Meses antes de la estatización de YPF, Julio De Vido viajó a Plaza Huincul, polo petrolero en el corazón de Neuquén, para inaugurar la planta de Refinería Neuquina SA (Renasa). El ex ministro recorrió las instalaciones y sonrió para el célebre corte de cinta. Por videoconferencia, la ex presidenta Cristina Kirchner festejó la "estratégica" nueva línea de producción de combustibles.
El gobierno había ayudado a la empresa con un subsidio de US$ 130 millones. Tamaña inversión, tiempo después, quedó en la nada: la empresa se declaró insolvente y ahora el gobierno de Mauricio Macri prepara una denuncia por posible fraude.
La Oficina Anticorrupción (OA) elaboró una denuncia penal por presuntas irregularidades en el programa conocido como Refino Plus, que se desarrolló desde fines de 2008. Lo hizo en base a un duro informe de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) que alertó por posibles anomalías en la entrega de incentivos millonarios de manera "discrecional" a la firma Más Energía, controlante de Renasa y de Petrolera Argentina SA
Así, en días en los que la oposición reclama interpelar al actual ministro de Energía, Juan José Aranguren, y hay duros cuestionamientos por las tarifas, el Gobierno apuntará contra De Vido, el ex secretario de Energía Daniel Cameron, el ex subsecretario del área Roberto Barata y otros cuatro ex funcionarios kirchneristas, y pedirá que sean investigados.
Refino Plus fue lanzado en noviembre de 2008, con el objetivo de incentivar la producción nacional de combustibles.
El gobierno kirchnerista le entregaba a las empresas créditos fiscales aplicables al pago de derechos de exportación de hidrocarburos. Es decir, pagarés que permitían a las refinerías deducir impuestos ante la Aduana. Los papeles eran, a su vez, "transferibles" en el mercado, o sea, factibles de ser convertidos en dinero.
Al programa adhirieron casi todas las grandes petroleras y otras refinerías más pequeñas. En el caso del grupo Más Energía, la OA indicó que Renasa y Petrolera Argentina SA (PASA) recibieron incentivos por un total de US$ 130 millones que "no debieron otorgarse o se otorgaron de manera irregular, en términos que implicaría la comisión de graves hipótesis delictivas".
En el caso de Renasa, la firma solicitó su adhesión al programa Refino Plus en diciembre de 2008, a quince días del lanzamiento del plan. A cambio de los incentivos, la empresa se comprometía a la construcción de una planta de producción de naftas de alto octanaje y prometía, a partir de ello, la producción de 430.000 metros cúbicos de combustible por año. Es decir, una participación del 7,5% de la producción nacional.
En un principio, la Secretaría de Energía convino en otorgarle incentivos por US$ 53 millones, pero Renasa pidió un aumento por considerar que lograría niveles de producción significativos. Tras algunos trámites se reconvino la entrega de créditos por $ 124 millones, un 230% más de lo pautado inicialmente.
Según consta en el informe de la Sigen al que accedió LA NACION, un punto llamativo es que a Renasa "se le habría otorgado la totalidad del incentivo de manera adelantada, en clara violación a lo dispuesto por la normativa vigente". El decreto que creaba el programa estipulaba que "el 50% del incentivo total se entregaría trimestralmente en función al avance de los proyectos y el 50% restante durante el primer año de producción".
Según señaló la OA, la empresa tampoco habría producido, ni de manera cercana, los niveles comprometidos. Es que, según datos públicos de la ex Secretaría de Energía, durante el período que la refinería estuvo en funcionamiento (de agosto de 2012 a junio de 2014) la producción total fue de 97.000 metros cúbicos. Es decir, sólo un 12% de la producción acordada.
En el caso de Petrolera Argentina SA, la otra firma del grupo Más Energía, la Secretaría de Energía pautó en entregarle créditos fiscales por US$ 5,7 millones. También se habrían otorgado en su totalidad y no en partes, como indicaba la ley.
Consultado por LA NACION, el presidente de Más Energía, Miguel Schvartzbaum, cuestionó "el súbito cambio de las reglas del juego" en el mercado de hidrocarburos a partir del año 2013. "Teníamos la capacidad instalada, pero el ex gobierno permitió la importación de combustibles libres de impuestos, lo que hizo que nuestra producción no encontrara mercado. Desde 2014 se importaron más de 600.000 metros cúbicos de nafta exenta de gravámenes, eso hizo que las grandes petroleras importaran, en lugar de comprar a la industria nacional", indicó el empresario.
A sólo ocho años de haber recibido US$ 130 millones del Estado, Renasa se declaró insolvente, despidió empleados y hoy está en concurso de acreedores.
Desde el entorno de De Vido, consultados por este medio, señalaron: "El problema de Renasa fue que YPF les rompió un contrato y eso complicó sus números". Además buscaron eximir de responsabilidades al ex ministro y apuntaron a Cameron: "Los certificados de crédito fiscal eran responsabilidad del secretario de Energía, el ministro no firmaba".
