Un túnel en la selva amazónica del sur de Ecuador delata la presencia de Fruta del Norte, uno de los yacimientos de minería a gran escala con los que el país busca compensar la caída del precio del crudo, pese a ambientalistas e indígenas.
Ecuador, al igual que Colombia, Perú y Chile, se ubica en la zona de subducción de las placas tectónicas Nazca y Sudamericana, lo cual lo vuelve tremendamente sísmico y volcánico, pero también muy rico en oro, plata y cobre.
Pero, al revés que sus vecinos, el miembro más pequeño de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) siempre estuvo más enfocado en sus recursos petroleros y desatendió la actividad minera, que sólo se desarrolló de manera artesanal -muchas veces ilegal- o en pequeños o medianos proyectos.
Con el prolongado desplome del precio del crudo y la recesión tras años de bonanza, el gobierno de Rafael Correa está ahora decidido a enrolarse en la extracción de metales a gran escala, a la que se abrió en 2012. El sector es considerado estratégico -junto con el del turismo- para el futuro económico del país.
"La industria minera nos permitirá tener otra fuente de riquezas y será en el mediano plazo una de las principales fuentes de ingresos y exportaciones para el país", dijo la semana pasada el ministro coordinador de Sectores Estratégicos, Rafael Poveda.
Por ahora, los cinco proyectos a gran escala que están operando en la andina provincia de Azuay y las amazónicas de Zamora Chinchipe y de Morona Santiago (todas en el sur) no han dado frutos.
Tres de ellos, Mirador (cuprífero, de la china Ecuacorriente), Río Blanco (aurífero, de la china Junefield) y Fruta del Norte (aurífero, de la canadiense Lundin Gold) empezarán a producir entre 2018 y 2020.
Los otros dos, Loma Larga (aurífero, de la canadiense INV Minerals) y San Carlos Panantza (cuprífero, de China Explorcobres) están todavía en fase de exploración.
"Ecuador estaba muy cómodo con los ingresos petroleros, eso hacía que de una u otra forma el tema minero siempre fuera pateado hacia adelante. Es buen momento para desarrollar ese sector, y queda mucho por explorar", explicó a la AFP Diósgrafo Chamba, miembro de la consultora Observatorio Minero.
Además, el gobierno abrió hace meses el proceso de subasta de concesiones de mediana y gran minería en varias zonas con potencial e indicios de yacimientos, que espera que sean a la larga fuente de ingresos millonarios y de generación de empleo.
- ¿Ambientalmente sustentable?
Como en otros países, en Ecuador -en cuya Constitución está explícito el compromiso de respeto de la Naturaleza- estos proyectos mineros son rechazados por defensores del medio ambiente y comunidades indígenas, que alegan que causan desplazamientos forzosos de habitantes en tierras sobre las que recaen concesiones, y contaminan las fuentes de agua y los bosques.
El gobierno sostiene sin embargo que el impacto será mínimo gracias a las modernas tecnologías y a sus estrictas regulaciones, que prohíben, por ejemplo, el uso de mercurio, o exigen a las empresas un correcto cierre de mina tras el fin de la concesión.
El prefecto de Zamora Chinchipe y líder indígena, Salvador Quishpe, dijo a la AFP que Mirador y Fruta del Norte, ambos en su provincia, ponen en riesgo el entorno natural y el estilo de vida de la etnia Shuar que habita en sus alrededores, entre cuyas prácticas tradicionales figura precisamente la minería artesanal.
"Que nos demuestren que no va a afectar a nuestras tierras, al agua, y que va a ser rentable para el Ecuador y nuestras comunidades (...)", demandó.
Pero ¿cómo convencer de la sustentabilidad de estos proyectos en un país que ha vivido experiencias como el desastre ambiental del que el gobierno acusa a la petrolera Chevron en la Amazonía, o episodios de grave contaminación por mercurio relacionados con la minería?
"En Ecuador, todavía no estamos en la fase de explotación intensiva, pero las experiencias del pasado y las de toda la región no hablan bien de la minería que minimiza el impacto ambiental", manifestó a la AFP Ricardo Buitrón, de la ONG Acción Ecológica.
En ese sentido, consideró una "contradicción" que la minería pueda ser ambientalmente sustentable y cuestionó "el mito" de que "va a salvar" a la economía ecuatoriana.
"Acabamos de tener el mayor boom petrolero en la historia del país y estamos quebrados, y el costo ambiental y social no justifica que nos lancemos a reprimarizar (desarrollar un sector primario de) la economía con actividades mineras", advirtió.
Luego de un proceso de 12 años que inició el 9 de julio de 2004 en el gobierno de Lucio Gutiérrez, cuando el Ministerio del Ambiente concedió la licencia ambiental a la compañía Chorrera Corporation S.A. para la fase de exploración avanzada, esta mañana se pone en marcha la fase de construcción de la mina con un acto en el que tomarán parte el vicepresidente de la república, Jorge Glas, el ministro de Minería, Javier Córdova, y el ministro coordinador de Sectores Estratégicos, Rafael Poveda.
La construcción de la mina comenzará en el último trimestre de este año. Según Cristina Heredia, del Ministerio de Minería, la construcción de la mina creará 400 fuentes de empleo directo, el área operativa generará 220 puestos de trabajo, en tanto que en empleo indirecto se calcula unos 1.100. En la actualidad ya trabajan 150 personas con la concesionara china Junefield Resources Ecuador, a cargo de la obra.
Según la Ley de Minería, las concesionarias mineras deben cubrir el 70 % de las vacantes de sus plantas con obreros y técnicos de las comunidades de las zonas de influencia de los proyectos, en este caso, con los de las parroquias Molleturo y Chaucha.
Lauro Galarza, morador del caserío Aguas Calientes, de Molleturo, se manifiesta a favor del proyecto Río Blanco, dado que significa “una oportunidad de trabajo para su gente en una época en la que muchas personas de la comunidad están desempleadas”.
“Yo tengo el criterio personal de que la minería debe darse para que haya fuentes de empleo, porque muchos necesitan trabajar aquí… Están desocupados”, dice.
El proyecto Río Blanco operará en un área de terreno de 3.308 hectáreas comprendidas entre Molleturo y Chaucha, y tiene una reserva de 605.000 onzas de oro y 4,3 millones de onzas de plata. La producción comenzará en el segundo semestre del 2017 y se llevará a cabo en el curso de 11 años.
La inversión total de la obra es de u$s 88,8 M, una cifra que incluye los rubros de exploración, construcción y operación a nivel subterráneo.
