Como “una crisis tremenda” define el Centro de Estudios del Cobre y la Minería (Cesco) la situación actual de Codelco, aunque en la entidad advierten que ello se viene arrastrando desde hace décadas. Su propuesta es simple y a la vez sumamente compleja: llaman a construir un acuerdo nacional y transversal de carácter político para sacar a Codelco de este escenario, pero advierten que esto no puede quedarse ahí. Jorge Bande, director del centro, señala que el acuerdo tiene que estar dirigido a “darle los medios y el respaldo a Codelco para que construya un acuerdo al interior de la empresa, entre sus distintos estamentos, respecto de los cambios que es necesario hacer a todo nivel para garantizar que estos fondos efectivamente se gasten de buena manera”.
Indica que esto “requiere de un acuerdo interno enorme”, y que tiene que ver con atraer ejecutivos de excelencia, evitar la rotación de personas por motivos extraprofesionales, e impulsar la ” accountability ” para todos los trabajadores. Lo anterior debería evitar desastres del tipo Pampa Puno o Pilar Norte, inversiones millonarias que se realizaron sin tener los resultados esperados, dice. Explica que el acuerdo político servirá para “darle a la compañía la flexibilidad para realizar los ajustes necesarios ya sea de dotación, de salud, de beneficios, entre otros”, y recalca que “si los trabajadores no se comprometen a darle a Codelco la flexibilidad que otras empresas tienen para hacer los cambios que se requieren, vamos a estar botando plata a la calle”.
Cesco llama a asumir los sacrificios que hay que hacer. “No toda la gente va a poder seguir trabajando en Codelco de forma permanente; no todos van a poder ganar lo que ganan y tener los beneficios que tienen, porque tienen que estar de acuerdo con la realidad del mercado”, insiste Bande, y añade que la estatal “tiene cosas inéditas, y son mochilas insostenibles para cualquier empresa, sobre todo para una en esta situación”, según la información publicada por el Mercurio.
Explica que “si hay un paro, este acuerdo nacional político debe asumir que hay un paro, y no intentar influenciar para que termine. Este acuerdo debe darle a Codelco el respaldo para ponerse firme cuando tenga que tomar medidas en conflictos importantes”.
A su vez, Bande advierte que es necesario aplicar la ley de gobiernos corporativos en Codelco para aislarlo de la política.
Por otro lado, dice que hoy un mecanismo de capitalización permanente es poco probable, por la estrechez fiscal, pero que en el corto plazo la propuesta de usar los fondos de la Ley Reservada “a modo de préstamo” parece ser buena alternativa. No obstante, indica que “en el mediano y largo plazo, la única solución es sacar la Ley Reservada y establecer en Codelco una política de dividendos, y que no sea revisada de gobierno a gobierno, porque así seguiremos repitiendo esta historia”.
Leopoldo Reyes, el nuevo presidente del directorio de Cesco, agrega: “El dueño tiene que hacerse responsable de dar los medios y el apoyo para hacer las cosas en Codelco. Es la principal productora de cobre del mundo, y tienen que tratarla en consecuencia”. Y añade: “En Chile decimos que somos un país minero, pero en realidad vivimos de espalda a la minería, y eso se refleja también en Codelco. Esto de que sea visto como una suerte de vaca lechera, y no se cuide bien la alimentación de la vaca, tiene que ver con que la visión de la minería es a lo menos antigua y lejana”.
En esta línea, Alejandra Wood, directora ejecutiva de Cesco, explica que buscan que el centro sea un referente nacional e internacional en políticas mineras, y que anticipe temas de discusión. Sostiene que quieren ser formadores de opinión y hacer un seguimiento de temas que son importantes para la industria y un espacio de discusión serio y riguroso. “Queremos ser un puente entre el mundo minero y el resto del país, bajo este diagnóstico de que no somos un país minero”.
La necesidad de recursos que tiene hoy Codelco para desarrollar sus proyectos estructurales ha reflotado un antiguo debate: cuánto debe aportar el Estado a su principal empresa. Sin embargo, al hacer una revisión histórica de las cifras de la compañía, se evidencia que la reinversión de utilidades por parte del Fisco en la compañía no ha sido recurrente en los últimos 40 años.
