El procurador del Estado, Héctor Arce, informó ayer que además del inicio de arbitraje con la compañía suiza Glencore por la reversión de las plantas de fundición de estaño y antimonio en Vinto y la recuperación del control del Centro Minero de Colquiri, su despacho atiende seis procesos más por la nacionalización de empresas y recursos naturales entre 2004 y 2012. Remarcó que esos casos no son “nada que pueda quitarnos el sueño”.
“Son seis procesos internacionales en curso. Se llegó a acuerdos con 11 empresas, pero seis procesos están siendo atendidos por la Procuraduría”, dijo Arce.
La autoridad explicó que la demanda más antigua es la iniciada por la empresa chilena Quiborax por la reversión de concesiones mineras en 2004. El segundo caso está relacionado con el arbitraje iniciado por South American Silver por la nacionalización del yacimiento minero Mallku Kota. La Procuraduría también atiende la demanda interpuesta por la empresa española Abertis por la confiscación de sus acciones en tres aeropuertos.
Arce añadió que otro caso pendiente es el de la india Jindal Steel, que demandó al Estado por el cobro de los 18 millones de dólares que depositó como garantía de inversión en el Mutún. “Hay un par de demandas menores que están paralizadas”, continuó el Procurador.
El fin de semana, la Procuraduría emitió un comunicado de prensa en el que informó que respondió a la notificación de arbitraje iniciado por la suiza Glencore.
“En su respuesta, el Estado boliviano hizo notar las circunstancias dudosas, bajo la que activos estratégicos del patrimonio nacional, como las fundiciones de estaño y antimonio de Vinto y el Centro Minero Colquiri fueron enajenados y traspasados a compañías mineras bolivianas, que eran de propiedad o estaban vinculadas al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada”, se lee en el comunicado.
“Asimismo, el Estado boliviano llamó la atención sobre el momento en que la suiza Glencore supuestamente habría adquirido dichos activos, que estaban en manos de empresas bolivianas”, añade el documento.
XINHUA
El gobierno boliviano respondió a la notificación de arbitraje iniciado por la compañía suiza Glencore, al explicar "irregularidades" en la enajenación y traspaso de activos estatales de dos plantas de fundición de minerales y una mina.
El procurador general del Estado, Héctor Arce, explicó este domingo en entrevista con medios estatales, que días atrás se dio la respuesta a la notificación de arbitraje de Glencore, en la que se hizo notar las "circunstancias dudosas".
"Tenemos argumentos claros, los hemos explicado en detalles en la respuesta a la notificación de arbitraje. Estamos seguros que más adelante seguiremos con más exposiciones, con pruebas sobre las irregularidades", aseveró Arce.
El pasado 18 de agosto, la Procuraduría General del Estado presentó su respuesta a la notificación de arbitraje de Glencore del 19 de julio pasado, indicó la agencia Xinhua.
Una subsidiaria de Glencore presentó en esa fecha (19 de julio) una notificación de arbitraje, tras la nacionalización de las plantas de fundición de estaño-antinomio en el país sudamericano en 2001, así como de la de estaño en 2010.
La notificación de arbitraje fue por la supuesta existencia de una controversia relativa a la reversión de las plantas de fundición de estaño y antimonio, Complejo Metalúrgico Vinto y Planta Vinto Antimonio, además de la recuperación por parte del Estado del control del Centro Minero de Colquiri.
La Procuraduría General del Estado hizo notar la víspera en un comunicado las circunstancias "dudosas", bajo las que activos estratégicos del patrimonio nacional, como las fundiciones de estaño y antimonio de Vinto y el Centro Minero de Colquiri, fueron enajenados y traspasados.
Manifestó que asumió la defensa y representación jurídica del Estado boliviano en arbitraje contra una subsidiaria de la compañía suiza, con pruebas evidentes de una serie de "irregularidades" en la subasta, venta y posterior transferencia de los activos del Estado.
Arce expresó que el siguiente paso procesal es la constitución del Tribunal Arbitral compuesto por tres personas, que deberá resolver el arbitraje.
Una vez designados los dos árbitros de cada parte, se abrirá un período de 30 días para acordar la designación de un tercer juez, que actuará como presidente del Tribunal.
La reversión de las plantas de fundición de estaño y antimonio fueron efectuadas por parte del gobierno mediante la emisión de los decretos supremos del 7 de febrero de 2007, que revirtieron al dominio boliviano la fundición en el Complejo Metalúrgico Vinto.
El 1 de mayo de 2010, se revirtió también al Estado la Planta de Antimonio Vinto, además de que mediante el decreto supremo 1264 del 20 de junio de 2012, se dispuso que la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) asumiera el control del Centro Minero Colquiri.
Estos tres activos del Estado, dos empresas estratégicas dedicadas a la fundición de estaño-antimonio y una mina estannífera, fueron enajenados durante el periodo de gobierno del ex presidente boliviano Hugo Banzer Suárez (1971-1978 y 1997-2001).
MINING PRESS/Diarios
Una empresa subsidiaria de la compañía suiza Glencore International PLC, empresa productora y comercializadora de materias primas, le presentó a Bolivia una notificación de arbitraje por la nacionalización de dos plantas de fundición de minas y minerales (Complejo Metalúrgico Vinto y planta Vinto Antimonio).
“El 19 de julio de 2016, una subsidiaria de la compañía Suiza Glencore International Plc (Glencore) presentó una notificación de arbitraje en contra de Bolivia” mencionó la oficina estatal en La Paz.
Glencore asegura que no tuvo otra opción que iniciar procedimientos de arbitraje para hacer cumplir sus derechos conforme a la ley internacional. Explicó que todo esto sucedió después de que el Gobierno Boliviano nacionalizara las plantas de fundición de estaño-antimonio en el año 2001 y luego, en el 2010, la de estaño y que ya habían pasado casi nueve años tratando de negociar sin recibir ninguna compensación para la nacionalización de sus operaciones.
Evo Morales, presidente de Bolivia, comenzó con la nacionalización de empresas de energía, de gas, también empresas petroleras, eléctricas, mineras, de telecomunicaciones, así como aeropuertos y otras; lo que, de acuerdo con lo expresado por Glencore, le da al Gobierno el control soberano de todos los proyectos que se desarrollan en el país.
Sin embargo, la dependencia señaló que dicha empresa extranjera manipuló el sistema de protección, presentándose como demandante para beneficiarse del Tratado Bilateral de Protección de Inversiones (TBI) con Londres.
Por otra parte, la Procuraduría General del Estado mencionó que “resulta inverosímil la presentación de esta demanda arbitral, ya que el Estado Boliviano ha llevado durante varios años negociaciones con la empresa, las cuales fueron abruptamente interrumpidas por la solicitud de arbitraje”.
Asimismo, dijo que la planta de fundición fue vendida en un 90 % por debajo de su costo real, y que no invirtieron de ninguna manera en la planta de Vinto Antimonio, sino que, por el contrario, se dejó completamente inactiva.
“La Procuraduría General del Estado asumirá la defensa y representación jurídica del Estado boliviano, desnudando una serie de posibles irregularidades”, señaló esta entidad.
