Una vez conocido el fallo de la Corte Suprema, que obligó a retrotraer el cuadro tarifario para los usuarios domiciliarios, pero no para industrias y comercios, el titular de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Osvaldo Cornide adelantó que "donde corresponda encaminará las medidas cautelares para defender la producción y el trabajo."
Es que el Alto Tribunal falló en una causa iniciada por asociaciones de consumidores residenciales en una acción de clase y por eso retrotrae el cuadro tarifario solo para los consumidores domiciliarios.
Sin embargo, dictamina que deben hacerse audiencias públicas tanto para la tarifa de gas, que cubre el costo de transporte y distribución, como para el precio del gas a boca de pozo, antes de implementar los aumentos.
Así, la Corte Suprema sienta precedente para que se dejen sin efecto la suba de la electricidad, la del agua y la de la telefonía fija, que también son servicios públicos cuyos incrementos se implementaron sin las audiencias públicas reglamentarias. Y además, le abre la puerta a que asociaciones de comerciantes y de industriales pidan amparos frente al nuevo cuadro tarifario del gas y también se retrotraigan para ellos las facturas.
En este sentido la CAME consideró que "La decisión de la Corte Suprema de Justicia referida a las tarifas de gas, ha sorprendido negativamente a la pequeña y median empresa que se siente desprotegida frente a la arbitrariedad de aumentos tarifarios que en muchos casos pusieron en tela de juicio la supervivencia de miles de fuentes genuinas de trabajo".
"Nadie discute la necesidad de actualizar tarifas absurdas; pero en cuadro recesivo, los aumentos anunciados y replanteados, significaron golpes difíciles de absorber por las economías de las Pymes", precisó Cornide quien además enfatizó que "los principales beneficiarios de las tarifas subsidiadas fueron los consumidores de grupos concentrados" en referencia a las industrias electro-intensivas.
Por su parte, el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), José Urtubey, aseguró a LPO que "por ahora" no apelarán a la Justicia para que se retrotraigan los aumentos a las tarifas de gas, sino que prefieren avanzar por la vía política.
"El fallo le da un manto de legalidad al aumento. Pero esto no significa que subsista la diferencia ente usuarios residenciales e industriales. El aumento así planteado saca de competitividad a las empresas gas-intensivas del norte argentino, por ejemplo. Hay casos graves", especificó el industrial.
"Recién el martes nos reunimos en la UIA, por ahora no tenemos pensado avanzar por la vía judicial, creemos que lo mejor es el diálogo político. Consideramos que son necesarias reuniones con todos los sectores para llegar a una actualización de las tarifas razonable", dijo el hermano del gobernador de Salta.
En este sentido, hace dos semanas la UIA cerró un acuerdo con el Ministerio de Producción para que les subsidie a las industrias electro-intensivas parte de las nuevas facturas de luz y confían en llegar a acuerdos similares para las de gas.
En total la cartera de Francisco Cabrera puso a disposición de las industrias más grandes un subsidio de hasta $200 mil millones mediante la Resolución Conjunta N° 122/2016 del Ministerio de Energía y Minería y la N° 312/2016 del Ministerio de Producción.
"Se trata de una medida transitoria y de carácter excepcional que contempla una reducción de hasta un 20%, según el caso, sobre el costo energético. La medida beneficia a Grandes Usuarios de igual o más de 300 KW (kilovatios) de potencia que estén encuadradas en los códigos de actividad dispuestos en el anexo 1 de la resolución. Rigen desde el 1 Junio de 2016 hasta Febrero 2017 y serán aplicadas por la Secretaría de Energía Eléctrica del Ministerio de Energía y Minería y por la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), Sociedad Anónima (CAMMESA)", comunicó la UIA.
El fallo de la Corte Suprema que suspendió el tarifazo de gas para usuarios residenciales no es el último capítulo de la pelea judicial por el aumento de los servicios públicos. Por el contrario, los jueces abrieron la puerta a una previsible ola de amparos de comercios y pymes, que quedaron excluidos, y también dejaron el terreno preparado para frenar los incrementos en la luz y posiblemente también el agua.
La decisión de la Corte de circunscribir la suspensión del tarifazo a los usuarios residenciales fue la única buena noticia para el Gobierno. Los residenciales constituyen el 26 por ciento del consumo de gas del país, mientras que el resto corresponde a comercios, industrias, automóviles a GNC y usinas generadoras de electricidad. Esos sectores seguirán pagando con aumento, con el tope de 500%. Al menos por ahora, ya que el texto deja todo dado para que comercios e industrias se amparen en la exigencia de audiencias públicas para que también se suspenda el incremento para ellos.
Los jueces entendieron que aunque el fallo de la Cámara Federal de La Plata no hacía distinciones, el recurso no corresponde para todos los sectores. “El recaudo de estar comprometido seriamente el ‘acceso a la justicia’ -cuyo cumplimiento, según se expresó en ‘Halabi’, resulta ineludible para la viabilidad de una acción colectiva que tenga por objeto la defensa de intereses individuales homogéneos- no se encuentra cumplido respecto de todos los miembros del colectivo cuya representación se pretende asumir”, dice el fallo.
