El Gobierno le presentó a la Corte Suprema de Justicia un infome sobre la situación tarifaria en la industria del gas. Allí, el ministerio de Energía explica las razones que lo llevaron a decidir un incremento en las facturas. El máximo tribunal había solicitado esa información hace unas semanas.
Los aumentos en las facturas de gas están detenidos desde el 7 de julio, tras un fallo judicial de la sala II de la Cámara Federal de La Plata. Allí, el gobierno también presentó una apelación, pidiéndole a ese tribunal platense que el caso pase a la Corte Suprema de Justicia.
La Cámara platense se pronunciará mañana sobre la petición del Gobierno. Según la nota de Martín Biedegaray en Clarín, hay tres posibilidades:
La primera es que la sala platense acepte pasarle el caso a la Corte Suprema y, además, decida "suspender" los efectos de su fallo anterior. De esa forma, el Poder Ejecutivo lograría que la cuestión tarifaria sea resuelta por la Corte y, mientras tanto, pueda aplicar los últimos aumentos que decidió. Son los del tope de 400% (se llega multiplicando la factura de 2015 por 5) en relación a los importes que pagaron los usuarios en el mismo período del año pasado.
Según informó el portal Eco de Tandil, la Sala II del fuero Contencioso Administrativo Federal de La Plata dispuso llamar a una audiencia para analizar la apelación del gobierno contra el fallo que frenó el ajuste tarifario.
La cartera de Energía y Minería había apelado el amparo colectivo solicitado por el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad.
La Cámara dictó el 7 de julio último un fallo en el que anuló los aumentos en la tarifa del gas porque no se hicieron las audiencias públicas que establece la ley y ordenó “retrotraer la situación previa a las subas”.
Si la Cámara acepta el recurso extraordinario, el caso llegará rápidamente a la Corte, pero si decidiera rechazarlo, el Gobierno irá directo en “queja” al alto tribunal.
Aranguren afirmó que defendió la vigencia del tope del 400% al sostener que “no hay tal desobediencia porque cuando emitimos la resolución del tope de 400%, se hizo en el momento en que interpusimos un recurso extraordinario pero la cámara no lo interpretó así”.
El ministro recordó que mandó una nota al “interventor del Enargas para que suspendiera hasta que la Cámara se expida”.
“La recomendación que ha hecho el Gobierno Nacional es que aquel que pueda pagar la factura lo vaya haciendo, aunque sea parcialmente”, añadió Aranguren.
“En todo caso, cuando vuelva la refacturación, puede llegar una nota de crédito”, señaló Aranguren.
El ministro sostuvo que se ha “hecho un incremento gradual de las tarifas y tenemos que reconocer como país que para que haya energía tenemos que recomponer la tarifa que todos pagamos”.
“La cautelar que suspendió el fallo no quiere decir que no se vaya a pagar, espero que la Cámara primero, y la Corte después, darán una respuesta”, dijo Aranguren.
La segunda es que la justicia platense le pase el caso a la Corte, pero no conceda efectos "suspensivos". Esto implica que la cuestión de fondo (sobre a qué jurisdicción le corresponde validar la suba de tarifas) pase al máximo tribunal, pero que el Gobierno no pueda aplicar el último aumento que decidió (tras dos correcciones). De esta forma, las empresas seguirían sin poder facturar y la industria, en una suerte de limbo por indefiniciones.
La tercer posibilidad es que la sala platense deniegue el pedido del Gobierno. Que se reivindique como jurisdicción. En ese caso, el peor para el Ejecutivo, los abogados oficiales tienen que ir a la Corte con un recurso "de queja". La confusión predominante en el sector se profundizaría.
En dos de los escenarios, el caso va a la Corte directamente. En el tercero, llega a través de un recurso de queja. Por eso, que el máximo tribunal cuente con toda la información sobre la situación del gas era un paso inexorable para el Gobierno.
En el documento que el Gobierno le hizo llegar al Ejecutivo hay una descripción de la situación del sector. Se da cuenta de la caída de la producción -más de 25% entre 2005 y 2015-, la situación de mayoría de tarifas congeladas desde 2001 y las importaciones de miles de millones de dólares de barcos metaneros para poder pasar el invierno, entre otros aspectos.