Según datos entregados por Codelco, desde 1976 hasta 2015 la empresa generó y entregó al Fisco US$ 98.280 millones (valor actualizado en pesos de 2015). Mientras, en el mismo período, los aportes de capital entregados a la minera por parte del Estado sumaron US$ 10.112 millones. Esto es apenas el 10% del total de los excedentes.
Para Juan Villarzú, ex presidente ejecutivo de la estatal en dos períodos (1994- 1996 y 2000-2006), la explicación de esta diferencia es clara. “Esto básicamente tiene que ver con una estrategia de financiamiento que está diseñada por gente de Hacienda, y que tiene un sesgo muy marcado hacia el corto plazo, al presupuesto anual y a los costos operacionales”, dijo.
El también ex ministro secretario general de la Presidencia en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, agrega que la Corporación se queda entonces sólo con la depreciación y las amortizaciones.
“El resultado de eso es que la empresa no tiene las condiciones para desarrollar un plan de largo plazo, porque la relación con Hacienda se basa en el presupuesto”.
Lo cierto es que los números de la estatal muestran que en los últimos 40 años hubo varios períodos en que Codelco no recibió aporte alguno por parte del Estado.
Otra cifra que resalta en el análisis es que el 41% de los aportes entregados a la estatal (US$ 4.183 millones en moneda de 2015) fueron realizados en 1976, año en que se dicta el decreto con la creación de la Corporación como se le conoce hoy.
Rolf Lüders, ex ministro de Hacienda (1982-1983), subraya que en los últimos gobiernos ha habido una mayor voluntad política de capitalizar a la compañía. “Sin duda que ha habido un cambio de política en materia de capitalización de Codelco, que se inició -tímidamente me parece- en el gobierno de Sebastián Piñera y que cambió en definitiva en el actual gobierno”. Añade que la explicación para lo anterior probablemente está “en que Codelco, para sobrevivir, requiere inversiones de decenas de miles de millones de dólares y que no puede financiar sin capitalizarse”.
Cree que una fórmula más apropiada para que la compañía capture recursos podría ser a través de “un joint venture con uno o más operadores privados, e invertir los escasos recursos públicos en nuestros niños y jóvenes”.
Para el académico de la PUC Gustavo Lagos, las empresas estatales en el mundo tienen un comportamiento similar al de Codelco. Cita como ejemplos a las petroleras de Irak, Irán, Venezuela y Libia, y también el caso argentino en el gas natural.
“En los países en desarrollo, la capitalización de las empresas estatales es siempre muy baja, porque los Estados se quedan con todos los excedentes”, dijo.
El académico destaca que durante períodos de mayores precios no se visualizó una potencial crisis, lo que fue generando un efecto acumulativo. “El resultado es que no se invirtió a tiempo, sobre todo a principios de los 2000, y se fue postergando la inversión hasta que llegamos a este punto”.
Hasta 1989 la minera entregó recursos por US$ 21.136 millones y recibió US$ 4.755 millones.
En los 90, Codelco aportó al Fisco US$ 14.268 millones y recibió un aporte de US$ 748 millones. Desde 2000 hasta 2009, la compañía entregó US$ 40.899 millones al Fisco y los aportes del Estado otra vez fueron bajos, llegando a US$ 2.251 millones.
Finalmente, del 2010 a la fecha, la cuprera ha aportado US$ 22.027 millones a las arcas fiscales. De ese total, sólo US$ 2.358 millones fueron capitalizados.
Adicionalmente, en los últimos meses, la discusión sobre los usos que han tenido los dineros recaudados por el concepto de Ley Reservada del Cobre ha vuelto a las portadas. Existen voces que sugieren su modificación e incluso su derogación.
En cuatro décadas, incluyendo el primer trimestre de 2016, la estatal ha aportado US$ 24.039 millones por dicho concepto, 24% del total de recursos entregados al Fisco.
La Ley Reservada del Cobre, establece entregar el 10% de las ventas de la empresa para el financiamiento de las FFAA, con un piso de US$ 180 millones.
El presidente del directorio de Codelco, Óscar Landerretche, afirmó con convicción que no hay política minera en Chile. El economista, que se presentará el próximo 4 de agosto en el foro “Política Minera para el Chile del siglo XXI”, organizado por la asociación gremial Voces Mineras y el Colegio de Ingenieros de Chile, es claro al indicar que ha faltado discutir a nivel nacional lineamientos para aprovechar las ventajas competitivas de Chile y dejar de ser un mero extractor de material primas.
