Desde la crisis de la convertibilidad, a fines de 2001, el promedio de precios de la economía aumentó entre extremos más de 15 veces hasta fines de 2015, mientras que la mayoría de las tarifas de los servicios públicos subieron en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) unas dos veces para el caso de las eléctricas y poco menos de tres veces en el caso de las de gas.
Luego el cuadro se agravó con los cambios de precios relativos que tuvieron lugar en la primera mitad del año, derivados del fin del cepo cambiario, la unificación del tipo de cambio, la eliminación de la mayor parte de las retenciones, y los acuerdos de ajustes de salarios en paritarias, porque hay quienes se resisten a que las tarifas recorten el abultado atrasado acumulado.
De ahí se puede deducir que excluidos esos dos rubros en la medición de cualquier índice de inflación en los últimos 14 años hubiese arrojado un incremento de unas 17 veces.
Las consecuencias más palpables de semejante desborde inflacionario fue no sólo el estancamiento de la actividad económica, porque el rebote desde una profunda depresión no fue suficiente para volver a índices de producción agregada similares a los niveles previos a la gestación de la crisis, desde mediados de 1998 a 2002, sino también, y más inquietante, el severo deterioro del tejido social, ya que los índices de pobreza crecieron hasta alcanzar más de un tercio de la población de toda la Argentina.
Sin embargo, durante ese proceso, la mayoría de los actuales políticos de la oposición al nuevo Gobierno ignoraron esos fenómenos, ya que nunca se los oyó levantar la vos por la suba del precio de la leche, el pan, una camisa, o para el cambio de aceite del auto, e incluso de algunos servicios privados, como las expensas, el arancel escolar, u otro, mientras que los jueces en general, y también dos en particular, no recibían pedidos de amparos de consumidores y les daban curso rápidamente como se vio en los últimos meses, para dar marcha atrás a esas subas de precios, porque lo consideraban un hecho natural, dada la larga historia de inflación, excluidos los años 90 y apenas un lustro de la década siguiente.
Pero todo cambió cuando se intentó reducir semejante distorsión entre la variación del promedio de precios de la economía y las tarifas de algunos servicios públicos en el AMBA, pese a que en los casos de la luz eléctrica y el gas en la última década venían emitiendo claras señales de agotamiento de los efectos de las inversiones que se hicieron en los 10 años previos, con interrupciones de los servicios u oferta de pobre calidad, con el consecuente impacto perjudicial sobre los aparatos del hogar, y amenaza de colapso.
Es cierto que los anuncios y, peor aún, la instrumentación, de los aumentos de las tarifas de luz y gas, fueron confusos, no contemplaron el campo minado que significaba intentar remover un cuadro de precios de esos servicios irracional y carente de toda lógica, porque cualquier variación del consumo asociada a cambios climáticos significaba saltar de un esquema a otro, en lugar de derivar en la movilidad de una categoría a otra dentro de la franja en que estaba cada usuario, y fueron parcos los funcionarios en fundamentar por qué no convocaron a audiencia pública previa con todos los actores, desde la producción, el transporte, la distribución y el consumidor final.
Pero eso no parece suficiente para justificar que en tiempo récord, sin un detallado análisis de los antecedentes descriptos, un par de jueces, sobre más de 4.000 en todo el país, dictaran amparos a favor de todos los consumidores del AMBA que lejos de imponer un límite a los aumentos, acordes con lo que parecía aceptable por parte de la mayor parte de las familias que no califican para acceder a la propuesta de una Tarifa Social para un consumo base, decidieron directamente no autorizar los incrementos. No contemplaron el efecto combinado del perjuicio que de ese modo le generaban a las empresas distribuidoras, y la habilitación del corte del suministro, porque de ese modo desalientan las inversiones y el endeudamiento para revertir el largo período de obsolescencia de sus equipos y prepararse para proveer a potenciales nuevos clientes.
Lo mismo puede decirse de gran parte del cuerpo legislativo que no sólo se niega a recomendar una suba de tarifas alineada al 400% que se había planteado el Gobierno como punto de partida de actualización, para achicar la maraña de subsidios y avanzar en la estrategia de baja gradual del déficit fiscal, sino que decidió ignorar el enorme atraso de aumentos los últimos 15 años y además volver a convocar al ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, para interpelarlo en el recinto, como mero acto mediático, porque saben muy bien lo que piensa, y de dónde se viene.
Mientras tanto el rojo financiero de las empresas distribuidoras va camino al cielo, con cifras que en conjunto superan los miles de millones de pesos, y que amenazan con paralizar los servicios, con el consecuente efecto sobre el empleo y salarios del personal involucrado, el consumo de las familias y la inflación.
1.La parálisis es la peor de todas, porque significará agravar un problema para todos los actores, usuarios, empresas, gobierno y también los legisladores de la oposición y jueces que intervinieron para que eso ocurriera.
2. Avanzar en la discusión tarifaria con la convocatoria de audienciaspúblicas, pero eso llevará hasta avanzado el comienzo del último trimestre, con lo que se habrá perdido otro año.
3. Seguir como en los últimos años, con un estado que deja que suban sostenidamente los subsidios a los usuarios con giro de fondos a las empresas para que paguen los salarios y sólo puedan avanzar con inversiones mínimas, pese a que ese esquema no ha contribuido a corregir las carencias de fondo.
4. Emitir deuda pública para prescindir de la emisión espuria de dinero por parte del Banco Central, para no afectar la meta de reducción de la tasa de inflación, pero rápidamente surgirán las críticas de los opositores que dirán "otra vez crece el endeudamiento del estado para pagar salarios de empresas ineficientes".
5. Avanzar en una iniciativa de parte de la oposición de reestatizar las empresas de servicios públicos deficitarias. En el primer semestre, el conjunto de compañías a cargo de la administración central acumuló pérdidas por más de $18.000 millones, con un aumento del 82%, casi el doble que la tasa de inflación.
Naturalmente, podrían plantearse opciones combinadas, pero no hay dudas de que mientras no se corrija el severo desfase entre la variación de las tarifas de los servicios de energía y gas con el promedio de precios de la economía de más del mil por ciento, con las debidas redes de compensación para los sectores de la población más vulnerables, por sus niveles de ingreso y situación habitacional, no se podrán generar las condiciones para que el país pueda retomar la senda de crecimiento que abandonó un lustro atrás.
*Economista y Editor de la sección de economía en Infobae
