La batalla judicial por el tarifazo del gas sumó ayer un nuevo capítulo y la decisión final se dilata. Es que la Corte Suprema remitió a la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, la causa que frenó el aumento de las tarifas en todo el país y le pidió su dictamen antes de emitir su fallo.
El envío del expediente a la Procuración es una instancia obligatoria y aunque la opinión de Gils Carbó no será vinculante, el Máximo Tribunal de Justicia no fallará sobre la cuestión hasta que la funcionaria cercana al kirchnerismo se expida.
Así, se demorarían los tiempos del Gobierno que espera con ansias la decisión de la Corte, ya que podría ponerle fin, de alguna manera, a la puja judicial por el tarifazo. No obstante, se estima que la procuradora no demorará mucho dada la gravedad institucional del tema, ya que el fallo dictado por la sala II de la Cámara Federal de La Plata retrotrajo las tarifas a los valores previos a las resoluciones 28 y 31 del Ministerio de Energía y Minería.
Aquel dictamen surgió tras las apelaciones de las asociaciones civiles Cepis y Consumidores Argentinos y del Ejecutivo a la resolución del Juzgado Federal 4, que ordenó convocar a una audiencia pública, afimó el Diario Hoy
La Cámara tomó la apelación de las tres partes y, tras señalar que “la audiencia pública es un mecanismo de participación ciudadana que refuerza los principios de acceso a la información y a la transparencia de las actuaciones estatales”, declaró la “nulidad” de las resoluciones del Gobierno.
Sin embargo, el 12 de julio el Gobierno apeló y pidió que mientras se analizaba ese recurso la resolución que frenó la suba de tarifas permanezca suspendida.
Esa última petición del Ejecutivo fue rechazada el 15 de julio por la Cámara, que ratificó la vigencia del fallo que suspendió los incrementos en el valor del gas.
Luego, la Cámara Federal habilitó, por pedido del Gobierno, la feria judicial para tratar la apelación y pidió a las demás jurisdicciones federales que le remitan los 46 expedientes que se abrieron en todo el país contra la suba del servicio.
La apertura de la feria aceleró los tiempos de los demandantes para presentar sus fundamentos contra el tarifazo y los de la Sala II, que resolvió el pasado 4 de agosto aceptar la apelación del Ejecutivo y girar el expediente a la Corte.
Ahora, los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti decidieron darle voz a la procuradora, esa a quien hasta el Presidente Mauricio Macri le reclamó que diera un paso al costado por su “militancia judicial” al servicio K, y su dictamen, confían los más optimistas, se conocería en una semana. Entonces, la Corte emitiría su fallo.
Ayer, la calle volvió a ser escenario de protestas contra el Gobierno luego de que agrupaciones de izquierda marcharan a la porteña Plaza de Mayo para exigir el freno al tarifazo en los servicios públicos.
El objetivo de los piquetes, informó el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), fue “exponer ante el pueblo trabajador la necesidad de un paro nacional activo” y exigir “a las cúpulas sindicales” medidas de fuerza “contra la inflación, los tarifazos y despidos”.
El lunes, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, consideró que “sería muy grave” que la Corte Suprema de Justicia no avale el aumento de tarifas, aunque avisó que el Gobierno realizará una “audiencia informativa” para dar a conocer el valor de “la generación de la electricidad y del precio del gas en boca de pozo”, al tiempo que alertó que “el servicio está comprometido”.
En tanto, ayer, desde distintas asociaciones de defensa a los consumidores, rechazaron el carácter “informativo” de las audiencias públicas a las que convocaría el Gobierno tras la suspensión del tarifazo.
Por caso, el presidente de Consumidores Libres, Héctor Polino, aseguró que las “audiencias públicas no solo son informativas”, sino que “también tienen que constituir una instancia de participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones, de modo tal que todo usuario que pueda verse afectado, o tenga un interés particular o general, pueda expresar su opinión. Si la audiencia pública a convocar queda limitada solamente a la etapa informativa, se estaría desvirtuando su finalidad que es promover y permitir una efectiva participación ciudadana”, planteó.
Mientras que el titular de Consumidores Argentinos, Sergio Procelli,coincidió en que “no alcanza solo con realizar una audiencia informativa” y pidió que se discutan los incrementos “con toda la información sobre la mesa”.
Por su parte, el abogado de la Asociación de Defensa de los Consumidores y Usuarios (Adecua), Osvaldo Riopedre, aseguró que estamos en una “situación de urgencia” tanto para las compañías distribuidoras como para los consumidores, debido a que “las empresas no recaudan y los usuarios algún día van a tener que pagar. Si no pueden pagar una factura, menos van a poder pagar si se juntan dos o tres”.
