Durante años, la población de esta ciudad de los Andes ubicada entre estériles montañas ha visto como los empleos desaparecen a medida que cesan las operaciones de la fundición que llegó a ser el motor de su economía.
El nuevo presidente peruano, el ex ejecutivo de Wall Street Pedro Pablo Kuczynski, promete cambiar la situación, pero advierte que el país debe relajar sus estándares de calidad del aire para captar inversionistas dispuestos a comprar y poner de nuevo a funcionar el complejo construido hace un siglo, que procesa concentrados de mineral y los transforma en metales de alto valor para su exportación.
“¿Por qué enviar concentrado a China u otras partes cuando lo podemos fundir acá?”, preguntó Kuczynski, quien asumió la presidencia el jueves pasado, en una entrevista reciente. “Para hacerlo, hay que contar con estándares ambientales realistas”.
Los planes del mandatario, sin embargo, presentan una dificultad en un lugar donde la contaminación industrial acumulada durante muchos años ha provocado enfermedades graves.
The Renco Group dice que Perú violó su acuerdo de libre comercio con EE.UU. al tratar en forma injusta a Doe Run Perú, l
La postura de Kuczynski subraya para numerosos peruanos las ventajas y desventajas de contar con un presidente con una amplia experiencia en el mundo de los negocios.
El ex presidente de la junta del banco de inversión First Boston International en Nueva York dice que gestionará Perú de manera más eficiente y atraerá la inversión necesaria para reducir un nivel de pobreza de 22%. A algunos, no obstante, desde sus opositores políticos a grupos ecologistas, les preocupa que Kuczynski debilite las normas ambientales y laborales.
Sus políticas son seguidas de cerca por empresas mineras y energéticas, que durante años han realizado grandes inversiones en este país de 30 millones de habitantes.
“Él ha señalado que va a iniciar una revolución social. Entonces, la primera pregunta es, ¿Los banqueros pueden hacer una revolución social?” “El problema es ¿cómo garantizar el derecho a la inversión y derecho a los trabajadores con los derechos a la población afectada?”, dijo Marco Arana, un legislador izquierdista.
En La Oroya, donde la temperatura puede bajar de cero durante la noche y los visitantes sienten la falta de oxígeno a más de 3.700 metros sobre el nivel del mar, la elección de Kuczynski ha generado esperanza entre muchos residentes y preocupación entre otros. Cerca de la mitad de los 35.000 habitantes han dejado la ciudad desde 2009, cuando Doe Run Perú, una filial de la minera neoyorquina Renco Group, cesó las operaciones ante sus dificultades para hallar financiamiento debido a los requisitos ambientales impuestos a la planta. Un grupo de acreedores designó a compañías para vender la fundición después que Dow Run Perú se acogiera a la bancarrota.
The Renco Group dice que Perú violó su acuerdo de libre comercio con EE.UU. al tratar en forma injusta a Doe Run Perú, lo que desembocó en la bancarrota. Josh Weiss, abogado de Renco, que ha buscado obtener una compensación del gobierno peruano, manifestó que Doe Run Perú acordó ceñirse a estrictas normas ambientales en la fundición después de una década en que fue operada por otras compañías casi sin ningún control ecológico. Weiss indicó que Doe Run Perú, que adquirió el complejo tras su privatización en 1997, invirtió más de US$300 millones en proyectos ambientales y redujo las emisiones en forma significativa.
En La Oroya, algunos apartamentos que solían albergar los aproximadamente 3.000 empleados están vacíos. El número de estudiantes registrados en las escuelas ha caído marcadamente.
Dueños de pequeños negocios como Ciria Vasquez, de 69 años, cuyo difunto esposo trabajó por 40 años en la fundición, dicen que pasan apuros para mantener abiertas sus puertas.
“Estoy a punto de cerrar la tienda”, dijo Vasquez, quien vende galletas, papas fritas y gaseosas cerca de la fundición.
Walter Baldeon, de 38 años, dijo que su restaurante sólo puede mantenerse en pie por seis meses más. “Antes era bastante gente, bastante comercio”, dijo. “Espero que este gobierno la abra [la fundición]. Si no, estamos fritos”.
No obstante, la gente de este pueblo sabe que reabrir la fundición conlleva un costo. Pablo Fabián Martínez cuenta que sus tres hijos tenían sarpullido, la garganta irritada y los ojos rojos por la contaminación generada por la planta cuando estaba en funcionamiento.
Silvia Carhuaz, de 35 años, recuerda sufrir de fuertes dolores de cabeza y ataques de asma cuando operaba la fundición. “Me da miedo volver y antes de eso estar enferma”, dijo Carhuaz, que se desempeña como contadora. “No podía salir, no podía estudiar ni trabajar. Estaba encerrada en mi casa”.
La enorme chimenea de la fábrica, construida en 1922, solía emitir gases tóxicos que envenenaban a los residentes y atrofiaban el desarrollo de los niños, de manera tan severa que la ciudad atrajo a investigadores de todo el mundo.
Hugo Villa, un neurólogo que trabajó en La Oroya por 30 años, halló que muchos bebés se contaminaban con plomo cuando aún estaban en el vientre de sus madres.
En la entrevista, Kuczynski reconoció la seriedad de la contaminación de La Oroya, pero dijo que con nuevas tecnologías, la polución podría ser reducida a niveles aceptables, permitiendo que la fundición opere y genere empleos.
“La Oroya está agonizando”, señaló durante un viaje al pueblo a principios de julio. “Tenemos que darle oxígeno”.
