El ministro de Energía, Juan José Aranguren, consideró ayer que "sería muy grave" que la Corte Suprema de Justicia no avale el aumento de las tarifas de gas y sostuvo que retrotraerlas al cuadro tarifario anterior le implicaría un costo al Estado de $ 22.000 millones. El funcionario puntualizó que con el incremento de las tarifas ahora suspendido el Gobierno había logrado "recuperar el 32% (del costo) de la generación eléctrica y el 62% del gas en boca de pozo".
Aranguren adelantó, de todos modos, que el Ministerio realizará una "audiencia" para dar a conocer el valor de "la generación de la electricidad y del precio del gas en boca de pozo", que será previa a la audiencia pública de octubre en el marco de la revisión tarifaria integral del servicio de transporte y distribución. Según pudo saber El Cronista, la convocatoria saldrá publicada esta semana (seguramente hoy) a través de una resolución, en el marco del procedimiento reglado por el decreto 1172/2003, debiendo convocarse con un plazo de 20 días previos.
Las audiencias se harán según lo que dictan las leyes de los marcos regulatorios para debatir sobre los precios mayoristas de la luz y del gas. Uno de los expositores sería el propio Aranguren. "También habrá espacio para las asociaciones de consumidores y cualquiera que pida la palabra", se informó. Como hay que convocarlas con 20 días de antelación, las reuniones se harían hacia fines de este mes, confirmó La Nación.
Fuentes del Ejecutivo señalaron a este diario que estiman que, de este modo, la audiciencia se concrete a fin de mes, como una señal a la Corte aún cuando la legislación no exige audiencias para los costos de generación eléctricay el precio de gas (pero sí para las tarifas de transporte y distribución).
En declaraciones a Radio Mitre, Aranguren sostuvo que en el caso de las tarifas de gas "en el bimestre mayo-junio, el 87%" de los usuarios residenciales "recibieron facturas inferiores a los $ 500" y que "el 78%" de ellos las pagó porque "la gente reconoce que existe un problema de abastecimiento". Al respecto, el funcionario comparó esa tarifa con "la suscripción básica de la televisión por cable que es de $ 540 mensuales" y detalló que "el 74% de la población del Gran Buenos Aires" cuenta con ese servicio. También destacó que si se retrotrajeran las tarifas al mes de marzo previo a los aumentos, "implicaría dar de baja a la tarifa social" que alcanza "al 28% de los hogares en el caso de la electricidad y al 41% en el caso del gas, sumando la garrafa social".
"Eso va a perjudicar a los sectores (más vulnerables, que son los que) queremos proteger", expresó el ministro, quien consideró que "las tarifas no las puede decidir la Justicia". En este sentido, sostuvo que "desde el punto de vista legal, lo que hemos hecho está perfectamente justificado" y recordó que "venimos de 12 años en que se le dijo a la demanda que (prácticamente, el servicio) era gratuito". "Todo lo que tiene que ver con la producción de gas y la generación de energía eléctrica, a partir de los marcos regulatorios y de la ley de emergencia pública, está en cabeza del Estados Nacional, que es el que tiene la capacidad de decidir cuál es el valor", enfatizó el ministro.
Por su parte, el ministro de Justicia, Germán Garavano, agregó que las audiencias públicas "serán para explicar el tema técnico que está detrás de los aumentos. No serán las audiencias que pidió la Cámara Platense [que frenó los incrementos del gas]. El Ministerio de Energía sostiene que cumplió con la normativa".
La falta de audiencias previas a los aumentos fue el punto más cuestionado. Aunque la administración de Mauricio Macri insiste en que no incumplió los marcos regulatorios de ambos sectores porque en la práctica retomó el plan de incrementos que debía aprobar el ex presidente Néstor Kirchner, pero nunca concretó, los jueces y los críticos así se lo reclamaron.
Un caso alcanza de muestra: la semana pasada, la jueza federal Martina Forns suspendió los aumentos de luz en todo el país y mencionó como su principal argumento la falta de audiencias públicas previas. Sostuvo que había al menos 50 jueces en todo el país que, a través de sus fallos en contra de los incrementos, pensaban de la misma manera que ella.