Eso sí, hace una distinción sobre las directrices de Codelco, quien ha estado dentro de las preocupaciones del Gobierno. “Tiene que ver con el carácter de dueño y en todo lo demás, todo lo que tiene que ver con regulaciones ambientales, con regulaciones laborales, con procedimientos en general Codelco ha sido tratado de la misma manera que las demás empresas”, según una entrevista con Pulso.
-¿Tiene hoy Chile una política minera?
No es tan fácil ver que Chile haya tenido una política minera. Uno puede identificar cierta política de la pequeña y mediana minería que ha existido tradicionalmente, pero ciertamente no creo que Chile haya realmente discutido y establecido una política minera. Cuando uno retrocede en la discusión de política económica de Chile en los años noventa casi cualquier persona podría decir que Chile tenía una política de apertura comercial, de hacer tratados de libre comercio con distintos países; eso lo entendía un taxista, una señora, todo el mundo, pero no estoy seguro que los chilenos sepan cuál es la política minera en Chile.
-Los extranjeros podrían decir que hay una política minera de normas claras, sin grandes cambios en la institucionalidad…
Sí, pero creo que eso es una política en relación con la inversión extranjera directa que va más allá de la minería. Hay una política hacia la inversión extranjera directa de intentar darle algunas condiciones que tiene una expresión mayoritaria en la minera, porque Chile es un país minero, pero no creo que haya una política específica de desarrollo en el sector minero bien articulada, y creo que nos ha hecho falta hace bastante tiempo.
Los elementos que debería tener esa política tienen que ver con cómo rentabilizar al máximo los recursos mineros que tenemos desde el punto de vista del crecimiento económico, de la equidad y del desarrollo sostenible del país. O sea, cómo a partir de los recursos mineros somos capaces de desarrollar otros sectores y otras capacidades para nuestra economía. Ha habido iniciativas, pero como política nos falta.
Han habido varios movimientos con iniciativas, pero no han llegado a nada concreto, ¿por qué se ha dado ese factor? ¿Ha faltado apoyo político?
s cierto ha habido varios intentos pero nunca ha habido un establecimiento de una política minera. Cuando uno le pregunta esto a los viejos mineros, que los he aprendido a conocer, con un poco actitud picota dicen que Chile es un país minero gobernado por agricultores. Eso es una manera de sentirlo y hay gente de la minería que se siente así. También creo que atenta contra una política minera el hecho que la minería es una actividad de muy largo plazo y los proyectos mineros en general toman décadas; son más largos incluso que los proyectos de infraestructura, y eso le cuesta mucho a un sistema político que es cada vez más inmediato, que los ciclos son de más corto plazo, y uno de los defectos del sistema político es no poder prestarle atención a estos temas de largo plazo y la minería por definición es un tema de muy largo plazo. Entre esas está la razón por la cual no se ha podido establecer una política minera pero creo que efectivamente nos hace falta.
Esta política minera del futuro, ¿qué elementos podría tener?
-Un primer elemento tiene que ver con usar de una manera sustentable y responsable los recursos que tenemos como país, nuestras ventajas competitivas; el segundo elemento es reconocer que estos recursos son finitos, es decir, no son para siempre, por lo tanto la manera en que los usas y que los explotamos además de ser responsables con las comunidades y medio ambiente tiene que ser de una manera que genere capacidades en el país para proyecta un desarrollo.
Creo que muchas personas han pensado en lo que yo estoy diciendo, de hecho lo he escuchado muchas veces, pero honestamente los esfuerzos del Estado en las políticas públicas han sido, en general, de poca intensidad, han sido más parecido a pilotos que a una política.
Creo que la filosofía que tiene que haber detrás de una política minera tiene relación con cómo uno explota los recursos para ganarle recursos a Chile con el fin de desarrollar el país de una manera responsable con el ambiente y las comunidades, pero a la vez apalancando el desarrollo de otras ventajas competitivas.
¿Cuál es su visión sobre el rol del Ministerio? ¿Está claro? ¿Necesita fortalecerse?
