Justo el día en que se realizaba la primera jornada temática del diálogo minero propuesto por el Ejecutivo Provincial a través de la Secretaría de Minería, las "asambleas por el agua" anunciaron que no participarían de la iniciativa argumentando que el Gobierno intenta "una vez más imponer el modelo megaminero en la provincia". Sin embargo, y a pesar de su salida, el subsecretaría de Energía y Minería, Emilio Guiñazú, aseguró que el proyecto seguirá adelante.
En conversación con Hacete Cargo de MDZ Radio, el funcionario lamentó la negativa de las asambleas alvearenses, pero indicó que "lo que tiene que quedar claro, es que la iniciativa de ninguna manera se paraliza".
"Esto es un espacio abierto, donde participan los que quieran, de acuerdo a las reglas que definimos. Es cierto que algunos grupos, como los de Alvear, dijeron estar disconformes porque sintieron que la organización no los contuvo como deseaban", añadió el ingeniero.
Sobre el anuncio de las asambleas, Guiñazú manifestó que habló con ellos y aceptó las críticas que expresaron y anunció que se va a trabajar para corregir las situaciones que ellos consideraron inadecuadas. "Si tenemos que corregir algo desde la organización para aumentar las chances de una representatividad amplia, lo haremos", puntualizó.
Descartó que las agrupaciones ambientalistas estén en desventaja en relación con el resto de los participantes del espacio, porque, según dijo "no hay ni minorías ni mayorías, sino expositores que ponen sus posiciones y luego se abre a preguntas sobre la exposición dada. Nos gustaría muchísimo que las asambleas del agua participen y expongan su punto de vista".
La de ayer fue la segunda jornada de la mesa, pero la primera en que se establecieron las temáticas sobre las que se discutirá en espacios específicos. Estiman que la la próxima reunión será a mediados de agosto y el Gobierno provincial insistirá en tratar de que participen los grupos ambientalistas.
"La creación del espacio de diálogo está hecha para sacar la discusión de la ruta y que se ponga en un lugar donde se garantice que todos sean escuchados y todos puedan escuchar", recalcó Guiñazú.
El funcionario reconoció que hubo tardanza en el envío de las invitaciones y errores organizativos, "pero tiene que quedar claro que no hay conspiraciones de ningún tipo".
La convocatoria, por parte del Gobierno provincial, al denominado “Espacio de diálogo minero” volvió a desatar la polémica en torno al tan mentado tema del desarrollo sustentable de la minería en Mendoza.
Según declaraciones del secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial, Humberto Mingorance, y del subsecretario de Energía y Minería, Emilio Guiñazú, la intención de la Provincia es convocar a la mayor cantidad posible de actores involucrados para establecer un criterio común acerca de siete temáticas: Agua, Ambiente, Legal, Social, Económico, Transparencia y Control y Espacio Temático Amplio.
Ante el llamamiento gubernamental, entidades defensoras del medioambiente ya hicieron saber su oposición al sostener –entre otras consideraciones- que el espacio no incluye a todos los actores (o no permite una participación igualitaria) y “desconoce el marco normativo ambiental existente”.
Días atrás, Guiñazú consideró comprensible la desconfianza de los ambientalistas por los años en que no hubo avances significativos en estos temas, pero reafirmó que “no se trata de conseguir la licencia social para hacer megaminería metalífera sino que existan reglas claras para los inversores del tipo de minería que sea”.
La discusión florece desde hace años y promete varios capítulos más. La crisis económica y financiera de los últimos tiempos ha obligado a los funcionarios de turno a rediseñar estrategias, decisiones y hasta la matriz productiva de las diferentes regiones del país. En esta búsqueda, la minería se ha presentado habitualmente como una alternativa con su doble cara: por un lado, las supuestas “importantes inversiones” que los emprendimientos presuponen y, en contraposición, los impactos negativos que los mismos provocan en la naturaleza.
Tradicionalmente, el sustento económico y social de los mendocinos está atado a la vida de sus oasis y, por ello, la defensa de las condiciones medioambientales aparece como la postura más lógica.
El desarrollo de la actividad minera deberá darse dentro del marco del “desarrollo sustentable” y de la “responsabilidad social empresaria”. En este sentido, deberá analizarse el ordenamiento jurídico que rija la materia, sustentado en el diálogo, el consenso y el control social, político y judicial.
El Informe Brundtland de 1987, de la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, definió el desarrollo sostenible como “el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”.
Según informó Diario Uno el conjunto de las Asambleas Populares del Agua de Mendoza decidió salir del Espacio de Diálogo Minero, pues consideran que no están dadas las condiciones necesarias para participar de los debates organizados por el Gobierno provincial para definir una política de largo plazo en la actividad.
Se fueron del debate, que este martes iba a comenzar formalmente en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo, por considerar que desde el momento mismo del envío de las invitaciones, la elección de los expositores y la división de los temas para discutir, la posición de los ambientalistas ha sido vulneraba.
Desde el Gobierno de Mendoza, a través de la Secretaría de Energía, adelantaron que seguirán insistiendo con la participación de las asambleas porque buscan que todas las opiniones sean expresadas entorno a la minería.
También, luego de ser dada a conocer la novedad, se informó que hubo contactos con el grupo para poder convencerlos de continuar en el Espacio para dar lugar a la discusión de sus inquietudes.
Incluso, el titular de Energía, Emilio Guiñazú, indicó: "Si hay que corregir errores de comunicación o en la organización, lo haremos. Pero eso no puede ser interpretado como una conspiración para que evitar que ellos participen. Cuando nos hicieron una observación sobre el nombre del Espacio, lo cambiamos. Y repito esto no es para hacer algo que la ley 7.722 no permite".
En un extenso comunicado, las Asambleas Populares acusan al Gobierno de tener pocos gestos concretos respecto del cuidado ambiental y dan como ejemplo "el fracaso del Plan Provincial de Ordenamiento Territorial, que quedó trunco por irregularidades del proceso. Sin ordenamiento territorial no puede haber un desarrollo armónico del territorio, mucho menos megaminería".
También aseguran: "No se puede dialogar cuando las autoridades que deberían controlar, miran para otro lado, negando las irregularidades de proyectos mineros que sistemáticamente violan la legislación vigente. Así, el proyecto San Jorge insiste con actualizar su Declaración de Impacto Ambiental en base a una MGIA que ha sido rechazada en todas las instancias a que ha sido sometida, y el complejo uranífero Sierra Pintada sigue sin cumplir con lo que la ley y la Justicia le obligan".
Pero, sobre todo, lo que ha molestado a los ambientalistas es el método elegido para dirigir las mesas de discusión, a través de una consultoría. En este sentido, Guiñazú explicó que es necesario para dar forma a un debate tan arduo como extenso y poder llegar a una conclusión certera".
