El ministro de Energía, Juan José Aranguren, consideró ayer que "sería muy grave" que la Corte Suprema de Justicia no avale el aumento de las tarifas de gas y sostuvo que retrotraerlas al cuadro tarifario anterior le implicaría un costo al Estado de $ 22.000 millones. El funcionario puntualizó que con el incremento de las tarifas ahora suspendido el Gobierno había logrado "recuperar el 32% (del costo) de la generación eléctrica y el 62% del gas en boca de pozo".
Aranguren adelantó, de todos modos, que el Ministerio realizará una "audiencia" para dar a conocer el valor de "la generación de la electricidad y del precio del gas en boca de pozo", que será previa a la audiencia pública de octubre en el marco de la revisión tarifaria integral del servicio de transporte y distribución. Según pudo saber El Cronista, la convocatoria saldrá publicada esta semana (seguramente hoy) a través de una resolución, en el marco del procedimiento reglado por el decreto 1172/2003, debiendo convocarse con un plazo de 20 días previos.
Las audiencias se harán según lo que dictan las leyes de los marcos regulatorios para debatir sobre los precios mayoristas de la luz y del gas. Uno de los expositores sería el propio Aranguren. "También habrá espacio para las asociaciones de consumidores y cualquiera que pida la palabra", se informó. Como hay que convocarlas con 20 días de antelación, las reuniones se harían hacia fines de este mes, confirmó La Nación.
Fuentes del Ejecutivo señalaron a este diario que estiman que, de este modo, la audiciencia se concrete a fin de mes, como una señal a la Corte aún cuando la legislación no exige audiencias para los costos de generación eléctricay el precio de gas (pero sí para las tarifas de transporte y distribución).
En declaraciones a Radio Mitre, Aranguren sostuvo que en el caso de las tarifas de gas "en el bimestre mayo-junio, el 87%" de los usuarios residenciales "recibieron facturas inferiores a los $ 500" y que "el 78%" de ellos las pagó porque "la gente reconoce que existe un problema de abastecimiento". Al respecto, el funcionario comparó esa tarifa con "la suscripción básica de la televisión por cable que es de $ 540 mensuales" y detalló que "el 74% de la población del Gran Buenos Aires" cuenta con ese servicio. También destacó que si se retrotrajeran las tarifas al mes de marzo previo a los aumentos, "implicaría dar de baja a la tarifa social" que alcanza "al 28% de los hogares en el caso de la electricidad y al 41% en el caso del gas, sumando la garrafa social".
"Eso va a perjudicar a los sectores (más vulnerables, que son los que) queremos proteger", expresó el ministro, quien consideró que "las tarifas no las puede decidir la Justicia". En este sentido, sostuvo que "desde el punto de vista legal, lo que hemos hecho está perfectamente justificado" y recordó que "venimos de 12 años en que se le dijo a la demanda que (prácticamente, el servicio) era gratuito". "Todo lo que tiene que ver con la producción de gas y la generación de energía eléctrica, a partir de los marcos regulatorios y de la ley de emergencia pública, está en cabeza del Estados Nacional, que es el que tiene la capacidad de decidir cuál es el valor", enfatizó el ministro.
Por su parte, el ministro de Justicia, Germán Garavano, agregó que las audiencias públicas "serán para explicar el tema técnico que está detrás de los aumentos. No serán las audiencias que pidió la Cámara Platense [que frenó los incrementos del gas]. El Ministerio de Energía sostiene que cumplió con la normativa".
La falta de audiencias previas a los aumentos fue el punto más cuestionado. Aunque la administración de Mauricio Macri insiste en que no incumplió los marcos regulatorios de ambos sectores porque en la práctica retomó el plan de incrementos que debía aprobar el ex presidente Néstor Kirchner, pero nunca concretó, los jueces y los críticos así se lo reclamaron.
Un caso alcanza de muestra: la semana pasada, la jueza federal Martina Forns suspendió los aumentos de luz en todo el país y mencionó como su principal argumento la falta de audiencias públicas previas. Sostuvo que había al menos 50 jueces en todo el país que, a través de sus fallos en contra de los incrementos, pensaban de la misma manera que ella.