-Creo que para el Ministerio es un tema central. Sé que hay mucha gente que es muy crítica del Ministerio, pero yo tengo muy buena relación con la ministra y el subsecretario, nos han apoyado un montón. No creo que sea una responsabilidad del Ministerio porque es una decisión política de los gobiernos de decidir tener una política minera, de tener la conversación pública para poder establecer una política, eso falta un poco. No creo que haya que hacer grandes cambios en el Ministerio de Minería, más bien hay que dales una dirección y un mandato de hacer esta política, que puede ir cambiando en el tiempo. Honestamente creo que están los elementos para hacerlo.
-¿Hoy Codelco tiene una política minera?
Tenemos nuestras propias políticas en el área de relacionamiento con las comunidades, medio ambiente, desarrollo de proveedores, pero es una política en cuanto a empresa autónoma. No es una política que esté, por así decirlo, ni apalancada ni especialmente motivada por el hecho de ser una empresa pública. Nosotros lo asumimos como una empresa responsable.
-Pareciera que los esfuerzos políticos en cuanto a minería se han dedicado más que nada a Codelco, ¿La estatal le ha restado protagonismo a las problemáticas de las empresas privadas?
Creo que es muy bueno que el Gobierno esté preocupado de Codelco, porque esta empresa está pasando por una situación que amerita la preocupación pública. Creo que es muy importante para la salud fiscal de Chile que sanemos financieramente a esta empresa, que la proyectemos; pero es el ámbito en que está radicada la preocupación especial. Tiene que ver con el carácter de dueño y en todo lo demás, todo lo que tiene que ver con regulaciones ambientales, con regulaciones laborales, con procedimientos en general Codelco ha sido tratado de la misma manera que las demás empresas y si algo yo he percibido es que se nos trata con mayor rigor y apropiadamente porque en el fondo se espera de la empresa pública que se porte bien.
-Pero, por ejemplo, en el caso de la fundiciones a las empresas estatales se le dio más plazo que a las empresas privadas…
No tengo la impresión que tiene que ver con un tema público-privado, tiene que ver con el estatus en que estaban las fundiciones en términos de distancia de cumplimiento, porque la ley fue diseñada para que todos cumplan. Las fundiciones privadas son pocas, entonces es una cosa casi casuística y puedo decir que Codelco hará cumplimiento de la norma de las fundiciones. Vi el tiempo que tomará y es justito, vamos cumplir.
-Hoy en día da la sensación que todas las políticas públicas son a través de Codelco, como fue el caso del litio…
Porque en el sistema político y público todavía hay un buen concepto de Codelco. Más bien me halaga que cuando hay que hacer un tema estratégico ofrezcan a Codelco, es como el instituto de la gente, pese a que uno considera que ya estamos con suficiente cosas. Eso lo que refleja de nuevo es el carácter del Estado como dueño.
-Esta política de pedir más a Codelco, la inclusión a otros sectores, ¿es correcta?
Podría ser. Cuando una empresa es buena gestionando grandes proyectos industriales mineros podría hacer otras cosas, pero hoy en día mientras no resolvamos el tema del financiamiento y capitalización de Codelco, es muy difícil que planteen cosas más allá que los proyectos estructurales. Creo que hay que ser responsable en ese sentido.
-¿Eso entonces deja en signo de interrogación la entrada al negocio del litio?
No, porque el litio es una cosa de una escala que es completamente absorbible, al menos las posesiones del litio que tenemos nosotros.
-Pero usted mismo ha planteado ideas sobre inversiones que tampoco está en el core de Codelco…
Sí, pero que yo sepa, salvo el tema del litio que tampoco está tan lejano del expertise de Codelco, nunca he escuchado que nadie sugiera, independiente de si está bien o mal la idea, cosas demasiado exóticas para Codelco. Hay gente que ha sugerido históricamente que nos metamos en distintos negocios relacionado con la minería como servicios mineros. Ahora yo lo que creo es otra cosa, creo en un camino completamente distinto, creo que en nuestro proceso de inversión nosotros generemos las capacidades en proveedores ojalá nacionales, sobre todo profesionales, capacidades tecnológicas que ellos puedan proyectar hacia el resto de la economía; sin desviarse de lo que nosotros estamos haciendo, lo que requieren los mismos proyectos que nosotros ya tenemos. Hay necesidades de logística involucrado en nuestros proyectos estructurales, temas relacionados con agua, con electricidad, con ERNC, con uso de tecnologías avanzadas, biotecnología, robótica, comunicaciones, big data. Hay una serie de tecnologías que necesitamos tener para viabilizar nuestras operaciones.
