La caída de los precios del petróleo, la abultada deuda, el agotamiento de las reservas y las nuevas condiciones impuestas por la reforma energética, obligaron a la anquilosada empresa estatal a emprender esfuerzos para transformarse.

Los tiempos en que podía ser ineficiente y a la vez muy rentable, se acabaron. La crisis más grande que enfrenta Pemex desde 1938, cuando fue fundada y se nacionalizó la industria petrolera,  ha puesto en evidencia las grandes deficiencias en infraestructura, la corrupción y el paulatino desangre al que estaba sometida la compañía, gracias a la información recolectada por Camilo Olarte de América Economía.

En 2015 la petrolera estatal registró las mayores pérdidas de su historia: US$30.000 millones (US$87.000 millones en deuda, US$147.000 millones de pasivo y una grave iliquidez).

La situación y la respuesta gubernamental han reabierto el debate político sobre la privatización de la compañía. La empresa, que ha sido considerada un orgullo nacional, parece a punto de reventar.

Muchos proveedores, a quienes se les deben más de U$3.400 millones, están en riesgo de desaparecer. Ahora, luego del anuncio del salvavidas lanzado por el gobierno, la gran pregunta que los analistas se hacen es si las medidas que se han tomado son suficientes, y qué tan reducida quedará  la empresa después de la tormenta.

Una cruda realidad

En 2004, México producía 3,3 millones de barriles. Hoy sólo produce 2,2 millones. Dos de los yacimientos más rentables del mundo que se encuentran en el país están cerca de agotarse. El 30% de los ingresos públicos en 2014 llegaban por la vía del petróleo; en 2015 sólo el 20%.

Sumado a estas duras circunstancias, existe una innegable ineficiencia en sus operaciones. Pemex obtiene $782 mil dólares por cada empleado, mientras que la estadounidense Exxon vende $4,8 millones de dólares por empleado. Pemex tiene siete veces más personal que la estatal noruega Statoil (150.000 empleados), uno de los mayores abastecedores de petróleo crudo del mundo.

Además, Pemex alimenta a miles de empresas, pequeñas, medianas y grandes, y es el corazón de la vida económica de los estados ubicados en la región del Golfo. El adeudo con proveedores llegó en el momento más álgido a ser de casi US$8.000 millones, y puso en riesgo a cientos de empresas y cientos de miles de empleos.

Los recortes en inversión y las perspectivas de bajos precios obligaron a la empresa a reducir 10.000 puestos de trabajo, suspender proyectos y hasta a querer devolver campos que le fueron asignados en la ronda Cero. El interés sobre las subastas petroleras también se ha visto afectado.

Para colmo de males, la agencia calificadora Moody’s rebajó la perspectiva crediticia de México de estable a negativa unos días antes del anuncio de rescate. La razón: los problemas que el país enfrenta para consolidar su política fiscal, así como la falta de liquidez de la petrolera estatal.

“Los pasivos por un posible apoyo del Gobierno a Pemex, dadas las presiones de liquidez del productor estatal de petróleo, podrían debilitar aún más el proceso de consolidación fiscal del país”, dijo la consultora en un comunicado, antes del anuncio del gobierno mexicano.

El informe de Moody’s concluye: “no es factible un alza de las calificaciones de Pemex en el corto plazo. Para considerar un alza de la calificación, la compañía tendría que reducir significativamente su apalancamiento y mejorar su perfil operativo, flujo de efectivo y liquidez. Simultáneamente, Moody’s tendría que mantener sus expectativas actuales sobre el apoyo del soberano. La mejora de los indicadores operativos y una menor carga fiscal, que soporte mayores niveles de financiamiento interno para las inversiones de capital, y las perspectivas de una sólida tendencia de crecimiento de la producción y reservas, podrían beneficiar la estimación del riesgo crediticio base.”