Un dato que los inversores y contribuyentes deben tener en cuenta al momento de decidir la estrategia paraentrar al blanqueo de activos es el costo que tendrán ya sea por la inmovilización de los fondos o por la obligación de pagar el “impuesto especial”.
Ya desde antes de que este lunes arrancara oficialmente el plazo para “exteriorizar activos”, los analistas vienen haciendo cuentas sobre si conviene más comprar los bonos del Gobierno (uno a tres años, con cupón 0 e intransferible y otro a 7 años, con cupón del 1% e intransferible por los primeros cuatro años)o cuotas partes de fondos de inversión para no pagar el “impuesto especial” o pagar esa penalidad (del 10% para el dinero en efectivo) y recuperarlo con inversiones recuperables a corto plazo.
En ese análisis se deben destacar una serie de condiciones y restricciones para blanquear dinero en efectivo, según información a la que accedió El Cronista.
Por un lado, no se puede exteriorizar “cash” en el extranjero; fuera del país sólo pueden blanquearse participaciones, acciones, bienes y cuentas, pero no efectivo (en realidad, se puede si se lo trae al país ya sea a una cuenta local o a alguno de los instrumentos previstos, pero no si se deposita en bancos del exterior)
Dentro del país, en tanto, el efectivo a blanquear debe depositarse en una cuenta. Esa cuenta tiene un beneficio: según dispusieron las reglamentaciones de la ley, estará exenta del impuesto al chequepero no de los costos bancarios.
Pero tanto la ley como la reglamentación de la AFIP son taxativas en que el dinero tiene que quedar congelado allí por seis meses, aunque con excepciones.
Esas excepciones son:
+ la compra de bienes registrables muebles e inmuebles (departamentos, lotes o automóviles, pero no, por ejemplo, acciones o bonos),
+ la compra, por hasta el 10%, de títulos BONAR 17 y/o GLOBAL 17, exclusivamente para destinarlos al pago del "impuesto especial" (para lo cual se toman a valor nominal),
+ la compra de los bonos a 3 o a 7 años que el Gobierno oficializó el viernes y que estará abierta desde lunes, o
+ la suscripción de cuotas partes de fondos comunes de inversión (FCI) destinados al financiamiento de infraestructura, inversión productiva, inmobiliarios, energías renovables, PYMEs, hipotecarios actualizados por UVI y economías regionales, entre otros, de acuerdo a la reglamentación que ya emitió la CNV.
La compra de bonos a 3 años implica congelar los fondos por 3 años a tasa 0; la de los bonos a 7 años, congelarlos por 4 años, con un rendimiento del 1% en dólares ; y la de cualquier cuota parte de FCI, congelarlos por 5 años, al rendimiento que tenga cada fondo. En todos esos casos, no se paga el impuesto especial (y en el caso del bono a siete años, la exención es por hasta el triple del monto invertido en esos títulos públicos).
Salvo que se blanqueen hasta $305.000 (en cuyo caso, no hay “impuesto especial”), de “exteriorizar” efectivo y dejarlo depositado por seis meses en una cuenta, sí hay que pagar: el 10% si la adhesión al régimen es hasta el 31 de diciembre de este año y el 15% si se hace desde entonces hasta el 31 de marzo de 2017.
Ante una consulta de Cronista.com, desde la AFIP explicaron que la obligación de inmovilizar el efectivo (y la prohibición de hacerlo en el extranjero) apunta específicamente a que la Unidad de Información Financiera (UIF) pueda “trackear” el origen del dinero. Más allá de eso, sin embargo, signficaría para los bancos una suma de depósitos congelada como si fuera a plazo, pero sin el costo (para el banco) de los intereses de un depósito de ese tipo.
Según información publicada por La Nación la meta del Gobierno de que el blanqueo de capitales sea exitoso sumará desde hoy una nueva herramienta, a cargo de la AFIP. El organismo recaudador, que comanda Alberto Abad, comenzará a advertir a los contribuyentes sobre inconsistencias en sus patrimonios.
La información figurará en la página web de la AFIP. Para conocerla, habrá que acceder al link "Nuestra parte", luego de que el contribuyente ingrese a la página con su clave fiscal.
Las advertencias de la AFIP tienen como uno de sus fines lograr que los contribuyentes con irregularidades patrimoniales se plieguen al blanqueo de capitales con el que el Gobierno aspira a obtener, al menos, US$ 20.000 millones. El plazo para adherir al régimen comenzó a correr la semana pasada, y se extenderá hasta el 31 de marzo de 2017.