Al respecto dice que sólo de los residenciales se encuentra “comprometido el acceso a la justicia”. Esto es así, según la Corte, porque sólo esos usuarios “una posición de mayor vulnerabilidad” frente al incumplimiento de la garantía constitucional. En cambio, para el resto no quedó comprobado que no puedan accionar individualmente.
Abogados consultados por LPO indicaron que en su visión la Corte se inclinó por no incluir en el fallo a comercios e industrias por tratarse de usuarios con actividades con fines de lucro, por lo que podrían trasladar los costos a clientes. Pero, explicaron, esto no quita de ninguna forma que puedan ir a la Justicia y pedir que también se suspenda el tarifazo para ellos.
“El fallo deja la puerta abierta para que pymes y comercios vayan a la Justicia y si demuestran que representan adecuadamente a un colectivo, pidan la suspensión total del tarifazo”, opinó Pedro Sisti, el abogado del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cespi) que presentó el amparo contra la suba del gas.
Agrega, además, que el fallo de la Corte anuló las resoluciones que dispusieron el aumento, por lo que es extraño que siga vigente para los usuarios no residenciales. Sobre esto mismo, el ex secretario de Energía Alberto Devoto calificó como “inentendible” el fallo. "No puedo entender cómo se anula algo solo para los residenciales cuando el cuadro tarifario es uno solo", señaló.
Sisti explicó a LPO que ya lo contactaron desde algunos de los sectores afectados para hacer presentaciones judiciales en breve, lo que anticipa que se viene una ola de amparos.
El abogado del Cespi indicó también que ya hay un antecedente reciente a favor de usuarios no residenciales. Se trata de la cautelar que dictó la jueza federal Martina Forns y que suspendió el aumento de luz a una clínica de la localidad bonaerense de San Martín. También hay un amparo colectivo presentado por la Asociación Hotelera y Gastronómica de San Martín de los Andes por el aumento del gas y hay varios de empresas recuperadas. Los abogados podrían insistir en esos recursos o ampliarlos.
Sisti también opinó que la Corte Suprema va a seguir "un criterio similar" con la tarifa de electricidad, cuyo aumento también fue frenado por la Justicia y se encuentra en manos de ese tribunal. El letrado precisó que en ese caso "generación, transporte y distribución son todos servicios públicos" por lo que según el criterio del máximo tribunal hay que hacer audiencias públicas para aumentar.
El letrado considera que lo mismo corre para la suba en el agua, el único aumento que todavía no fue suspendido judicialmente. Otro servicio público que el gobierno subió sin audiencia pública es la telefonía fija.
De hecho, la Corte recibió este jueves un expediente sobre el aumento de la luz a partir de un fallo de la Cámara Federal de La Plata, la misma que suspendió el de gas. El expediente fue girado a la Procuración General de la Nación para que se pronuncie, aunque en el caso del gas los cortesanos tuvieron en cuenta muy parcialmente el dictamen de Alejandra Gils Carbó.
En definitiva, si las industrias y comercios logran que la Justicia disponga también la suspensión para ellos del aumento del gas, y si la Corte mantiene el criterio respecto a la suba del gas, el gobierno habrá sufrido una verdadera catástrofe en términos fiscales. Habrán pasado alrededor de once meses de gestión sin poder aplicar los incrementos.
La Cámara de GNC presentó el primer amparo contra el fallo de la Corte Suprema que anula la suba de la tarifa del gas. Los empresarios del sector indicaron que la decisión del máximo tribunal"vulnera la posibilidad de que los ciudadanos accedan a un combustible más barato".
Desde la institución indicaron a ámbito.com que desde diciembre el GNC aumentó un 400% y que esta suba "afecta" a más de un millón y medio de usuarios en todo el país. En diálogo con este medio desde la Cámara del sector señalaron que las aumentos "destruye la industria que sólo consume el 5% del total del país".
Al ser consultados por la situación que atraviesa el sector, desde la cámara empresarial fueron tajantes: "De diciembre a hoy pasamos de las doce mil conversiones por mes a sólo cuatro mil conversiones mensuales".
El amparo de la Cámara Argentina de GNC contra el Estado Nacional (Ministerio de Energía y Minería) fue presentado ante el juzgado N°3 de Lomas de Zamora.
La Corte Suprema dispuso este jueves frenar el aumento de la tarifa de gas para los usuarios residenciales hasta la realización de audiencias públicas. De esta manera, el máximo tribunal retrotrajo el cuadro tarifario a los valores que estaban vigentes al 31 de marzo pasado, antes del aumento dispuesto por el Gobierno, que había fijado un tope de 400 por ciento de incremento en el caso del gas. Sin embargo, la decisión de la Corte el aumento del gas continúa vigente para las industrias y los comercios de todo el país.
