El Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara (PMRF) es cuestionado por un sector importante del país porque lo consideran poco viable por la casi nula producción petrolera, más aún porque el mayor volumen sale de la selva norte y está sujeta al Oleoducto Nor Peruano (ONP), paralizado desde febrero de este año y con viso de seguir inoperativo en lo que resta de 2016.
No obstante, su ejecución, según dijo a Correo el exviceministro de Energía Pedro Gamio, debe hacerse con total transparencia, que haya una información clara y precisa de las recomendaciones para la modernización de la refinería de Talara.
“Contratar a un consultor implica hacerlo a través de un concurso internacional”, comentó.
Ello porque se sabe que Petroperú, dueña del PMRT, busca cambiar a la contratista supervisora de las obras (consorcio PMC Talara-CPT) y estaría considerando como su potencial reemplazante a la firma Foster Wheeler, cuestionada en Colombia.
El propósito de ese cambio se gestó durante la administración del expresidente de Petroperú Germán Velásquez, informó Correo.
Petroperú, según se conoció, invitó a cuatro empresas a participar en una licitación, mediante la cual se entregará la supervisión de las obras del PMRT, pero solo una se presentó: Foster Wheeler.
Colombia. Según El Universal de Colombia, en el proceso que se sigue por los sobrecostos de la Refinería de Cartagena (Reficar) y que implicó que su construcción representará más de $8000 millones, una de las empresas llamadas a responder por este caso es Foster Wheeler, que “jugó un papel fundamental en el proyecto al ser la encargada de realizar seguimiento y control de la planeación y ejecución de todas las actividades que desarrollara CB&I, por medio de sus filiales, en la modernización y ampliación de la refinería, según muestra el informe de la Contraloría General de la República (Colombia)”, indica.
La publicación señala que el protagonismo de Foster Wheeler aumentó cuando Reficar, en 2010, decidió modificar la forma de contratación y pago del contrato EPC por uno de costos reembolsables con la corporación CB&I UK Limited en modalidad “off shore” y con CBI Colombia, en modalidad “on shore”.
Tras eso, Foster Wheeler era la firma encargada de validar los ajustes que CB&I le presentaba o le proponía a Reficar y Ecopetrol; y actuaba cuando se hacían las aprobaciones de anticipos de los prepagos y después en las validaciones de las facturas proforma.
Esos referentes llevaron a la Contraloría colombiana a realizar la auditoría forense, de acuerdo con una fuente del Ministerio Público (de ese país) muy cercana al proceso.
El estimado de inversión del PMRT es de $3300 millones, suma que muchos consideran muy alta para un proyecto que no daría el beneficio adecuado al país, considerando que cuando se termine, no tendría producción petrolera nacional que refinar, más aún si el lote de mayor producción (192), en la actualidad, está en fuerza mayor (paralizado) porque Pacific Stratus Energy no tiene cómo sacarla a la costa porque el oleoducto (responsabilidad de Petroperú) está paralizado desde febrero y su capacidad de almacenamiento fue rebasado. Es decir, se tendría que importar crudo.
1000 millones de dólares tiene programado recoger Petroperú del mercado internacional, con la emisión de bonos.
Era previsible, el Proyecto de Modernización de Refinería Talara (PMRT), tenía que pasar por turbulencias al inicio del nuevo gobierno, tanto el Contralor General de la República, Edgar Alarcón como el próximo Ministro de Economía, Alfredo Thorne, han manifestado apreciaciones nada alentadoras. El primero muestra preocupación por la elevada cifra (4,600 millones de dólares); mientras que el segundo lo ha llamado oneroso y que revisará la estructuración financiera, incluida la promocionada emisión de bonos por 1,000 millones de dólares. Aún queda pendiente que se alcen voces desde el Congreso de la República pidiendo una comisión investigadora.
Todo este trajinar se produce debido a la absoluta falta de transparencia sobre el PMRT de los gestores de Petroperú en el quinquenio “humalista”. Solo se han exhibido cifras agregadas y ha habido negativa a proporcionar información contractual, aduciendo que responde a secreto comercial; parecen no acordarse que el Contrato de Ingeniería y Construcción, así como el de Supervisión, fueron exhibidos en el portal de la petrolera estatal desde que se convocó a concurso público internacional, hasta mediados del año 2011, para ser escamoteados hasta la fecha.
Lo poco se conoce es por la lectura de las cifras agregadas del portal de la empresa y del Informe Previo de la Contraloría General de la República (CGR) de abril del 2014, cuando ésta dio recomendaciones, lo cual no significa aprobación, cosa que se menciona explícitamente en su documento; cuando el Ministerio de Economía y Finanzas autorizó el primer crédito por 500 millones de dólares, pagadero en 5 años, con dos años de gracia.
