Definiciones. El objetivo de la entrevista era ese: saber qué piensa concretamente el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, sobre los temas más candentes de la agenda medioambiental, como el uso del glifosato, la minería a cielo abierto y el fracking. Y las hubo. Tal vez menos de lo esperado, pero hubo definiciones. Entre otras cosas, admitió que la minería sustentable es un oxímoron, que faltan controles a las empresas y que la proliferación de countries sobre humedales provoca inundaciones. Y defendió la megaminería, el fracking y el uso de glifosato.
– El inventario de glaciares de San Juan, que es una de las provincias más delicadas, ya está terminado y a disposición del Ministerio de Ambiente. ¿Cuándo se va a publicar?
– Está en el Ministerio en lo que se llama "revisión técnica", que es sólo un cotejo. En el transcurso de este año se va a publicar. Lo que es importante es que no haya ninguna duda de la decisión política de publicarlo.
– Los Estudios de Impacto Ambiental de Barrick Gold sobre la mina Veladero y el proyecto Pascua Lama reconocen que ambos están asentados en un ambiente periglacial y que hay glaciares de distintas formas dentro de sus áreas. ¿Qué va a pasar con esos proyectos cuando se publiquen los inventarios?
– Va a pasar lo que prescribe la ley. Y ahí vamos a tener un debate, porque la ley lo que hace en el primer barrido del inventario de los periglaciales, que es la parte más controversial, es estipular que la morfología es el recurso que se utiliza para la presunción de reserva de recurso hídrico. Esto significa que bajo ningún punto de vista no se va a interferir, sino que se va a cumplir con la ley, que es que todo aquel periglacial, que se llama generalmente "de escombros", por su forma…
– No, la ley habla de "ambientes periglaciales" y de diferentes tipos de glaciares, uno de los cuales son los glaciares de escombro. Pero prohíbe los proyectos extractivos en todo el ambiente periglacial en general.
– Pero el término periglacial requiere de un recurso morfológico técnico (sic).
– En realidad lo que dice la ley es que lo que hay que inventariar es la morfología de los ambientes periglaciales. Pero la ley prohíbe la megaminería en todo el ambiente periglacial.
– Pero justamente la ley, en términos generales, no puede ser aplicada sino a través de una tipificación de los periglaciales para ser descubiertos o inventariados por morfología, porque de hecho con escombros u otro tipo de formas vos lo que hacés es llevar el concepto periglacial a un reconocimiento morfológico, con la forma de escombros u otras. Y lo que hacés es escanear, peinar toda la cordillera, y con esas morfologías, en diferentes campañas, lo vas marcando en un plano.
Lo importante es que esa presunción de recurso hídrico pasa a la fase dos y a la fase tres, donde en proyectos en ejecución o en prospectos se realiza la verificación, en el lugar específico, por auditoría. En los proyectos nuevos que se quieran desarrollar, si el inventario ya plantea "zona periglacial" habrá verificación en niveles dos y tres de reserva de recurso hídrico. Y en los que ya están en funcionamiento se terminarán las etapas de auditoría para verificar que si alguien está haciendo una explotación minera donde por inventario y por auditoría no lo permite el inventario de glaciares, ese proyecto minero no puede prosperar.
– Pero la auditoría tenía que ser anterior al inventario.
– Por algo la vetaron.
– La ley daba 180 días para hacer la auditoría antes del inventario.
– No podemos ir para atrás. Hay que reclamar cada cosa con un concepto claro. Si había que hacer las cosas bien y no las hicieron, que dirima ahora la justicia.
– ¿Por qué van a hacer una auditoría después del inventario, si el planteo era que se haga antes del inventario –que tarda mucho tiempo– para las zonas en explotación?
– Porque justamente no se realizó. Si vos lo hubieras realizado, no hubieras desarrollado el proyecto minero.
– ¿Pero es necesario además del inventario hacer la auditoría?
– Es imprescindible porque lo establece la ley.
– Lo que plantea la ley es que la auditoría es necesaria para las zonas en las que ya hay explotaciones, para saber qué se estaba haciendo y qué se estaba afectando.
– Sí, pero aún con el nivel 1 de inventario no terminaste de cumplir con la ley. Es una secuencia. Como hay un pasivo retroactivo, porque la ley se vetó, porque no se financió, porque no se hizo, y estamos sobre hechos consumados, primero hay que cumplir con todo el recorrido que establece la ley y luego sobre cada proyecto en particular. La agenda no es "minería indiscriminada sin cuidado del ambiente" y "agenda verde de obstruir toda actividad productiva". Ni una cosa ni la otra. Si la minería va a ser una política de Estado porque tiene que ver con lo productivo y el desarrollo, la variable no va a ser "qué tiene que hacer con la minería" solamente, ni cómo la hacemos, sino qué pasó con los controles que no hicimos, las auditorías que se omitieron. Y esto es lo que lo yo llamo el "equilibrio".