Los voceros de De Vido aseguraron que el programa de incentivos "fue exitoso porque aumentó la refinación de crudo local". Durante el último año de gestión de Cristina Kirchner, el sector energético devoró sumas significativas de fondos públicos y en el caso de los planes Petróleo Plus (dado de baja en julio último) y Refino Plus debieron sumarse al presupuesto $ 7325 millones para cumplir los compromisos.
3/10/2011: Julio De Vido (a la izquierda) viajó a la inuguración de la refinadora de Renesa, presenció el corte de cinta y realizó una videoconferencia con Cristina Kirchner para celebrar la noticia. Lo hizo acompañado por el ex gobernador de Neuquén, Jorge Sapag (segundo a la izquierda). El presidente de la empresa, Miguel Schvartzbaum (último a la derecha), hoy apunta contra el ex gobierno por el "cambio en las reglas del juego" a partir de la importación de hidrocarburos sin impuestos, lo que llevó a su firma a declararse insolvente.
La OA debe resolver si el ministro de Energía, Juan José Aranguren, incurre en incompatibilidades por tener $ 16 millones en acciones de Shell.
Consultados por LA NACION, fuentes de la OA señalaron que el dictamen ya está listo, pero que resta la revisión del área jurídica del Ministerio de Justicia.
Un tren sin pasajeros ni itinerario y que recorrió unos pocos metros para su inauguración, revela la maniobra de convenios millonarios celebrados entre el ex ministerio de Planificación, universidades y una empresa del Estado. El “Tren histórico Eva Perón”, que financió el ex ministro Julio De Vido, está rodeado de irregularidades y según consta en una auditoría final hubo “sobreprecios, violaciones de las normas administrativas, utilización de material que no era apto, y una campaña de comunicación inexistente”. Esas son algunas de las objeciones al proyecto que demandó unos $ 1.000 millones.
El extinguido ministerio de Planificación construyó una vía alternativa para el destino de fondos millonarios: los convenios con universidades. En este caso, se detectaron 282 Convenios Específicos entre Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y la Facultad Regional de Santa Cruz (FRSC), por una suma de $ 3.326.623.831,53.
De esta suma, ya se ejecutaron $1.156.170.597,23 y en este marco se llevó adelante el proyecto del Tren Histórico. La obra fue calificada como “un accionar discrecional y sin el más mínimo cumplimiento de las normas legales y administrativas que rigen el funcionamiento de la administración pública y de la propia UTN”, señala la auditoría de YCRT a la que accedió Clarín.
El tren Eva Perón, con fines de promoción turística e industrial, recorrió con dos vagones el tramo Río Gallegos - Río Turbio: lo hizo una sola vez y fue para su “falsa inauguración”, como detalla el documento oficial.
De Vido, el ingeniero Jaime Álvarez (actual funcionario de Alicia Kirchner), el ex interventor de YCRT Atanasio Pérez Osuna (hoy intendente de Río Turbio), y autoridades de las universidades involucradas son las personas mencionadas en la auditoría como responsables “firmar convenios sin respetar el presupuesto de la obra”.
El circuito de facturaciones y convenios, según considera el área jurídica de YCRT, se celebraron para “eludir las normas de contratación de bienes y servicios”. A la fecha no existe documentación del avance de obra, ni constancia de que varios de los servicios facturados se hayan realizado; incluso muchos expedientes figuran firmados en “fechas inhábiles”: el 1 de enero y el 1 de mayo, por caso.
Las irregularidades detectadas abarcan diferentes aspectos. Por ejemplo, los fondos destinados a la campaña de comunicación y difusión que se pagó bajo un convenio de “Ingeniería”. Se supone que era un convenio de Promoción pero en el mismo figura el cobro por “ingeniería básica”. No solo no consta en el expediente sino que se destinaron $ 14 millones.
No se encontraron “constancia de productos y no está claro qué bienes se generó por el pago efectuado”, dice la auditoría. Sólo figuran referencias a la “falsa inauguración” donde se incluyen “servicios de ornamentación”, y se gastaron para el acto un millón de pesos. Este evento que encabezaron Alicia Kirchner y Máximo en plena campaña, tuvo un dato no menor: la locomotora de la inauguración no estaba apta para usarse. La auditoría denuncia también la existencia de “sobreprecios” entre los valores pactados por las empresas de servicios y la Facultad y lo convenido entre la facultad y YCRT. Hay diferencias de entre un 60% y un 80%.
Otra decisión de Planificación definida como “irregular” fue el destino de $ 55 millones para tres tramos del Ramal 750, con “un formulario de una sola foja con ítems incompletos”, y “no hay constancia de los materiales que YCRT debía suministrar como rieles, cambios, material ferroviario”. Después de esto se firmó otro acuerdo para la “clasificación, acondicionamiento y transporte de rieles”. Esto costó unos $ 23 millones extra y no se encontraron los materiales “a clasificar” y no existen “datos sobre el grado de avance de las obras”.
Finalmente, la auditoría sostiene que todo se trató de un “accionar discrecional y sin el más mínimo apego a las normas”. Por todo esto concluyen que los convenios celebrados son “nulos” ya que el interventor de YCRT no tenía facultad para firmarlos. Todo podrá derivar en una nueva denuncia contra De Vido, el ex poderoso ministro kirchnerista que enfrenta un complejo frente judicial.
