La demora en la aplicación de los aumentos en las tarifas de gas, que el Gobierno lanzó en abril pasado, tendrá una consecuencia inesperada para los usuarios: deberán pagar el servicio una vez cada 20 días para compensar el tiempo en el que dominaron las indefiniciones.
Aunque habrá variaciones según los casos, sólo así los usuarios podrán llegar a fin de año sin grandes deudas con las distribuidoras, como Metrogas, Gas Natural Fenosa y Camuzzi, que, a su vez, enfrentan problemas por la falta de recaudación.
Según información de Clarín, el 60% de lo que llega en la factura de gas está destinado a los productores. En cambio, las empresas de distribución y transporte capturan un 21% de esa boleta. Estos segmentos son los que están regulados. En cambio, el precio del gas a los productores lo decide el Poder Ejecutivo. En el Gobierno creen que un precio claro, y que se pueda garantizar en el tiempo, servirá de aliciente para que haya nuevas inversiones, aumente la producción local y se reduzca la dependencia de las importaciones.
En una distribuidora importante tienen casi frenada la generación de caja desde fines de mayo. Las facturas que emitieron en abril y mayo tuvieron que modificarlas, por el tope del 400%. Luego, las volvieron a emitir (con montos refacturados) y llegaron los amparos de las provincias y el fallo federal. En junio y lo que va de julio, no registran ingresos. En otras empresas cuentan situaciones menos dramáticas, pero de similar tenor.
El tema se trató ayer en una reu-nión multitudinaria de la industria en el Enargas, el ente que regula el sector. El desafío burocrático es tan impensado que ese organismo deberá publicar una resolución que permita a las empresas modificar el esquema de vencimientos, dado que, de lo contrario, la operatoria sería ilegal.
Los atrasos en la facturación comenzaron en abril, pero se fueron ampliando hasta que hace dos semanas la Cámara Federal de La Plata dispuso la anulación del aumento de tarifas en todo el país, y en ayer la Justicia Federal de esta ciudad habilitó la feria judicial para tratar una presentación contra la resolución del Gobierno de Mauricio Macri que estableció un tope del 400% en el aumento de las facturas de gas. Se trata de un pedido de medida cautelar formulado por el Centro de Estudios Para la Igualdad y la Solidaridad (Cepis). La asociación es la misma que obtuvo la sentencia que anuló la suba de la tarifa del gas en todo el país.
"El objetivo de la medida cautelar es que se ordene al Estado que se abstenga de aplicar cualquier tipo de modificación tarifaria, hasta tanto sea resuelto por la Corte Suprema el amparo que oportunamente iniciáramos y que lograra frenar los aumentos. La idea es que la resolución del Gobierno que establece máximos en la tarifa del gas quede atada a lo que resolvió la Sala II de la Cámara Federal platense, que suspendió cualquier incremento en las tarifas", explicó a LA NACION Pedro Sisti, apoderado de CEPIS.
La feria judicial fue habilitada por el titular del Juzgado Federal N° 4 de La Plata, Alberto Osvaldo Recondo, que en los próximos días podría decidir si hace lugar o no a la medida cautelar. El escrito del Cepis solicita suspender las resoluciones 99/16 y 129/16, dictadas por el Ministerio de Energía, que fijaron un tope del 400% al incremento del gas.
En los fundamentos se precisa que para tomar esa medida el Gobierno tampoco contó con audiencia pública previa. "El derecho de las personas de participar en la toma de decisiones del gobierno de turno se enmarca en democracias participativas, donde pueda asegurarse que los grupos de interés han expresado sus opiniones, reparos e interrogantes de forma previa a que la administración central tome determinada decisión, susceptible de lesionar derechos de grupos; máxime si son grupos vulnerables, como es el caso de los usuarios y consumidores", dice el escrito al que tuvo acceso LA NACION.
Según Sisti, las resoluciones dictadas por el gobierno nacional van en contra del fallo de la Justicia Federal. "Nos parece una desprolijidad lo que hizo el Ministerio de Energía, ya que la Sala II de la Cámara Federal había dejado bien en claro que se eliminaban los aumentos y se exigía cumplir con las audiencias públicas con los organismos de defensa del consumidor. Pero acá eso no se hizo, y a los pocos días de conocerse el fallo, el Gobierno salió a marcar la cancha y estableció topes", dijo el apoderado de la asociación.
Un estrecho colaborador del juez Recondo con acceso al expediente dijo a LA NACION que el magistrado podría resolver en lo inmediato si da curso o no a la medida cautelar pedida por el Cepis. "Parece que será un proceso rápido. El juez ya tiene el visto fiscal, por lo que en las próximas 48 horas podría resolver el pedido", dijo la fuente.
Hace cuatro días, la Cámara ya había tomado la misma decisión y habilitó la feria judicial para analizar los recursos presentados por el Gobierno.
