El presidente Pedro Pablo Kuczynski presentó al Congreso unproyecto modificatorio de la Ley General del Sistema Concursal para ampliar de dos a cuatro años el plazo para que una junta de acreedores pueda acordar una liquidación en marcha.
Como se sabe, la beneficiaria inmediata de esa ley sería la refinería La Oroya, ya que el próximo 27 de agosto vencerá el plazo para la liquidación de los activos de Doe Run, y ello ha generado todo tipo de críticas y algunas adhesiones.
Más allá del pragmatismo del gobierno al presentar un proyecto económicamente tan discutible, esta revista no puede evitar llamar la atención sobre la orfandad de su sección de análisis costo-beneficio, que únicamente estipula el ya conocido formulismo: “el presente proyecto de ley no genera ningún costo para el Estado peruano”.
Pero no es cierto que no generaría ningún costo. Para empezar, que se extiendan los plazos de cobro de las acreencias es un costo (para toda la economía), y en no pocos casos el acreedor es el fisco. ¿Acaso se ha hecho un estimado del agregado de deudas cuyo cobro la norma en la práctica aplazaría? ¿O de los costos administrativos de extender el procedimiento concursal? ¿O del riesgo moral que este tipo de prórrogas genera entre los deudores?
Del flamante gobierno, y tratándose de una norma tan delicada, era esperable mayor esfuerzo y justificación. El proyecto, firmado por prestigiosos economistas como el presidente de la República y elpremier, omite un auténtico análisis e incurre así en la práctica que los políticos vienen utilizando desde que se promulgó la actual Constitución para evadir su responsabilidad de sustentar con prolijidad la conveniencia de las nuevas normas.
Ello, a pesar de que el congresista oficialista Alberto de Belaunde hizo suya la propuesta de la Asociación Civil Transparencia —presentada a su vez por el director de esta revista—: dotar al Congreso de una oficina de estudios económicos. Tal dependencia, pues, no tendría más justificación que evitar leyes mal sustentadas, como la que, con el remedo de análisis costo-beneficio que ha presentado en su primer proyecto de ley, pretende hoy pasar el Ejecutivo.
MARITA CHAPPUIS
Define Consultoría, la empresa liquidadora de Doe Run Perú, está pidiendo dos años más para poder vender el Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO). Según los expertos, las acciones de las empresas del sector extractivo estarán más atractivas a partir del 2019, pues ahora no aparecen compradores con facilidad. Anglo American se propuso obtener US$15,000 millones vendiendo algunos activos, entre ellos una moderna fundición de cobre cerca de Santiago en Chile; sólo ha podido obtener la tercera parte, y no ha podido vender tampoco la fundición.
También se ha dicho que con los actuales estándares ambientales (ECA), el CMLO no podría operar pero no se ha publicado ninguna cifra. Los ejecutivos de la fundición Paipote, en Chile, presentaron la semana pasada sus cifras para modernizarla. Para esta fundición se necesitan US$65 millones para capturar el 95% del SO2 que sus humos lanzan al ambiente; y US$700 millones si la obligan a capturar el 99% del SO2. La Oroya debe tener un “spread ambiental” similar. El MEM figura como acreedor en la junta por un compromiso de US$200 millones, cifra que se estimaba era necesario invertir en el circuito de cobre para modernizarla.
La tecnología que se utiliza en Chile es similar a la de La Oroya. Un poco atrasada en términos mundiales si uno ve el listado que publica el International Copper Study Group. Pero este atraso tecnológico también es una preocupación en el país sureño, cuyas autoridades han declarado que se necesita subir los estándares ambientales para competir mundialmente. Pero, de las siete fundiciones que operan, seis registran ya pérdidas con los estándares vigentes.
Observando las cifras de este “spread ambiental” fácilmente se deduce porque se insiste en que se tiene que aumentar los límites máximos permisibles, o sea, permitir que vaya al ambiente un poco de SO2. Hasta donde recuerdo, a La Oroya se le permitió sólo capturar el 83% del SO2, mientras que las otras fundiciones de nuestro país tienen que capturar bastante más, y en el mundo occidental ya se está exigiendo 99%.
Capturar el SO2 obliga a convertirlo en ácido sulfúrico, que es relativamente barato, y se tiene que transportar hasta un puerto especial para venderlo en el exterior. Se le utiliza mayormente para el procesamiento de fosfatos y para la lixiviación de minerales oxidados de cobre. En nuestro país se extraen fosfatos en Sechura (Piura). Tía María tiene una zona de óxidos, por eso el interés deSouthern en desarrollar este proyecto y así utilizar el ácido que produce en su fundición de Ilo.
El presidente Pedro Pablo Kuczynski ha declarado que debemos tener más fundiciones. Perú y Chile producen el 42.6% del cobre que sale de las minas, pero sólo el 12% del cobre fundido de todo el mundo.
Este “atraso” tecnológico que se observa en Perú y Chile obedece a que tienen varios yacimientos de cobre que vienen acompañados de arsénico. Este elemento no es bienvenido en las fundiciones modernas. Cuando la mina Toromocho comenzó a operar sus propietarios chinos declararon que tuvieron complicaciones metalúrgicas porque no se esperaban los contenidos tan altos de arsénico.
La Oroya se inauguró hace casi cien años. Ahora es un hub, pues allí la Carretera Central se bifurca hacia el norte (Pasco, Huánuco) y hacia Huancayo. La ciudad tiene un tráfico denso por los camiones que se dirigen a Lima. Pensar que la ciudad va a ser abandonada porque se cierra el CMLO es bastante exagerado.
La cuestión ambiental sí es una preocupación para su población. La ocurrencia de cáncer es bastante más alta que en otras ciudades de nuestro país. Se dice que esto se debe a la presencia del arsénico en el ambiente. Casi mil niños han demandado al antiguo operador del CMLO en Estados Unidos, y éste pretende que el Estado peruano asuma esta indemnización.
En la zona de Vado y Malpaso están enterradas varias toneladas de trióxido de arsénico y talio, así como también existen depósitos de escorias, ferritas de zinc, etc. El talio es utilizado para fabricar venenos para ratas, mientras que el arsénico para insecticidas.
Esperemos que la empresa liquidadora del CMLO presente sus análisis y demuestre que en dos años va a encontrar un operador que quiera asumir todas las acreencias de Doe Run Perú: ampliar y modernizar el CMLO para que pueda operar por 20 ó 30 años más, que es la vida que tiene la mina Toromocho.