Algunas partes es inevitablemente hay que contratarlas afuera, mientras el país aprende, pero ahí está el secreto, cuánto puedes hacer en términos de colocarles desafíos a los proveedores tecnológicos nacionales y a los proveedores nacionales para que aparezcan esas capacidades, porque si siempre asumes que ellos no van a poder proveértelo, nunca se van a desarrollar esas oportunidades.
-Pero pareciera que Codelco va en la dirección contraria porque está buscando internalizar y el gran grueso de los proveedores son internacionales…
No, porque el tema de internalización en Codelco tiene que ver con funciones críticas que fueron externalizadas bajo el apuro del boom minero y que nunca debieron ser externalizadas, que tiene que ver cosas tan convencionales como la operación de mina. En el caso de los proveedores tecnológicos, porque hay todo tipo de proveedores, efectivamente pienso que hay que hacer un esfuerzo mayor en términos de apalancamiento de capacidades locales, ahí es donde creo que hay un rol público más allá de la empresa, ahí es donde creo que un convencimiento por parte del Estado de que hay una oportunidades incentivando que las empresas usen proveedores tecnológicos y de servicio locales para desarrollar esas capacidades.
Creo que hay una tremenda oportunidad, y creo que lo se ha hecho es valioso -y ha tenido resultado-, pero todavía en una escala muy pequeña. Mientras el Estado no tenga una política más clara en esto, al final las empresas lo van a hacer como parte de sus políticas de responsabilidad social, de relacionamiento local, pero no como una política de desarrollo productivo.
JULIÁN ALCAYAGA*
La semana pasada se dieron a conocer diversas noticias, en fuentes nacionales e internacionales, relacionadas con Codelco. Todas lamentables: 1) Un estudio de la ONU reveló que existen millonarias subfacturaciones en las exportaciones de cobre, que alcanzan a US$ 16.000 millones entre 1990 y 2014. 2) Un reportaje de El Mercurio del 20.07.2016 dice que la deuda de Codelco creció en 247% en 11 años. 3) Finalmente, políticos y expertos, en consenso panorámico, llaman al Estado a inyectar mayores recursos en Codelco.
1.- El estudio de la ONU reveló que existen millonarias subfacturaciones en las exportaciones de cobre en varios países. En Chile alcanzarían la friolera de US$ 16 mil millones entre 1990 y 2014. Este informe de la ONU no es una novedad: desde hace más de 20 años venimos denunciando la subfacturación por parte de las mineras extranjeras. Tales empresas no declaran ni la cantidad real ni el verdadero contenido de cobre, plata, oro y molibdeno de los concentrados que exportan. Esa evasión tributaria ha sido posible –desde 1990 a la fecha– porque no ha existido voluntad política para fiscalizar las exportaciones mineras.
El año 2003, en la Comisión Especial de Tributación Minera del Senado, el Director Nacional de Aduanas de la época, Sr. Raúl Allard, declaró que no podía hacer una mejor fiscalización de las exportaciones minerasporque Aduanas no contaba con los medios técnicos y de personal para hacerlo. En realidad, la falta de personal y medios técnicos en Aduanas, ha sido más bien un objetivo que las mismas transnacionales mineras lograron imponerle a los gobiernos que hemos tenido desde 1990 en adelante. La falta de voluntad política del Estado para fiscalizar las exportaciones mineras es un negocio más que las mineras lograron imponer, es decir que han podido comprar.
Desafortunadamente, la subfacturación no es un comportamiento sistemático y exclusivo de las mineras extranjeras: también ha sido un comportamiento sistemático de Codelco desde el año 2010 a la fecha. Los ingresos por ventas declarados en los resultados anuales son muy inferiores a lo que debieran ser en función de la producción y el precio del cobre y sus subproductos. Al enterarnos de esta subfacturación, el 21 de octubre del 2011 presentamos una denuncia al SII por las pérdidas de Codelco de US$ 4.700 millones en mercados de futuro y otros US$ 4.000 millones en subfacturación en las exportaciones. Dos años después presentamos este mismo tipo de denuncia ante el Consejo de Defensa del Estado, cuando las pérdidas en subfacturación ya bordeaban los US$ 14.000 millones.
