El Ejecutivo provincial reactivó el proceso para ejecutar los trabajos de remediación. Como necesitan usar sustancias prohibidas, haría un Decreto específico de reglamentación de la ley 7722. No permitirán la reapertura de la mina
Pasaron tres décadas y los residuos que dejó la mina de uranio Sierra Pintada, en San Rafael, siguen generando contaminación en la zona. Ahora, luego de varias idas y vueltas, se retomó el proceso para que se ejecute la remediación ambiental de los pasivos mineros. Los trabajos los debe hacer la Comisión Nacional de Energía Atómica, pero quien los autoriza es el Gobierno.
Los primeros pasos ya se dieron: la Secretaría de Ambiente volvió a darle curso a la Manifestación General de Impacto Ambiental que presentó la CNEA para ejecutar los trabajos. Pero en paralelo se realizan otras gestiones: blindar el proyecto desde el aspecto técnico, político y social. Es que la remediación de la contaminación con uranio requieren realizar procesos mineros con el uso de sustancias tóxicas que están prohibidas por la ley 7722, como el ácido sulfúrico. Y además desde que la CNEA siempre se había buscado sanear los pasivos, pero con la condición de reabrir inmediatamente la mina.
Desde la Secretaría de Ambiente aseguran que el proyecto se destrabó porque está "asegurado" que solo se abordará la remediación, sin que haya una apertura de la mina. "Está acordado con la CNEA. Solo vamos a autorizar la remediación de los pasivos y de ninguna manera se menciona la reapertura de la mina. Lo que yo he planteado es que no hay forma de reactivar la mina porque los procedimientos actuales chocan con la ley 7722. Pero sí o sí tienen que remediar. Políticamente lo hemos resuelto. Jurídicamente también porque la ley no incluye los procesos de remediación", aseguró Humberto Mingorance secretario de Ambiente.
Para salvar las restricciones de la ley 7722 en el Gobierno apelan a lo que la "ley no dice". La interpretación que hacen es que la norma prohíbe el uso de sustancias tóxicas para los procesos mineros, pero omite la remediación. Por eso, entienden, pueden hacerlo. Pero también creen que deben darle un marco jurídico. Por eso el gobernador Alfredo Cornejo podría firmar un Decreto para autorizar la remediación en el marco de la ley pero solo para Sierra Pintada. ""Vamos a armar una resolución o un Decreto reglamentario de la 7722 pero solamente para sierra pintada. No algo general. Algo donde quede claro que es solamente para remediar y que se prohíbe la reapertura para explotación. Esto es así y no va a cambiar", aseguró Mingorance.
El estudio ambiental que analiza el Gobierno de Alfredo Cornejo fue presentado por la CNEA en abril del 2014 y es una actualización de la Manifestación de Impacto ambiental presentada en 2006.
En el Gobierno entienden que el proceso debe ser "blindado" técnicamente. Pero también con amplio conceso político y social. En 2007 la justicia federal dio lugar a un amparo para frenar los intentos de reapertura de la mina. Por eso también hubo diálogo con el juez Federal de San Rafael, Eduardo Puigdéngolas, para avanzar. En los próximos días habrá reuniones con organizaciones defensoras del ambiente y representantes de la comunidad de San Rafael. " Nos vamos a juntar con las organizaciones ambientalistas para explicarles. Queremos hacerlos parte del proceso para que haya transparencia. Queremos que esté la comunidad de San Rafael. Se va a digitalizar todo el expediente y va a ser de acceso público para que no haya dudas", prometió el Secretario de Ambiente.
El saneamiento de todo el lugar podría demandar hasta 6 años de trabajo. Luego si la CNEA quiere reabrir la mina en ese momento debería presentar un nuevo proyecto. Un dato curioso es que del proceso de remediación, que incluye el uso de sustancias, se sacará material residual que servirá para enviar a las centrales atómicas.