Del análisis de los documentos, queda clarísimo que Petroperú con su asesor financiero Cofide, afirman que la Tasa Interna de Retorno es 9.6%; mientras que CGR, duda de la tasa de descuento usada y de la posibilidad que se puedan tercerizar servicios; llegando a concluir que las variaciones en estos conceptos pueden variar los indicadores del proyecto. Eso sin eufemismo se llama, dudo de la viabilidad. Esto no puede continuar así, se requiere transparencia de contrataciones y montos, pues hay mucho dinero en juego de una empresa cuya propiedad es 100% del estado peruano.
CESAR GUTIERREZ
El hiperactivo Contralor, Édgar Alarcón, muy oportunamente ha direccionado su accionar en los llamados megaproyectos que se han contratado en la gestión del gobierno humalista. La Línea 2 del Metro de Lima, el gasoducto sur peruano, el aeropuerto de Chincheros, la Línea Amarilla y el Proyecto de Modernización de la Refinería Talara (PMRT); serán materia de auscultación permanente mediante una Oficina de Control Institucional (OCI) para cada caso, según declaraciones a un diario local.
Voy a referirme al PMRT, emprendimiento de anuncios grandilocuentes por parte del gobierno saliente, con un costoso despliegue mediático donde ningún vocero por encargo quedó sin dar sus elegías a la faraónica obra. No hubo espacio para los críticos.
Hemos leído las afirmaciones de los voceros de la petrolera estatal, que el proyecto tiene un costo de 2,730 millones de dólares (MM US$) en inversión directa en obras de refinación, a cargo de Petroperú y 815 MM US$, en servicios que se otorgarán en tercerización, que corresponden a generación eléctrica, vapor, tratamiento de aguas, etc.
Es decir, el costo total ascendería supuestamente a 3,545 MM US$. Afirmación falaz, el verdadero costo del proyecto se puede dividir en tres componentes: inversiones en obras relacionadas con refinación ejecutadas, por ejecutarse y los servicios que se otorgan en tercerización.
Utilizando la información a marzo de 2016 del portal de Petroperú, tenemos que ya se han ejecutado nada menos que 1,222 MM US$, estando pendiente por ejecutar 2,638 MM US$. A estos montos hay que adicionar el estimado de la inversión en los servicios auxiliares que como se ha mencionado es 815 MM US$. La suma arroja la astronómica cifra de 4,675 MM US$. Este es el verdadero costo a marzo del presente año.
El contralor Alarcón dice que ha hecho de conocimiento de Petroperú y del Ministerio de Energía y Minas (MEM) su preocupación por el costo que se ha triplicado. Entiendo que debe estar comparando con las cifras que se manejaban en el 2011 al final del gobierno aprista, que ascendían a 1,334 MM US$ por todo concepto. Los defensores de la constructora a cargo, la española Técnicas Reunidas, dirán que las afirmaciones iniciales se hacían en base a un proyecto que tenía solo Ingeniería Conceptual, donde el margen de error es de hasta el 100 % (Clasificación Clase 5, según la Association for the Advancement of Cost Engineering. AACE).
Es correcto, pero con el tope de error la suma ascendería a 2,668 MM US$, no los 4,575 MM US$ actuales. Como para algunos lo válido es solo lo que el humalismo hizo al respecto, les digo que sus cifras tampoco encajan. La prueba fehaciente de mi afirmación es que el 22 de mayo de 2012, con motivo de la firma del contrato entre Petroperú y el estructurador financiero, el banco francés Societé Generale, Petroperú publicó la llamada Nota de Prensa 051-2012, donde afirmaba que a esa fecha el PMRT estaba valorizado en 1,711 MM US$. Si le aplicamos el margen de error ya referido se hubiese llegado a la suma de 3,422 MM US$, que es 27 % menor que la cifra actual.
Hay mucho que hurgar, por mucho que los despistados digan que la cifra ya ha sido consentida cuando se autorizó el crédito por 500 MM US$, mediante Resolución Ministerial (RM)-126-2014-EF/52 del 11 de abril de 2014, con Informe Previo de la Contraloría General de la República (CGR).
Hay una idea errónea sobre los pronunciamientos de la CGR en los procesos de endeudamiento que es necesario precisar. La Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento (Ley 28563), establece que la CGR debe emitir Informe Previo, el cual está normado por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República (Ley 27785).
