Las Asambleas Mendocinas Por el Agua Pura (A.M.P.A.P.) rechazan la denominada "Mesa de Diálogo para una Minería Sustentable" que intenta una vez más imponer el modelo megaminero en nuestra provincia.

Reafirmando la constitucionalidad de la Ley 7722, que prohíbe el uso de productos contaminantes en la explotación minera, volvemos a elevar nuestra voz para denunciar este nuevo y falso intento de garantizar la participación real y equitativa de todos los actores, porque:

Las asambleas reconocemos en el uso de este tipo de terminología asociada a la minería la aplicación de una estrategia de comunicación que desinforma a la comunidad y es parte del manual de comunicación de las empresas extractivas para América Latina, elaborado en Brasil, y por lo tanto, mal condicionan nuestra disponibilidad al diálogo. 

No puede haber diálogo en un espacio que cita en su jornada inaugural sólo a una parte, dejando al resto como simples espectadores, sin posibilidad de expresar algún concepto desde otra mirada. Un espacio deliberadamente sesgado que no respeta los pasos dados en estos años: Ley 7722, leyes de creación y/o ampliación de Áreas Naturales Protegidas, rechazo administrativo, legislativo, judicial y social de proyectos mineros, Plan Provincial de Ordenamiento Territorial, Ley de Glaciares, etc.; ni reconoce que estos han sido producto de intensos procesos de participación ciudadana.

No hay diálogo cuando se desconoce el marco normativo ambiental existente en el ámbito municipal, provincial y nacional. El fracaso del Plan Provincial de Ordenamiento Territorial, que quedó trunco por irregularidades del proceso, es sólo un ejemplo reciente. Sin Ordenamiento Territorial no puede haber un desarrollo armónico del territorio, mucho menos megaminería.

No se puede dialogar cuando las autoridades que deberían controlar miran para otro lado, negando las irregularidades de proyectos mineros que sistemáticamente violan la legislación vigente. Así, el proyecto San Jorge insiste con actualizar su DIA en base a una MGIA que ha sido rechazado en todas las instancias a las que ha sido sometida; y el Complejo Uranífero Sierra Pintada sigue sin cumplir con lo que la Ley y la Justicia le obliga en cuanto a la remediación de sus pasivos ambientales.

No se puede dialogar cuando es falso y ofensivo para quienes hemos participado todos estos años, asegurar que no ha habido instancias de debate o que cada resolución a la que se arribó fue apresurada. Cada tema convocó a variados sectores y hubo instancias para exponer razones y fundamentos, a partir de las cuales se resolvió.

No se puede dialogar cuando son sistemáticamente pisados, negados o ninguneados los proyectos de desarrollo amigables con el ambiente y alternativos al modelo megaminero, planteados por las comunidades locales; como por ejemplo el proyecto de ley de creación del Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas, que lleva 20 años sin ser tratado por la Legislatura de Mendoza; el Área Natural Protegida "Cerro Nevado" que tiene media sanción legislativa, y el "Parque Nacional Pehuenche", entre otros.

Es por ello que no aceptaremos en esta mesa de “diálogo” intentos explícitos o implícitos de modificar o flexibilizar, bajo ningún mecanismo, las protecciones ambientales obtenidas, deslegitimando el enorme esfuerzo que muchos mendocinos hemos hecho. Hacerlo, además de representar una burla a la buena fe, implicaría una violación del Principio de Progresividad establecido en la “Ley General del Ambiente”, por el cual, sobre espacio o bien protegido no se pueden generar leyes o acciones que mermen o se contrapongan a esa protección ya consagrada, de acuerdo a derecho.

No podemos dialogar, en épocas de crisis y ajuste, avalando un proceso que a los mendocinos nos costará la suma de $2.000.000, demostrando además que no garantiza la participación real de todos los ciudadanos de la Provincia.

Por otra parte, afirmamos que, a pesar de sus estrategias comunicacionales o mesas de “diálogo” contratando “expertos en felicidad”, jamás tendrán licencia social para proyectos megamineros. Estamos enamorados de la vida, de nuestro territorio, de nuestras culturas; y a fuerza de represión, contaminación, destrucción de las economías regionales y saqueo de los bienes comunes, hemos aprendido y estamos informados, unidos y de pie para defender nuestro derecho a decidir cómo queremos vivir.

Nos declaramos en estado de rebeldía porque nos mienten, nos subestiman, nos estigmatizan y pretenden que seamos pueblos sumisos y sacrificables.