Visto que esas instituciones hicieron oídos sordos a nuestras denuncias, en abril de 2015, junto a la ONG Chile-Cobre, presentamos una querella contra quienes resulten responsables, en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, por las pérdidas de Codelco en mercados de futuro por US$ 4.700 millones y de US$ 14.000 por subfacturación por ventas, desde el año 2010 a 2014.
En febrero del presente año, la investigación dio un salto cualitativo, pasando a la Fiscalía de Alta Complejidad. Es de esperar que la fiscal designada, Sra. Macarena Cañas, descubra la verdad.
Mucho ayudaría en esta investigación que el estudio de la ONU revelase qué parte de los US$ 16.000 millones de subfacturación en el cobre chileno corresponden a Codelco, y qué parte a las mineras extranjeras. Es de esperar que en el futuro la ONU osará revelar los nombres de las empresas culpables de la subfacturación y los respectivos montos de ella.
2.- La prensa también dio a conocer una información impactante sobre Codelco. Un reportaje de El Mercurio del 20 de julio de 2016, dice que la deuda de Codelco creció en 247% en 11 años, y aporta el detalle de las cifras de endeudamiento año por año, desde el 2004 al 2015 incluido.
La explosión de la deuda la hizo pasar de US$ 3.895 el año 2009 a US$ 13.083 el año 2015, con un aumento de US$ 9.188 en solo 5 años. Al término del gobierno de Sebastián Piñera, el endeudamiento era de US$ 11.075 millones, con un aumento de US$ 7.180 millones en los 4 años de su gobierno.
El considerable aumento del endeudamiento –más de US$ 9 mil millones entre el 2010 y el 2015–, corre paralelamente con las pérdidas por subfacturación que bordean los U$ 15 mil millones.
Estas cifras catastróficas para Codelco y el país, son prácticamente desconocidas por la opinión pública y los propios trabajadores de Codelco. Sin embargo, este descalabro ya lo habíamos pronosticado en el año 2011.
En una columna publicada en diversos diarios electrónicos en abril de 2011 sostuvimos:
“Ya lo habíamos dicho en diversas ocasiones: el Sr. Diego Hernández y otros ex ejecutivos de transnacionales mineras, llegaron a Codelco a cumplir el objetivo que siempre persiguieron: su privatización. Pero como para ello se requiere una reforma constitucional y un quórum que es imposible alcanzar en la actualidad, se recurre entonces a una “gestión preparatoria” o “propiciatoria” de una opinión que vaya en ese sentido. Ello consiste en crear tales dificultades financieras y económicas en la Corporación, que se llegue a la “conclusión”que para salvarla ya no queda otro camino que su privatización en su totalidad, o por partes, como ya se está haciendo con la venta de Edelnor, del yacimiento Inca de Oro, y se preparan las condiciones para la venta de Ventanas, El Salvador y Potrerillos”.
Insistimos en lo mismo en varias columnas posteriores, habida cuenta que ya en abril del año 2010 las transnacionales mineras se apoderaron de la administración de Codelco. Merced a la Ley de gobierno corporativo de la empresa nacional que hizo aprobar Michelle Bachelet en el último año de su anterior mandato. Gracias a esa Ley, al comenzar la presidencia del Sr. Piñera, la administración de Codelco fue ofrecida a ejecutivos venidos directamente de las transnacionales mineras, principalmente de Anglo American y Antofagasta Minerals.
El 2010, Diego Hernández fue designado Presidente Ejecutivo de Codelco, y Thomas Keller Vicepresidente de Administración y Finanzas. En la mayoría de las otras vicepresidencias y gerencias importantes de la Corporación, fueron designados ejecutivos de transnacionales mineras.
Las autoridades de gobierno, parlamentarios de todo el espectro político y hasta el presidente de la FTC, Raimundo Espinoza, se felicitaron de la elección de estos ejecutivos, por su indudable capacidad técnica y experiencia de administración en grandes mineras. Existió un consenso panorámico para considerar que gracias a estos ‘experimentados ejecutivos’ se incrementarían notablemente los resultados de Codelco.