Aranguren aclaró que "solamente está sometido a revisión, lo que incluye la audiencia pública, el valor del transporte y la distribución", que estimó en "el 60% de valor de la tarifa" que se recibe en los domicilios. Respecto de las audiencias, comentó que se realizarán en octubre "porque se tiene que cumplir con los marcos regulatorios", en la cual "detallaremos lo que heredamos y el nivel de gradualismo que hemos adoptado".
Audiencias públicas
El Gobierno hará audiencias para informar sobre los aumentos de tarifas y moderar el descontento que despertó la medida.
Corte Suprema
La administración Macri considera que es una alternativa para facilitar una decisión del máximo tribunal, que autorizaría así las subas de luz y gas.
Medidas cautelares
Aunque el Gobierno dice que no eran necesarias, los fallos en contra de los aumentos cuestionan la falta de audiencias previas.
ADRIÁN VENTURA
El Gobierno pretende que la Corte lo autorice ya mismo a facturar el aumento del gas. Tiene razón en un punto: la Cámara Federal de La Plata, cuando dictó el fallo que anuló la suba tarifaria, le dio a su propia sentencia un efecto inmediato, algo que viola todos los precedentes judicales. Pero el alto tribunal tiene dudas en revocar ese fallo y, más aún, en hacerlo con celeridad. Por eso, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, para darle una señal a la Justicia, escribe el reglamento de la futura audiencia pública.
Esa audiencia, donde se discutirán las tarifas provisorias, pretende ser una señal para la Corte de que el Gobierno está dispuesto a hacer las correcciones necesarias.
Por eso, a primera hora de ayer, Macri convocó a su equipo económico a una larga reunión. Estuvieron presentes Aranguren; el ministro de Interior, Rogelio Frigerio; su par de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, y el coordinador económico de la Jefatura de Gabinete, Gustavo Lopetegui. La vicepresidenta, Gabriela Michetti, también estaba sentada a la mesa de discusión.
Enseguida quedó en claro que Aranguren pretendía que la próxima audiencia se realice sólo para discutir el precio de distribución del gas, no el boca de pozo. Aranguren explica que la ley no exige la audiencia pública para este tramo de generación de la energía.
Pero hay un sector en el Gobierno que le aconseja a Macri tomar una definición más política: frente al malestar social que generaron los aumentos de tarifas, la audiencia debe convocarse con criterio amplio, para discutir todos los tramos de la formación del precio final.
En esta corriente más moderada, que también le aconseja un aumento gradual y ajustado a la posibilidad de los bolsillos de los usuarios -más que a las necesidades de reducir el déficit- están Frigerio, Prat-Gay y también el procurador del Tesoro, Carlos Balbín, que es quien defiende al Gobierno ante la Corte y que es un hombre de consulta permanente del Poder Ejecutivo.
Ayer, Aranguren también evaluaba dar otra señal que podría ayudar ayude a calmar la irritación social: aumentar los alcances de la tarifa social.
Ese es el debate político. Pero, ¿cuál es el debate legal?
La Cámara Federal de La Plata, cuando hace veinte días anuló el aumento tarifario, dijo que su sentencia era de aplicación inmediata y que el recurso extraordinario que presentó el Gobierno no la suspendía. Habitualmente ocurre lo contrario: una cámara dicta un fallo, pero el recurso extraordinario suspende la aplicación de la sentencia hasta que se expida la Corte.
En el Gobierno creen que la Cámara Federal de La Plata tiene fuertes vínculos con el kirchnerismo y tomó esa decisión con una única finalidad de encerrar al Gobierno y prohibirle aplicar el aumento.
El ministro de Justicia, Germán Garavano, pidió que la Corte corrija esa decisión: "Hay medidas jurídicas mal dictadas y que parecen discutibles. Hay Tribunales que quieren gobernar. Esperemos que la Corte pueda corregir esas cuestiones. Todo este tiempo que no se paga, el servicio se resiente más", dijo Garavano.