La habilitación de la feria para este tipo de presentaciones permitirá que el fallo llegue con más prontitud a instancias de la Corte Suprema de Justicia, y allí se tome una definición sobre si se aprueban o no los aumentos de tarifas.
Entre el 7 y el 8 de este mes todas las empresas suspendieron la confección y el envío de las boletas a sus clientes.
Antes incluso de eso, las distribuidoras tuvieron problemas con usuarios que protestaron porque recibieron facturas abultadas, presentaron recursos de amparo o pidieron la refacturación del servicio.
Además, el Gobierno modificó dos veces en el año el cuadro tarifario que lanzó en abril. En junio dispuso que los aumentos de gas se limitarían a un 400% por encima de la misma factura del año pasado, a igualdad de consumo.
El anuncio no calmó los ánimos en línea con las expectativas oficiales y las disputas continuaron tanto en la arena política como en la Justicia.
Así, a comienzos de este mes se rectificó y aplicó una suba del 400% sobre la tarifa final, más allá de cuál haya sido el consumo en cuestión.
El ida y vuelta oficial, así como la proliferación de medidas en contra en la Justicia, entorpecieron el cronograma de facturación de las empresas.
Las facturas de los clientes residenciales y los pequeños comercios vencen cada 60 días en promedio (puede haber algunas modificaciones por feriados). Con esa periodicidad las empresas miden y procesan los consumos, un procedimiento que aún se hace de manera manual.
La suba de tarifas que se anunció en abril mantuvo la lectura del medidor y la facturación bimestral, pero dispuso que cada período será dividido en dos partes iguales, que conformarán también dos talones de pagos de la nueva factura.
Tras la intervención de la Justicia, la mayoría de las distribuidoras dejaron de emitir las facturas según el cronograma que tenían establecido, por lo que se empezaron a acumular atrasos.
Si bien los casos son distintos según las provincias, las empresas comenzaron a tener problemas para cobrar a partir del período marzo/abril, el primero que se facturó con aumentos que el propio Gobierno anuló días atrás.
Las normas del sector gasífero sostienen que no se le puede facturar a un usuario el período en curso y, en paralelo, lo adeudado en una segunda factura, sino que tienen que ser consecutivas.
Si la Justicia definiera la cuestión de tarifas a principios de agosto, las facturas deberían emitirse con una separación mínima de 45 días para poner al día la emisión de boletas. En ese caso, el usuario debería abrir su billetera cada 20 días para pagar cada uno de los dos talones que vienen en la factura.
La demora en la cadena de pagos del gas cobró un grado de institucionalidad importante anteayer, cuando el jefe de Gabinete, Marcos Peña, respondió a una consulta periodística: "Hasta que no se resuelva el fallo, no hay que pagarlas".
El Gobierno hizo presentaciones ante la Justicia Federal de La Plata, pero espera que la Corte Suprema defina la cuestión. El presidente Mauricio Macri se reunió la semana pasada con el presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, por lo que se descarta que avalará el aumento.
Las indefiniciones llevaron a una situación paradójica. La semana pasada, la empresa Camuzzi Gas del Sur, concesionaria del servicio en la Patagonia, decidió refacturar sus servicios a los valores anteriores al 1° de abril sobre la base del viejo cuadro tarifario, para garantizarse el ingreso de dinero, aunque le resulte escaso.
Hasta que la Justicia se defina, el usuario tiene al menos tres alternativas para decidir qué hace con la factura: no pagarla, abonarla en su totalidad o hacerlo parcialmente. Cada posibilidad entraña consecuencias diferentes.
El Grupo Albanesi se convirtió ayer en la empresa local que más caro se financió en el mercado global desde que el país dejó atrás el default. El holding, que controla 8 generadoras de energía en el país, colocó entre inversores un bono por US$ 250 millones a vencer en 7 años, pero debió convalidar una tasa del 9,875% anual para acceder a esos fondos. En el mercado creen que la empresa pagó el costo de operar en un sector que aún no tiene definidos sus precios, lo que dificulta a los analistas estimar su flujo de ingresos a largo plazo.
En una reciente entrevista al noticiero de Telefe el presidente Mauricio Macri hizo un breve análisis de su gestión pasado el segundo semestre, afirmó que "Argentina era un avión que iba a estrellarse. Remontamos esta situación y evitamos una crisis como la que vive Venezuela”.
Reconoció que una de sus metas más importantes es trabajar para el bienestar de los argentinos "Tomamos muchas medidas sociales como ampliar la Asignación Universal por Hijo, la Ley para las Pymes y la normativa que favorece a las autopartes. Favorecimos a los sectores más postergados, por eso lanzamos el plan Blegrano para hacer obras en el Norte del País”.
El tope a las tarifas fue por haber escuchaod a la gente pero reconoció que la situación energética de Argentina es el resultado de la falta de políticas del gobierno anterior, "Exportábamos energía en 2003 y ahora importamos desde los países limítrofes. Esto es algo que afecta al empleo”. “Todos saben que ésta es una etapa de la verdad y sinceramiento”.