El actual contralor Alarcón, cuando era vicecontralor en el 2014, mediante oficio (Nº 00601-2014.CG/DC) enviado al gerente general de Petroperú, el 29 de abril de 2014, señaló: “…que su atribución legal es informar y no autorizar o aprobar…”. Este tema es reforzado en las conclusiones del Informe Previo (00044-2014-CG/ CPRE), donde se señala expresamente: “…la opinión contenida en este informe no constituye en sí mismo una autorización o aprobación sobre la materia de análisis, sino la verificación de la información sustentadora, sin perjuicio del control posterior que hubiere lugar…”
Lo referido viene a colación del Informe Previo emitido por la CGR respecto al crédito de 500 MM US$, ya mencionado. En buen romance no da fe, ni del monto total de la obra, ni de la consistencia de la sustentación del financiamiento y tiene expedita la vía para hacer señalamientos, que pueden terminar en una Megacomisión en el Congreso, o en una investigación en el Ministerio Público o en ambas.
La sustentación del crédito que hace alusión la CGR en su Informe Previo muestra conceptos y cifras preocupantes, no es riguroso y sorprende que el MEF en el 2014, con su jefe de Gabinete de Asesores a la cabeza, Alonso Segura, hoy ministro de Economía y Finanzas del gobierno saliente, las haya dejado pasar por alto:
1) El crédito se evalúa solo considerando los costos involucrados al contratista Técnicas Reunidas, en ese contexto la magra cifra de la Tasa Interna de Retorno (TIR) obtenida de 9.6 %, no está tomando el proyecto en su conjunto, con lo cual están subvaluadas los montos de inversión directa. Se consideran solo 2,730 MM US$, en lugar de 3,860 MM US$ (suma de lo gastado y de lo proyectado). Lo más probable es que la TIR que se obtenga haga que el proyecto no sea viable.
2) Aparte del desembolso de 500 MM US$ del 2014, considera otros créditos para la etapa constructiva que está en ejecución. Entre el 2015 y 2018, en dólares corrientes suman 1,918 MM US$, sin considerar un céntimo de intereses, en todo ese período. Siguiendo el flujo, y aplicando una tasa de interés de 3 % anual, que es lo que conseguiría Petroperú con mucho esfuerzo, se está obviando la suma de 118 MM US$ corrientes de intereses en ese lapso de tiempo, los cuales alteran negativamente el flujo.
3) Siguiendo solo con la evaluación del crédito de 500 MM US$, sin interesarles ni a Petroperú ni a Cofide si el proyecto es rentable, se recorta el período de evaluación en el 2018, donde se supone que culmina la fase constructiva, cuando debería mirarse por lo menos 15 años, que es lo que se estima que será el plazo de los nuevos endeudamientos.
Hoy, Petroperú con su asesor de cabecera Cofide, se han autoimpuesto la tarea de obtener este año un endeudamiento del orden de 2,400 MM US$, de los cuales 1,000 MM US$, se piensan lanzar en bonos, el menú favorito de Cofide, y 1,400 MM US$ de crédito avalado por la agencia de crédito de exportación estatal española Cesce. Los primeros ya tienen hasta acuerdo de la Junta General de Accionistas desde marzo de este año y han estado a la espera del informe de la CGR para que el MEF emita la RM autorizando el endeudamiento. Sobre esto hay que tener especial cuidado pues hay legítimas dudas de las cifras de este proyecto:
1) Primero deben demostrar que hay TIR para el proyecto en su conjunto que garantice rentabilidad de acuerdo al costo de capital de Petroperú.
2) Que se incluyan nuevas variables cuantificadas como los costos derivados de los sucesivos derrames en la Amazonía: remediación, resarcimiento a las comunidades, sanciones acumuladas y reparación del oleoducto.
3) Que se incluyan los nuevos costos para la operación de la Refinería Iquitos que tiene que incurrir en gastos no previstos para enviar crudos reducidos y residuales a la costa, sin utilizar el oleoducto, mientras éste permanezca inoperativo.
4) Que se incluya una cifra real de los pagos de tarifas de los servicios que se van a tercerizar. Si se consiguiese que la inversión sea los 815 MM US$ previstos y usando la tasa de descuento recomendada por Petroperú (hay serias dudas sobre ella) del 9 %, para un contrato a 20 años, tendría la petrolera estatal un egreso anual de 89 MM US$, otra razón más para dudar de la viabilidad.
Corresponde a la CGR que se haga de conocimiento público todas las cifras hoy manejadas en un secretismo que genera legítimas suspicacias.
Si el señor Thorne quiere empezar su gestión con rigurosidad debe proponerse revisar rápidamente todo el proyecto. A nombre del temor del que dirán que parece haber abordado a PPK, no podemos ceder ante las inconsistencias que pueden ser lesivas para la propia empresa y de los fondos de la caja fiscal que se ha comprometido en garantía.