En 2014, la gestión anterior quiso aplicar un incremento de tarifas, pero lo logró parcialmente. En ese momento, el ministerio público fiscal se presentó en un litigio relacionado con Camuzzi, la empresa que provee de gas al interior de la provincia de Buenos Aires y a la Patagonia. Allí, la gestión kirchnerista manifestó que "la facultad de fijar o aprobar tarifas (...) es en principio atribución propia del Poder Ejecutivo Nacional". Ese argumento también está en la ley de Emergencia Económica, que nació con la crisis de 2002 y nunca fue derogada.
El Gobierno también le manifestó a la Corte que seguirá un proceso de audiencia pública, desde octubre para los cargos de distribución (lo que cobran las empresas que llevan gas a hogares y comercios) y transporte (desde la producción hasta las distribuidoras)" en las facturas de gas. Esos segmentos representan apenas un 21% de la boleta.
En cambio, el grueso de la factura (el 60%) es el precio del gas en si mismo y ese importe lo determina el Poder Ejecutivo. Allí, el Gobierno busca un número atractivo para los productores de gas, para que vuelvan a invertir, haya más gas y se reduzca paulatinamente la necesidad de importar, según le detalla el Poder Ejecutivo a la Corte.
El interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), David Tezanos González, brindó un informe sobre los aumentos en las tarifas de gas ante la comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia de la Cámara de Diputado, en donde justificó la suba de tarifas "para reparar las inversiones" de las empresas que brindan el servicio, informó Ambito.
En la reunión el funcionario indicó que el objetivo del organismo es "hacer una revisión tarifaria integral con las licenciatarias" y aclaró que "las tarifas tienen que reparar las inversiones" de las empresas.
Al ser consultado por la falta de audiencias públicas González señaló que "es una herramienta que tiene el regulador para tomar la mejor decisión". Sin embargo, el interventor de Enargas agregó que este mecanismo "en estas circunstancias se justificaba después de tener cierta información, y no antes".
El funcionario respondió a los cuestionamientos formulados por legisladores de diferentes bancadas opositoras que integran la comisión sobre la falta de la convocatoria a audiencias públicas como paso previo al ajuste de tarifas concretado el 1° de abril pasado que se encuentra frenado por la justicia.
La presidenta de la comisión, Liliana Schwindt (Frente Renovador), le recordó al titular del Enargas que "la justicia ya falló sobre ese tema y ahora sólo falta que la Corte decida; pero la Justicia ya falló".
Los argumentos esgrimidos por Tezanos González, de corte cercano a los fundamentos realizados por las empresas del sector, le valieron una advertencia por parte del diputado Julio Solanas (FpV-PJ) quien le remarcó: "En sus argumentos no está la protección del usuario y del consumidor. Usted lo ve del lado del distribuidor. Esto es muy grave porque no ha establecido ningún vínculo con el consumidor".
También lo criticó la correntina Araceli Ferreyra (Movimiento Evita), quien visiblemente fastidiada le recriminó mal titular del Enargas que "contesta a todo 'no sé, no sé', y que hay que preguntarle todo al Ministerio (de Energía)" que conduce Juan José Aranguren.
Los diputados también le cuestionaron a Tezanos haber asumido en el Enargas pese a que hasta enero pasado se desempeñó como directivo de la empresa Metrogas.
Consultado sobre la composición de las tarifas, dijo que "deben contemplar el repago de inversiones y la ganancia de las empresas" y precisó que según acuerdos hechos oportunamente "los márgenes de ganancia son del 11,3 por ciento para las transportadoras y del 13,1 para las distribuidoras".
En su exposición, Tezanos defendió de manera enfática los aumentos de tarifa al señalar que "hay que darle factibilidad al que se conecta, al nuevo usuario. Porque uno puede mantener la tarifa, pero el que va a resultar perjudicado es el usuario nuevo, el que se quiera conectar" ante la falta de oferta. En el tramo final de su presentación dejó otra frase que molestó a los diputados: "Somos técnicos que buscamos la excelencia en el negocio que estamos administrando", dijo el titular del Enargas.