En abril de 2014, la Asociación Civil de Defensa de los Consumidores y Usuarios (ACUBA) presentó una medida cautelar para frenar los aumentos de gas en General Pueyrredón, General Alvarado, Balcarce y Mar Chiquita porque la consideró "abusiva y desorbitante", luego de que el gobierno de Cristina Kirchner aplicara subas de entre un 100 y 284 por ciento. Obtuvo fallos en tribunales menores y luego pasó a la Corte, según recordó una nota de Infobae.
La leyenda "sujeto a demanda judicial" comenzó a aparecer en las boletas de Camuzzi Gas Pampeana, la empresa que opera en esa región, y el cuadro tarifario que ese año el kirchnerismo actualizó nunca se pudo aplicar en esos partidos de la provincia de Buenos Aires.
"Corresponde declarar formalmente admisible el recurso extraordinario interpuesto, dejar sin efecto el pronunciamiento recurrido y remitir los autos al tribunal de origen, para que se dicte uno nuevo con arreglo a derecho", informó la Procuraduría dos años después de aquella apelación, porque no tiene plazo. De hecho, el máximo tribunal aún no resolvió
Este antecedente no es menor para el Gobierno. Mientras el ministerio de Energía y Minería convocará esta semana a unaaudiencia informativa, se busca una salida política y una respuesta rápida del máximo tribunal para poder aplicar el nuevo cuadro tarifario en los dos servicios.
La Corte Suprema -como corresponde en los pasos legales-giró el expediente de las tarifas a Gils Carbó, y aunque nuevamente no tiene plazos, le pidió que dictamine en lo posible hasta el próximo martes para llegar con los tiempos al acuerdo de la Corte del jueves 18 de agosto, la reunión semanal de los jueces que integran el máximo tribunal
Hasta tanto la oficina de Gils Carbó no se expida sobre la causa, la Corte no fallará sobre la cuestión. Sin embargo, lo que dictamine no es vinculante para la decisión de fondo del máximo tribunal: sólo deberá definir si está de acuerdo o no con la suba de tarifas.
El presidente de Edenor, Marcelo Torres, reconoció que en los próximos "días o semanas" la compañía se quedará sin fondos para continuar con sus operaciones no sólo por el freno al aumento sino que fueron obligados por la Justicia a devolver a los usuarios todo lo que se les haya cobrado de más en los últimos cinco meses.
Fueron dos los fallos judiciales que congelaron los aumentos en todo el país. La jueza de San Martín Martina Forns hizo lugar a recursos de amparo al calificar los aumentos en las boletas de electricidad como "exorbitantes y desproporcionados".
El otro fallo correspondió a la Cámara de La Plata, que se expresó con respecto al gas. La Sala II concedió un recurso de apelación presentado por el ministerio de Energía, pero el fallo determinó que el aumento de gas para los residenciales y las empresas no regirá a nivel nacional hasta que la Corte se expida. Ahora, el camino es todo suyo.
Según informó Ambito la Casa Rosada motorizó anoche un operativo de urgencia para contar hoy con asistencia perfecta en el staff de 90 humanidades del interbloque Cambiemos en la Cámara de Diputados. El objetivo: bloquear la unificación peronista en el recinto para habilitar, con dos tercios de los votos, el tratamiento de una ley que deje sin efecto el tarifazo dictado por Poder Ejecutivo Nacional.
El Frente Renovador de Sergio Massa, vía Graciela Camaño, realizó ayer frenéticas gestiones ante el kirchnerista Frente para la Victoria para intentar unificar los pedidos de sesión especial para derogar el tarifazo que ambos bloques habían solicitado por separado. El FpV fue el primer bloque opositor en solicitarle sesión especial al presidente de la Cámara Baja, Emilio Monzó, para hoy las 11. Pero se sumó más tarde el massismo. con un pedido de sesión especial para las 10.30, media hora antes. Sin embargo, el FR no estaba dispuesto anoche a ceder a la sesión especial del FpV, para no quedar asociados al kirchnerismo. Y el FpV tampoco mostraba predisposición para acudir a la sesión especial del FR para no someterse al liderazgo de Sergio Massa.
La incógnita se develó con la publicación del plan de labor parlamentaria. Se convocó primero a la sesión especial solicitada por el massismo, que incluye un pedido de interpelación a Juan José Aranguren. La orden de la convocatoria, definida por el oficialismo, podría arrastrar a diputados del FpV a la sesión especial organizada por Massa, una jugada que potencia las fugas y la dispersión en el kirchnerismo. "Se va a realizar primero la sesión especial que pidió Massa. Si el kirchnerismo acompaña con sus diputados, bajamos todos al recinto para bloquearles los dos tercios", explicó anoche a este diario un estratega del Interbloque Cambiemos que preside el radical Mario Negri.
