Ante las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte, y Asuntos Municipales Rogelio Frigerio aseguró que la participación público-privada es una alternativa adicional a las normas con las que ya cuenta el Estado, tanto en la ley de obras públicas como en la ley de concesiones, y afirmó que hará un aporte “para fomentar la inversión en infraestructura".
El Ministro del interior señaló además que la intención es socializar con el sector privado una parte significativa de los riesgos que afronta el Estado cada vez que emprende un proyecto de obra de infraestructura física o social y remarcó que la iniciativa se propone "acelerar los plazos de las obras y de los proyectos de inversión en la Argentina".
Frigerio recordó que el objetivo fundamental de este gobierno es reducir la pobreza y que eso está estrictamente vinculado con la posibilidad de generar la inversión necesaria para que se creen puestos de trabajo de calidad, con buenos sueldos y en blanco. “Queremos una Argentina desarrollada con más integración en sus distintas jurisdicciones y regiones, y lo que necesitamos es más y mejor calidad de infraestructura y de servicios públicos", sostuvo.
Del encuentro participaron también el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo; el presidente de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte del Senado, Carlos Espínola; el secretario de Interior, Sebastián García De Luca; y el subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal, Ricardo Delgado.
El Gobierno de Mendoza indicó que el Gobernador Alfredo Cornejo disertó en el Senado de la Nación sobre el anteproyecto de ley de Participación Público Privada (PPP).
Se trata de un contrato a largo plazo entre una entidad privada y un gobierno, para proporcionar un bien o servicio público, en el que la parte privada asume un riesgo significativo y una posible responsabilidad de gestión y, al mismo tiempo, la remuneración está vinculada al desempeño.
Una nueva ley de PPP moderna que contenga los componentes mínimos para ser atractiva representa una oportunidad para incrementar y diversificar la inversión en infraestructura, donde las provincias podrían adherirse.
“La virtud de esta ley sería distribuir el riesgo de grandes y pequeñas inversiones, a su vez, permitiría una proyección de mediano y largo plazo”, aseguró el mandatario, y agregó: “Hay una amplia cartera de proyectos provinciales y nacionales en Mendoza que podrían ser empleadas por esta ley. Si queremos mayor cantidad de obras y de mejor calidad, debemos distribuir el riesgo con los privados”.
“Mi aporte, como Gobernador, es que tenemos límites altos a nuevos endeudamientos. Los límites que da la economía, que dan las restricciones legales y constitucionales, por lo que tenemos que distribuir el riesgo con los privados sin comprometer los impuestos coparticipables de las provincias”, mencionó.
Aseguró: “Los argentinos debemos arriesgar en proyectos desde el punto de vista estratégico que tengan un recupero de 20 o 30 años, si queremos obras de calidad”.
El Gobernador de los mendocinos detalló las distintas obras que la Provincia podría emprender si este anteproyecto se convirtiera en ley.
Mencionó, en materia hidroeléctrica, Portezuelo del Viento y Los Blancos, en energía: “La exploración de energía solar y eólica, toda nuestra cordillera hasta Jujuy tiene un enorme potencial en esa materia y también nuestro Sur, junto con la Patagonia”.
En cuanto a la conectividad internacional e interprovincial, Cornejo explicó: “El Paso Los Libertadores requiere de una inversión fuerte. Ni Chile ni Argentina están en condiciones de realizar proyectos de tanta envergadura, por lo que la aplicación de la PPP aportaría al crecimiento y desarrollo de la región”.
“Tenemos otros proyectos más chicos, como la ruta provincial 40 a Las Leñas, que pertenece a un empresario malayo que le ofrece a la provincia una PPP”, continuó Cornejo, y afirmó: “La ciudad de Mendoza y Unicipio tienen 1 millón 6 mil habitantes, por lo que sería recomendable un subterráneo o un transporte de pasajeros, con lo que implica realizarlo en una zona sísmica. Es una gran cartera de proyectos que podrían llevarse a la práctica con esta ley”.
Las participación público privada (PPP) es una herramienta usada globalmente y regionalmente en la que el privado financia, diseña, construye y mantiene un bien o servicio público y el Estado paga a largo plazo.
Chile, Brasil, México, Colombia y Perú han desarrollado marcos modernos de PPP con importantes inversiones en los últimos años a nivel nacional y subnacional
Para Argentina implicaría una mejor calidad de servicio, con mayor transparencia, adelanto de las obras y diversificación de fuentes de financiamiento. El país fue pionero en PPP en Latinoamérica a través de las concesiones viales en la década del 90, pero la crisis de 2001 y la degradación institucional deterioró este mecanismo.
A modo de ejemplo, y para entender el alcance que tendría esta ley si fuese aprobada, en México los hospitales en Toluca y Tlalnepantla se construyeron usando esta modalidad asociativa.
La Corporación Financiera Internacional (IFC por su nombre en inglés) asesoró al Instituto de Seguridad Social de México sobre la estructura y la aplicación de una PPP para el diseño, construcción, financiación de capital y la gestión de dos nuevos hospitales públicos de Toluca y Tlalnepantla. Se invirtieron $120 millones de dólares en los hospitales, divididos entre dos inversores.
Los contratos fueron estructurados de manera que el Estado es responsable de los médicos y enfermeras de los hospitales, mientras que el sector privado lleva a cabo la construcción y proporciona la facilidad y la gestión de equipos, así como la entrega de la mayor parte de los servicios de diagnóstico para la duración de 25 años de los contratos. Como resultado, el costo de operación general de los hospitales se redujo un tercio.