La AFIP contrastará las declaraciones de los contribuyentes con información de bancos, tarjetas de crédito, compañías de seguros. Tras cotejar los datos, y si surgieran inconsistencias, se hará la correspondiente comunicación.
Por lo pronto, la tarea investigativa de la AFIP ya está en marcha. Abad informó la semana antepasada que ya detectaron 1526 propiedades de argentinos en Uruguay sin declarar.
Desde hoy, cada contribuyente podrá ver en la página de la AFIP, con su clave fiscal, las inconsistencias que haya detectado el organismo en su declaración patrimonial, como una invitación para adherirse al blanqueo.
"La AFIP tiene un sistema de entrecruzamiento de datos que creó Echegaray que es muy poderoso. En tiempo real permite saber si tenés capacidad contributiva para realizar la adquisición de los bienes que hiciste o los gastos con tarjetas de crédito, pues lo detecta con los datos que le van ingresando a su sistema", advierte el abogado penalista Agustín Guilman, del Estudio Guilman & Asociados.
A su vez, alerta que si la AFIP encuentra inconsistencias entre ingresos y egresos, dependiendo los montos evadidos, pueden caber desde multas hasta juicios penales por evasión fiscal.
La ley penal tributaria define que la evasión impositiva sólo es delictiva en la medida que el impuesto evadido supere la suma de $ 400.000 por cada tributo y por cada ejercicio anual. Si está por debajo no es delito penal. Si está en una franja de evasión que va de $ 400.000 a $ 4 millones es una evasión simple que tiene pena de prisión que va de 2 a 6 años, pero es excarcelable. Si supera el límite de $ 4 millones pasa a ser evasión agravada, con pena de prisión que va de 3,6 a 9 años.
Guillermo Pérez, CEO del Grupo GNP, detalla que las multas son de dos a diez veces el impuesto omitido, más intereses resarcitorios del 3% mensual y aplicación de la ley penal tributaria, que aplica sobre el excedente de $ 400.000.
José María Salinas, director de Fundación Argentina para el Estudio y el Análisis sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, agrega que cabe la posibilidad que se les impute lavado de activos, que tiene previsto una pena de prisión de tres a diez años: "El otro delito que podrían reprochar es el de evasión tributaria agravada, que tiene una pena que va de 3,6 años a nueve años de prisión. Por otra parte, como ambos delito pueden concurrir materialmente, de ser así, la regla sería la aplicación del mínimo mayor y como máximo la suma de ambos máximos".
Si la evasión se hizo con testaferros y el monto evadido supera $ 800.000 es agravada; si se utiliza fraudulentamente exenciones o desgravaciones o beneficios fiscales y supera $ 800.000 también pasa a ser agravada; y si se hubiera utilizado facturas apócrifas, también será agravada la evasión.
"Una persona puede no blanquear
y luego se le descubre dinero o bienes no declarados. En ese caso, cabe la posibilidad que la acción penal se haya prescripto por el paso del tiempo. La regla es que tiene que pasar sin interrupción alguna el máximo de la pena prevista: en nuestro caso, seis años para la simple y nueve años para la agravada. Pero si durante el curso de esos años el evasor fue funcionario público cabe la suspensión del curso de la prescripción. También influirá el valor de cotización del dólar en cada año: u$s 1 millón cuando la cotización era a $ 4 sería una evasión simple y probablemente la acción penal ya está prescripta", precisa Salinas.
"El que tiene un inmueble en Uruguay y no lo blanquea en un gil. Muchos están a nombres de sociedades, pero si cambiás la titularidad a tu nombre pagás la mitad de impuestos ahí", advierte el presidente de un banco.
Si bien la AFIP detectó 1.526 propiedades de argentinos en Uruguay que no han sido declaradas, en el ambiente financiero calculan que podría haber unas 70.000. A razón de un promedio de u$s 300.000 cada una, serían u$s 21.000 millones en caso de que se blanqueen todas. En los Estados Unidos (en especial en Miami) calculan que los inmuebles de argentinos no declarados totalizarían u$s 30.000 millones, ya que su valor promedio es 50% superior. Las estimaciones entre los principales banqueros del país es que hay entre u$s 300.000 y u$s 400.000 millones de argentinos fuera del sistema y que se blanquearán u$s 60.000 millones, aunque los presidentes más optimistas de los bancos ahora elevaron la cifra a los u$s 80.000 millones. A su vez, calculan que un 20% de lo blanqueado vendrá al país y el resto se quedará en el exterior.