El Complejo Minero Fabril Sierra Pintada funcionó hasta 1995. Desde allí se extraía el uranio que luego era enriquecido en Córdoba para generar el combustible de las centrales nucleares. En esa época el uranio tenía bajo costo y comenzó a importarse. La CNEA, que tenía a cargo la explotación, abandonó la mina sin remediar los pasivos. Además, se sumaron residuos aún más contaminantes que venían de Dioxitex. En total hay 5223 tambores enterrados en trincheras donde hay 14 toneladas de efluentes con uranio que son residuos de la planta de Dioxitex. A ello se le suman 1.050.000 m3 de colas de mineral, agua de canteras con alta concentración de uranio, radio y arsénico (por encima de lo permitido) y otros pasivos.
Impulsan-la-reparación-ambiLa Auditoría General de la Nación advirtió el año pasado a la Comisión Nacional de Energía Atómica por la contaminación en el lugar y, sobre todo, por la falta de acción. La mina había sido incluida en el "Plan Nuclear" nacional que lanzó Néstor Kirchner con la idea de volver a abastecer de combustible a las plantas nucleares desde las minas argentinas. Por eso la CNEA presentó proyectos para reabrir la mina. El Gobierno mendocino lo frenó con la exigencia de la remediación. Ahora buscan que se separen los procesos: primero se arreglan los pasivos ambientales. Y si quieren reabrir la mina deberán presentar un proyecto luego; aunque la ley 7722 prohíbe la reapertura
“No incluyamos este tema para meter ruido en la relación bilateral, no lo convirtamos, no incluyamos este tema en la relación bilateral con el fin de aprovecharnos políticamente. Eso lo pido especialmente, pero que hace al desarrollo de nuestros países”, manifestó el embajador argentino Eduardo Zuain.
Fue al ser consultado sobre el polémico proyecto de la planta de uranio en Formosa, que está en plena construcción a solo 20 kilómetros de nuestro país
El diplomático argentino dijo que se debe ver el proyecto en Formosa desde el punto de vista del uso pacífico de la energía nuclear. Manifestó que Argentina es uno de los pocos países que firmó todas las convenciones para el uso pacífico de la energía nuclear.
La planta de uranio prevé recibir el uranio natural y convertirlo en dióxido de uranio. Ese material luego se envía a la localidad de Ezeiza, provincia de Buenos Aires, para la elaboración del combustible para las centrales nucleares del vecino país.
La contratación de la obra se realizó a través de la licitación pública para una primera etapa de obra civil, con un monto de unos US$ 15 millones. La empresa adjudicataria es Stornini SA y el grado de avance de la obra es del 38%. El plazo de terminación es el 2018.
También en Formosa el Gobierno argentino prevé instalar en el futuro el reactor atómico Carem (Central Argentina de Elementos Modulares), de 150 MW.
Ni el cambio de gobierno en el vecino país impidió que sigan las obras de construcción de la planta de uranio en la provincia de Formosa, fronteriza con Paraguay, rechazada por la sociedad formoseña y paraguaya, sobre todo en Pilar, departamento de Ñeembucú. Es por la peligrosidad para la salud y el ambiente, argumentan.
La presidenta argentina Cristina Fernández viuda de Kirchner dejó el poder el 10 de diciembre del 2015 y con ello quedó en la nebulosa si la planta de uranio, que procesará el combustible de las centrales nucleares argentinas, tendría continuidad en la fronteriza provincia. Un equipo de nuestro diario comprobó que las obras siguen su proceso.
Autoridades de la Gobernación de Formosa aseguraron que el Gobierno de la Nación, a cargo del presidente Mauricio Macri, comprometió los fondos para “seguir construyendo la planta de uranio”.
La factoría, impulsada por la estatal Dioxitek SA, está asentada en una parcela federal de 59,5 hectáreas, a 16 kilómetros de la ciudad de Formosa (ruta nacional N° 81), a 20 kilómetros de Alberdi y 90 kilómetros de Pilar, capital del departamento de Neembucú, en línea recta.
El ingreso al predio no es una tarea sencilla, pues no existe señalización. Se llega ahí a través de un camino de tierra de un kilómetro de extensión.