Aranguren aclaró que "solamente está sometido a revisión, lo que incluye la audiencia pública, el valor del transporte y la distribución", que estimó en "el 60% de valor de la tarifa" que se recibe en los domicilios. Respecto de las audiencias, comentó que se realizarán en octubre "porque se tiene que cumplir con los marcos regulatorios", en la cual "detallaremos lo que heredamos y el nivel de gradualismo que hemos adoptado".
Audiencias públicas
El Gobierno hará audiencias para informar sobre los aumentos de tarifas y moderar el descontento que despertó la medida.
Corte Suprema
La administración Macri considera que es una alternativa para facilitar una decisión del máximo tribunal, que autorizaría así las subas de luz y gas.
Medidas cautelares
Aunque el Gobierno dice que no eran necesarias, los fallos en contra de los aumentos cuestionan la falta de audiencias previas.
ADRIÁN VENTURA
El Gobierno pretende que la Corte lo autorice ya mismo a facturar el aumento del gas. Tiene razón en un punto: la Cámara Federal de La Plata, cuando dictó el fallo que anuló la suba tarifaria, le dio a su propia sentencia un efecto inmediato, algo que viola todos los precedentes judicales. Pero el alto tribunal tiene dudas en revocar ese fallo y, más aún, en hacerlo con celeridad. Por eso, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, para darle una señal a la Justicia, escribe el reglamento de la futura audiencia pública.
Esa audiencia, donde se discutirán las tarifas provisorias, pretende ser una señal para la Corte de que el Gobierno está dispuesto a hacer las correcciones necesarias.
Por eso, a primera hora de ayer, Macri convocó a su equipo económico a una larga reunión. Estuvieron presentes Aranguren; el ministro de Interior, Rogelio Frigerio; su par de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, y el coordinador económico de la Jefatura de Gabinete, Gustavo Lopetegui. La vicepresidenta, Gabriela Michetti, también estaba sentada a la mesa de discusión.
Enseguida quedó en claro que Aranguren pretendía que la próxima audiencia se realice sólo para discutir el precio de distribución del gas, no el boca de pozo. Aranguren explica que la ley no exige la audiencia pública para este tramo de generación de la energía.
Pero hay un sector en el Gobierno que le aconseja a Macri tomar una definición más política: frente al malestar social que generaron los aumentos de tarifas, la audiencia debe convocarse con criterio amplio, para discutir todos los tramos de la formación del precio final.
En esta corriente más moderada, que también le aconseja un aumento gradual y ajustado a la posibilidad de los bolsillos de los usuarios -más que a las necesidades de reducir el déficit- están Frigerio, Prat-Gay y también el procurador del Tesoro, Carlos Balbín, que es quien defiende al Gobierno ante la Corte y que es un hombre de consulta permanente del Poder Ejecutivo.
Ayer, Aranguren también evaluaba dar otra señal que podría ayudar ayude a calmar la irritación social: aumentar los alcances de la tarifa social.
Ese es el debate político. Pero, ¿cuál es el debate legal?
La Cámara Federal de La Plata, cuando hace veinte días anuló el aumento tarifario, dijo que su sentencia era de aplicación inmediata y que el recurso extraordinario que presentó el Gobierno no la suspendía. Habitualmente ocurre lo contrario: una cámara dicta un fallo, pero el recurso extraordinario suspende la aplicación de la sentencia hasta que se expida la Corte.
En el Gobierno creen que la Cámara Federal de La Plata tiene fuertes vínculos con el kirchnerismo y tomó esa decisión con una única finalidad de encerrar al Gobierno y prohibirle aplicar el aumento.
El ministro de Justicia, Germán Garavano, pidió que la Corte corrija esa decisión: "Hay medidas jurídicas mal dictadas y que parecen discutibles. Hay Tribunales que quieren gobernar. Esperemos que la Corte pueda corregir esas cuestiones. Todo este tiempo que no se paga, el servicio se resiente más", dijo Garavano.
Pero el Gobierno, en esta pelea no tiene todas las de ganar: luego de muchas conversaciones con el alto tribunal, quedó en claro que, al menos, dos de los cuatro jueces no estarían predispuestos a inmolarse con un fallo inmediato. Mucho menos el recién nombrado Horacio Rosatti. Por eso, en el acuerdo de hoy, el tribunal se limitaría a enviar los expedientes a la procuradora general, la kirchnerista Alejandra Gils Carbó.
