Rolando Luque, adjunto de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo, detalla los focos de conflictividad que se mantienen luego del gobierno del expresidente Ollanta Humala, y discute la posibilidad de que ocurra otro conflicto social del mismo tipo que Tía María y Conga.
-Cuáles son los focos de conflictividad más urgentes que han dejado atrás los últimos cinco años de gobierno?
Esto hay que verlo en términos territoriales. En Apurímac se han activado varios proyectos mineros en los últimos años, es probablemente el corredor minero más importante que tiene el país. Aquí ya subsiste un problema con el proyecto minero Las Bambas(de MMG). No es que exista un rechazo de parte de la población al proyecto minero, pero el error ha sido no comunicar bien los cambios que se habían introducido en el estudio de impacto ambiental (EIA) del proyecto. Existen mesas de diálogo en las provincias de Grau, Challhuahuacho, y Cotabambas, pero en el caso de Challhuahuacho los acuerdos no se han cumplido en su totalidad, y se han postergado varias veces las reuniones para la mesa de Cotabambas. Es un tema muy delicado.
-¿Qué otros focos de conflictividad se mantienen?
En Cajamarca también hay un número importante de proyectos mineros: algunos están en la fase de exploración y otros están intentando elaborar su EIA. El caso Conga ha tenido un impacto en sensibilizar al extremo a la población respecto a los proyectos mineros. Otro gran problema es Hualgayoc, donde existen numerosos pasivos ambientales. Estamos hablando de 1,000 pasivos ambientales concentrados en esta zona. Es una demanda muy antigua.
-¿Qué acuerdos específicos se han establecido en el caso de Las Bambas? ¿Qué ha prometido el Estado?
Se ha avanzado en relación a las consecuencias humanitarias del conflicto violento que hubo a fines del 2015: ha habido esfuerzos por reparar a las familias afectadas. Todavía no ha habido tiempo para discutir las preocupaciones ambientales. Las dudas que tiene la población es qué tipo de impacto puede tener la planta de molibdeno que iba a estar ubicada a una distancia del proyecto minero pero que luego fue traído al mismo espacio. La segunda preocupación es el sistema de transporte del mineral. La población está esperando garantías adicionales para que no haya un riesgo al ambiente y la salud de las personas.
-¿Cree que en Las Bambas pueda haber un conflicto al nivel que hemos visto respecto a Tía María y Conga?
No. Ha habido episodios de violencia en los que murieron tres personas, pero son casos muy distintos. En el caso de Tía María, a pesar de que se aprobó el EIA, hubo un rechazo de la población al inicio del proyecto minero. En Cotabambas no hay un rechazo, la gente ha asimilado con cierta esperanza que hay una oportunidad para la zona a través del desarrollo minero. En el caso de Tía María la empresa ha tenido dificultades con la población desde hace tiempo, lo mismo en el caso de Conga. Son proyectos distintos y conflictos con causas distintas.
-El Ministerio de Cultura adelantó que es posible que el próximo año haya un proceso de consulta previa para la ampliación de Las Bambas. ¿Tiene conocimiento de esto?
Cuando hablamos de consulta previa estamos hablando de un derecho cuyo sujeto es el pueblo indígena. Para ser considerados como consultables, están registrados en una base de datos del viceministerio de Interculturalidad. En las zonas de la sierra están ubicados pueblos indígenas pero no toda comunidad o ronda campesina es un pueblo indígena. Tiene que mostrar que lo es y para eso hay una serie de estándares. En el caso de Las Bambas, si un sector considera que es pueblo indígena entonces tendrá que solicitar su inclusión en la base de datos. Hasta donde sabemos no hay este trámite en marcha ante el viceministerio, pero eso no quita que en algún momento lo puedan iniciar.
-¿Se podría afirmar que, ahora que ya no hay grandes proyectos extractivos en cartera, el nuevo gobierno ya no tendrá que lidiar con conflictos del tamaño de Tía María o Conga?
El 30% de los conflictos sociales se deben al rechazo de la población al inicio del proyecto minero. Ahí esta Conga, Santa Ana y Tía María. El 50% de los conflictos son respecto a proyectos que en este momento se están desarrollando y que incumplen normas. Esos los vamos a seguir teniendo. No sé cuántos inversionistas van a llegar en los próximos años para desarrollar proyectos de gran envergadura, pero por ejemplo, el proyecto Quellaveco (de la empresa Anglo American, en Moquegua) ha sido demorado por problemas económicos y no por discrepancias entre la población y el proyecto minero. Todos los proyectos mineros de exploración y explotación son siempre potencialmente objeto de alguna controversia.
-¿Los conflictos sociales han aumentado o han disminuido en los últimos cinco años?
Ha habido una disminución de los conflictos sociales en los últimos siete u ocho años pero seguimos teniendo más de 200 conflictos, dentro de los cuales se encuentran casos que vienen de tiempo atrás y no se resuelven hasta ahora. Lo que preocupa es que los casos nuevos son el doble de los casos que se resuelven. También preocupa que alrededor de 50% de las mesas de diálogo se instalen luego de los hechos de violencia, lo cual revela que no hay una acción preventiva.