Pero el Gobierno, en esta pelea no tiene todas las de ganar: luego de muchas conversaciones con el alto tribunal, quedó en claro que, al menos, dos de los cuatro jueces no estarían predispuestos a inmolarse con un fallo inmediato. Mucho menos el recién nombrado Horacio Rosatti. Por eso, en el acuerdo de hoy, el tribunal se limitaría a enviar los expedientes a la procuradora general, la kirchnerista Alejandra Gils Carbó.
ENERNEWS/Diarios
"El Gobierno nos indicó que dejemos de facturar las nuevas tarifas, es decir que todos los clientes van a recibir la facturas con saldos a favor", dijo esta mañana el presidente de Edenor, Ricardo Torres.
En declaraciones a la emisora de radio El Mundo, Torres dijo que la decisión de suspender los aumentos y devolver lo ya cobrado que tomó el miércoles la jueza federal de San Martín, Martina Forns, ocasionará dificultades a la empresa.
"El aumento tarifario en la luz fue súper razonable, ya que nadie puede decir que cualquier familia del ámbito metropolitano no puede pagar entre 150 y 200 pesos por mes", dijo Torres.
También, que el fallo de la jueza ponía a Edenor "en una situación insólita": "No teniendo plata no se puede pagar los salarios y gastos".
Según el directivo, "la red eléctrica tiene un aumento impresionante de la demanda en los últimos años". "El sistema está en peligro", advirtió. "Lo único que podemos hacer cuando vemos que las cosas están en problemas es avisar".
La jueza Forns dispuso la semana pasada la suspensión de las resoluciones del Ministerio de Energía que determinaron fuertes aumentos en las tarifas del servicio de luz y ordenó a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) que se abstenga de aplicar los incrementos hasta que se realice la correspondiente audiencia pública, según anunció esta mañana iEco.
El pronunciamiento se dio en el marco de acción de amparo presentada por tres ciudadanos del partido bonaerense de Tres de Febrero y por el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis), en el que solicitaron la nulidad de las Resoluciones 6/2016 y 7 /2016 del Ministerio de Energía y la Resolución 1/2016 del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre).
Las distribuidoras Edenor y Edesur advirtieron que el freno judicial a los aumentosen la tarifa de electricidad afectará la operatividad de las compañías y la calidad de los servicios que prestan, además de "afectar la cadenas de pagos, el plan de inversiones" y hasta generar una potencial "situación de disolución" de las compañías, según información de iProfesional.
Edenor manifestó que el freno judicial a los aumentos de la tarifas de electricidad de mantenerse le generará a la compañía un déficit de caja de aproximadamente $7.000 millones en el año y la pondrá en "situación de disolución y pérdida de su patrimonio".
La posición fue reflejada a través de una nota elevada a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y a la Comisión Nacional de Valores, tras el fallo de la jueza federal de San Martín, Martina Forns que dispuso la nulidad con alcance nacional de las Resoluciones 6 y 7/2016 del Ministerio de Energía y Minería y 1/2016 del Ente Nacional Regulador de la Electricidad.
"El cumplimiento de la medida cautelar llevará a la Sociedad al absurdo de encontrarse sin ingresos operativos, lo que impedirá hacer frente en término de días a los gastos de operación", afirmó este viernes Edenor.
Esta situación "pondrá el servicio eléctrico concesionado en una situación de riesgoinaceptable, afectando a 2.800.000 clientes de Edenor y más de 7.800.000 de usuarios", agregó la empresa que tiene a su cargo la distribución de electricidad en la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires y distritos del conurbano bonaerense.
La medida cautelar interina abarca el 100% de los clientes de Edenor y dado que posee efectos retroactivos al momento de entrada en vigencia de las resoluciones suspendidas (1° de febrero del corriente año), la medida cautelar implica "la acreditación a los clientes de las sumas pagadas en exceso del cuadro tarifario vigente a enero".