En Diputados existen 81 expedientes, entre proyectos de ley y de declaración, para dejar sin efecto la suba de tarifas que el Gobierno fijó con un tope del 400% para el gas. Las iniciativas no sólo pertenecen al massismo y al kirchnerismo. Un universo de mini-bloques del Movimiento Evita, el Socialismo, el GEN, el Partido Obrero y partidos provinciales tiene sus propios proyectos.
Al tratarse de pedidos de sesión especial con proyectos que no tienen dictamen de comisión, el pan peronismo -kirchnerismo, massismo y Bloque Justicialista de Oscar Romero- necesitará hoy unirse indefectiblemente para habilitar el tratamiento sobre tablas con dos tercios de los votos presentes. Este colectivo opositor unido podría llegar a los 140 votos para fulminar la suba de tarifas y girar ese rechazo al Senado. Por eso Cambiemos convocó anoche de urgencia a todos sus legisladores -PRO, UCR y Coalición Cívica- para bloquear los dos tercios del panperonsimo. Si el oficialismo sienta a sus 90 legisladores, la oposición quedará lejos de los dos tercios para habilitar la votación.
Más allá del bloqueo para evitar la derogación del tarifazo en el Congreso, el oficialismo debió padecer la segunda reunificación del panperonismo en menos de seis meses. El primer caso fue cuando se sancionó la ley anti-despidos, votada en conjunto por el Frente para la Victoria y el Frente Renovador, que más tarde fue víctima del primer veto presidencial de Macri. Ahora el massismo, el peronsimo de los gobernadores y el kirchnerismo vuelven a confluir contra la suba de tarifas.
En el gabinete nacional el expediente tarifas genera cada vez más inquietud. La insurrección del Congreso contra las resoluciones del ministro de Energía, Juan José Aranguren, se da en la previa de un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia. En la gerencia política de la UCR, principal aliado del PRO en Cambiemos, deslizan que el máximo tribunal se expedirá no sólo sobre cuestiones de forma, como la celebración de audiencias públicas, sino también sobre el fondo de la cuestión. Una medida que podría dejar aislado al Poder Ejecutivo del Legislativo y del Judicial.
Ayer, el jefe de Estado encabezó la reunión de gabinete y se sentó en el medio de la mesa, secunadado por su vice, Gabriela Michetti, y el senador Federico Pinedo. El encuentro que se extendió por más de dos horas tuvo como tema principal la defensa del tarifazo, a semanas de que la Casa Rosada encabece audiencias "no oficiales" para defender las subas. El ministro de Energía, Juan José Aranguren, y el vicejefe de Gabinete, Gustavo Lopetegui, explicaron que el 78% de los usuarios pagó las subas de gas, mientras que el año anterior, tras una suba en agosto, pagaron el 82% de los usuarios. "Sólo un 4% no pago. La Justicia tiene que tener en cuenta esto", advirtieron.
Uno de los puntos que más resaltaron para defender los aumentos fue que el 85% de los usuarios pagó $ 500 o menos. "El cable (televisión) cuesta alrededor de $ 530 y lo paga el 75% de los usuarios (de red de gas)", compararon, según informó El Cronista.
Los datos que detallaron los ministros, entre cafés, mates y jugos de naranja, fueron los siguientes: 8,1 millones de hogares tienen acceso a la red de gas. De ese universo, le explicaron a Macri que 1,5 millones de familias recibe tarifa social. Por su parte, le indicaron que 5,2 millones de hogares usa garrafa y que de ese conjunto, hay 2,6 millones que están incluidos en el plan garrafa social. Por consiguiente, lo que resaltó el ministro Aranguren y también Lopetegui fue que, en total, 4,1 millones de hogares pagan una tarifa social. "Estos números son claros. El 31% de la población recibe tarifa social que es el nivel de pobreza que hay en el país", remarcó un funcionario que participó del desayuno.
Este es el tipo de argumentos que el oficialismo esgrimirá para defender las subas, mientras la Justicia define si debe retrotraer o no la medida. De hecho, luego de que se conociera que la Corte Suprema pidiera a la Procuradora General, Alejandra Gils Carbó, que emita dictamen sobre el planteo judicial, en el Gobierno buscaron presionar. "Ella ya avaló la suba de gas de Camuzzi así que no habría problemas ahora", afirmó el jefe de Gabinete, Marcos Peña.
También remarcaron que el 25% de las residencias con electricidad, pagan con subsidio. A su vez, en la reunión recordaron que tras los aumentos de agua, el Gobierno señaló que hubo una tasa de cobro del 81%, cuando antes era del 86%. Este dato lo transmitió el subsecretario de Recursos Hídricos, Pablo Bereciartua, quien un mes atrás había advertido que la mora sólo fue de 5 puntos por lo que en el oficialismo consideraron que el aumento había quedado firme.