– Hablando de desarrollo. ¿Qué lugares de Argentina cree que se desarrollaron gracias a la megaminería?
– Megaminería es una tipología de minería, que es un tema de debate.
– Bueno, digamos minería metalífera en las nacientes de los ríos.
– La que quieras. Pero evidentemente una provincia como San Juan, si hubiera tenido control y monitoreo, hubiera sido como sucede del otro lado de la cordillera, en Chile, donde con el mismo recurso estratégico, hicieron las cosas bien.
– En San Juan las zonas mineras tiene las tasas de desempleo más altas de la provincia.
– Por eso, cuando hacés las cosas mal, nos pasa lo que no pasó a nosotros. Lo que hay que discutir no es sólo "minería sí o no", sino cómo se hace, y cómo puede ser que la misma actividad con los mismos recursos y en la misma montaña, un país hace crecer a sus pueblos y otro país los degradó.
– En Chile también hay casos de contaminación.
– Pero la ley se cumple y, al mismo tiempo, tenés un montón de exportación, crecimiento de calidad de vida de muchos pueblos. Yo no reivindico la actividad, sino que es una actividad productiva y de desarrollo. Y que hay otros países que tienen un equilibrio, donde desarrollan y no contaminan ni degradan. Nosotros tenemos que ir a esa línea.
– ¿Usted cree que la minería en Chile no contamina?
– Yo creo que hay proyectos mineros bien acotados, bien regulados, que no lo hacen, o lo hacen con los niveles que esta actividad tiene estipulados por control, auditoría y ley; y hay algunos casos donde hay negligencia o falta de cumplimiento de la ley, y son sancionados.
– El experto Robert Moran, el único perito independiente que estuvo en Veladero, dijo que efectivamente es una de las minas más seguras del mundo, pero que no hay minería a cielo abierto que no contamine.
– Volvemos sobre lo mismo: los grandes debates de los términos. ¿Podemos ponerle a la minería el adjetivo de "sustentable"? No, porque es una actividad extractiva y sabemos cómo usa insumos. Decir que es "sustentable" es una aspiración.
– Es un oxímoron.
– Exacto. Si no es sustentable, ¿qué tiene que ser? ¿Responsable? No, es otro slogan. Es minería, regulada por la ley. ¿Y la ley qué establece? Controles y regulaciones por los cuales lleva los niveles de daño sobre el ambiente a medibles, compensables y remediables.
– El yacimiento Bajo la Alumbrera consume más del 80% de la energía que consume toda la provincia de Catamarca. Si prosperan los proyectos Agua Rica y Pascua Lama, como quiere el Gobierno, entre los tres van a consumir el equivalente a toda la energía que genera la central nuclear Atucha. Mientras se llama a ahorrar energía y suben las tarifas, ¿es el momento de promover la minería?
– La minería va a ser promovida como una actividad que va a traer desarrollo en un equilibrio que tiene que ver con los estudios estratégicos y la diversificación de la matriz energética. Un prospecto minero tiene planes de tiempo e inversión que vendrán de la mano de que argentina no puede crecer sin energía. Obviamente, hasta que la matriz energética no cambie y nos permita tener un país con la energía suficiente, no van a prosperar por este nivel de prioridad. Pero la decisión es doble: más energía para más actividades productivas. Eso no cambia lo que tenemos que hacer todos, que es modificar nuestros hábitos.
– Le voy a pedir dos definiciones. Primera: ¿qué piensa del fracking?
– Qué tiene que estar regulado y, en la medida de lo posible, migrado a matrices donde no use combustibles fósiles.
– Dos: ¿qué piensa del glifosato?
– Es un recurso que tenemos que usar para el desarrollo de la agroindustria, pero que tiene que estar regulado por una ley que todavía está pendiente, que es la ley de fertilizantes. Al no estar regulado su uso y su aplicación (que es más peligrosa), tenemos una deuda con la salud.
– Un grupo de ONG presentó hace poco al SENASA más de 430 estudios científicos que prueban que el glifosato, que en Argentina se reguló en base a estudios de Monsanto, es cancerígeno. Y pidieron que se revea la autorización de su uso, ya que la OMS lo redefinió como "probablemente cancerígeno". ¿Qué cree debería pasar?