Casi en simultáneo, la distribuidora Edesur expresó mediante un comunicado de prensa que recibe "con preocupación" las consecuencias del fallo de la jueza Forns al entender que su decisión "atenta de manera directa contra la operación de la empresa e indirectamente contra la calidad del servicio de los clientes al que según el fallo, se intenta proteger".
"De persistir esta situación, advertimos que podrán verse afectados la cadena de pagos de la empresa, así como también el Plan de Inversiones en obras actualmente en ejecución", planteó la compañía al confiar en que "la Justicia revea esta decisión para poder implementar el nuevo cuadro tarifario y devolverle a la empresa normalidad en la operación del servicio".
La conducción de Edesur destacó que "la actualización en el precio mayorista de la energía, no necesita de la realización de una audiencia pública", al plantear que en el caso del Valor Agregado de Distribución (VAD), a partir del 1° de febrero de 2016 "sólo se reconocieron ajustes adeudados aprobados por ley en el Acta Acuerdo de 2005, luego de la realización de la Audiencia Pública correspondiente".
"Es importante recordar que las tarifas eléctricas se mantuvieron congeladas durante 10 años, en medio de una coyuntura de alta inflación, lo que generó inexorablemente un deterioro de la calidad de servicio y fuertes quebrantos a las compañías. Y en la actualidad, con la aplicación del nuevo cuadro tarifario, el 65% de nuestros clientes residenciales pagan menos de $150 por mes", explicó la empresa distribuidora.
Se trata de la segunda nota que Edenor envía a la CNV, en su condición de firma cotizante en la bolsa. El primer texto redactado en julio, afirmaba que las medidas tomadas por el gobierno nacional en relación con el incremento tarifario "resultan imprescindibles para comenzar a dar transparencia y sustentabilidad al sector eléctrico".
Aemás, consideraba irrazonable "que el 70% de los clientes, muchos con capacidad de pago, abonen facturas de electricidad del orden de $50 mensuales, debiendo destinarse los subsidios a respaldar a aquellos usuarios en condiciones de vulnerabilidadeconómica a través de la aplicación de la tarifa social".
"Avisamos cuál es la real situación de la empresa -afirmó Lippi-, las complicaciones en el plan de inversiones que es fundamental para garantizar la calidad del servicio del cliente. Y también se complica para pagar los gastos operativos de la compañía de los cuales el 80% son salarios y cargas sociales", dijo en ese entonces Alberto Lippi, gerente de relaciones públicas de la firma.
No será una marcha atrás, como reclamó el grueso de la oposición y hasta la aliada de Cambiemos Elisa Carrió, ni cumplirá con lo que prevé la ley, pero servirá para dar una señal de cara a la sociedad y, sobre todo, hacia la Corte Suprema de Justicia, que debe definir sobre los fallos que frenaron el tarifazo. Ante la imposibilidad -por los plazos- de adelantar la realización de la audiencia pública, ya convocada para octubre, el Gobierno planea convocar a una audiencia "no oficial" para discutir el aumento de los servicios en todo el país.
La decisión de avanzar con una audiencia no oficial es una alternativa que, según confirmaron a Clarín distintas fuentes, se acordó durante la última reunión de la mesa chica del Gobierno que encabezó Macri el jueves, antes de partir a Río a la apertura de los Juegos Olímpicos. En la cita, con las declaraciones de Carrió la noche anterior retumbando en sus oídos, el Presidente instruyó a sus colaboradores más cercanos para intentar una salida intermedia al conflicto. "Es una señal a la Corte, que pide que estas cosas se resuelvan políticamente", confió a Clarín una importante fuente oficial. El anuncio se haría en los próximos días.
Esta posibilidad ya había sido deslizada por el jefe de Gabinete Marcos Peña el viernes, durante una recorrida en Lanús que realizó junto con la vicepresidenta Gabriela Michetti, donde ambos dijeron que el tema tarifas debía resolverse "lo antes posible". "Estamos viendo si podemosacelerar más mecanismos de consulta", señaló enigmático, cuando se le consultó por el reclamo de Carrió de replantear la estrategia.