Además de cerrar filas en torno al aumento de tarifas, el gabinete bajó línea para instalar la caída en la inflación. "En julio bajó al 1,7% en Córdoba y esos niveles esperábamos para septiembre", celebró el ministro de Hacienda Alfonso Prat-Gay.
ALEJANDRA GALLO
Hay dos estadísticas por las que el Gobierno prende una vela a cada santo. Hoy se conocerá el informe sobre venta de maquinaria agrícola y mañana, la inflación de julio. Ambas mediciones reflejarán cuál es el humor social y cómo va el termómetro (aún helado) de las inversiones privadas. Por supuesto, las luminarias están encendidas sobre cómo anduvieron los precios y el ministro Alfonso Prat-Gay es optimista respecto de que será sustancialmente menor al 3,1% que registró junio. De hecho, la mayoría de las proyecciones privadas la ubican entre 1,5% y 2,8%.
Aunque fuera así, lo que preocupa en las principales empresas y cámaras empresarias es la película. De acuerdo con el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que difunde el propio Banco Central, julio sí tendría una baja pero las expectativas inflacionarias repuntarían en el cuarto trimestre (1,7% en lugar de la meta de 1,5%). Este clima también está reflejado en el último informe del Banco Ciudad donde también se destaca el objetivo de la autoridad monetaria de cumplir con su meta. Es decir, pareciera que la zanahoria se va corriendo porque faltan definiciones políticas en áreas que son clave para las decisiones económicas; como las tarifas (y no sólo energéticas).
El mercado ya tomó nota de este dato; en especial en la industria, un sector en el que un puñado de dirigentes aún añora las alianzas tejidas durante el gobierno de Néstor Kirchner. Ayer hubo reunión de Junta en la Unión Industrial, la primera luego del receso invernal y tras la conferencia que se efectuó en Córdoba. En la mesa chica fabril hay cruces por los precios domésticos de insumos locales y el temor al crecimiento de las importaciones.
El clima se va tensando en la entidad que conduce Adrián Kaufmann y donde pisan fuerte Arcor y Techint, porque en las pymes -a pesar de la reciente ley para ellas- le reclaman a la conducción nacional más dureza en los mensajes públicos por las actuales condiciones de inversión y competitividad. Del otro lado está el campo, indiscutido aliado del presidente Mauricio Macri y en este sentido el otro indicador del INDEC que se conocerá hoy sobre venta de maquinaria agrícola, tiene peso propio porque revelará si los productores decidieron acelerar o si, más allá de los discursos, mantienen en picada sus compras como el trimestre anterior.
Desde la perspectiva oficial, los técnicos del Palacio de Hacienda y de la cartera que conduce Francisco Cabrera coinciden en un argumento que los tranquiliza en materia inflacionaria. Creen que en la economía real los precios bajan (un poco) aunque no se refleja en los precios nominales y, por lo tanto, no podría medirlo el INDEC. Los supermercadistas y las automotrices lograron convencerlos de eso en las últimas reuniones. Los pocos autos que se venden lo hacen con financiación y a un precio real más bajo que el que figura en lista y lo mismo pasa en las góndolas donde los consumidores recurren únicamente a las ofertas.
Lo que no tranquiliza en el Gobierno es la maraña judicial por las tarifas de gas y luz; no tanto por la ponderación estadística del aumento tarifario sino por el clima social y los niveles de actividad. La preocupación no es exclusividad de los funcionarios. Por ejemplo, las distribuidoras eléctricas denunciaron ante la Bolsa y la CNV una situación límite. Edenor, por citar un caso, sostuvo que sin cobrarle a sus clientes no tendría ingresos para sostener los $ 800 millones mensuales que destina a pagar los sueldos de 7000 empleados.
Del mismo modo, las inversiones previstas para este año por un total de $ 3200 millones quedaron truncas. El desorden es tan grande que mientras la Corte resuelve, le pide opinión a la procuradora Alejandra Gils Carbó y se realiza una audiencia pública no oficial de apuro que cerca de 600.000 clientes que habían pedido la tarifa social (casi el 24% de los usuarios) ahora pagarán tarifa plena.
En definitiva, la falta de definiciones en el terreno energético dilata otras definiciones pero, en ningún caso, suspenden lo que inexorablemente vendrá. Casi al filo de la primavera los argentinos aún no tienen idea de cuánto pagarán de luz o gas ni ahora ni tampoco el año próximo, cuando llegue un nuevo aumento. El equipo económico pelea contra reloj para escribir las proyecciones macroeconómicas del primer presupuesto del presidente Macri, que presentará el 15 de septiembre en el Congreso.
Y los CEOs aún no afilan el lápiz en precios, empleo e inversión. Habrá, entonces, que prenderles una vela a varios santos no sólo por la inflación sino para que por lo menos el cúmulo de errores y oportunismos políticos de este año no se vuelven costumbre para los bolsillos en 2017.
