El Tribunal Arbitral Internacional constituido para el caso entre el Estado peruano y The Renco Group Inc. (Renco) emitió un Laudo Parcial a favor del Perú. Específicamente, el Tribunal concluyó que Renco incumplió el APC y que los reclamos de Renco deben ser desestimadas por falta de jurisdicción. El Tribunal Arbitral sólo reservó la cuestión de la distribución de costas del proceso arbitral.
La controversia se relaciona a las operaciones y medidas de remediación ambiental en el Complejo Metalúrgico La Oroya (CMLO), que Renco adquirió a través de su filial peruana Doe Run Perú S.R. LTDA, mediante un proceso de privatización en 1997.
Este arbitraje ha procedido en paralelo con el proceso concursal de Doe Run Perú, así como distintas reclamaciones relacionadas a las condiciones ambientales de La Oroya.
"El resultado marca un éxito para el Perú en la primera controversia que se inició al amparo del Acuerdo de Promoción Comercial entre Perú y Estados Unidos (APC), reflejando el respeto del Perú por el acuerdo", expresó el ministro de Economía y Finanzas, Alfonso Segura.
Por su parte, Jonathan Hamilton, el defensor del Estado peruano en el caso, calificó el fallo como "muy positivo" al sostener que el Perú se libró del pago de US$ 800 millones de dólares a pedido del Grupo Renco.
Renco es una compañía con sede en Estados Unidos que comenzó un proceso arbitral al amparo del APC contra el Perú el 7 de abril 2011 ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial.
Renco se amparó en el Tratado de Libre Comercio entre EE.UU. y Perú al sostener que recibió un trato injusto en relación a la ejecución del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA).
El reclamo de Renco estaba basado en los alto estándares ambientales impuestos por Perú. En el arbitraje señaló que se le exigió un ECA de SO₂ de 20 el más alto del mundo, según explica un informe de GatoEncerrado.
El segundo reclamo fue que el MEM se erigió como acreedor mayoritario en la junta de acreedores sin exhibir ninguna deuda, sino, el saldo que quedaba por invertir en el PAMA para concluir el circuito de cobre.
Por último, el Estado peruano pretendía que Doe Run asuma los juicios por contaminación entablados en la Corte de St. Louis, Misuri (EEUU), donde hace ocho años, se presentaron demandas de 36 menores de edad que vivían en La Oroya por contaminación en la sangre con plomo, a los que se han agregado otras 933 demandas de menores de edad entre el 2012 y el 2013.
En el 2009, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), admitió una denuncia contra el Estado peruano por supuestas violaciones a los derechos humanos contra vecinos de La Oroya (14/08/09) ante un pedido de tres Organismos No Gubernamentales (ONGs): la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDAH) y Earthjustice, que contaron con el apoyo de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), ONG que curiosamente, en esa época tenía como director ejecutivo al actual ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal. La demanda de Pulgar Vidal buscaba que se fije en el Perú el ECA de SO₂ de 20 a niveles de Suiza.
Este resultado se suma al record positivo del Perú en los casos de demandas internacionales, manejadas diligentemente dentro del debido proceso. Con el nuevo resultado, el Perú ha logrado un total de 10 casos, por medio de laudos y soluciones favorables, y un éxito parcial en los dos casos restantes.
En total, el Perú ha ganado en contra a demandas internacionales por más de US$ 50 mil millones y, adicionalmente, ha logrado decisiones en su favor por aproximadamente US$110 millones.