Pese a la ‘calidad’ de esos ejecutivos, pronosticamos que comenzaba la época de las pérdidas para Codelco. Porque teníamos conciencia que el objetivo de la minería privada siempre fue la privatización de Codelco.
Ya en 1975, el Ministro de Hacienda Fernando Léniz presentó a la Junta Militar el primer proyecto de privatización. La Junta Militar rechazó la privatización. Por el contrario, dictó varias leyes para consolidar la Nacionalización, entre ellas el DL 1.350 que creó Codelco, integrando a las 5 empresas nacionalizadas, y el DL 1.530, que destinó el 10% de las ventas de Codelco a la Fuerzas Armadas.
De ahí en adelante la privatización de Codelco sólo podría hacerse por vía constitucional y previa derogación de la atribución del 10% de sus ventas a las FFAA.
Cuando el año 2010 las mineras privadas controlaron la administración de Codelco, aprovecharon la ocasión para avanzar en su proyecto privatizador. Mediante un sencillo plan: destruir económica y financieramente a Codelco, creando artificialmente la necesidad de su privatización para salvar la empresa. Con el mismo objetivo conseguirían la derogación del 10% de las ventas a las FFAA, con el pretexto de destinar esos recursos para salvar a Codelco de la quiebra. Quiebra a la que conduce el elevado endeudamiento y la colosal caída de los ingresos.
Con el mismo objetivo se ideó otro plan sibilino. Programar colosales inversiones por alrededor de US$ 27 mil millones a objeto de aumentar la producción de Codelco en poco más de 400 mil toneladas de cobre. Decisión aberrante: las mineras extranjeras invirtieron –entre 1990 y 2013– cerca de US$ 25 mil millones, ¡pero aumentaron la producción en 4 millones de toneladas!
Ahora, en Codelco, quieren invertir más que las privadas en su conjunto, para producir 10 veces menos.
Invertir US$ 27 mil millones, dizque para aumentar la producción, principalmente en forma de concentrados, es parte del plan para destruir Codelco.
Estas injustificadas inversiones, excepción hecha de Chuquicamata subterránea, llevarían a la quiebra de Codelco.
Entre los proyectos de inversión se encuentra la Ampliación de Andina y Radomiro Tomic sulfuros, para exportar el aumento de producción en forma de concentrados. Invertir miles de millones de dólares para exportar concentrados es un retroceso brutal que debiese ser rechazado por cualquier mente sana.
3.- Las malas noticias no paran ahí: el 11 de julio, en el 45º Aniversario de la Nacionalización del cobre, Nelson Pizarro llamó a un acuerdo nacional para el desarrollo de Codelco, en el entendido que el Estado debiera preocuparse de destinar más recursos para su capitalización y poder así financiar las cuantiosas inversiones programadas. Todo aparece como un objetivo muy loable, mantener el liderazgo de Codelco en la producción de cobre.
El Mercurio del 21 de julio pasado dice que el sector minero –de forma transversal– llama al Estado a subsanar la falta de caja de Codelco para financiar su plan de inversión, y da cuenta de la opinión en ese sentido de algunos expertos que son a la vez destacados lobistas de las grandes mineras, como Jorge Bande, Gustavo Lagos y Juan Carlos Guajardo.
En el mismo diario, una información del 23 de julio se refiere a un llamado de economistas del PPD, para eliminar el 10% de las Ventas de Codelco a la FFAA, y destinar esos fondos a las necesidades de inversión de la Corporación.
Así, el círculo se cierra. Derogar la atribución del 10% de las ventas a las FFAA es el objetivo que siempre han perseguido las transnacionales mineras, como paso previo a la privatización de Codelco. Baste con precisar que entre los economistas del PPD que solicitan la derogación figuran dos lobistas de la minería privada, Iván Valenzuela y Alvaro García.
Las transnacionales mineras ya desvalijadron Codelco. Ahora van por más, y quieren que el propio Estado las ayude a destruir Codelco. Solo queda esperar que en el gobierno se enciendan las alarmas, y, mientras las mineras privadas administren Codelco, no le entreguen un solo dólar para financiar inversiones innecesarias. Y que el Ministerio de Hacienda no la autorice a seguir endeudándose.
¿Pero quién podría hacerlo en el gobierno? ¿Quién denunciará este plan en el Parlamento?
*Economista y abogado chileno
