El proyecto minero San Jorge está cerca de recibir una mala noticia, otra vez. El Gobierno revisó el aval que le dio Francisco Pérez antes de dejar el cargo y podrían bajarle el pulgar a la actualización que se presentó. Incluso se trabaja sobre una resolución ya redactada en la que desaprueban la actualización de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y obligan a la empresa a empezar todo el proceso de aprobación desde cero, es decir, a realizar un nuevo informe.
Pero aparece un conflicto histórico dentro del Ejecutivo: las decisiones sobre los proyectos mineros tienen un doble control y aval y necesitan la firma de la Dirección de Protección Ambiental y de la Dirección de Minería. Ese proceso ha generado tensiones internas en todos los gobiernos y el de Alfredo Cornejo no es la excepción. Por eso, desde el Ministerio de Energía aseguran que aún no hay una decisión tomada. En el medio hay otro ingrediente inesperado: el intendente de Las Heras, lugar donde está el yacimiento de cobre, le bajó el pulgar antes de cualquier discusión. "Ni siquiera sé qué es lo que quieren hacer ni que alternativas ofrece, porque no me importa", dijo a MDZ Radio el fin de semana.
La discusión sobre la minería se retomó con la Mesa de Diálogo impulsada por el Ministerio de Energía. Humberto Mingorance, por la secretaría de Ambiente, y Emilio Guiñazú, por la subsecretaría de Energía, son las cabezas del tema. Pero ninguno de los dos tiene la firma "autorizada" para avalar los proyectos. En cambio son los titulares de la Dirección de Protección Ambiental y de Minería quienes deben firmar.
El 6 de noviembre del año pasado el Gobierno que estaba a punto de irse dio curso a una resolución conjunta en la que le daba luz verde a la "Actualización del Informe de Impacto Ambiental" del proyecto San Jorge, que ahora está en manos de capitales rusos. La empresa había redefinido la propuesta para extraer la roca en Mendoza, llevarla hasta San Juan y realizar el proceso de lixiviación en esa provincia. Así, se tomaba al proyecto como una cantera y buscaban que solo se sometiera a evaluación ambiental la obra del tren. "En cuanto a la disposición final de las escombreras de óxidos y parte de la Escombrera de Mineral secundario y de baja ley, los cuales previa extracción y molienda serán retirados del proyecto San Jorge y trasladados a la provincia de San Juan", dice la resolución.
Cuando asumió Cornejo comenzó el proceso de revisión, y los asesores del nuevo gobierno plantearon una visión crítica. Desde la cartera conducida por Mingorance ya recomendaron no seguir con ese proyecto. Por eso apuntan a revocar las resoluciones N° 39 de la Dirección de Minería y N° 764 de la Dirección de Protección Ambiental y al mismo tiempo rechazarían la presentación de Actualización del Informe de Impacto Ambiental del "Proyecto Minero Planta de Concentración de Cobre Minera San Jorge". La repercusión directa sería que si la empresa insiste en la reformulación del proyecto minero, debe empezar desde cero y someterlo a los procesos establecidos en la ley 5961, el Decreto 820 y un nuevo ingrediente: las exigencias de la ley de Ordenamiento Territorial (8051); audiencia pública de por medio.
El expediente está en manos de los funcionarios del Ministerio de Energía. Allí aseguran que aún hay dudas porque "hay diferentes opiniones" sobre el curso que debe tomar el expediente. "Hay varias versiones que están siendo analizadas", explicaron extraoficialmente los asesores. Al mismo tiempo aseguran que no habrá novedades en lo inmediato. Sin embargo los movimientos existen.
El proyecto San Jorge tuvo varios cambios y traspiés. La intención es extraer cobre de un yacimiento ubicado en Uspallata. Originalmente se preveía realizar lixiviación con el uso de sustancias riesgosas. Luego se modificó el proyecto para obtener el mineral a través del proceso de flotación, para adecuarlo a la ley 7722. Esa versión fue la que avanzó y obtuvo la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental del Gobierno, con cerca de 100 exigencias de cambios. Pero fue rechazada por la Legislatura de manera unánime en agosto del 2011.
La empresa volvió a modificar el proyecto y apareció la idea de trasladar el mineral hacia San Juan. Pero el conflicto se genera porque se hizo no como proyecto nuevo, sino como una actualización de la Declaración de Impacto Ambiental.