La convocatoria a audiencia pública fue un punto que dividió aguas en el Gobierno desde que se avanzó con el tarifazo. El ala "técnica", que en esta materia es liderada por el ministro de Energía Juan José Aranguren, sostuvo que no era necesario hacerlo. El argumento fue que la ley sólo lo exige cuando se discute la distribución y el traslado del gas, pero no cuando se modifica el precio de generación, el tercer factor que comprende el costo de la tarifa. Esto fue avalado, incluso, por el ministro de Justicia Germán Garavano, quien el mes pasado, en la conferencia de prensa en la que se anunció el tope del 400 por ciento para las facturas de gas, se puso al frente de la defensa de la estrategia "legal" del Gobierno.
Pero el a la política, conducida por el ministro del Interior Rogelio Frigerio y el titular de la Cámara de Diputados Emilio Monzó, renegó desde el principio, a sabiendas de que se dejaba un flanco abierto para que la oposición aprovechara para castigar al Gobierno, lo que finalmente ocurrió. "Este es un tema político. La excusa son las cautelares, pero el objetivo es ponerle un freno a nuestra política energética", dicen en Balcarce 50.
Y apuntan que el caso "testigo" fue la suba del agua en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano que, pese a las quejas -especialmente por las desigualdades que genera entre el que consume menos y el que gasta más- no le trajo tanto impacto negativo para el Gobierno. Atribuyen ello a los pasos formales que se cumplieron ante la Comisión Asesora de Usuarios del Ente Regulador de Agua y Saneamiento, que controla la prestación del servicio.
Aunque cerca de Aranguren insisten en que la audiencia "no es necesaria" y el ala política se lamenta por no haber pujado con mayor vehemencia, una convocatoria "no oficial" casi no encuentra oposición dentro del Gobierno. Al cabo, la audiencia pública que está prevista para octubre y también es "no vinculante". "Es simbólico, pero sirve para demostrar que realmente escuchamos a todos los sectores", evaluó un funcionario al tanto de la iniciativa, a este diario, La metodología sería similar: se convocarían a referentes políticos, representantes de empresas y estaría abierta a usuarios, asociaciones de consumidores y ONGs.
La medida, según creen en el Gobierno, permitiría descomprimir la situación en términos políticos y limar uno de los argumentos sobre los que se centró la presentación judicial que la Sala II de la Cámara Federal de La Plata tuvo en cuenta para frenar el tarifazo y que ahora debe analizar la Corte.
"Nosotros tenemos una mirada más integral sobre todo este proceso de intentar normalizar el sistema energético y el cuadro tarifario a fin de tener una Argentina más justa y equilibrada", enfatizó Marcos Peña, según informó El Acnasti.
En ese sentido, señaló: "Sabíamos que uno de los temas a resolver era la judicialización de estos procesos, ya que desde hace muchos años se viene con amparos y discusiones judiciales".
Sin embargo, aclaró que "no hay escenarios catastróficos" con relación al conflicto judicial en esa materia.
"Está en discusión el proceso más que el cuadro tarifario. Creo que se discutirá eso. Nosotros estamos muy tranquilos porque creemos que en la integridad de esta discusión se ha avanzado mucho", subrayó en diálogo con un matutino mendocino.
El funcionario señaló: "Va a ser muy importante tener un fallo de la Corte para poder empezar a dar previsibilidad a este sistema".
"Sí puede haber distintas opiniones, pero eso es parte de acostumbrarse a una fuerza diversa, plural y muy democrática", resaltó Peña.
"Estamos viendo si podemos acelerar más mecanismos de consulta", señaló.
La convocatoria a audiencia pública dividió al Gabinete: el ala "técnica", que es liderada por el ministro de Energía Juan José Aranguren, sostuvo que no era necesario hacerlo.
El argumento fue que la ley sólo lo exige cuando se discute la distribución y el traslado del gas, pero no cuando se modifica el precio de generación, el tercer factor que comprende el costo de la tarifa.
