MARCELO BONELLI
Vuelve el Fondo Monetario Internacional a la Argentina. La Casa Rosada y Washington pactaron el regreso de una inminente misión del FMI a Buenos Aires.
Clarín confirmó que el viaje está sellado: en unas semanas, durante agosto, se inicia la auditoría sobre la marcha de la economía, que estaba paralizada desde hace una década.
La misión estaría encabezada por el mexicano Alejandro Werner, el nuevo jefe de la Dirección del Hemisferio Occidental y un equipo de especialistas fiscales, monetarios y cambiarios.
La tarea: hacer un relevamiento de la situación económica argentina, en el marco del llamado Artículo IV. Ese artículo obliga a todos los países miembros del FMI –Argentina lo es– a permitir una auditoría de su programa económico.
Esa revisión fue frenada por el kirchnerismo en la última década y asoció al país a un triste club: como Argentina, solo no aceptaban misiones del FMI Venezuela, Somalia, Siria y República Centroafricana.
Mauricio Macri le dio vía libre a la misión con una intención política: aceitar las relaciones con Estados Unidos y los centros financieros internacionales. En otras palabras: quiere ser la contracara del kirchnerismo.
Así la Casa Rosada pega un giro de 180 grados en relación a lo que hizo el kirchnerismo. Néstor Kirchner frenó las auditorias del FMI en el 2006, pero para eso tuvo que cancelar al contado la deuda con el organismo por casi 10.000 millones de dólares.
La decisión fue promocionada como un gesto de independencia contra un FMI que tuvo un papel cómplice y lamentable en la década del 90 y en el estallido del 2001. Después, en especial Cristina, se la utilizó para la propaganda política venal y llevar adelante todos sus desmadres económicos.
Macri quiere normalizar la relación con el FMI para abaratar el crédito internacional a la Argentina. También para llevar adelante una nueva negociación con el Club de París. Es un secreto absoluto, pero una vez que se normalice la situación con el FMI existe un plan: Clarín confirmó que Argentina va pedir al Club de París una revisión del leonino convenio firmado por Axel Kicillof.
Kicillof aceptó condiciones que afectan la soberanía nacional a favor del Club de París. Para cerrar el acuerdo admitió interés exorbitantes que incrementaron la deuda –en un día– en la friolera de 3.600 millones de dólares. El acuerdo fue secreto, para evitar la difusión de cláusulas inaceptables al interés argentino. Inexplicablemente aún se mantiene sin publicar.
Después de la revisión del Artículo IV, Alfonso Prat-Gay solicitará la reapertura de esa negociación para hacer una quita a la deuda. Algo similar a lo que se hizo con los intereses punitorios ante los fondos buitre.
La “revisión” del FMI implica riesgos para Macri. La sociedad argentina tiene una pésima imagen del Fondo y abrir las puertas a sus tecnócratas habilitará críticas que vinculen al Pro con la década del 90. El Fondo tuvo un pésimo desempeño durante el menemismo. También Christine Lagarde tuvo una actitud laxa y un silencio cómplice de todos los dislates de Cristina. Pero además –y esto es lo relevante– la auditoría internacional puede dejar al descubierto la ausencia de un plan económico y la parálisis y estancamiento que se registra en el país.
También pueden discutir y agitar en Buenos Aires el debate sobre el dólar que luce estancado y el déficit que crece.
Pero ahora la cuestión se centra en un solo tema: el tarifazo.
Los continuos traspiés reflejan el pésimo manejo del urticante tema. Ahora hay dos ministros que insisten –en privado– sobre la necesidad de admitir los errores y comenzar todo de cero.
Rogelio Frigerio y Alfonso Prat-Gay exigen replantear todo. La sugerencia implicaría un relevo de Juan Aranguren.
Mario Quintana lidera otra vertiente: la de sostener el camino ya elegido. Así cree que Macri paga el menor costo político y que todo el trabajo sucio lo debe hacer Aranguren.
David Tezanos, el titular del Energas, acaba de sufrir un fuerte traspié en las Cámara de Diputados. Salió con un reprobado de la Comisión de Defensa de la Competencia.
Los propios legisladores de Cambiemos no lo defendieron y sufrió cuestionamientos de aliados del Gobierno.
Tezanos comenzó mal: “No era necesario hacer audiencias públicas.” Recibió una cataratas de críticas. Tuvo que rectificarse. Pero no dio cifras y no logró justificar nada porque todo es un desaguisado. La jefa de esa comisión decidió enviar la versión taquigráfica a la Corte Suprema. Los dichos textuales reflejan la improvisación oficial.
La diputada María Schwindt lo despidió así: “No saben de política y desconocen el manejo del Estado”.
La Corte Suprema sigue de cerca el tema corrupción. Hay inquietud entre los constructores: trascendió que el juez Julián Ercolini tiene decidido citar a tribunales a veinte empresarios de la construcción.