– Este tipo de situaciones no tiene doble estándares: estudios sólidos que demuestren el efecto que tiene sobre la salud de la población hacen irreversible cualquier discusión, empezando también por la falta de control y la ley, porque si el insecticida que necesitamos por el dengue es imprescindible para protegernos, a nadie se le va a ocurrir estar tomando repelente de insectos.
– Otro de los temas donde hay un claro conflicto de intereses es la ley de humedales, una de las primeras leyes anunciadas por el presidente Mauricio Macri, en un acto del que usted participó. Sin embargo, el Gobierno todavía no presentó ningún proyecto y desde el sector de "Pino" Solanas acusaron al bloque Cambiemos de boicotear el tema al no presentarse en los plenarios de comisiones para tratarlo. ¿Qué va a pasar con la ley?
– En absoluto, todo lo contrario. Ya desde febrero, cuando fue el Día de los Humedales y se hizo el anuncio, hubo un trabajo con algunos de nuestros legisladores y a nivel interministerial. El anteproyecto iba a ingresar vía Diputados, pero se tomó conocimiento de los senadores que ya tenían un proyecto y se decidió enriquecer la propuesta y, en nuestro caso, empezar con la gestión del inventario de humedales.
– Si bien la ley es mucho más laxa que la ley de glaciares, desde el sector del senador Alfredo De Angeli advirtieron que están en contra de los prohibicionismos, mientras que del otro lado plantean que no se puede conservar algo sin un mínimo de prohibición. ¿Cómo ve esta disputa?
– No hay que desestimar al otro porque tiene un interés o cancelarle las razones, porque es un intento estéril frente al diálogo y la creación de espacios de consenso, discusión y debate. Pero la función del Estado es anteponer el bien común a esos intereses.
– ¿Puede haber una ley de protección de humedales sin prohibiciones?
– No. Lo que tiene que haber es una ley que plantee lo que dice el artículo 41 de la Constitución: que vos necesitás un ambiente sano y equilibrado. La salud del ambiente es preservar los humedales porque cumplen una función muy importante. En nombre de una actividad productiva no se puede dejar de preservar, pero aún así no hay necesidad de confrontar preservación y desarrollo, porque la clave es articular en lo que llamamos "desarrollo sustentable". No hay que buscar la forma de impedir, pero tampoco uno puede habilitar de manera indiscriminada.
– ¿Usted cree que la construcción de countries sobre humedales influyó en las inundaciones, sobre todo en la Provincia de Buenos Aires?
– Sobre eso hay estudios. Pero es un punto que se aplica en casi toda nuestra agenda: si se hubiera cumplido la ley, muchos problemas que tenemos no se tendrían que discutir. Dónde se construye un asentamiento está regulado por ley, pero cuando vas a ver las construcciones no se respetó ni su impacto ambiental.
– Entonces, la ley de humedales tiene que tener algún nivel de prohibición.
– Pero ya existe. Lo que hay que ver es por qué se hicieron desarrollos urbanos sin cumplir la ley. Incluso hay jueces que han dictado medidas cautelares porque descubrieron que el procedimiento (de construcción de countries) no cumplió con la ley.
Ley de bosques: realismo mata ley
– Desde la promulgación de la ley de bosques nunca se cumplió con el presupuesto que debería ser destinado al fondo de conservación. ¿El Gobierno lo va a cumplir en el presupuesto de 2017?
– Primero hay que entender de dónde venimos. Cuando asumimos nos encontramos con que manipulaban el fondo, porque de manera discrecional la Jefatura de Gabinete lo reasignaba. En 2017 queremos mejorar no sólo la performance sino también los procesos administrativos, y mejorar el presupuesto que la ley de bosques lo tiene, pero que está subordinado al presupuesto nacional, que es una ley superior (sic). Y en este punto va a tener prioridad, pero va a estar regulado por las restricciones que tenemos de déficit fiscal y de desarrollo económico del país.
– ¿Pero podemos esperar ese piso del 0,3% del presupuesto nacional que ordena la ley?
– No tenemos a esta altura un número cerrado. Va a haber una tensión entre la modificación de las retenciones, que las hubo, la situación de ese porcentaje que estipula la ley y cómo la ley de presupuesto lo termina de ajustar a algo viable que mejore su performance, pero tampoco vamos a prometer aquello que no se va a poder sostener, porque llegó el tiempo que preferimos decir la verdad que hacer promesas que después no se sostengan.
