y territorios del mundo. Varios de ellos están en jurisdicción de los Estados Unidos y el Reino Unido, aunque también Suiza, Hong Kong (China), Alemania y Dubai (Emiratos Árabes) operan como centros financieros facilitadores de la fuga ilícita, según TJN. El 64,3% de los flujos ilícitos globales proviene de operaciones comerciales manipuladas, muchas más que el 30,6% de las actividades criminales y del 5,1% de la corrupción gubernamental, según un trabajo del presidente de GFI, Raymond Baker.
El debate sobre cuántos impuestos pagan las grandes empresas se ha desatado en muchos países desarrollados. Tras el escándalo de los Panama Papers, la Unión Europea discutió en abril último una propuesta para que las multinacionales transparentaran cuántos tributos pagan en cada país del bloque, de modo que quedara clara su planificación fiscal agresiva para reconocer más ganancias allí donde se imponen bajas alícuotas.
En diciembre último, la administración australiana de ingresos públicos difundió una lista de las más de 1.500 mayores compañías del país con los montos de sus ventas, sus ganancias y lo abonado por el gravamen sobre la renta. Entonces se descubrió que un tercio de las grandes firmas de Australia no pagaron en el ejercicio 2013/14 el impuesto a las ganancias y otras abonaron poco. La agencia tributaria australiana aclaró que el hecho de que una empresa hubiese pagado poco o nada del tributo no significaba necesariamente que evadiera.
Sede de la oficina impositiva australiana
¿Por qué Australia difundió este Reporte de Transparencia Impositiva de las Corporaciones? Se divulgó después de una gran discusión pública que llevó a que altos ejecutivos comparecieran ante el Parlamento para explicar cuántos tributos desembolsaban sus compañías. El jefe de los recaudadores de este país, Chris Jordan, justificó así el informe y su publicidad: “La confianza de la sociedad sobre cómo operan las grandes empresas es importante. Y los impuestos deberían importarle a estas empresas. No es algo que debería tomarse a la ligera”.
El reporte señala que “forma parte de un esfuerzo nacional y mundial más amplio para mejorar la transparencia de las empresas y pretende contribuir al debate público sobre la política fiscal, en particular en relación con el sistema impositivo”. Un senador australiano que trabajó a favor de la difusión de los datos, Richard Di Natale, dio su explicación: “La transparencia es realmente importante. Fuerza a las empresas a justificar su comportamiento y explicar por qué sus asuntos fiscales están estructurados de modo que pagan poco o nada de impuestos. Sabemos que en otras jurisdicciones en las que se ha hecho ha ayudado a cambios en el comportamientos de las compañías”.
¿Y en la Argentina cuánto tributo abonan las mayores empresas? Chequeado buscó y analizó los datos de facturación y pago de impuesto a las ganancias de los últimos cuatro años de las 600 compañías más grandes que aparecen en el ranking 2015 de la revista Mercado. Como en nuestro país el dato de ganancias sujetas al tributo es secreto fiscal y solo está disponible para la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), son datos de las 112 empresas que hacen públicos sus datos en Internet, ya sea porque cotizan en Bolsa, o han emitido obligaciones negociables (títulos de deuda), o son estatales o están bajo regulación del Banco Central. O sea que 488 compañías de las principales son opacas en este aspecto y mantienen oculta su información tributaria para el gran público (ver recuadro abajo). Se la entregan, en el mejor de los casos, a la AFIP y a la Inspección General de Justicia (IGJ).
Entre 2012 y 2015, cada año un promedio de 19,5% de las 112 grandes empresas relevadas no pagó el impuesto a las ganancias. Algunas de ellas tienen exenciones específicas que se les otorgaron en su momento por ser estatales o cooperativas, como el Ente Binacional Yacyretá, la Empresa Provincial de la Energía de Córdoba (EPEC) y el Banco Credicoop. Las otras no abonaron el tributo porque informaron que habían sufrido pérdidas. Como se señaló, el hecho de que las empresas paguen poco o nada de Ganancias no significa necesariamente que hayan evadido, es decir, recurrido a los numerosos métodos que tienen los grandes estudios contables para disminuir de manera fraudulenta las contribuciones de sus clientes al fisco. Estos mecanismos fueron detallados por cinco expertos en política impositiva, tres fiscales y un juez del fuero Penal Económico (ver recuadro abajo).
Cada sector económico tiene una rentabilidad distinta, por lo que no deben hacerse generalizaciones ni pueden equipararse firmas de rubros disímiles. Pero vale comparar entre los 26 sectores de los que provienen las 112 empresas relevadas(ver tabla), según recomiendan Gómez Sabaini y Morán. El único de ellos que nunca pagó ganancias es el de líneas aéreas, lo que es entendible porque solo Aerolíneas Argentinas difunde sus resultados y es sabido que ha sido deficitaria. Las empresas eléctricas solo pagaron el impuesto a las ganancias en el 40% de los balances, aunque también es conocida la crisis que muchas de ellas atravesaron en los últimos años, en parte por el congelamiento de tarifas. El sector de distribución de agua potable abonó en el 50% de los casos. La única compañía analizada fue AySA, otra estatal que ha recibido subsidios, como Aerolíneas. En el resto de los sectores, en cambio, predominan las firmas privadas. En el gasífero tributaron en el 70% de los balances analizados; en el petrolero, en el 71,5%; en el químico, el de holdings, el forestal, el curtidor y los de maquinaria y autopistas con peaje, en el 75%; en la construcción, en el 76% y en el sector agroalimentario, en el 78,1 por ciento.
Si se analizan solo los balances en los que se pagó el gravamen, la industria de electrodomésticos es la que menos abonó en relación con sus ventas: sólo el 0,3% promedio. Se trata del sector protegido por la promoción industrial en Tierra del Fuego. Otros rubros que pagaron poco impuesto a las ganancias en comparación con la facturación son el de agua potable (0,8%), el químico y el de supermercados (1,1%), el comercio de electrodomésticos (1,3%), el de curtiembres (1,4%), el de autopistas (1,5%), el de holdings (1,6%), el forestal (1,7%) y la construcción (2%).
Según Alejandro Gaggero, sociólogo que ha indagado en la tributación de grandes grupos económicos e investigador de la Universidad de San Martín y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), “llama la atención lo baja que es la tributación de las empresas constructoras”. Recuerda que “son muy fuertes en obra pública”, y se pregunta “si se la puede vincular con la facilidad que parece tener el sector para inflar los gastos de manera fraudulenta, como facturas y subcontrataciones truchas”.
También resulta interesante comparar el grado de contribución tributaria del promedio 2012-2015 de cada empresa respecto del sector al que pertenece y en relación con compañías del mismo rubro de Australia, país que transparentó los datos de 2013-2014 a toda la ciudadanía. A este tipo de comparaciones se abocó la prensa australiana apenas se divulgaron los datos allí, aunque de ellas no se puede concluir que tal o cual firma haya evadido. A partir de los resultados de la investigación de Chequeado, Gaggero observó que los niveles de tributación argentinos se asemejan en general a los australianos.
